Protección contra Servicio Nacional de Menores

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Menores, Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 51-2016.- La Serena, veintidós de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Que a fojas 1 comparece doña María Cecilia Garrido Pérez, abogado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la Corporación Gabriela Mistral, representada para estos efectos por doña nombre reservado ambas con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores, nombre reservado, representada por su Directora Regional doña Verónica Zárate Robledo, ambos con domicilio en domicilio reservado, específicamente en contra de la resolución exenta N° 189/B de 19 de Octubre de 2015, en contra de la cual interpuso recurso de reposición y jerárquico, último de los cuales fue resuelto con fecha 5 de Enero de 2016, en razón de los siguientes argumentos.

Indica que con la recurrida existe un convenio suscrito y aprobado por resolución exenta N° 119/B de 6 de Junio de 2014, referido al denominado “DAM CEDOF La Serena” a ejecutarse en la región de Coquimbo, cuyo objetivo es la realización, en forma ambulatoria, de evaluaciones periciales proteccionales y/o forenses oportunas y especializadas a niñas, niños y adolescentes en situación de grave vulneración así como también evaluaciones técnicas de adolescentes imputados por haber infringido la ley penal, teniendo el convenio una duración de dos años.

Señala que la resolución recurrida dispuso de conformidad con la cláusula octava del convenio y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 20.032 el término anticipado del mismo, señalando entre sus fundamentos que la Corporación fue objeto de una auditoría técnica y de supervisores por parte del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.032 y su reglamento, al que se llevó a cabo en el mes de Septiembre de 2015 y tuvo por objeto evaluar aleatoriamente los procedimientos, metodologías, organización y análisis asociados a la realización de peritajes e informes psicológicos y sociales como Programa de Diagnóstico Ambulatorio, analizando un total de 22 carpetas individuales.

De esta forma la resolución recurrida fundamenta la decisión adoptada en que la Corporación habría incurrido en una falta grave al convenio suscrito, lo que faculta poner término anticipado al mismo.

Señala el recurso que el convenio celebrado entre las partes, establece el marco regulatorio de las obligaciones y derechos a que se encuentran sometidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, habiéndose puesto término al mismo en base a un procedimiento de fiscalización que según Sename, arrojaría resultados negativos en el desempeño de la Corporación, sin embargo, estima que dicho procedimiento de fiscalización resulta ilegal y arbitrario.

Expone así que la propia Administración ha dado pautas y establecido los procedimientos de fiscalización respecto de los particulares que interactúan con el servicio en calidad de colaboradores, por lo que no resultaría posible aplicar otras normas fuera de estas que la propia administración se ha dado, ello por un tema de certeza y de respeto por parte de ésta.

Indica que las normas referidas a la supervisión de los proyectos se contienen en la ley 20.032 (artículos 36 y siguientes) y en las normas del propio servicio reflejadas en circulares e instrucciones. En el Convenio que rige a la recurrente se indica que a Sename le corresponde realizar una supervisión y evaluación periódica, realizando en la práctica supervisiones bimensuales o trimestrales las cuales son informadas mediante los denominados informes de supervisión al colaborador acreditado, todo conforme a un instructivo del propio servicio realizando además una evaluación anual de desempeño, que se sigue de acuerdo al denominado “Instructivo General para el Proceso de Evaluación Anual de Desempeño Líneas de Acción y Modalidades Programáticas Departamento de Protección y Restitución de Derechos”, existiendo además un proceso de supervisión en profundidad que se aplica de conformidad a la circular N° 5 de Febrero de 2010 dictada por la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, por situaciones de reclamos o hechos que revistan carácter grave.

Los procedimientos referidos tienen un determinado modo de operación establecido en las propias pautas de Sename, de esta forma conocidos por los operadores y que son bilaterales, estableciendo la posibilidad de responder en relación a lo informado.

