Protección contra SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO y del HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS

nombre reservado

Servicio de Salud Coquimbo y otro Recurso de protección Rol N°495-2026 La Serena, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece José Luis Luengo Mai, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, trabajador social, en contra del SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO y del HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS, debido a una citación del recurrente a un peritaje psiquiátrico. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se desempeña en el Hospital de Los Vilos desde el año 2013 como trabajador social, y que el año 2023 se instruyó un sumario administrativo en su contra, el cual concluyó con una anotación de demérito y censura, la cual fue aplicada por el Director Sr. nombre reservado.

Indica que desde entonces el recurrente ha sido objeto de diversos procedimientos disciplinarios y que actualmente se ha iniciado uno por una denuncia anónima desde la Contraloría, designándose como Fiscal al Sr. nombre reservado, quien ahora es Sub Director Administrativo.

Continúa señalando que, en febrero de 2025 fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), por lo cual solicitó asesoría del Prevencionista de Riesgos de su lugar de trabajo, dado el ambiente hostil fruto de conflictos laborales, contestando que no existe regulación normativa en el ámbito administrativo para las personas de esta condición; luego consultó al Departamento Jurídico, desde donde le responden que su condición “no lo exime de responsabilidad administrativa”. Afirma que tras ello, se prescribió al recurrente reposo médico en mayo de 2025 por 15 días, y en febrero del año en curso se le comunica que se encuentra citado a un peritaje psiquiátrico “para tener información acerca de “su patología” y así complementar los antecedentes sobre sumario administrativo en curso”.

Alega que la citación del recurrente a un peritaje constituye una actuación ilegal y arbitraria pues su condición de salud se encuentra acreditada y ha sido reconocida por la Compin, la cual dictaminó que el actor presenta un grado de discapacidad psíquica de un 42,90%.

Sostiene que, dada la conducta demostrada por las recurridas, es posible presumir que buscan calificar su condición como un caso de salud irrecuperable con el fin de separarlo de su cargo al margen de la ley. Aduce que el proceder de las recurridas constituye una actuación discriminatoria que, junto con afectar la igualdad ante la ley del recurrente, vulnera su derecho a la integridad psíquica.

Previas cistas de derecho solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, dejar sin efecto la práctica del peritaje ordenado.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia de certificado médico de 12 de junio de 2025; 2.- Copia correo electrónico de 9 de mayo de 2025 emitido por Jefa Subdepto. Calidad de Vida Laboral, nombre reservado; 3.- Copia de credencial de Discapacidad; 4.- Copia de correo electrónico de 26 de mayo de 2025, emitido por jefe de departamento jurídico del mismo servicio, nombre reservado; 4.- Copia de Ordinario NUM000 de 18 de noviembre de 2025, expedido por Subsecretario de Redes Asistenciales; 5.- Copia de Certificado de Calificaciones período comprendido entre 2015 a 2024; y 6.- Copia de correo electrónico de 24 de febrero, expedido por COMPIN Región de Coquimbo, citando a peritaje psiquiátrico SEGUNDO: Que, a folio 9, evacuaron informe las recurridas solicitando el rechazo del recurso.

Expresan que mediante Resolución Exenta NUM001, de 25 de abril de 2025 del Hospital de Los Vilos se dispuso la instrucción de un sumario administrativo para investigar, y, eventualmente, hacer efectiva la responsabilidad administrativa en que pudiere haber incurrido el recurrente, en relación con denuncia por irregularidades en el cumplimiento de su jornada laboral, en el que aún no se dicta resolución que ponga término al proceso. Puntualizan que dicho procedimiento fue instruido en cumplimiento de orden impartida por la Contraloría Regional de Coquimbo a través de Oficio NUM002. Detallan que la denuncia remitida alude a atrasos por 17 horas asociados a marcaciones que evidenciarían ingresos posteriores al horario de entrada y falta de acreditación del cumplimiento de la jornada de dos días sin contar con justificaciones formales de lo advertido.

