AGRÍCOLA LUIS FEDERICO NORTES PEÑALOZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con nombre reservado

Inversiones Nortes e Hijos Limitada y otros nombre reservado

Recurso de protección Rol número 512-2026 La Serena, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y considerando.

Primero. Que comparecen Pablo Vega Etcheverry y Cristian García Baltra, abogados, quienes recurren de protección en favor de Inmobiliaria e Inversiones Nortes e Hijos Limitada; nombre reservado, agricultor; y Agrícola nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en contra de nombre reservado, abogado, domiciliado domicilio reservado, por impedir al acceso de un camino interior a inmuebles de los que son propietarios, alegando vulneración de su derecho constitucional de propiedad.

Exponen que, por escritura pública de 21 de enero de 2016, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y el recurrido, nombre reservado, procedieron a la disolución y liquidación de la Comunidad conformada por ellos, respecto del inmueble denominado predio “El Olivo”, ubicado en Ovalle, con posterior rectificación, aclaración, ratificación y reformulación de escritura de disolución, el 4 de abril de 2016, en el sentido de disponer que nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado adquirieron los derechos del inmueble por cesión de derechos que le hizo la Compañía Delta Sociedad Anónima, Industrial y Comercial, según consta de escritura pública de 2 de agosto de 2013, adquiriendo el recurrido nombre reservado sus derechos en el inmueble por dación en pago que le hizo la Compañía referida, según escritura del mismo año.

Además, dan cuenta de que disolvieron la comunidad respecto de ese bien raíz y subdividieron el predio agrícola de 21,5 hectáreas en seis lotes, siendo los propietarios, con camino interior, Inmobiliaria e Inversiones Nortes e Hijos Limitada, nombre reservado, Agrícola Luis Federico Nortes Peñaloza EIRL; mientras que al nombre reservado y recurrido se le adjudicaron los lotes que individualiza.

Precisa que, en los actos referidos, concurrieron quienes son parte en el recurso, con expresa mención en la conservando el camino interior tal, en cuanto en la cláusula octava se dispone lo siguiente, “La adjudicación de cada uno de los seis lotes anteriores y del camino interior se hace ad corpus, no obstante las cabidas aproximadas expresadas, en el estado en que actualmente se encuentran y que es conocido por cada uno de los adjudicatarios, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, libres de todo gravamen, prohibición, embargo y cualquiera otra limitación de dominio”.

Asimismo, la cláusula novena previene que las partes aceptan para sí en pleno dominio las adjudicaciones de sus respectivos lotes y camino interior, que conocen y aprueban en todas sus partes la escritura y plano de subdivisión.

En cuanto al hecho denunciado, relatan que, el 26 de febrero del año en curso, obedeciendo instrucciones del recurrido, se ha procedido a cerrar el acceso a todos los ocupantes del Lote Siete, invocando el señor nombre reservado un derecho de uso exclusivo propio y excluyente para terceros conforme contrato de liquidación de la comunidad y adjudicación de los lotes, afirmando que, si se pretende hacer uso del camino, los recurrentes deben pagarle $40.000.000 cada cinco años.

Refieren que, en el contrato de 2016, se le asigna a dicho camino existente un valor inferior a $200.000 y que el uso de dicho camino es gratuito a perpetuidad para sus representados, por provenir de una liquidación de una comunidad.

Agregan que este uso ha operado normalmente por más de diez años, sin que en el contrato se haya mutado la condición jurídica de camino interior a un retazo de terreno, dejando especial constancia con la concurrencia y firma del recurrido, que la adjudicación incluye servidumbre.

Invocan lo dispuesto en el artículo 850 del Código Civil, en cuanto previene que, si se vende o permuta alguna parte de un predio, o si es adjudicada a cualquiera de los que poseían proindiviso, y en consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemnización alguna.

Alegan que a los recurrentes se les ha impedido, limitado y perturbado el legítimo derecho que les confiere su calidad de titular de dominio de un predio, a acceder y transitar libremente hacia sus propiedades por un camino que desde su origen ha sido servido para este fin, destacando que el cierre del camino es consecuencia del actuar caprichoso del recurrido, que, por su propia cuenta, y sin tomar en consideración los legítimos derechos de sus representados, ha decidido en forma arbitraria proceder al cierre del camino, sin recurrir a utilizar los medios que para discutir este tipo de situaciones confiere el estado de derecho, incurriendo en un acto de autotutela.

Sostienen que se afecta el derecho de propiedad de los actores, por lo que, previas citas legales, piden se disponga que el recurrido debe cesar de inmediato en la realización de cualquier acto de carácter arbitrario e ilegal que impida el uso del camino, debiendo deshacer y retirar las obras de cierre que ha construido en el mismo, dejándolo expedito en forma permanente al tránsito de sus usuarios, con costas.