Sin embargo, indica que en el presente caso la recurrente ha sido objeto de una “Auditoría Técnica” realizada por el Sename que constituye un procedimiento de fiscalización inexistente y que no se ajusta a ninguno de los procedimientos de evaluación, supervisión o fiscalización establecidos por el propio servicio, aplicando así de forma arbitraria e ilegal una forma de fiscalización desconocida por la recurrente, dejándola en la indefensión, vulnerando las normas de debido proceso y de igualdad ante la ley, dictándose a continuación la resolución que se impugna la que se encuentra viciada por basarse en este procedimiento de fiscalización ilegal.

Estima que los hechos referidos vulneran el principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración, atentando contra el principio de certeza y seguridad jurídica que ampara a los administrados.

Señala que el artículo 1 del DL 2465 establece la función del Servicio Nacional de Menores entre las cuales está la supervisión técnica y financiera de la labor que desarrollan las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados, pero ello no significa que no existan normas que regulen estas actuaciones como ocurre en el presente caso con la circular N° 5 de Febrero de 2010 y con el denominado “Lineamiento para la Supervisión Técnica (Fiscalización y Asesoría) de Proyectos de Protección y Restitución de Derechos”, que son los antecedentes que regulan la supervisión, fiscalización y asesoría del Servicio en relación a sus colaboradores, estimando que el procedimiento que se ha llevado a cabo en el presente caso no se enmarca en la aplicación de ninguno de los referidos instrumentos, lo que impide una adecuada defensa por el desconocimiento del procedimiento que fue aplicado en el presente caso.

Considera que los hechos referidos han vulnerado la garantía del debido proceso consagrada en el numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, relacionando esa garantía además con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 N° 12 letra d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, estimando además vulnerada la garantía del artículo 19 N° 26 de Constitución Política, ya que la esencialidad de los derechos también protege a las personas cuando se pretende imponer procedimientos injustos o irracionales o sancionar en forma anticipada.

Señala del mismo modo que en el presente caso se ha violentado igualmente la garantía del derecho de propiedad contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, afectando los derechos que emanan del convenio celebrado y al que se le pone término anticipado, los que se habían incorporado en el patrimonio de la recurrente, señalando que ha existido en consecuencia un procedimiento ilegal y arbitrario que lesiona la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales y las exigencias del debido proceso.

Concluye solicitando, en razón de los hechos referidos, que se acoja el presente recurso ordenando a la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta N° 189/B de 19 de Octubre de 2015 y todos los efectos perjudiciales que emanen directa o indirectamente del acto arbitrario e ilegal, adoptando las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que a fojas 50 comparece doña Daniela Urquieta Díaz, abogado, quien actuando en representación de la Dirección Regional de SENAME, Región de Coquimbo, evacuó el informe requerido en relación al recurso de protección presentado en estos antecedentes, solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Expone, así en primer término, en cuanto a la oportunidad de la interposición del presente recurso que éste sería extemporáneo, por cuanto, según alude la propia recurrente, es la resolución exenta 189/B de 19 de Octubre de 2015 el acto administrativo que ha vulnerado ciertas Garantías Constitucionales, añadiendo que según señala el Acta N° 94/2015, relativo al Auto Acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, esta acción debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticas o conocimiento cierto de los mismos.

De esta forma habiendo sido notificada la resolución Exenta de fecha 19 de octubre 2015, conforme al inciso 2° del Articulo 46 de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, vale decir, por carta certificada debe entenderse practicada dicha notificación a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos, y habiéndose presentado el recurso de protección con fecha 13 de enero del 2016, hay una manifiesta extemporaneidad ya que el plazo de treinta días corridos contados desde que ocurre el acto u omisión arbitraria o ilegal, o desde que se tomó conocimiento de él ha transcurrido, por ende, dicho plazo fatal se encuentra vencido.

Indica que el Servicio Nacional de Menores, a través de la Resolución Exenta N°0549, de 27 de febrero de 2014, modificada por las Resoluciones Exentas N° 0884, 0969, ambas del 2014 autorizó el Primer Concurso Público de proyectos para la línea de acción Diagnóstico, Modalidad Diagnóstico Ambulatorio (DAM), para la Red de Colaboradores Acreditados del SENAME, aprobando las bases que lo rigieron de conformidad con la Ley N° 20.032 y su reglamento, proceso en el cual, habiéndose evaluado las propuestas presentadas y en conformidad con lo dispuesto en las Bases Administrativas, que rigieron dicho proceso concursal, se adjudicó, mediante Resolución Exenta N° 1217 del 14 de mayo 2014, el código del listado de proyectos del concurso correspondiente al N° 2734, relativo a la comuna de La Serena, al colaborador acreditado Corporación Gabriela Mistral.