Agregan que el fiscal del sumario propuso en su vista la destitución del recurrente y que, requerido informe al Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de Coquimbo para que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento, éste sugirió a la autoridad competente disponer como medida para mejor resolver un informe de la Compin de Coquimbo con el objeto de que esa entidad se pronuncie respecto a la concurrencia de alguna causal que exima al inculpado de responsabilidad disciplinaria, considerando para ello que éste cuenta con credencial de discapacidad.

Alegan que, en consecuencia, no ha existido ilegalidad o arbitrariedad, pues la medida se adopta siguiendo la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la cual estima cuando “aparezcan indicios de inimputabilidad, derivados de la presencia de una patología de salud como la alegada por el inculpado, que podría eximirlo de la responsabilidad que le asiste con motivo de las irregularidades estatutarias en que habría incurrido, debe requerirse, antes de resolver la aplicación de una sanción, un informe de la aludida comisión acerca de la condición psíquica del imputado durante el tiempo en que se cometieron las supuestas faltas y la influencia que esa circunstancia haya tenido en su facultad de obrar libre y racionalmente”.

Indican que, se solicitó a la Compin Región de Coquimbo por oficio reservado del 29 de enero de 2026 del Servicio de Salud de Coquimbo, siendo citado el recurrente a la evaluación pertinente que por el presente arbitrio alega como ilegal y arbitrario.

Afirman que han actuado con apego a la ley y con respeto a las garantías fundamentales de las personas, sin arbitrariedad, toda vez que en la adopción de esta medida ha empleado un razonamiento lógico, proporcional a los motivos y ha tenido fundamentos plausibles que han justificado fundadamente estas decisiones, al aplicar la normativa vigente para los funcionarios públicos, y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la cual tiene un carácter obligatorio para todos los órganos de la Administración Pública.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con la alegación de arbitrario e ilegal de la citación a un peritaje realizado al actor, en el contexto de un sumario administrativo en su contra, a fin de evaluar su diagnóstico neurodivergente, pues refiere que lo pretendido es -después- sustentar una causal de salud irrecuperable para poner fin a sus servicios, al denunciar una animadversión en su contra, lo cual se ha traducido en varios sumarios administrativos. Por su parte la recurrida señala que efectivamente el actor es investigado en un sumario administrativo, por ciertas faltas a sus jornadas de trabajo, y que la solicitud de citarlo a un peritaje es para verificar que no se encuentre en alguna causal eximente de responsabilidad administrativa por su reciente diagnóstico.

SEXTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista y de las presentaciones y alegaciones de las partes, esta Corte estima que el actuar de las recurridas -al disponer de lo que denominan una pericia psiquiátrica respecto de un funcionario que cuenta con la credencial respectiva que acredita su condición de trastorno del espectro autista- sumado a las instrucciones dadas a la COMPIN de Coquimbo, hace revestir de plausibilidad las alegaciones del actor, en cuanto a que no se advierte por esta Corte la existencia de una facultad de la autoridad para decretar diligencias como éstas que, por una parte, se alejan de los hechos sometidos a la investigación administrativa y, por otro, afectan la intimidad del sujeto a la luz de la Ley N°20.584, en particular, su artículos 12 y siguientes. Aquello, aun a pretexto de indagar sobre su “imputabilidad”, asunto que basta concluir con los elementos que obran en la causa.

SÉPTIMO: Que, de lo anteriormente referido, a juicio de estos sentenciadores, la orden de realizar un peritaje al actor bajo la justificación del proceso sumarial en su contra es ilegal y arbitrario; lo primero, por cuanto, la diligencia solicitada a la COMPIN no se encuentra autorizada por ley, ya sea como función del señalado organismo, ni de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, es decir como parte de un sumario administrativo y, lo segundo, por cubrirse bajo un fundamento pretendidamente protector, pero infringiendo garantías constitucionales y legales como la honra, privacidad, entre otros.

Por ello, el recurso será acogido, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO y del HOSPITAL SAN PEDRO DE LOS VILOS, dejándose sin efecto la resolución del sumario administrativo que dispone solicitar a la COMPIN de Coquimbo la pericia alegada en el presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°495-2026 (Protección).