nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL GERONIMO RENDIC LIMITADA

nombre reservado, nombre reservado y otros Sociedad Educacional nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 508-2020 y acumulada.- Serena, uno de julio de dos mil veinte.-.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña Carmen Javiera Cáceres Mendieta, abogada, domiciliada en domicilio reservado, de La Serena, interponiendo recurso de protección en contra de Sociedad Educacional nombre reservado, Colegio Particular Gerónimo Rendic, del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias que han amenazado “los derechos consagrados en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República”, en base a los siguientes fundamentos:

Como antecedentes de hecho, invoca que es apoderada del mencionado colegio, reconocido oficialmente por Resolución Exenta 0451 del Ministerio de Educación, del año 1983, el que adoptó la modalidad de financiamiento como particular pagado; que por su gran prestigio académico y rendimiento en pruebas Simce y PSU, decidió ingresar a su hija a dicho establecimiento desde el año 2019; que a fines de 2019 renovó el contrato de prestación de servicios educacionales para el presente año 2020, comprometiéndose el colegio a proporcionar al estudiante durante el presente año académico, los servicios educacionales correspondientes a los planes y programas de estudio oficiales del Ministerio de Educación y demás normativas y disposiciones internas vigentes; en tanto que ella, como apoderada y en contrapartida, debía pagar por el servicio convenido el valor de una matrícula ascendente a la suma de $220.000, además de una escolaridad anual de 67,9702 UF, cuyo valor al 01 de agosto es de $1.900.000, valor que podrá ser dividido en hasta 10 cuotas de $190.000 cada una, caso en el cual el apoderado deberá suscribir un pagaré notarial, y que sin perjuicio de diferentes modalidades de pago, realizó el pago de la escolaridad mediante una cuponera en el Banco nombre reservado, que adjunto en el otrosí, de su libelo.

Agrega que por dicho contrato los apoderados se obligaron a pagar íntegramente el valor de la escolaridad, independientemente de que el alumno fuera retirado antes de terminar el año escolar o que se ausente de clases por razones académicas o medidas disciplinarias, “salvo alguna situación de excepción o caso fortuito, el que será analizado por el Colegio en cada caso particular”, según reza cláusula cuarta, mientras que la cláusula sexta, por su numeral 5 señala “Que el Colegio no renovará la matrícula del pupilo para el año siguiente. Si su apoderado o sostenedor se encuentra moroso en el pago de alguno de los montos indicados en el presente contrato, lo que se avisará al 30 de octubre del año en curso”.

Sin embargo, señala que como es de público conocimiento, con motivo de la pandemia COVID-19, se decretó en el territorio nacional la suspensión de clases el día 15 de marzo del presente año, lo que se ha mantenido hasta el momento, sin tenerse fecha cierta de retorno a las aulas, haciendo presente que el Ministro Sr. Mañalich declaró el 19 de marzo que no se descartaba la pérdida del año escolar. Añade que así, en la primera semana no hubo entrega de ningún material de apoyo, ni instrucciones al respecto. Durante la segunda semana de suspensión de clases, se comenzó a enviar una serie de guías y archivos power point mediante la plataforma del colegio http://www.colegiogrendic.cl y la aplicación Notasnet a la que suscribe el colegio, las que debían imprimir a costo personal, destacando que dichas guías y presentaciones no contenían ninguna explicación pedagógica de forma verbal/oral al respecto. Finalmente, la tercera semana recién se comenzaron a establecer horarios para la realización de clases online mediante la página y aplicación “zoom”. No obstante, estás clases no han sido de más de 20 minutos, sin alcanzar siquiera una hora de las denominadas “pedagógicas” correspondientes a cuarenta y cinco minutos de una hora convencional.

Estima que la imposibilidad de asistir a clases por este caso fortuito que mantiene a la mayoría de la sociedad chilena paralizada, obviamente impide la entrega íntegra, óptima y oportuna de los servicios educacionales ofrecidos del colegio, ya que las clases online bajo estas condiciones no logran suplir en caso alguno el aprendizaje que sí se obtiene de forma presencial, pues la calidad es menor a una de este tipo, en virtud de las siguientes razones:

1) La entrega de contenidos es diferente en cuanto a explicación, entorno, interacción; 2) Los profesores no pueden monitorear/supervisar la clase; 3) No hay una retroalimentación adecuada entre estudiante y profesor, poniendo este último en silencio a los alumnos asistentes en la clase virtual, impidiendo la retroalimentación necesaria ipso facto; 4) La explicación que pueden ofrecer como padres no alcanza, pues requiere de conocimientos y habilidades técnico-pedagógicas que escapan de sus manos o experticia, sumado al hecho que el tiempo entre el teletrabajo o trabajo presencial impide una adecuada dedicación; 5) No es posible la realización del ejercicio inmediato del contenido aprendido e impide resolver dudas al momento por parte del alumnado; 6) No hay una interacción con otros estudiantes en la realización de actividades grupales, lo que impide la interacción e intercambio de opiniones, y aprendizaje con sus compañeros, fundamental en el aprendizaje; 7) El entorno donde se desarrolla el aprendizaje es distinto, frente a una pantalla, en sus hogares, absolutamente distinto a un salón de clases; 8) El contexto social es diferente pues los estudiantes se encuentran afectados emocionalmente lo que impide la comunión de un sinfín de emociones que llevan al aprendizaje; 9) A la fecha no existe ninguna recalendarización de evaluaciones, ni entrega de contenidos; 10) Para las clases de Artes sólo se ofrece un power point; 11) En el caso de educación física se envió simplemente una instrucción sobre los ejercicios realizar, pero la ausencia de infraestructura adecuada y profesor impide por ejemplo velar por la realización y duración correcta del ejercicio, que en el caso de este sea mal ejecutado el alumno podría sufrir una lesión, al carecer de supervisión de por medio; 12) En cuanto a las actividades extraprogramáticas, el colegio dentro de su proyecto educativo publicado en su página de internet ofrece una gama de academias extraprogramáticas las que se encuentran suspendidas por lo que tampoco se cumple con esta oferta extraescolar; 13) El colegio no está incurriendo en gastos de agua, luz, insumos de limpieza, material de oficina (y si incurriera en estos, son lo mínimo), y como apoderada ha tenido que incurrir en gastos de material no contemplado como impresoras, hojas, tinta, mayor gasto de internet y electricidad, entre otros; 14) Al no estar contemplada la modalidad online dentro del contrato de prestación de servicios como apoderados han tenido graves problemas técnicos pues muchos se encuentran realizando teletrabajo en el horario de clases, en el caso personal, debe compartir mi propio computador con su hija, y efectivamente un computador personal no está dentro de la lista de materiales solicitados para el año 2020; 15) El Colegio indica que la entrega de contenidos podría llevarse a cabo con posterioridad, mediante la extensión de la jornada escolar al regreso de clases o la extensión del semestre más allá del mes de diciembre. Sin embargo, en conversaciones con otros profesores la recuperación de contenidos se hace imposible y la entrega del contenido del plan anual del Mineduc en cuanto a calidad no es viable que se entregue este año lectivo, pues la extensión de la jornada escolar no será eficaz, toda vez que en el caso de su hija, que tiene 12 años de edad, no es posible mantenerla, ni a ella y no a sus compañeros de la misma edad, tantas horas dentro de un salón de clases, concentrada, pues esto los llevaría a un estrés, debido a la alta exigencia. Además, ya existe un precedente pues con motivo del estallido social del año 2019, no se alcanzó a entregar todos los contenidos, tampoco fue posible una recuperación de clases los días sábados por órdenes de la autoridad, por lo que el colegio no puede comprometerse a ello, y que como resultado no se alcanzó a entregar todo el plan de contenidos, lo que no impidió que, como apoderados, comprendieron la situación, pues era algo de carácter transitorio y cumplieron cabalmente con el pago del arancel, pese a la crisis que generaron las manifestaciones sociales.

Por lo expuesto, indica que en reiteradas ocasiones varios delegados de curso, mediante el Centro General de Padres del Colegio nombre reservado, solicitaron un descuento proporcional en el pago efectuado como apoderados, a lo que el establecimiento educacional, respondió con un comunicado los días 25 y 31 de marzo del año en curso, ofreciendo una rebaja de intereses en el pago tardío y posteriormente un insuficiente descuento de $20.000, sólo para quienes pagan un mensualidad completa, esto es, $190.000. Asimismo, se indica que se iniciará un proceso para solicitar una rebaja y que se contratará una asistente social que realizará visitas domiciliarias y que evacuará informes sociales con el objeto de alcanzar un acuerdo mayor, si es que se acredita una disminución de ingresos familiares. Sin embargo, no se indica cuál sería el descuento a obtener, pudiendo ser de ¿$1.000 pesos?, y que, por otra parte, quedaría a la deriva, sujeta a un informe social, cuando la cuestión es en realidad que no se está dando la contraprestación ofrecida en el contrato de prestación de servicios educacionales. Además, la situación anterior no es la misma para los estudiantes de pre-kinder y kinder, ya que en el caso del primer nivel mencionado, el colegio accedió a una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del arancel anual, mientras que para el segundo nivel señalado accede a la rebaja del treinta por ciento (30%) del arancel, lo cual es totalmente desproporcionado con respecto al descuento otorgado a los demás niveles educacionales, provocando una discriminación y afectación a la igualdad consagrada constitucionalmente, por lo que recuerda el adagio jurídico que “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”.

Afirma que, por ello, existe un claro desequilibrio de prestaciones, entre lo pagado como apoderada y lo entregado por parte del Colegio, generando un enriquecimiento por parte de la Sociedad Educacional recurrida y un empobrecimiento de su parte, vulnerando así el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 n°24 de nuestra Constitución Política de la República.

La situación se agrava, afirma, si se considera que dentro de la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios se indica que no se renovará la matrícula a quienes se encuentren morosos en el pago de la escolaridad, por lo que se hace urgente que esta vulneración y amenaza cese, pues de lo contrario su hija tendrá que retirarse del colegio, debiendo emigrar a otro establecimiento separándose del Colegio que es de su agrado, distanciándose de amigos, profesores y todo lo que conlleva en términos emocionales y económicos para una niña el cambio de establecimiento educacional. Además, obliga a la tramitación rápida y necesaria de esta acción constitucional, que el contrato de prestación de servicios contempla la suscripción de un pagaré, el que el colegio perfectamente podría hacer efectivo, mediante la interposición de una acción ejecutiva, por lo que se corre el riesgo de que arbitrariamente se obtenga el pago de un servicio no cumplido a cabalidad.