Segundo. Que comparece nombre reservado, abogado, en calidad de recurrido, requiriendo el rechazo del recurso, con costas.

Controvierte, en primer término, el tenor de los hechos expuestos en el libelo, alegando que los no hacen un estudio de títulos riguroso, lo que daría cuenta de la falta de diligencia de los abogados que los representan, sin haber acompañado un certificado de gravámenes que acredite la existencia de servidumbres constituidas a su favor, por un camino que desde su origen es para el tránsito de su lote y de un vecino.

Expone que la Compañía Delta Sociedad Anónima, Industrial y Comercial era dueña de un predio de 21,50 hectáreas aproximadamente, de la Comunidad El Olivo, adquirida por Andrés Nortes Nortes por compra que le hizo a la Comunidad El Olivo, mediante escritura de 10 de enero de 1978, y que, el 2 de agosto de 2013, la Compañía Delta Sociedad Anónima, Industrial y Comercial vendió a nombre reservado un 25% -Sociedad Inmobiliaria JOSEFER Limitada-; a nombre reservado, un 25%; a nombre reservado, un 33,33%; y al recurrido, como dación en pago, el 16,77% del mismo predio, formándose, en definitiva, una comunidad.

Agrega que, por escritura pública de 21 de enero de 2016, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y el recurrido, de común acuerdo, procedieron a la disolución y liquidación de la comunidad, con posterior aclaración, procediendo a la subdivisión de parte del predio, transfiriendo el dominio de los lotes, donde el recurrido, posteriormente vendió a terceros no emplazados en autos.

Hace presente que el lote ha sido subdivido, adjudicado, aportado a otras sociedades y vendido a terceros, entre ellos los recurrentes, donde, alegando desconocer a quién fue transferido el Lote Siete D, el comprador cobró por constituir una servidumbre sobre su terreno, que es por donde deberían entrar a los demás lotes, lo que no fue de parecer de los actores, indicando que pretenden ingresar por su terreno y camino interior.

Afirma que el propietario del denominado camino interior, según se detalló en la reformulación, cláusula séptima, la que dispone lo siguiente.

“La hijuela del comunero nombre reservado se entera adjudicándosele en dominio pleno, y en la suma de tres millones trescientos treinta y cuatro mil pesos, los siguientes lotes y camino interior: I) LOTE NÚMERO TRES de una superficie de cero coma cincuenta hectáreas aproximadamente Polígono I-M-J-K-L; II) LOTE NÚMERO CUATRO, de una superficie de cero coma cincuenta hectáreas aproximadamente, polígono M-N-1-J-M; III) LOTE NÚMERO CINCO, de una superficie de cero coma cuarenta y nueve hectáreas aproximadamente, polígono Ñ- 0-G-H-Ñ; IV) LOTE NÚMERO SEIS de una superficie de cero coma cincuenta hectáreas aproximadamente, polígono O-D-F-G-O, todos del plano de subdivisión, de una superficie total de dos coma cero cinco hectáreas de superficie aproximadas los cuatro lotes; y V) la adjudicación en dominio pleno del camino interior existente entre los lotes cuatro y cinco, de aproximadamente novecientos ochenta y cinco metros cuadrados de la superficie, polígono N-Ñ-H-I-N, lotes y camino interior cuyos deslindes y cabidas según el referido plano son los siguientes”.

Precisa que el Lote Cuatro en su deslinde Sur refiere el camino interior, donde, en el apartado al efecto, se indica.

“CAMINO INTERIOR: de una superficie de aproximadamente novecientos ochenta y cinco metros cuadrados de superficie, polígono N-Ñ-H-I-N, y cuyos deslindes, según el plano de subdivisión son: AL NORTE: en el tramo I-N, en ochenta y nueve coma veintidós metros con el Lote Cuatro; AL SUR: en el tramo H-Ñ, en ochenta y ocho coma veintiséis metros con Lote Cinco; AL este: en el tramo N-Ñ, en once coma quince metros con camino público; AL OESTE: en el tramo I-H, en once coma treinta y cinco metros con Lote Siete. Declaran todos los comparecientes que con las anteriores asignaciones de los lotes números, tres, cuatro, cinco, seis y camino interior se entera la hijuela de don nombre reservado, quien acepta y adquiere para si en la forma señalada, los señalados lotes números tres, cuatro, cinco, seis y el camino interior ya señalados”, lo que indica claramente que conservo el CAMINO INTERIOR en calidad de propietario, NO DE SERVIDUMBRE.

