Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Canela y otra Recurso de protección Rol N°485-2026 La Serena, uno de julio dos mil veintiséis.

VISTO Que, a folio 1 de la carpeta digital de esta Corte, el cinco de marzo pasado comparece nombre reservado, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario N°69.041.300-0, representada legalmente por su Alcalde don Waldo Enrique Contreras Cortés, gerontólogo, y en contra de doña nombre reservado, contador público auditor, todos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el Memorándum N°16, de 26 de febrero de 2026, y la Orden de Trabajo N°48, de 2 de marzo de 2026, ambos emanados de doña nombre reservado, actuando en calidad de Directora del Daem Canela (R), mediante los cuales se releva a la recurrente de sus funciones directivas de Profesora Encargada de la Escuela Básica Los Pozos, asignándole solo labores de profesora de aula.

Señala que la recurrente se desempeña desde el 3 de marzo de 2025 en dicho establecimiento, habiendo sido formalmente nombrada mediante Decreto Alcaldicio N°1899 de 12 de marzo de 2025 como docente a contrata por 44 horas semanales, y designada mediante Decreto Alcaldicio N°525, de la misma data, como Profesora Encargada, función de carácter directivo en establecimientos rurales sin director, reconocida por la Ley N°19.715, que implica labores de administración, gestión, planificación, coordinación y representación del establecimiento, y que da derecho a una bonificación especial, habiendo sido además informada como tal en las nóminas oficiales remitidas al Departamento Provincial de Educación y percibido regularmente la remuneración correspondiente.

Refiere que, durante el período estival, se produjo la suspensión del jefe del DAEM titular y la contratación de la recurrida nombre reservado en su reemplazo, la que —según se afirma— habría sido realizada al margen del sistema legal aplicable, pues el cargo debe proveerse mediante concurso de Alta Dirección Pública o subrogancia legal, careciendo la recurrida de investidura regular, competencia y requisitos profesionales para ejercer la jefatura, circunstancia que, a juicio de la parte recurrente, vicia de nulidad los actos dictados.

Añade que, en dicho contexto, la recurrida emitió el Memorándum N°16 informando el traslado de la docente y su relevo de funciones directivas, fundado genéricamente en facultades de la autoridad municipal, y posteriormente la Orden de Trabajo N°48, que le asigna nuevas funciones, ambos actos carentes de motivación, pese a constituir decisiones que alteran sustancialmente la situación jurídica de la recurrente.

Sostiene que tales decisiones importan una modificación unilateral de sus funciones, una degradación jerárquica desde un cargo directivo a uno de ejecución, una disminución de sus remuneraciones al perder la bonificación legal, y un perjuicio en su desarrollo profesional, sin haberse seguido procedimiento alguno ni invocado causal legal de término o modificación de funciones conforme al Estatuto Docente.

Argumenta que tales actos serían ilegales, infringiendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por falta de competencia e investidura regular de la autoridad que dicta los actos, al haber sido nombrada e instalada en forma distinta a la que prescribe la ley; así como a los artículos 11, 16, 41 y 50 de la Ley N°19.880 por carecer éstos de fundamentación suficiente, vulnerando el principio de juridicidad y el deber de motivación de los actos administrativos. Asimismo, califica los actos como arbitrarios por carecer de razonabilidad, proporcionalidad y fundamento objetivo, constituyendo una decisión discrecional que prescinde de toda justificación.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, señala la del artículo 19 N°1 de la carta fundamental, en cuanto la afectación emocional y profesional derivada del cambio abrupto de funciones comprometería su integridad psíquica; la del artículo 19 N°2 del mismo texto, por trato desigual y arbitrario; la del artículo 19 N°24 de la Constitución, tanto respecto del detrimento patrimonial derivado de la pérdida de la bonificación especial como del derecho incorporal sobre el cargo y funciones directivas; y la del artículo 19 N°16 de igual compendio, por alteración injustificada de sus condiciones laborales.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, declarando ilegales y arbitrarios los actos recurridos, dejarlos sin efecto y disponer el restablecimiento del imperio del derecho mediante su reincorporación al cargo de Profesora Encargada de la Escuela Básica Los Pozos, con todos los derechos inherentes, además de ordenar a los recurridos a ofrecer disculpas públicas y a mantener copia de la sentencia que recaiga en este proceso en lugares visibles del hall de ingreso a las dependencias principales de la Municipalidad de Canela, en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Canela y en el establecimiento educacional Escuela Básica Los Pozos, con costas.