Como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución Exenta N° 119/B del 06 de junio del 2014, la Dirección Regional de SENAME, aprobó el convenio con la Corporación Gabriela Mistral, para la ejecución del proyecto denominado "DAM CEDOF LA SERENA", cuya sede estaría ubicada en domicilio reservado, comuna y ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, por un periodo de dos años, siendo supervisado por la Dirección Regional, velando ésta por un correcto y ajustado servicio prestado conforme a la labor de esta modalidad de diagnóstico en el ámbito psicológico, social u otros análogos realizado a un niño, niña o adolescente y sus familias, los que sirven de apoyo a la función jurisdiccional, función que se encuentra definida como tal en las orientaciones técnicas del Servicio, y que puede ser determinante para el futuro de aquellos.

A su vez, el objetivo general del convenio DAM CEDOF La Serena, aprobado por el Servicio, era realizar en forma ambulatoria, evaluaciones periciales proteccionales y/o forenses, oportunas y especializadas, a niñas niños y adolescentes que se encuentran en situación de grave vulneración de derechos o suposición fundada de grave vulneración, asociado a algún nivel de daño y/o victimización, así como evaluaciones técnicas a adolescentes imputados por haber infringido la ley penal, ha sido objeto de una Auditoría Técnica y de supervisiones por parte de ese Servicio, de conformidad a la Ley N°20.032 y su Reglamento.

Señalando que la recurrente, tenía la obligación de materializar los resultados esperados del referido proyecto, los cuales no fueron cumplidos a cabalidad, indicando en su informe cuales eran estos resultados esperados.

Añade que de acuerdo al historial de la recurrente, el proyecto DAM CEDOF La Serena la recurrente no dio cumplimiento íntegro al objetivo general del proyecto, a los objetivos específicos y los resultados esperados según consta tanto en los informes de supervisión rutinarios, evaluación anual y la Auditoría Técnica por cuanto, en su conjunto, existió un incumplimiento grave del convenio suscrito, dado que no se respetaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes en términos de ser atendidos con un nivel de calidad apropiado a sus necesidades, no garantizándose por ende, un nivel de resultado satisfactorio en los diagnósticos realizados.

Señala el informe que no es efectivo que se haya realizado un acto de fiscalización ilegal, por cuanto el propio convenio que fue suscrito por consentimiento de ambas partes, de manera voluntaria y en pleno conocimiento de su tenor, sentido y alcance, si bien contempla expresamente los procesos de supervisión formales que el SENAME efectuaría al Organismo Colaborador y la periodicidad de los mismos, y que no dicen relación más que lo señalado expresamente en la propia Ley N° 20.032 y su reglamento, lo que no excluye la facultad fiscalizadora o de supervisión en profundidad de parte de la recurrida que se puede ejercer mediante una instrucción que emana del Servicio Nacional de Menores, quien en aras de su misión institucional debe supervisar el cuidado de los niños y/o adolescentes y hacer un uso eficiente de los recursos a su disposición, aspecto que la recurrente no puede ni debe desconocer por cuanto al momento de suscribir el convenio, el colaborador acreditado declara conocer, entender y estar conforme con las menciones de los cuerpos legales a que se hace referencia el convenio, en especial a la Ley N° 20.032 y su Reglamento, contenido en el DS N° 841, de 2005, modificado por los Decretos Supremos N°s 208, de 2007, 1097, de 2009 y 105, de 2012, todos del Ministerio de Justicia y DL 2465 que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica, y por ende, sus facultades y atribuciones.

