Protección contra “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de Protección Rol N° 518-2018.- La Serena, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido doña nombre reservado, ejecutiva de ventas, domiciliada en domicilio reservado, e interpone nombre reservado en contra de la “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”, en adelante COMPIN, y de la “Superintendencia de Seguridad Social”, de La Serena, en adelante SUSESO.

Fundando el recurso sostiene que la COMPIN ha resuelto rechazar cuatro licencias médicas por el motivo “reposo prolongado”, las que corresponden a licencia médica N° 54744508, de 28 de septiembre del 2017; licencia médica N° 54744540, de 31 de octubre del 2017; licencia médica N° 54754821, de 28 de noviembre del mismo año; y, licencia médica N° 5519862, de 28 de diciembre de 2017. Agrega que, además, ha autorizado de manera parcial la licencia médica N° 55198592, emitida el 26 de enero de 2018. Agrega que apeló del rechazo ante la SUSESO con fecha 14 de diciembre de 2017 y 23 de febrero del año en curso, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha, añadiendo que fue sometida a un peritaje por la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica de la Región, la cual determinó aceptar la invalidez transitoria parcial, resolución ejecutoriada el 2 de febrero último. Por lo tanto, solicita que se disponga que la COMPIN o la SUSESO procedan al pago de las licencias médicas rechazadas.

SEGUNDO: Que la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) copia de “Dictamen de Invalidez. Solicitud de Pensión AFP Trabajador Afiliado”, de fecha 2 de febrero del 2018, en virtud del cual se acepta la invalidez transitoria parcial a contar de 4 de octubre del 2017, respecto de la recurrente, la que se devengará a contar de esta última fecha o a contar del día siguiente del término de la licencia médica vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el dictamen; 2) copia de Resolución Exenta N° 246, de 19 de enero del 2018, y copia de la Resolución Exenta N° 4997, de 26 de diciembre del 2017, emitidas por la COMPIN Coquimbo, mediante las cuales se desestiman los recursos de reposición presentados por la accionante, en relación a las licencias médicas N° 2-55198562 y N° 2-54754821, que habían sido rechazada, respectivamente; y, 3) listas de estado de licencias médicas presentadas en Caja de Compensación.

TERCERO: Que doña nombre reservado, presidenta de la “Comisión Médica Preventiva e Invalidez”, evacuando el informe requerido, sostiene, en primer término, que la presente acción cautelar es extemporánea respecto de cuatro de las cinco licencias médicas indicadas por la recurrente, esto es, las licencias médicas N° 54744508, N° 54744540, N° 54754821 y N° 5519862 y que fueron objeto de reposición, encontrándose resueltas las dos primeras por Resolución Exenta N° 4740/29.11.17, entregada a Correos de Chile para notificación el 5 de diciembre del 2018, cuya fecha presunta de notificación es el 8 de diciembre del mismo año; que la tercera licencia señalada su reposición fue resuelta por Resolución Exenta N° 4997/26.12.17, entregada a Correos de Chile para notificación el 20 de febrero del 2018, cuya fecha presunta de notificación es el 23 de febrero siguiente; y que, finalmente, la última reposición deducida en contra del rechazo de la licencia médica, fue resuelta por Resolución Exenta N° 246/19.01.18, entregada a Correos de Chile para notificación el 20 de febrero del 2018, cuya fecha presunta de notificación es el 23 de febrero del mismo año, por lo que concluye que atendido a que el nombre reservado fue presentado el 22 de mayo del año en curso y que la recurrente no ha acreditado una fecha de notificación en particular respecto de cada reposición, la acción constitucional entablada resulta extemporánea.