A folio 10 del expediente virtual, el veintiocho de marzo pasado, se evacuó informe por la Municipalidad de Canela, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente ingresó a la dotación docente mediante Decreto Alcaldicio N°1899, de 12 de marzo de 2025, en calidad de docente a contrata, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, siendo asimismo designada mediante Decreto Alcaldicio N°525 de igual fecha como Profesora Encargada de la Escuela Básica Los Pozos, función que ejerció durante dicho período y que, según afirma, reviste carácter transitorio y funcional, no constituyendo un cargo directivo titular ni generando derecho adquirido a su mantención.

Agrega que, expirado el plazo de su nombramiento, éste fue renovado para el año académico 2026, pero únicamente en calidad de docente de aula, manteniéndose en el mismo establecimiento, sin traslado alguno, asignándosele posteriormente funciones de docente diferencial mediante Orden de Trabajo N°48, de 2 de marzo de 2026, lo que —sostiene— resulta plenamente concordante con su título profesional.

Expone que la decisión de no mantenerla en la función de profesora encargada, se enmarca dentro de las facultades del sostenedor, esto es, la Municipalidad, a través del DAEM, quien detenta potestades de dirección, organización y gestión del personal docente, pudiendo designar y cesar dichas funciones conforme a las necesidades del servicio, sin que ello importe ilegalidad ni arbitrariedad, destacando que la función de profesor encargado no se adquiere por concurso ni confiere estabilidad, siendo una función adicional que cesa al término del nombramiento o cuando la autoridad así lo determine.

Añade que la bonificación asociada a dicha función, regulada en la Ley N°19.715, tiene carácter transitorio y sólo procede mientras se cumplan los requisitos legales, por lo que su cese resulta jurídicamente procedente al dejar de desempeñarse la función respectiva.

Indica además que la determinación adoptada obedeció a criterios objetivos de gestión, considerando la situación de otra docente con mayor experiencia y trayectoria profesional, quien fue destinada al cargo de profesora encargada tras el cierre de otro establecimiento por falta de matrícula.

En cuanto a las alegaciones de ilegalidad formuladas por la recurrente, sostiene que ellas exceden el ámbito de conocimiento del recurso de protección, por requerir un análisis de lato conocimiento propio de otras sedes jurisdiccionales o administrativas, no siendo esta acción cautelar la vía idónea para impugnar la legalidad de actos administrativos ni la validez de nombramientos. En el mismo sentido, afirma que el recurso de protección no constituye una instancia de control general de legalidad ni de revisión de decisiones discrecionales de la Administración, concluyendo que en la especie no existe acto ilegal ni arbitrario, ni afectación de derechos fundamentales, toda vez que la actora mantiene su calidad de docente y no se ha visto privada de un derecho indubitado, limitándose la controversia a una modificación de funciones de carácter transitorio dentro del marco de las atribuciones del empleador público.

Por ello, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Finalmente, a folio 12 del expediente virtual, el seis de abril pasado se evacuó informe por doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, refiere que el cargo de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) no se encuentra vacante, sino que su titular fue suspendido en el marco de un sumario administrativo, razón por la cual ella ejerce dichas funciones en calidad de reemplazo, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley N°18.883 y a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que admite designaciones transitorias en tales casos.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que la recurrente incurre en un error al atribuir carácter de cargo directivo a la función de profesora encargada, toda vez que, conforme al Estatuto Docente y a reiterados dictámenes del órgano contralor, dicha función constituye únicamente una asignación de labores de carácter excepcional y transitorio, propia de establecimientos rurales que carecen de director, manteniendo el docente su calidad de profesor de aula, por lo que su cese no importa degradación ni menoscabo alguno.

Agrega que la recurrente no detenta un derecho adquirido a mantener dicha asignación, por cuanto el denominado “derecho a la función” sólo es predicable respecto de docentes titulares y no de quienes, como en la especie, se desempeñan a contrata, careciendo, por tanto, de estabilidad en funciones específicas.

Indica, asimismo, que el régimen jurídico aplicable es el previsto en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, el cual regula de manera íntegra la relación funcionaria, excluyendo la aplicación supletoria del derecho laboral común.