Sobre la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor invocada por el colegio para el cumplimiento imperfecto de su obligación, luego de conceptualizar éste según la ley y la doctrina, se pregunta quién debe asumir el riesgo de que el colegio no pueda cumplir con su obligación, con dicha pérdida. Para ello, sostiene que debe verificarse si es que se dan los presupuestos para que se plantee la teoría de los riesgos: 1) Que la cosa expuesta a perderse sea objeto de una obligación. 2) Que dicha obligación emane de un contrato bilateral 3) Que la perdida de la cosa objeto de la obligación (cosa debida) sea fortuita. 4)Que la cosa debida sea de especie o cuerpo cierto (ya que, el género no perece) 5) La cosa debe perecer mientras la obligación está pendiente (en este caso parcialmente se estaría entregando la entrega de la calidad de educación por la que contrate los servicios educacionales). Desde el punto de vista jurídico se podría observar que en el caso de marras estaríamos en presencia de un contrato bilateral, oneroso, de tracto sucesivo y que al momento de contratar ambas partes asumirían un riesgo, no obstante si en este caso la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda, aduce caso fortuito, queriendo excusarse en este pretexto de no brindar el servicio prometido íntegramente, tendría que operar la misma excusa para quienes han tenido una disminución considerable de ingresos, cambio de circunstancias económicas, o pérdida de trabajo, inclusive a causa de la pandemia, con el objeto de eximirse de su obligación de pago sin caer en un incumplimiento contractual, por lo que considera nuevamente que si operará la teoría de los riesgos para la exención de obligaciones por parte de la Sociedad Educacional, también debiera operar para su parte. Reconocer en este sentido la teoría de los riesgos llevaría a la hipótesis de que frente a ello todos los deudores nos eximiríamos de nuestra obligación de pago, lo que no aceptado y así también lo ha sostenido la jurisprudencia mayoritaria. Por el contrario, si es servicio se estuviera prestando de igual forma y con independencia de sus circunstancias económicas aquí no habría discusión ni vulneración alguna al derecho de propiedad pues ella estaría recibiendo íntegramente lo pactado, debiendo correlativamente asumir el pago monetario de su obligación.

Pide se tome en consideración al artículo 170 n° 5 del Código de Procedimiento Civil, y se vele por la equidad natural, principio rector que rige todo nuestro ordenamiento jurídico. Y hace presente que se encuentra un proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, con el objeto de efectuar descuentos proporcionales en las universidades, colegios particulares pagados y colegios subvencionados.

Adiciona que desde que se filtró que iniciaría acciones legales en contra del Colegio, comenzó un acoso y persecución en su contra en donde la profesora de su hija le hizo llegar al chat que mantienen con la Directiva, con esta fecha 01 de abril de 2020, una carta suscrita por profesores y paradocentes, indicando que los apoderados que no estamos conformes con la postura del colegio hemos solicitado incluso que “se les baje el sueldo”, “que no están haciendo clases” y que son los profesores los que “incumplen el contrato”, cuestión que falta a la verdad, en absoluto, pues, como ya dijera, estima que jamás podrían suplirse los conocimientos y habilidades de un profesor y que precisamente los profesores y paradocentes que trabajan para el colegio son quienes hacen que se mantenga el prestigio académico del mismo, por lo que el envío de dicho chat, constituye una forma de acoso, amedrentamiento y persecución por parte del Colegio que no se ajusta a derecho, siendo libre de iniciar las acciones legales pertinentes, lo que vulnera gravemente el derecho a su integridad psíquica consagrado en el artículo 19 n°1 de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente, indica que otros Colegios subvencionados, y particulares conscientes de que la calidad entregada difiere y que la situación económica no es la misma, han accedido a las rebajas solicitadas por la comunidad de padres y apoderados, entre ellos figura El Colegio San Joaquín, Escuela Experimental de Música nombre reservado, Colegio San Manuel, entre otros.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de su acción, señala que la recurrida incurre en una omisión arbitraria al no cumplir cabalmente con el servicio prometido y proceder al cobro total del arancel, al no acceder a un descuento proporcional del mismo, como si lo hiciera con el nivel preescolar y kínder, a quienes otorgó rebajas por un 30 y un 50%, respectivamente. Pero además incurre en acciones arbitrarias al imputarle dichos que faltan a la verdad en cuanto a que habría solicitado rebaja de sueldos a los profesores paradocentes, acosándola y difamándola frente a la comunidad escolar.

Tales omisiones y acciones de la recurrida, perturbarían su derecho a la propiedad, al exigirle el pago total del arancel y no acceder a la rebaja solicitada, en tanto que los comunicados enviados a ella a través de su hija, perturban su integridad psíquica como la de su misma hija. Finalmente, el trato diferenciado que se le ha dado, en relación a lo dispuesto respecto de los niveles pre-básico de enseñanza, afectan también su derecho a la igualdad, del número 2 del artículo 19 de la Carta Constitucional.

Finaliza solicitando se tenga por interpuesto el recurso, acogerlo a tramitación, y que se resuelva en definitiva, declarando que los actos de la SOCIEDAD EDUCACIONAL GERÓNIMO RENDIC LTDA son ilegales y/o arbitrarios, amenazan, y afectan las garantías constitucionales señaladas en el capítulo III de la Constitución Política de la República, y en consecuencia se ordene restablecer el imperio del derecho, haciendo cesar cobro de la mensualidad y/o cuotas de arancel anual mientras dure la pandemia COVI-19 hasta que se retorne a clases cobrando sólo el 50% de la mensualidad, o un porcentaje menor que determine esta Corte, y se decreten las demás providencias que se estimen necesarias y pertinentes para ello.

