nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Departamento de Extranjería y Migración Recurso de Protección Rol N° 5120-2022.

La Serena, cuatro de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha seis de julio de dos mil veintidós comparece don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en la omisión en resolución solicitud de regularización migratoria, solicitada con fecha 22 de julio de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 n. 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Sostienen que su representada ingresó a Chile en calidad de turista, y por distintas circunstancias estando dentro del país, y en razón de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en nuestra nación, decidió cambiar su condición migratoria, iniciando el proceso de regularización ya referido. Sin perjuicio de lo anterior, y al cumplir los requisitos establecidos en la ley, decidió modificar su situación haciendo la respectiva solicitud bajo el N°27617200 al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de obtener su regularización migratoria, según consta en el documento que se acompañará en el primer otrosí.

Sin embargo, ha transcurrido más de 11 meses sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la recurrida, situación que la ha mantenido en una constante preocupación e incertidumbre, toda vez que sin perjuicio contar con la autorización para para ejercer actividades remuneradas mientras se encuentre en análisis la solicitud de regularización migratoria, dicha demora implica una inestabilidad emocional y de su diario vivir, que afecta de manera directa sus garantías constitucionales, las cuales resultan afectadas por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud ya referida, esto es, desde fecha 22 de julio 2021, hasta el día de interposición del recurso han transcurrido más de 12 meses, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria. 2. Carnet de Identidad.

SEGUNDO: Que, con fecha 22 de abril del corriente evacuó informe don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Refiere que Doña nombre reservado, ciudadana venezolana, ingresó por primera vez al país con fecha 9 de enero de 2018, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Agrega que con fecha 26 de marzo de 2019, la Gobernación Provincial de Elqui otorgó por primera vez a la recurrente una visa de residencia temporaria por motivos laborales. Dicha visa fue objeto de una prórroga por un año, por lo que mantuvo su vigencia hasta el 29 de abril de 2021. Que, con fecha 22 de julio de 2021, la recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325. Además, que mediante la Resolución Exenta N° 21105678, de 22 de julio de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, la solicitud de regularización de la recurrente se acogió a trámite. Señala que mediante dicha resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por la recurrente y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras la su postulación se encuentre en trámite. Finalmente señala que la solicitud del recurrente se encuentra en trámite, en etapa de análisis.

Señala que la recurrente se inscribió en el proceso de regularización migratoria extraordinaria promovido por esa autoridad, el que tiene por objetivo otorgar la oportunidad a aquellos extranjeros que mantengan una situación migratoria irregular en Chile de insertarse en la comunidad y permitirles contribuir al desarrollo del país, brindándoles la opción para que puedan solicitar a la autoridad administrativa el acceder a un visado temporario y cédula de identidad que les permita trabajar y desarrollar su proyecto de vida cumpliendo la legislación migratoria. Así, la recurrente solicitó acogerse al proceso de regularización establecida en la Ley 21.325, solicitud que actualmente se encuentra en trámite, en etapa de análisis. Contra la presentación de la recurrente se otorgó un permiso de trabajo, de forma gratuita y con vigencia mientras su solicitud se encuentre en trámite. Dicho permiso acredita la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud.

Agrega que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Señala que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de regularización, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Además, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Argumenta que la consecuencia directa de la interposición de recursos respecto de aquellos extranjeros que han elegido esta vía, es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Finalmente agrega que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Por consiguiente, solicita el rechazo de la acción deducida, siendo además improcedente la condena en costas a su representada.

Acompaña: Resolución Exenta N° 21105678, de 22 de julio de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública.

Asimismo, con fecha 03 de agosto de 2022, el referido abogado amplía el informe requerido en la presente acción constitucional de Protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que la presente acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia al haberse pronunciado este Servicio respecto de la solicitud de la recurrente, toda vez que mediante la Resolución Exenta N° 22321023, de 27 de julio de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de regularización de la contraria fue acogida por esta autoridad, se regularizó su situación migratoria y se otorgó también una visa de residencia temporaria por un año. En consecuencia, al haberse satisfecho la pretensión de la contraria, entiende que el presente recurso ha perdido oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de autos, en particular, el documento incorporado por la recurrida consistente en Resolución Exenta N° 22321023, de 27 de julio de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, que acoge la solicitud de regularización realizada por la actora, solo cabe desestimar el recurso deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, a favor de doña nombre reservado, en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA DE CHILE, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 5120-2022 Protección.-