Señala que Sename realizó todos y cada uno de los procesos de supervisión al proyecto DAM CEDOF La Serena según lo convenido, y lo indicado en las Bases Administrativas y Orientaciones Técnicas que rigieron el proceso, dando en consecuencia un fiel cumplimiento al Principio de estricta Sujeción a las Bases, y por ende al Principio de legalidad toda vez que SENAME no ha soslayado ningún proceso administrativo previamente establecido y regulado.

Indica los procesos de supervisión que se llevaron a efecto en el presente caso y los aspectos que fueron evaluados en cada caso, señalando que si bien se sitúa en la categoría de Bueno, y no se indica que existe falta grave al convenio, en todos los informes de procesos sí hubo observaciones técnicas en el ámbito de gestión las cuales persistieron en el ciclo de evaluación y se encuentran plasmadas en la evaluación anual, tales como el no cumplimiento del envío de los informes periciales con los cinco días de antelación a los tribunales de Familia, igualmente, realizar una defensa técnica del informe elaborado ante la instancia judicial que lo solicite, además, del cumplimiento del indicador de gestión regional (IGR), entre otros aspectos, lo que en definitiva no permitió que el proyecto lograra una evaluación mayor sino solo un 7,37% que es muy cercana a la nota mínima exigida.

Señala el informe que no se ha vulnerado el debido proceso en el presente caso puesto que la Circular 05/2010 no es obligatoria para dar inicio a un proceso de término de convenio, bastando el simple incumplimiento grave de las obligaciones del mismo, detectado en las supervisiones ordinarias y/o con ocasión de un proceso técnico de supervisión en profundidad como una Auditoría Técnica realizada por expertos para proceder a determinar una decisión fundada como la abordada mediante la Resolución Exenta N° 189/B del 19 de octubre del 2015, proceso que se fundamenta en las propias facultades del Servicio donde la decisión de poner término anticipado a un convenio obedece a situaciones que, atendida su gravedad, justifican el término, por lo que la aplicación de la Circular 05/2010, supuestamente previa y obligatoria por la recurrente, no está contemplada en ninguna parte como condición previa, para disponer el término anticipado de un convenio, habiéndose ejercido por parte de SENAME, la misión de fiscalizar aleatoriamente cualquier proyecto a quien se le traspasa fondos fiscales estimando que en el caso en particular, las falencias detectadas son imposibles de revertir o someter a un Plan de Mejoras.

Añade que la recurrente no puede afirmar que quedó en la indefensión frente a una decisión que perfectamente puede ser adoptada por el Servicio Nacional de Menores, según lo explicita la cláusula octava del convenio que establece que Sename estará facultado, según el artículo 37 de la Ley 20.032, para poner término anticipado dando el aviso correspondiente al colaborador acreditado, con 60 días hábiles de anticipación, cuando los objetivos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado acordado como mínimamente satisfactorio o, cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes no están siendo debidamente respetados, procediendo la Corporación Gabriela Mistral a ser notificada de la Resolución Exenta 189/B del 19 de octubre del 2015, pudiendo recurrir de dicho acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo de los Actos de la Administración del Estado, lo que materializó mediante la interposición de los Recursos de Reposición y Superior Jerárquico ante al Servicio, por lo que la recurrente tuvo la oportunidad, de desvirtuar todos y cada uno de las observaciones graves detectadas en la respectiva Auditoría técnica, teniendo pleno conocimiento de lo observado en cada de las causas de Medida de Protección donde se debía decidir sobre el destino de un niño, niña y adolescente.

Añade que el realizar una Auditoría Técnica, o Supervisión especial en profundidad no es más que el debido ejercicio de una facultad inherente y propia del Servicio Nacional de Menores, donde la Dirección Nacional, en quien recae la totalidad de las potestades administrativas entregadas por ley, puede perfectamente instruir un proceso de análisis técnico de funcionamiento de un proyecto determinado a fin de revisar el correcto funcionamiento de los organismos Colaboradores, por lo que una circular, desde el punto de vista de la jerarquía normativa no tiene mayor relevancia que el propio convenio que, tal como lo indicó la recurrente, es ley para los contratantes y su incumplimiento evidentemente manifiesto puede desencadenar perfectamente en el término anticipado del mismo. La circular no es más que un instrumento optativo que se puede aplicar cuando se visualiza observaciones que eventualmente podrían ser mejoradas mediante un Plan de Mejoras.