Acompañó los siguientes documentos: 1.-Contrato de prestación de Servicios educacionales; 2.- Cuponera de pago; 3.- Carta del Centro General de Padres; 4.- Carta de respuesta dirigida a padres y apoderados emitida por Colegio nombre reservado, de fecha 26 y 31 de marzo de 2020; 5.- Horario de Clases presencial del 7mo básico B; 6.- Horario de clases online del 7mo básico B; 7.- Lista de materiales de 7mo básico del año 2020; 8.- Comunicado de Profesores y paradocente del Colegio nombre reservado, emitido con fecha 1ero de abril de 2020; 9.- Noticia en la que consta la aprobación del proyecto de ley que busca un descuento o pago proporcional en Universidades, Colegios Particulares Pagados y Subvencionados; 10.- Certificado de nacimiento de mi hija, nombre reservado, emitido con fecha 1ero de abril de 2020.

2° Que, en el ingreso Rol 639-2020 de esta Corte, comparecen los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra Sociedad Educacional nombre reservado, nombre reservado, del giro de su denominación, domiciliad en domicilio reservado, otorgando patrocinio y poder a la abogada doña Carmen Javiera Cáceres Mendieta, del mismo domicilio.

Señalan como fundamentos de hecho y de derecho de dicha acción, los ya expresados precedentemente en el motivo Primero de esta resolución y se reiteran las mismas peticiones del recurso de doña Carmen Javiera Cáceres Mendieta.

Se acompañan como documentos: Contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por nombre reservado; Carta del Centro General de Padres; Carta respuesta a los padres y apoderados del Colegio recurrido; Horarios de clases presenciales de diferentes cursos; Horario de clases on line de diferentes cursos; Listado de materiales y útiles de algunos cursos de materiales; comunicado de profesores y paradocentes de colegio, de 1° de abril de 2020; iniciativa legislativa para descuento o pago proporcional en algunos establecimientos educacionales, aprobado por la Cámara de Diputados; certificados de nacimientos de Simón, Mateo y nombre reservado y de benjamín Aquea; certificado de alumno regular de nombre reservado, hijo de nombre reservado; boleta de compra de computador de Eloísa; contrato de servicios Movistar, y copias de suscripción de contrato Movistar;

3° Que, se hicieron parte, además, como recurrentes, don nombre reservado y don nombre reservado.

4° Que, se dispuso la acumulación, vista conjunta y simultánea de ambos recursos.

5° Que, evacuando el informe solicitado, comparece don Enrique Labarca Cortés, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda., del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, profesora de Estado, ambos, para efectos de esta tramitación, de su mismo domicilio, solicitando, en definitiva, el rechazo de ambos recursos, con costas.

Luego de referirse someramente a las argumentaciones de los libelos recursivos y de sus peticiones concretas, expone como fundamentos de hecho y de derecho para instar por su rechazo, los siguientes:

A.-En cuanto a las consideraciones de hecho, en forma previa destaca; a).-Que de todas las personas que comparecen en estos autos (rol N° 508-2020 y rol N° 608-2020) deduciendo acción de protección, doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado y don nombre reservado no han celebrado ningún contrato de prestación de servicios con la recurrida ni tampoco han suscrito pagaré alguno que los obligue patrimonialmente a cancelar alguna suma de dinero a favor de ella. Con relación a los restantes recurrentes de protección, ellos sí han celebrado el referido contrato por el año escolar 2020 y han suscrito un pagaré por concepto de las mensualidades a que se obligaban a cancelar conforme al contrato. b)- Con fecha 26 de marzo del 2020 la Directiva y Delegados del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Gerónimo Rendic de La Serena hizo llegar a la dirección del establecimiento una solicitud a su representada en la que, se hace ver que la situación que afecta al país y la crisis sanitaria producto del COVID-19, “ha desestructurado la dinámica familiar, incluyendo también el ítem económico que de alguna u otra forma ha afectado a todas las familias en mayor o menor medida” y que si bien comprenden que “dentro de nuestra comunidad escolar se encuentran profesores y personal administrativo, quienes también son parte de nuestras preocupaciones e intereses”, requieren una rebaja de, al menos, el 50% en el pago de las mensualidades por la prestación de servicios educacionales a todos los alumnos pertenecientes al colegio por todos los meses en que no se lleven a cabo las clases presenciales. Tal requerimiento se fundamenta en la inestabilidad económica derivada del contexto actual; la ausencia de alrededor de 1.500 alumnos dentro del establecimiento, lo que se traduce en menor gasto en servicios básicos (agua, luz, gas, telefonía, internet, insumos de higiene, insumos de escritorio, etc.) y el aumento de gastos de trabajo en el hogar, como lo son, el conectarse a internet (banda ancha, luz, etc.), hojas y tintas para imprimir y en el caso de no contar con ello, la adquisición de computador e impresora. c).- A la solicitud singularizada se le dio una primera respuesta, escrita, el 26 de marzo del año en curso, suscrita por doña nombre reservado, representante legal de la sociedad, informando que no era posible acceder a una medida como la requerida -rebaja del 50 por ciento del arancel-, por cuanto existía la necesidad y la responsabilidad de velar por la viabilidad económica del Colegio nombre reservado, ello atendiendo el proyecto educativo y también considerando todo el personal profesional, técnico y auxiliar que labora en él. Además, se hizo presente que los valores de escolaridad del establecimiento se encontraban entre los más bajos de los colegios particulares pagados, haciendo hincapié que los menores costos operacionales resultan muy marginales respecto del gasto principal materializado por las remuneraciones del personal del establecimiento. d).- Ahora bien, comprendiendo que la situación que afecta al país y, en general, al mundo, repercute y repercutirá, seguramente, en las familias de los estudiantes y no siendo posible adoptar una solución única para todos los integrantes de la comunidad escolar, en la misma misiva, se informó la decisión de su representada de focalizar su apoyo en aquellas familias que realmente lo requirieran y que han visto efectivamente mermados sus ingresos o les ocurra en el futuro, a fin de auxiliar a aquellos apoderados que se encuentren en esa situación, poniendo a su disposición la casilla de correo electrónico correo reservado, para requerir el apoyo y ayuda que el establecimiento pueda adoptar caso a caso, para lo cual, incluso, se contrató a una asistente social a fin de que realice las tareas necesarias para priorizar la ayuda. e).- El 31 de marzo de 2020, la recurrida emite una nueva comunicación escrita, dado que al interior de la comunidad escolar existían diversas interpretaciones y reclamaciones por la decisión a que se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, se informó que efectuando un gran esfuerzo, tomando como supuesto que quienes están en condiciones económicas continúen cumpliendo sus compromisos, se resolvió efectuar un descuento en la escolaridad de los meses de abril y mayo en la suma de $ 20.000, quedando, por tanto, el valor máximo a pagar por colegiaturas durante esos meses en la suma de $ 170.000. Adicionalmente, para todos aquellos apoderados que pagaban por concepto de mensualidad una suma menor a la señalada, ello por algún tipo de descuento y/o beca, se estableció mantener el beneficio respectivo y que puedan continuar cancelando el mismo valor que pagaban antes de los hechos que motivan las presentes acciones. f).- Se reiteró la disposición del colegio de ir en apoyo de los apoderados en situación económica más complicada, con plena conciencia de que tal vez la situación de ellos se prolongará mucho más allá del regreso a la normalidad, cuestión que se sigue haciendo hasta la fecha. g).- En relación a lo servicios educacionales, en diversas comunicaciones enviadas a los apoderados del establecimiento de su representada, lo que es expresamente reconocido por los recurrentes, son prestados actualmente por vía remota o a tele distancia, conforme lo autorizó el Ministerio de Educación, ya sea mediante clases virtuales que se desarrollan por vía de la plataforma ZOOM, entregas de guías, trabajos o el acceso de plataformas educacionales que son pagadas por mi representada y que se encuentran disponibles en la página web, www.colegiogrendic.cl, ello sin perjuicio del accesos a plataformas desarrolladas por el Ministerio de Educación y cuyos link para ingresar se encuentran en el citado sitio web. h).- La implementación de clases por vía remota importó una serie de acciones que se iniciaron ya desde el 16 de marzo de 2020, a fin de establecer cuál era el sistema informático que presentaba mejores calidades y facilidad en su uso para realizar clases virtuales, optándose por la plataforma ZOOM. Para ello se efectuaron reuniones entre la dirección del establecimiento, la Unidad Técnico Pedagógica, Jefes de Departamentos y profesores, lo que incluyó Consejos de Cursos y reuniones con los apoderados, todo ello como un medio para ir difundiendo el uso del referido software, iniciándose las primeras reuniones virtuales entre el martes 24 al viernes 27 de marzo, reuniendo a los profesores con sus directivas de alumnos y apoderados para aprender a usar la plataforma y luego estas difunden a todos para realizar Consejos de Cursos y Reuniones de Apoderados. Así, se organizó un horario, que en una primera etapa dio cobertura desde 5° básico a 4° medio, para avanzar hacia los cursos de primer ciclo gradualmente, como ha ocurrido. Ya el viernes 3 de abril, después de dos semanas de uso de plataforma ZOOM en clases, se decide comprar la licencia, para luego, a partir del lunes 6 de abril, implementar un horario con mayor tiempo de conexión de acuerdo con la edad de los alumnos, priorizando los cursos de cuarto y tercero medio por ser los más cercanos al egreso e ir avanzando a los otros niveles. i).-El desarrollo de contenidos educativos y actividades se impartió, como se señaló, desde el 16 de marzo, quedando registro de ellos en los sistemas informáticos de su representada y desplegándose paulatinamente mientras se trabajaba en paralelo en el uso del sistema de video conferencia ZOOM, incluyendo tutoriales para su uso. j).-La priorización de los contenidos educativos a impartir, cuestión que es de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, fue recién determinada en el mes de mayo del año en curso, estableciendo los contenidos esenciales que deben desarrollarse en el presente año escolar, de forma tal que actualmente la recurrida, conforme a la nueva regulación dispuesta por la autoridad de educación, está nuevamente adecuando la forma de prestación de los contenidos educativos para cumplir con la nueva normativa, la cual se puede observar en el sitio web del Ministerio de Educación, que indica.

B.-Como Consideraciones de Derecho, luego de algunas disgregaciones sobre la característica y naturaleza de la acción de protección y de su procedimiento, invoca:

La falta de legitimación activa de los recurrentes, en razón de requerir la acción constitucional que el actor sufra una amenaza o menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales, y como los demandantes nombre reservado, RUN N° RUT reservado, nombre reservado, RUN N° RUT reservado y nombre reservado, no han suscrito contrato de prestación de servicios educacionales alguno con su representada, como tampoco algún pagaré por los valores de matrícula y/o colegiatura, y tampoco comparecen en representación, legal o convencional de otra persona que lo haya suscrito, ni a nombre de un tercero, haciéndolo a título personal, carecen entonces de legitimación activa para deducir la acción de protección de autos, recordando esta no es una acción popular.