En lo que respecta a la falta de fundamentación de los actos administrativos impugnados, afirma que la exigencia de motivación prevista en la Ley N°19.880 no resulta absoluta, siendo exigible únicamente respecto de actos que priven, restrinjan o perturben derechos, lo que no ocurre en la especie, desde que la recurrente no ha sido privada de su empleo, sino que, por el contrario, se le ha renovado su contratación para el año escolar 2026, manteniendo su calidad de docente.

Por lo anterior, sostiene que no existe vulneración a alguno de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, adhiriendo a los demás argumentos señalados por la Municipalidad de Canela en su informe.

Por ello, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista en la audiencia del dieciséis de abril pasado, oportunidad en que se anunciaron para alegar y lo hicieron telemáticamente, vía plataforma Zoom, el abogado don Pascal Merino Ampuero, por 20 minutos, por el recurso, doña nombre reservado por la Municipalidad de Canela, por 15 minutos, contra el recurso y el abogado don Felipe Ortega Reyes por doña nombre reservado por 10 minutos contra el recurso, antecedentes que quedaron registrados en el sistema de audio, adoptándose acuerdo que se plasma en la siguiente sentencia.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre este punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado sólo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

TERCERO: Que, conforme al libelo que contiene el arbitrio constitucional lo impugnado como arbitrario e ilegal lo es el “Memorándum N°16”, de 26 de febrero de 2026, y la “Orden de Trabajo N°48”, de 2 de marzo de 2026, ambos emanados de doña nombre reservado, actuando en calidad de Directora del Daem Canela (R), ambos relacionados con el cambio funciones directivas de Profesora Encargada de la Escuela Básica Los Pozos, a profesora de aula de la recurrente, actos que tilda de arbitrarios e ilegales.

CUARTO: Que, así plateado el asunto, el quid de la controversia se centra en dilucidar si la decisión por parte de la Municipalidad de renovar a la recurrente una vez vencida su contrata a sus funciones originales como profesora de aula se incurrió, por parte de las recurridas, en un acto ilegal y arbitrario, materializada con la dictación del Memorándum N°16 y la Orden de trabajo N°48.

Para resolver el asunto así planteado se hace necesario retrotraerse a la fecha y condiciones en que la recurrente ingresó a la Municipalidad de Canela. En relación con este punto, conforme al Decreto N°001899/2025 de 12 de marzo de 2025 de la Municipalidad de Canela, acompañado a la carpeta digital, la recurrente fue contratada el 12 de marzo de 2025 para desempeñarse como docente de educación general básica con 44 horas semanales a contar del 3 de marzo de 2025 bajo el régimen A CONTRATA, para ejercer funciones en la Escuela básica Los Pozos, cuya duración se extendería hasta el 28 de febrero de 2026.

QUINTO: Que, por Decreto N°000525/2025 del mismo 12 de marzo de 2025 de la Municipalidad de Canela, acompañado a la carpeta digital, la recurrente fue destinada el 12 de marzo de 2025 para desempeñarse como Profesora Encargada con 44 horas semanales a contar del 3 de marzo de 2025 en la Escuela Básica Los Pozos.

Siguiendo este orden cronológico de los hechos, figura en el expediente digital oficio 111 de 3 de noviembre de 2025 denominado “Notifica sobre Término de Nombramiento Docente a Plazo Fijo”, emanado por el director del DAEM dirigido a la recurrente, en el cual se le indica: “Mediante el presente Oficio cumplo con Notificar a Ud. que en consideración al Cargo de Profesor en Calidad de A CONTRATA que posee en nuestro Municipio, su Nombramiento Docente a Plazo Fijo vence el 28 DE FEBRERO DEL 2026”.(sic). En el mismo orden se encuentra carta de aviso de término de contrato expedida por el alcalde de la comuna de Canela el 27 de noviembre de 2025 dirigida a la recurrente, que en cuanto a su contendido se le informa que “el 28 de febrero de 2026 se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que lo vincula con la Municipalidad de Canela por la causal del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es vencimiento plazo convenido en el contrato”.(sic)