Indica que, en el caso de autos, efectivamente durante el mes de septiembre del año 2015, se realizó esta auditoría técnica instruida por la Directora Nacional de SENAME, en el marco de sus facultades como Jefe Superior del Servicio, la cual tuvo por objeto evaluar técnica y aleatoriamente los procedimientos, metodologías, organización y análisis asociados a la realización de peritajes e informes psicológicos y sociales como Programa de Diagnóstico Ambulatorio, (DAM CEDOF LA SERENA) donde se hizo un levantamiento técnico de los principales hallazgos detectados, analizándose en su oportunidad 22 carpetas individuales dentro de las cuales se encontraba una carpeta denominada Caso de Connotación Pública.

Es así que dentro de sus conclusiones, se pudo señalar que el DAM CEDOF La Serena, presentó prácticas y estrategias de trabajo, que se indican como poco exhaustivas, deficientes técnicamente, carentes de análisis clínicos, con tiempos de evaluación reducidos e insuficientes para la entrega de informes de calidad lo que implicaría un riesgo para lograr la detección oportuna y evitar la cronicidad en el tiempo de las vulneraciones de derechos hacia los niños y niñas evaluados. Conforme a lo anterior, se evidenció, además, un escaso ajuste a lo establecido en las Bases Técnicas DAM vigentes y en el Convenio establecido entre el Servicio Nacional de Menores y la Corporación Gabriela Mistral, toda vez que los informes no cuentan con elementos básicos en profundidad que permitan diseñar las hipótesis específicas de trabajo o los objetivos que debieran abordarse para una estrategia pertinente y un pronóstico adecuado, observándose un reducido análisis respecto del planteamiento de estrategias de intervención recomendadas, manifestándose a nivel psicológico una reducida gama de Instrumentos y Test a utilizar, siendo éstos insuficientes, por lo que no se veló por realizar en forma ambulatoria, en la línea proteccional, el proceso de evaluación pericial en los contextos clínicos pertinentes en cuanto a tiempos y números de pruebas psicológicas aplicadas, lo cual no permite la entrega de informes con la calidad técnica de los usuarios.

Conforme lo arrojado por la Auditoría Técnica o Supervisión en profundidad efectuada al Servicio no le queda más que concluir que la recurrente incurrió en un incumplimiento grave del convenio, a lo que se suma el hecho de que el proyecto ya había sido objeto de observaciones en las respectivas supervisiones formales y rutinarias, e incluso objeto de la aplicación de la mencionada Circular 05 del 2010 por una mala práctica de parte de uno de sus profesionales en el proyecto DAM CEDOF La Serena la que fue advertida por el propio Tribunal de Familia de La Serena, de modo que no se puede afirmar que SENAME soslayara los procedimientos o los instrumentos existentes para ejercer una fiscalización.

Señala el informe que una Supervisión o Auditoría Técnica no es más que una acción y efecto, es decir, supone ejercer la inspección de un trabajo realizado por otro/s. El acto de supervisar refiere una situación de superioridad jerárquica, y que quien supervisa tiene la capacidad o la facultad de determinar si la acción supervisada es correcta o no.

Indica que para SENAME, la supervisión más que una acción de vigilancia, es un proceso continuo que lleva implícita la fiscalización o control, y si sus resultados son negativos que impliquen una grave vulneración de derechos procede derechamente un término unilateral de convenio porque así lo contempla el mismo.

Expone que la Resolución Exenta N° 189/B del 19 de octubre del 2015 la cual fue objeto de los recursos administrativos que establece la propia ley y por ende, se desprende que la recurrente fue emplazada mediante la respectiva notificación y por ende pudo presentar todos los medios de prueba para desvirtuar los señalado en la mencionada Resolución Exenta, que daba cuenta de todo lo observado en la Auditoría Técnica, por lo que no se ha vulnerado su Derecho a Defensa ya que perfectamente pudo ejercer su derecho contemplado en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su Artículo 15 relativo al Principio de impugnabilidad, garantizándose a la Corporación Gabriela Mistral la posibilidad de desvirtuar los argumentos de fondo y de peso que tuvo SENAME para adoptar la decisión de término anticipado de convenio.