Invoca, luego la Inexistencia de una acción u omisión imputable a la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda, en las dos situaciones planteadas en los recursos, esto es, en cuanto a i.- incumplimiento en la prestación de servicios educacionales en la forma contratada, prestándose un servicio de menor calidad y el cobro de los aranceles mensuales pactados en forma íntegra, y ii.- la existencia de una acción de acoso, amedrentamiento y persecución desplegada por su representada ante el ejercicio de acciones legales por los actores.

Respecto del incumplimiento en la prestación de servicios educacionales, indica que es un supuesto necesario e indispensable de la acción de protección la circunstancia que el recurrido, sujeto pasivo de la misma, haya realizado un comportamiento calificable de ilegal o arbitrario. Un comportamiento resulta ilegal, esto, es decir, contrario a derecho, cuando se vulnerará un precepto normativo obligatorio que tiene la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera. Por su parte, el actuar resulta arbitrario, cuando es producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. En ambos casos, es decir, la ilegalidad o en la arbitrariedad, existe una conducta voluntaria.

Agrega que como es de conocimiento público, su Excelencia el Presidente de la República, en atención a la pandemia que significa el virus COVID-19 y la grave amenaza a la vida y la salud de las personas, dispuso por vía de diversos Ministerios y mecanismos constitucionales y legales, un conjunto de medidas que han limitado y restringido la libertad de las personas, afectando el normal desarrollo de las actividades económicas, financieras y productivas del país y que han incidido en la vida normal de todos sus habitantes, destacando: El estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado mediante el Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por 90 días para todo el país, ello con motivo del COVID- 19, procediendo a designar Jefes de la Defensa Nacional en las distintas regiones del país; la declaración de estado de catástrofe por el Decreto Supremo N° 107 de 20 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior, por el período de 12 meses respecto de las 346 comunas de todas las regiones del país, haciendo aplicable la Ley N° 16.282, cuyo texto definitivo fue fijado por el D.S. 104, de 1977, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; la suspensión de clases presenciales en todos los jardines infantiles y colegios del país decretado por el Ministerio de Salud, conforme a las disposiciones del Código Sanitario, mediante la Resolución Exenta N° 180, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2020; por Resolución Exenta N° 217 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial el 31 de marzo de 2020, se dispuso, entre muchas otras medidas que afectan la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y otras actividades, nuevamente la suspensión de clases presenciales en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, públicos o privados, con o sin subvención estatal, de educación normal o especial, diurna o vespertina y autorizando la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación, ello hasta el día 10 de abril de 2020. Esto ya había sido dispuesto en la Resolución Exenta N° 210 del Ministerio de Salud, de 26 de marzo de 2020 respecto de los jardines infantiles y colegios; el Superintendente de Educación con fecha 17 de marzo de 2020, dicta el Oficio N° 540 sobre medidas para asegurar la accesibilidad material al sistema educativo, como consecuencia de la medida de suspensión de clases presenciales relacionado con el COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud; el Secretario Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, por Resolución Exenta N° 520, de 30 de marzo de 2020, dispuso la modificación del calendario escolar regional, para la totalidad de los establecimientos educacionales diurnos y vespertinos, subvencionados y no subvencionados de Educación Parvularia, Básica, Media y Especial de la Región de Coquimbo, estableciendo que el primer semestre terminara el 14 de agosto de 2020, finalizando el año escolar el 15 de enero de 2021 y adelantando las vacaciones de invierno entre el 13 al 25 de abril de 2020; finalmente, una vez que culminaron las vacaciones de invierno, el Ministro de Educación, don Raúl Figueroa, reiteró que hasta el momento todavía no existe una fecha determinada para comenzar un regreso gradual de las clases presenciales, ello a pesar de que, en un primer momento, se afirmó que eso se llevaría a cabo durante el mes de mayo del año en curso; la Resolución Exenta N° 341 del Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid -19 y que reitera otras ya adoptadas, prohíbe toda concentración de más de 50 personas en un lugar determinado, independiente de su naturaleza o de si se efectúa en espacios abiertos o cerrados.

Concluye que, de acuerdo a lo expuesto, la falta de prestación presencial de los servicios educacionales no resulta de responsabilidad de la Sociedad Educacional Colegio Gerónimo Rendic Ltda., sino que ello es consecuencia directa de un acto de autoridad, dispuesto como forma de enfrentar la actual pandemia de COVID-19 que afecta a Chile. Así, ninguna injerencia en la forma de prestar el servicio educacional ha tenido la sociedad que represento, ni tampoco la dirección del Colegio nombre reservado, toda vez que ella no ha dispuesto ni determinado, de forma alguna, la prestación de los servicios de educación por vía telemática o remota, decisión que es ajena a este establecimiento y que ha sido establecida exclusivamente por la autoridad pública como medida básica para evitar los contagios de COVID-19 y procurar disminuir el número de personas que pueden ser afectadas por la referida enfermedad.

Adicionalmente, agrega que los servicios educacionales se están prestando en forma remota, conforme lo estableció y autorizó la autoridad pública, tanto sanitaria como educacional, de manera que no resulta efectivo afirmar y sostener que la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda. ha incurrido en una omisión al no dar cumplimiento cabal con los servicios contratados, ya que ello se están dando en la forma que la autoridad pública lo ha permitido y en que la emergencia sanitaria lo permite, no siendo facultad de mi representada determinar la realización de clases presenciales.