SEXTO: Que, el 26 de febrero de 2026, esto es, antes del vencimiento de la CONTRATA que vinculaba a la recurrente con la Municipalidad de Canela, esta última, emite el Memorándum N°16 mediante el cual decide renovar el cargo de Educación Básica como profesora de aula en la Escuela Los Pozos por el año escolar 2026 extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2027, complementado dicho memorándum con la Orden de Trabajo N°48 de 2 de marzo de 2026 dirigida a la encargada de la Escuela Los Pozos para hacer efectiva la asunción en el cargo de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, de los documentos a que se ha hecho referencia en los basamentos precedentes se desprenden con claridad que el vínculo que unía a la recurrente con la Municipalidad es A CONTRATA la cual no se encuentra amparada con la confianza legítima desde que fue contratada sólo desde el 2025 hasta el 2026 y fue prorrogado por una sola vez hasta el 2027, de manera que llegado el 28 de febrero de 2026 dicha contrata finalizaba de tal manera no era necesario emitir acto administrativo fundado alguno, que reuniera los requisitos exigidos por el recurrente, desde que su termino obedecía a una causa normal de término, esto es, la llegada del tiempo. Sobre este punto no está de más citar lo resuelto por nuestro máximo tribunal en causa Rol N°38.148-2025, de 8 de abril de 2026 que en su parte pertinente señala: “Que, por lo anterior, se puede concluir que, con la llegada del plazo, el 31 de diciembre de cada año, el funcionario cuya contrata no ha sido prorrogada, cesa en su cargo.

En consecuencia, en tal supuesto, resulta innecesario que la autoridad emita algún acto en que se comunique este hecho o que, al emitirlo, se exprese algún fundamento diferente del señalado en la Ley.

Todo lo anterior se entiende con excepción de los casos de los funcionarios que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima.

Ahora bien, la circunstancia que el empleador hubiera decidido renovar los servicios de la recurrente por un año más en la misma calidad, tampoco le hace exigible emitir un acto administrativo fundado que reúna las calidades que pretende exigir la recurrente para que este sea válido.

OCTAVO: Conforme a lo que se ha venido razonando, habiendo finalizado el 28 de febrero de 2026, de pleno derecho, el contrato a que estaba sujeto la recurrente cuya naturaleza era A CONTRATA, para cuyo efecto, según lo manifestado en las motivaciones precedentes no requería de un acto administrativo de carácter fundado, el acto administrativo consistente en el Memorándum N°16 de 26 de febrero de 2026 constituye un nuevo acto, totalmente independiente del anterior, en el cual la recurrida, Municipalidad de Canela, decide dar vida a una nueva relación renovando el contrato que la vinculó primigenia con la recurrente hasta el 28 de febrero de 2026, destinándola al mismo colegio, Escuela Los Pozos de Canela, como profesora de aula hasta el 28 de febrero de 2027, sin que sea necesario que dicho acto mediante la cual se celebra un nuevo contrato total y completamente independiente del anterior que término, como se dijo el 28 de febrero de 2026, sea fundado, desde que es facultad del empleador decidir renovar o no a su personal para un nuevo período respecto de trabajadores cuyo contrato hayan terminado por el vencimiento de su contrata, que fue lo que ocurrió en la especie.

NOVENO: Que así las cosas estima esta Corte que los actos que la recurrente tilda de arbitrarios e ilegales “Memorándum N°16”, y la “Orden de Trabajo N°48”, no son tales, desde, como se dijo, fueron dictados dentro de un contexto de una nueva contratación, careciendo de los reproches que le atribuye el recurrente razón por la cual el recurso no podrá prosperar y será rechazado como se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se RECHAZA el recurso de protección de folio 1 deducido por don nombre reservado, en beneficio de doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA, representada legalmente por su Alcalde don Waldo Enrique Contreras Cortés, y en contra de doña nombre reservado.

II.- Que no se condena en costas de esta instancia, por estimar que existió motivo plausible para litigar.

La decisión consignada en los razonamientos que anteceden fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Marcela Sandoval Durán, quien estuvo por acoger el presente recurso, dejando sin efecto los actos administrativos cuestionados, teniendo presente para ello el siguiente orden de consideraciones:

1° Que, según Decreto N°001899/2025 de 12 de marzo de 2025 de la Municipalidad de Canela de 12 de marzo de 2025, la recurrente fue contratada para desempeñarse como docente de educación general básica con 44 horas semanales a contar del 3 de marzo de 2025, para ejercer funciones en la Escuela básica Los Pozos, hasta el 28 de febrero de 2026. Asimismo, con esa misma fecha, según el Decreto N°000525/2025 fue destinada el 12 de marzo de 2025 para desempeñarse como Profesora Encargada en la Escuela Básica Los Pozos. Igualmente, tampoco ha sido controvertido que, el 26 de febrero de 2026 la Municipalidad de Canela mediante Memorándum N°16, complementado con la Orden de Trabajo 48 de 2 de marzo de este año, se renovó la contrata para que el cargo de profesora de aula en la Escuela Los Pozos por el año escolar 2026 extendiéndose hasta el 28 de febrero de 2027, sin que puede concluirse que aquella decisión constituyó una nueva contratación, totalmente desvinculada de la primera.