Estima que no existe de parte de la Dirección Regional de SENAME la dictación de un acto administrativo ilegal y arbitrario, puesto que la decisión de disponer el término anticipado unilateral de un convenio es reflejo de cumplimiento apegado al mandato legal que contempla la Ley N°20.032, en su artículo 2°, N°1 en términos de garantizar el respeto y promoción de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, lo que constituye el accionar fundamental de ese Servicio, disposición legal que permitió fundamentar la decisión de término unilateral del convenio mencionado mediante la Resolución Exenta N° 189/B del 19 de octubre del 2015 de la Dirección Regional de Coquimbo puesto que hubo un incumplimiento de los principios fundamentales de las Orientaciones técnicas y de la obligación señalada en la cláusula sexta letra s) del convenio que dice relación con la obligación de cumplir con las normas e instrucciones generales o especiales que, en materias técnicas, administrativas, le imparta el SENAME, como tampoco hubo fiel y cabal cumplimiento de los objetivos específicos y resultados esperados contemplados en el mismo, por lo que SENAME ha ejercido conforme al ordenamiento Jurídico su función contemplada en el Artículo 1, de la Ley 20.032, párrafo segundo, que señala que "...el Sename velará por que la acción desarrollada por sus colaboradores acreditados respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan y habiéndose configurado en la especie las causales que de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley N°20.032, procedió al término unilateral anticipado del proyecto DAM CEDOF La Serena.

Ahora, en cuanto a la supuesta vulneración a la Garantía Constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile, relativa al Derecho de Propiedad, estima que dicha afirmación no tiene asidero alguno puesto que va manifiestamente en contra de la propia cláusula octava del convenio que contempla la facultad de SENAME de proceder conforme el artículo 37 de la Ley 20.032, para poner término anticipado dando el aviso correspondiente al Colaborador Acreditado cuando los objetivos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado de acordado como mínimamente satisfactorio o, cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes no están siendo debidamente respetados Que a fojas 64 se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que la recurrida al evacuar el informe que le fue solicitado, planteó en primer término la extemporaneidad del recurso, dando por fundamento para ello que el supuesto acto ilegal y arbitrario en contra del cual se recurre consiste en la dictación de la Resolución Exenta N° 189/B de 19 de octubre de 2015, emanada de la Directora Regional de SENAME, Región Coquimbo, acto administrativo que fue notificado conforme al inciso 2° del artículo 46 de la Ley 19.880, esto es, por carta certificada, entendiéndose practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos y habiendo la recurrente aludido a un hecho que configuraría la supuesta privación, amenaza o perturbación de derechos constitucionales en octubre de 2015 y habiéndose presentado el recurso de protección con fecha 13 de enero de 2016, se presenta una manifiesta extemporaneidad, ya que el plazo de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto u omisión arbitraria o ilegal o desde que se tomó conocimiento del mismo, fijado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, referente a la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, ha transcurrido.

SEGUNDO: Que siendo el acto recurrido la Resolución Exenta N° 189/B, de la Directora Regional de SENAME, Región Coquimbo, de fecha 19 de octubre de 2015, en contra de la cual la actora incluso dedujo recursos de reposición y jerárquico, lo que reveló conocimiento de la Resolución Exenta en cuestión, recursos que se tuvieron por presentados por SENAME en noviembre de 2015, forzoso resulta concluir que en la presentación del recurso en análisis con fecha 13 de enero de 2016, se excedió con creces el plazo de 30 días corridos que concede el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales para entablar la acción constitucional en referencia.

Y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara improcedente por extemporáneo el presentado en lo principal del escrito de fojas 1 y siguientes por la abogada María Cecilia Garrido Pérez en representación de la Corporación Gabriela Mistral.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Franco.

Rol 51-2016.- Civil.

Pronunciado por la Sala Única integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor nombre reservado.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, veintidós de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.