Respecto de los aranceles, reconoce que las respectivas mensualidades siguen cobrándose, toda vez que los servicios educacionales se prestan en forma remota, lo cual mantiene a la totalidad de la planta académica del establecimiento y personal paradocente desarrollando sus labores tanto de aula -ahora virtual o remota- como sus actividades fuera de aula que importa preparación de clases, materiales, etc. Adicionalmente, la prestación de servicios por vía remota ha llevado a la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda. a contratar nuevos servicios para el desarrollo de clases a tele distancia, generando nuevos desembolsos para tener acceso a ellos, como ocurre con el sistema de videoconferencias ZOOM, el cual es pagado por el establecimiento e indispensable para poder continuar prestando el servicio educacional. A esto se suman pagos periódicos de otros sistemas informáticos que están a disposición de los apoderados y alumnos del establecimiento, como ocurre con la plataforma educativa “Aprendo Libre”, el sistema “Puntaje Nacional” dirigido a preparar la prueba de transición académica 2021 y los sistemas informáticos “Notas Net” y “SYSCOL”, todos dirigidos a complementar, mejorar y hacer posible la mejor prestación de servicios, lo cual deben ser cancelados por su representada.

En lo relativo a la acción de acoso, amedrentamiento y persecución en contra de los actores, arguye:

Que tales afirmaciones e imputaciones son total y absoluta falsas, incurriendo los recurrentes en una grave falta a la verdad al imputar dichas conductas a su representada, ya que ni la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda., ni su representante legal, como tampoco alguno de sus socios y menos aún el director del establecimiento ha realizado acción alguna en el sentido afirmado por los recurrentes, ni presionado, ni menos acosado a alguno de los actores, a otros apoderados o algún sostenedor que formen parte de la comunidad escolar para evitar que éstos ejerzan las acciones legales que estimen necesarias para la defensa de sus intereses. La única situación que ha ocurrido, que los propios recurrentes reconocen, aunque luego tergiversan dicha relación con una declaración de fecha 1° de abril de 2020 que realizaron profesores y profesoras y de asistentes de la educación del colegio, la que desarrollaron y enviaron a nombre propio, sin intervención alguna de la Sociedad Educacional nombre reservado, de su representante legal o del director del establecimiento. Tal declaración fue realizada por los profesores y asistentes de educación, en legítimo ejercicio de su derecho de expresar su opinión, debido a un sinnúmero de cometarios negativos en contra de ellos y que circulaban entre los apoderados del establecimiento por vía de WhatsApp y otras redes sociales, en las que se endilgaba responsabilidad a los profesores y funcionarios no docentes por la situación que ocurría en el establecimiento, culpándolos de no cumplir sus contratos ni hacer su trabajo de educadores.

En resumen, concluye que las acciones y omisiones que sirven de sustento fáctico a las acciones de protección deducidas por los recurrentes a la Sociedad Educacional nombre reservado no le son imputables a ésta, simplemente en razón de que no existen, ya que el servicio educacional se sigue prestando en la forma que la autoridad pública lo determinó y de acuerdo a la forma que las condiciones sanitarias lo permiten, siendo imposible, al menos por ahora, los servicios educacionales presenciales a fin de evitar los posibles contagios, y, por otra parte, los estudiantes tienen acceso a los servicios educacionales por vía remota o videoconferencia mediante acciones directas desarrolladas por los profesores del establecimiento por vía ZOOM, trabajos, actividades y otras acciones académicas, teniendo además acceso a plataformas académica que se encuentran a su disposición en la página web del establecimiento educacional: http://www.colegiogrendic.cl.

Sigue argumentando que, en el evento que hipotéticamente se considerara que la prestación de servicios educacionales por video conferencia o vía remota que ha adoptado la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda. en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación, constituiría una forma de omisión imputable a ella, la misma no sería ni arbitraria, ni ilegal, conforme a lo ya dicho.

Por otro lado, sostiene que si lo que se pretende por los recurrentes es sostener que en realidad el actuar ilegal o arbitrario se materializaría en la circunstancia que la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda. no accedió a la solicitud de rebaja de los aranceles mensuales en la proporción en que fue solicitada por el Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento - cincuenta por ciento -, ello importaría, por una parte, una confusión en los supuestos de hecho de la acción deducida y, por tanto, de la causa de pedir, ya que la negativa de acoger tal solicitud si bien si es posible de imputar a su representada como un acto propio, en todo caso no sería ni ilegal ni arbitrario conforme ya se ha expuesto. Además, tal negativa no sería ilegal porque existe un contrato de prestación de servicios educacionales celebrado legítimamente entre la recurrida y los recurrentes, el cual está vigente y en proceso de cumplimiento dado su carácter de tracto sucesivo. Tampoco tal negativa es arbitraria, ya que no carece de razonabilidad por cuanto, como ya se ha señalado, los servicios educacionales siguen prestándose en forma remota, los profesores continúan impartiendo sus clases por tal vía y el resto de personal del establecimiento presta sus servicios en la medida que ello sea posible a tele distancia, y además, como se hizo presente, se han adquirido sistemas informáticos.

Sobre los argumentos de los demandantes referidos a la incertidumbre que les generaría tanto a ellos como a sus hijos respecto a seguir formando parte del colegio, lo que los afectaría emocionalmente, estima que tal afectación no puede desprenderse de los supuestos facticos invocados para sostener el recurso, consistentes en la falta de clases presenciales y la mala calidad de la enseñanza que se imparte, por lo que adolecería el recurso en dicha parte de una relación causal entre la conducta imputada y la amenaza o lesión de garantías fundamentales, supuestamente afectadas.