Agrega que la cláusula octava establece que “la adjudicación de cada uno de los seis lotes anteriores y del camino interior se hace ad corpus, no obstante, las cabidas aproximadas expresadas, en el estado en que actualmente se encuentran y que es conocido por cada uno de los adjudicatarios, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, libres de todo gravamen, prohibición, embargo y cualquiera otra limitación de dominio”.

Argumenta que en el recurso se ha omitido su buen actuar, en cuanto contactó al arrendatario, donde la sociedad que representada por una de las recurrentes es arrendadora del Lote 7A, autorizándolos a ingresar por su lote para que tengan acceso a la propiedad arrendada, con el compromiso de limpiar, dar seguridad del sector y hacer un portón, donde solo ingresen vehículos y personas que tengan relación con la empresa arrendataria, sin siquiera haber sido mencionado.

Agrega que el cónyuge de la recurrente nombre reservado lo contactó vía telefónica, el 17 de enero de 2025, para que hiciera una topografía de sus lotes de terreno, con el objeto de autorizar a los arrendatarios del Lote 7A, afirmando que asumiría los costos, accediendo, destacando que, el 20 de marzo de 2025, desautorizó la recurrente al señor nombre reservado, indicando que ella no había encargado la topografía y que sería de costo del recurrido. Quien tuvo que asumir el pago de honorarios del topógrafo, explicando que se incurrió en un error en la demarcación.

Añade que, el 27 de noviembre y 29 de diciembre de 2025, fue contactado donde le fue propuesto comprar o pagar por pasar o que los autorizara a pasar, negándose, indicando que su interés es vender, donde nadie quizás compre un terreno donde pasen por el medio camiones u otros vehículos que ensucien o minimice la seguridad del sector.

Arguye que no le cabe responsabilidad en resolver el problema de los recurrentes por un mal estudio de títulos y subdivisión, explicando que, el 24 de febrero pasado, fue informado de que había un señor construyendo un cerco dentro de su terreno, en el camino interior, mostrando un papel que indicaba nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, hijo de nombre reservado, concurriendo posteriormente carabineros, siendo agredido verbalmente y que, exhibiendo sus títulos, los funcionarios le dieron la razón, sin que las personas individualizadas retiraran el cerco, procediendo a encargar el cierre perimetral de sus lotes y camino interior.

Niega haber requerido $40.000.000, como se expone en el recurso y controvierte que los recurrentes hayan hecho uso del camino interior, donde ni siquiera se había delimitado cuando era un solo propietario y tampoco ahora con sus vecinos, alegando que los actores pretenden crear algo que les pueda servir para demandar servidumbres o que se les reconozca algo a lo cual no tienen derecho.

Argumenta que el artículo 850 del Código Civil, citado en el recurso, no aplica para el loteo del Lote 7, sin que fueran ingresados los lotes de la subdivisión, por un error, concluyendo que no existe servidumbre, donde el cierre perimetral no es sino el ejercicio de uno de los atributos del derecho de dominio, descartando incurrir en actos de autotutela.

Requiere, finalmente, que a los recurrentes se imponga la condena en costas, alegando una afección a su trabajo profesional, debiendo destinar tiempo a la causa, razonando, para fundar su petición de rechazo, que el proceso de protección no fue creado para sustituir los procesos administrativos, ordinarios o sumarios, sin que concurran sus presupuestos, donde los recurrentes carecen de un derecho de servidumbre, reiterando que la acción no puede prosperar, conforme los argumentos expuestos, más cuando existen terceros no emplazados en autos.

Tercero. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto. Que según se desprende de los antecedentes de hecho expuestos por las partes, la controversia se sostiene en la interpretación de la escritura de adjudicación de enero de 2016, donde los recurrentes invocan la adquisición de lotes en sus antecesores en el dominio, con derecho a utilizar un camino interior ubicado entre los lotes de propiedad del recurrido, quien, junto con alegar la improcedencia de la acción, controvierte que el derecho que invocan los actores corresponda a una servidumbre y que se incurra en actos de autotutela, destacando que la misma escritura de 2016 lo reconoce como propietario de aquel retazo de terreno individualizado como camino interior.

Quinto. Que, de lo expuesto, no cabe sino concluir la improcedencia de esta vía cautelar para conocer de la disputa incoada en autos, donde la determinación de un derecho de servidumbre -o bien, de dominio- corresponde a una materia que requiera acreditación y cuya solución debe ser antecedida por un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Sexto. Que, por lo razonado, atendida la improcedencia del recurso y estimándose que no concurre plausibilidad en su interposición, se impondrá a los recurrentes las costas de la instancia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso interpuesto por Inmobiliaria e Inversiones Nortes e Hijos Limitada, nombre reservado y Agrícola nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Protección número 512-2026.