Enseguida, refiere que el recurso tiene vicios formales al no indicar los actos u omisiones ilegales o arbitrarias, ni tampoco los derechos que han sido vulnerados, y además vicios de fondo, ya que la licencia médica individualizada por la recurrente como N° 55198592, corresponde a la N° 2-55198597, y que en relación a esta licencia médica y para el evento que se rechacen los argumentos expuestos anteriormente, sostiene que la decisión del COMPIN ha sido adoptada considerando el historial médico de la recurrente y los informes médicos presentados en anteriores oportunidades, los cuales se tornan insuficientes, por lo que adquirió la convicción del inequívoco rechazo de las licencias médicas. Agrega, en relación a la licencia médica N° 2-55198597, que ésta fue autorizada parcialmente por el COMPIN, debido a que el Dictamen de Invalidez Transitoria de la Superintendencia de Pensiones, ejecutoriado el 2 de febrero del presente año y recibido por esta el 14 de febrero, impide que se acoja completamente la licencia, por cuanto lo que corresponde, una vez declarada la invalidez transitoria, es que se realice el trámite de jubilación. En virtud de lo expuesto solicita el rechazo de la acción cautelar, con costas.

CUARTO: Que la recurrida COMPIN allegó a los autos, los siguientes documentos: 1) copia de la Resolución Exenta N° 4740 de 29 de noviembre del 2017, que resuelve el recurso de reposición en relación al rechazo de las licencias médicas N° 2-54744508 y N° 2-54744540, con sus respectivos antecedentes; 2) copia de la Resolución Exenta N° 4997, de fecha 26 de diciembre del 2017, que resuelve el recurso de reposición en relación al rechazo de la licencia médica N° 2-54754821, con sus respectivos antecedentes; 3) copia de la Resolución Exenta N° 246, de fecha 19 de enero del 2018, mediante la cual se resuelve recurso de reposición, en relación al rechazo de la licencia médica N° 2-55198562, con sus respectivos antecedentes; 4) copia de la Resolución Exenta N° 650, de fecha 27 de febrero del 2016, que resuelve recurso de reposición en relación al rechazo de la licencia médica N° 2-55198597, acogiéndola parcialmente; 5) copia de nómina de cartas certificadas entregadas a Correos de Chile por COMPIN; y, 6) copia de Dictamen de Invalidez N° 005.4/2018 de la Superintendencia de Pensiones, de 3 de enero de 2018, que declara la invalidez parcial de la accionante.

QUINTO: Que, por su parte, don nombre reservado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, informa que con fecha 14 de septiembre de 2017 la accionante presentó reclamo en contra de COMPIN Región Coquimbo por el rechazo de las licencias médicas N° 52978193 y N° 53478282, otorgadas por un total de sesenta días, confirmándose el rechazo por Resolución Exenta IBS N° 24973 de fecha 25 de septiembre del 2017; que con fecha 6 de octubre del mismo año la recurrente presentó solicitud de reconsideración, aportando nuevos antecedentes y que, además, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N° 54055732 y N° 54069536, concluyendo la Superintendencia que el reposo prescrito por las cuatro licencias médicas reclamadas se encontraba justificado, por cuanto el período de reposo quedaba comprendido dentro de la misma época del primer trámite de calificación de invalidez.

Respecto de las licencias médicas reclamadas N° 57744508, 54744540, 55198562 y 55198592, señala que aún no existe pronunciamiento por la SUCESO, por encontrarse en estado evaluación y estudio de los antecedentes aportados, para su correcta resolución, por lo que la actuación de su parte se ajusta a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. En virtud de lo expuesto solicita sea desestimado el recurso en todas sus partes.

SEXTO: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social incorporó a los autos, copia de expediente administrativo relativo al reclamo formulado por la recurrente.

SÉPTIMO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

OCTAVO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad formulada por la COMPIN de la acción constitucional entablada, en relación al rechazo de las licencias N° 2-54744508, 2-54744540, 2-54754821 y 2-55198562, preciso es consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el nombre reservado se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

DÉCIMO: Que, por otra parte, además conveniente resulta tener presente que el inciso 2° de la ley 19.980, dispone que una vez interpuesto una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del nombre reservado, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente.