Tal divorcio, lo observa, nuevamente respecto de la afectación que se invoca respecto de la garantía del n° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, sin perjuicio de explicitar las razones que hicieron necesario aplicar descuentos mayores en las mensualidades del arancel de los niveles de educación Parvularia, Pre-Kinder y Kinder.

En relación a la supuesta amenaza o lesión al derecho de propiedad de los recurrentes, hace presente que es indudable que éstos son titulares de un derecho subjetivo que deriva de los contratos de prestación de servicios educacionales suscritos con su representada y es innegable que, con relación a tales derechos subjetivos, ellos son dueños y, por tanto, propietarios, cuestión que la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda. no ha negado ni desconocido. Sin embargo, igual de indudable es, como lo reconocen los actores, que los servicios educacionales contratados de que son titulares y dueños se siguen prestando, ello en una modalidad que evidentemente no comparten, pero que es la única forma o medio en que pueden seguir ejecutándose dada la prohibición de clases presenciales y el desarrollo de la situación de salubridad pública que afecta al país. Por consiguiente, ninguna amenaza o lesión en el legítimo ejercicio al derecho de propiedad de que los recurrentes son titulares sobre el contenido y prestaciones del contrato de servicios educacionales suscrito con mi representada se ha afectado, ni menos aún se les ha negado el acceso a ellos y a sus hijos y/o pupilos, de forma tal que, no existe un perturbación y/o menoscabo en el legítimo ejercicio del derecho de dominio sobre los derechos subjetivos que surgen del contrato referido y al acceso del servicio educacional.

Afirma, que confunden, en este aspecto, los recurrentes el derecho de propiedad de que son titulares sobre los derechos subjetivos que se crean y establecen en los respectivos con tratos de prestación de servicios educacionales, con el supuesto detrimento patrimonial que denuncian en sus acciones de protección y que se materializa en el pago de las mensualidades a que se obligaron, lo que, de ser efectivo, afectaría su patrimonio y no el derecho de propiedad sobre el contenido de los derechos que establecen los contratos respectivos, bienes incorporables de los que siguen siendo propietarios sin que el ejercicio de ellos se vea afectado por los hechos que son objeto de las acciones de protección.

Por último, refiere que el presente conflicto es meramente contractual, específicamente de responsabilidad contractual, y no constitucional, por lo que para su dilucidación no resulta idónea la acción constitucional cautelar ejercida, que dada su naturaleza solo permite un breve periodo de congnición y carece de término probatorio, sino una acción de lato conocimiento, que es la que los actores pretenden sustituir con la ejercida en sus respectivos libelos recursivos.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de los recursos, con costas.

6° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

7° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellos a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

8° Que, respecto de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se desechará el presente recurso teniendo para ello presente que carecen de legitimación activa pues no han acreditado ser titular de algún derecho que pueda ser vulnerado, amenazado o perturbado por la acción u omisión de la recurrida siendo pertinente traer a colación lo que se ha dicho al respecto por nuestros tribunales de protección al señalar que “Carece de legitimación activa para deducir la acción extraordinaria de protección el afectado que no ha acreditado debidamente ser titular real e indiscutido de alguno de los derechos expresados en el artículo 20 de la Constitución” (I. Corte de San Miguel, 10 junio 2002, R.G.J., N° 264, pág. 110), lo que en la especie sucede respecto de estos reclamantes.

9° Que, útil para resolver este recurso es tener claridad en que el centro del reclamo se ubica en lo que los reclamantes han denominado como un “incumplimiento contractual” por la forma en la recurrida actualmente desarrolla sus actividades educacionales- vía telemática- que no corresponderían a las pactadas en el respectivo contrato de servicios educacionales, lo que en opinión de los recurrentes justificaría algún tipo de rebaja o modificación de la cuantía de los aranceles convenidos, llegando a decir la letrada que concurrió a estrado que la recurrida pretendía “percibir un pago total por un servicio parcial”.

10° Que, así las cosas, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela una diferente interpretación de los instrumentos jurídicos convencionales que los ligan, en particular de los derechos y obligaciones que estos entregan, en las calidades que, en virtud de aquellos, cada uno detenta.

11° Que, no obstante que lo anterior basta para rechazar estos arbitrios constitucionales, la recurrida ha expuesto sobre la implementación de un sistema de colaboración respecto de los apoderados que se encuentren en situación de no poder responder con la obligación contraída con el colegio, vía una evaluación de cada situación particular, como también una solución para aquellos apoderados que tiene beca o no pagan ya el arancel completo.

Amén de lo anterior, menester es agregar que no es posible estimar injustificado o arbitrario el preceder de la recurrida en relación a los cursos menores- kínder y prekinder- no tan solo porque ha dado razón de su proceder, sino que también ya que dicho actuar lo ha sido respecto de todos aquellos que pertenecen a dicho estamento escolar.

Por último, en relación a la situación de acoso denunciadas por Carmen Javiera Cáceres Mendieta cabe señalar que ningún antecedente existe en autos en cuanto a que de ellos es responsable la recurrida, sin perjuicio que se trata de hechos ocurridos con posterioridad a la interposición del recurso.

12° Que, por lo ya dicho, se rechazarán estos recursos de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos en contra de la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Notifíquese y regístrese.-.

Rol N° 508-2020 y acumulado n° 639-2020.-. Protección.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado Le-Cerf Raby y señora nombre reservado.

En La Serena, a uno de julio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.