2° Que, ahora bien, conforme la controversia planteada no ha sido materia de discusión la existencia de la confianza legítima, puesto que tal como se advierte de los supuestos fácticos establecidos, ponderando los antecedentes aportados por las partes conforme a la sana crítica, resulta ineludible que la contratación de la actora fue en el año 2025, por lo que desde esa fecha a la actualidad no ha transcurrido el término para así reclamarlo.

Entonces, el debate del asunto radica en forma específica en determinar la competencia que le asistía a la recurrida doña nombre reservado para dictar los actos administrativos cuestionados, esto es, aquellos que relevaban a la recurrente como profesora encargada y, enseguida, si aquellos debían ser fundados.

3° Que sobre el primer punto, aparece de los documentos aparejados a folio 12, el Decreto Alcaldicio N°000452 de 23 de febrero de 2026, por medio del cual el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Canela, nombró a doña nombre reservado, como reemplazo de don nombre reservado, en el cargo de Jefa del Departamento de Educación Municipal de Canela, a contar del 9 de febrero de 2026 y mientras dure la ausencia de su titular, por lo que la alegación vertida por la recurrente en el primer punto deberá ser desestimada.

Enseguida, según ha quedado demostrado conforme los antecedentes que se han aparejado en folio 10 N°3, mediante Decreto Alcaldicio N°000525 /2025, de 12 de marzo de 2025, se designó en calidad de Profesora Encargada a doña nombre reservado, para que a contar del 03 de marzo del mismo año cumpla funciones propias de la Dirección Establecimiento Rural denominado Escuela Básica Los Pozos. Empero, según también se advierte de folio 25, la persona antes indicada, con ocasión de la instrucción de un sumario administrativo incoado en su contra, fue suspendida en forma provisoria de sus funciones, mediante decisión de 2 de abril de 2026, esto es, un año después de la designación de la recurrente en esa calidad, por lo que los argumentos vertidos por la recurrida no pueden ser oídos, en tanto la designación de profesora encargada de la actora no pudo tener como fundamento la suspensión de funciones de la Sra. nombre reservado ni menos aun lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883.

4° Que, según se colige de la documental rendida por la recurrida Municipalidad de Canela, en particular la nómina de profesores encargados corriente a folio 25 N°1, consistente en el Ordinario N°25 RD. ANT. Ley N°19.715. D.S. 117/2001. Ord. N°1502 del 18/12/2025 Secreduc. MAT. Envía Nómina Profesores Encargados de Escuelas Rurales Comuna de Canela. CANELA, de 12 de enero del 2026, emitido por el Director de Educación de la Municipalidad de Canela al Secretario Ministerial de Educación Región de Coquimbo La Serena, se advierte que la designación como Profesores Encargados de Escuelas Municipales Rurales Comuna de Canela, reciben el pago Bonificación Especial, en conformidad al artículo 13 de la Ley N°19.715, que dispone que “Los profesionales de la educación que cumplan la función de profesor encargado en establecimientos educacionales rurales subvencionados, afectos o no a la tabla del artículo 12 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, de Educación, y que tengan una designación, contrato o un desempeño de 44 horas cronológicas semanales para un mismo empleador o en un mismo establecimiento, tendrán derecho a percibir una bonificación de $26.079 mensuales, desde el 1 de febrero de 2001, y de $56.531, desde el 1 de febrero de 2002” por lo que la no renovación de la designación de esa función, implica una pérdida remuneracional, lo que constituye evidentemente la pérdida de un derecho que debió ser debidamente fundamentado, tal como sucedió cuando la Municipalidad recurrida y la Jefa del Departamento de Educación, informaron a esta Corte que el cargo que durante el año 2025 y principios del 2026 ejerció la actora, como profesora encargada, fue asignado a otra profesional con competencias para tal función lo que obedeció al cierre del establecimiento educacional donde esta prestaba servicios, por lo que el acto cuestionado resultaba ilegal en tanto no cumplía con los requisitos previstos en los artículos 4 y 11 de la ley 19.880 por lo que el recurso debía ser acogido.

Redacción encargada al Abogado Integrante Sr. Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo y del voto en contra su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°485-2026 Protección.