UNDÉCIMO: Que, en la especie, si bien del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, efectivamente, la recurrida COMPIN desestimó los recursos de reposición deducidos en contra de la decisión de Fonasa que había rechazado las licencias médicas otorgadas a la accionante, mediante sendas Resoluciones Exentas de fechas 29 de noviembre del 2017 (respecto de las licencias N° 2-54744508 y N° 2-54744540), de 26 de diciembre del mismo año (respecto a la licencia N° 2-54754821), y 19 de enero del presente año (respecto de la licencia N° 2-55198562), la recurrente dedujo reclamó ante la SUSESO en contra de las Resoluciones de la COMPIN que rechazó la autorización de las cuatro licencias aludidas, reclamaciones formuladas con fechas 14 de diciembre del 2017 y 23 de febrero del presente año, según lo informado por la Superintendencia a la fecha de complementación del informe del presente recurso y reiterado en estrados, recursos administrativos que aún se encuentran pendientes de resolución, circunstancia que conducen a concluir necesariamente que en relación a dichas licencias la acción constitucional -deducida con fecha 22 de mayo último- ha sido entablada dentro de plazo que contempla el precitado Auto Acordado. En consecuencia, atendido lo expuesto precedentemente y, teniéndose especialmente presente que a la fecha de interposición del nombre reservado se encontraban sin resolver las reconsideraciones impetradas por la actora ante la SUSESO, sólo cabe desechar la alegación de extemporaneidad promovida.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida COMPIN, en orden a que la accionante en su recurso no explicita los actos ilegales o arbitrarios que se le atribuyen ni las garantías que estima vulneradas, debe tenerse en consideración que el numeral 2° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el catálogo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la simple lectura de la libelo recursivo es posible advertir que la recurrente reclama a través del presente arbitrio la decisión de la COMPIN de rechazar la reconsideración de la negativa de sus licencias médicas por reposo prolongado y que habiendo recurrido de apelación ante la SUSESO, este órgano no le ha dado respuesta, actos que, a juicio de esta Corte, efectivamente podrían constituir una transgresión al derecho a la vida e integridad física de la accionante y/o del derecho de propiedad, garantías protegidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente; por tanto, la argumentación sostenida por la señalada recurrida en este aspecto, carece de sustento.

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto al fondo, la recurrente hace consistir los actos ilegales y arbitrarios, en primer término, en las decisiones adoptadas por la recurrida COMPIN que no dieron lugar a las reposiciones formuladas en contra de la resoluciones emitidas por FONASA, en virtud de las cuales este último organismo había rechazado las licencias médicas N° 2-54744508, N° 2-54744540 N° 2-54754821 y 2-55198562, decisiones de COMPIN contenidas en las Resoluciones Exentas N° 4740 de 29 de noviembre del 2017 (respecto de las dos primera), N° 4997, de fecha 26 de diciembre del 2017 (en relación a la tercera) y N° 246, de fecha 19 de enero del 2018, (respecto de la última), fundando el rechazo de los recursos en la misma circunstancia invocada por FONASA, esto es, “por reposo prolongado”.

DECIMOCUARTO: Que a fin de resolver sobre la acción constitucional entablada, útil resulta recordar que el artículo 5° de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone que el procedimiento administrativos y los actos administrativos a los cuales dé origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos; mientras que en su artículo 3º establece que se entenderá como acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, que en el caso de ser dictadas por autoridades administrativas dotadas de poder de decisión, distintas a la del Presidente de la República, adquieren la forma de resoluciones.

Por su parte, en el inciso 2° de su artículo 11 dispone la obligatoriedad de expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que de cualquier forma afectaren los derechos de los particulares; en tanto que en el artículo 16, relativo a los principios de transparencia y publicidad del procedimiento, prescribe que el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él; en fin, el artículo 41 inciso 4º del mismo texto legal impone la obligación que las resoluciones que contengan la decisión del asunto sometido al conocimiento de la autoridad administrativa deberán ser fundadas.

Los preceptos reseñados, por lo demás, resultan concordantes con lo previsto en el artículo 8º inciso 2º de nuestra Ley Suprema y con lo establecido en el artículo 13 inciso 2º de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

DECIMOQUINTO: Que, conforme a lo señalado precedentemente, la motivación o fundamentación de un acto administrativo, constituye un requisito esencial para su validez y dice relación con las circunstancias de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo y que se expresan formalmente en su escrituración, deber de fundamentación que es plenamente aplicable en la especie, como quiera que también se encuentra contemplado en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y que dispone, en lo que interesa, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, el COMPIN debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

DECIMOSEXTO: Que, en el caso sub judice, de la mera lectura de las Resoluciones Exentas N° 4740, N° 4997 y N° 246, mediante las cuales la COMPIN desestimó los recursos de reposición deducidos ante la negativa de autorizar las licencias médicas de la recurrente N° 2-54744508, N° 2-54744540 N° 2-54754821 y 2-55198562, se aprecia que si bien contiene los diversos preceptos legales en que asila su decisión, no obstante se limitan a reproducir los presupuestos de hecho de las resoluciones recurridas, vale decir, el “reposo prolongado”; sin embargo en tales resoluciones no se mencionan hechos, actos, conductas, ni antecedentes concretos, específicos y ciertos que permitan comprender la antedicha circunstancia fáctica (reposo prolongado) y que, en definitiva, fue la que le permitió a la COMPIN, de acuerdo a su razonamiento, rechazar los arbitrios y confirmar la negativa a autorizar las licencias médicas respectivas.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en consecuencia, las actuaciones reclamadas por la accionante, carecen de todo fundamento fáctico, apareciendo entonces que la autoridad que los pronunció, es decir, la recurrida COMPIN ha incurrido en una arbitrariedad, pues en ellos se ha prescindido de la exigencia constitucional, legal y reglamentaria, en orden a que el acto administrativo debe ser debidamente fundado, según se ha señalado en los razonamientos precedentes; por lo que no cabe sino concluir que los actos denunciados, en cuanto carecen de fundamentos fácticos, son producto del mero capricho, toda vez que adolecen de sustentación lógica y devienen, en consecuencia, en arbitrariedad por falta de motivación.

DECIMOCTAVO: Que como corolario de lo reflexionado en el basamento precedente, encontrándose las Resoluciones Exentas Reclamadas desprovistas de una adecuada fundamentación racional, ello conduce a estimar que la conducta de la recurrida COMPIN constituye, en primer término, una vulneración al derecho a la vida e integridad física, garantía contemplada en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar priva a la recurrente de ejercer el derecho del reposo sustentado por una licencia médica, impidiéndole de esta forma, ausentarse de su jornada laboral durante el tiempo determinado en la licencia, a objeto de restablecer su salud; y, en segundo lugar, asimismo, afecta el derecho de propiedad de la accionante, consagrado en el número 24 del precitado artículo 19, por cuanto la conducta reprochada a la mencionada recurrida le priva de gozar durante la vigencia de las licencias rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o bien de las remuneraciones que percibe por su trabajo.

DECIMONOVENO: Que respecto de las garantías fundamentales que se han estimado vulneradas, conveniente es dejar asentado que no es óbice para esta Corte pronunciarse acerca de un derecho que la Ley Suprema reconoce y protege a través del nombre reservado, no obstante que la recurrente no las haya invocado, compartiendo estos sentenciadores la doctrina consagrada por nuestro máximo tribunal, en cuanto señala “que para la procedencia de la pretensión proteccional es esencial la determinación de los hechos constitutivos de agravio -lo que la recurrente ha hecho-, correspondiendo al tribunal aplicar las normas constitucionales atingentes a la situación planteada”. (C. Suprema, sent. 15 febrero 2001).

VIGÉSIMO: Que, en cambio, en autos no se ha establecido acto ilegal o arbitrario que se pueda atribuir a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que aún no ha emitido pronunciamiento alguno en relación a los reclamos deducidos con respecto de las Resoluciones Exentas emitidas por la COMPIN.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

1°- Que SE RECHAZA el nombre reservado, en cuanto se dirige en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

2°.- Que SE ACOGE, sin costas, el nombre reservado deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto las decisiones contenidas en sus Resoluciones Exentas N° 4740 de 29 de noviembre del 2017, N° 4997 de fecha 26 de diciembre del 2017 y N° 246, de fecha 19 de enero del 2018 y, por tanto, dicho organismo deberá autorizar las licencias médicas N° 2-54744508, N° 2-54744540 N° 2-54754821 y 2-55198562, que prescribieron reposo para la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 518-2018.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firma el Ministro señor Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y cuerdo de la causa por encontrarse en comisión de servicio.

La Serena, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.