Protección contra Resolución Exenta N° 03

nombre reservado, nombre reservado

Prefectura Carabineros nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°481-2023.- La Serena, veinte de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha seis de abril de dos mil veintitrés comparece doña Andrea Paulina Franco Figueroa, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N° 03, de fecha 23 de febrero del año 2023, emitida por el Prefecto(S) de la Prefectura de Carabineros nombre reservado don nombre reservado, que dispone “baja por mala conducta, con efectos inmediatos” de su representado, acto administrativo notificado mediante acta de notificación de fecha 07 de marzo de 2023.

Expone que según se desprende de la referida Resolución Exenta, los hechos considerados como faltas de tal gravedad que hacen aplicable la más grave sanción del ordenamiento Institucional son dos: 1. Que el día 22 de febrero de 2023, su representado, don nombre reservado, no asistió a su servicio de Segunda Guardia, y 2. Que, se logró establecer que mientras se encontraba en su domicilio, manipuló en forma negligente y descuidada su armamento particular, efectuando un disparo, acción que realizó encontrándose en evidente estado de ebriedad, según da cuenta el sumario breve practicado al efecto.

Reconoce que, en cuanto a la primera falta, tal afirmación si bien es efectiva en cuanto a que no concurrió a su servicio de segunda guardia, lo cierto es que también es efectivo que su representado contaba con una causal de justificación y, además dio cuenta oportuna que no se encontraba en condiciones para asistir a su servicio por una situación de salud que fue validada por médico habilitado para extender licencia médica, como se observa en imagen de referencia que incluye en el libelo de protección y que corresponde a una licencia médica a nombre de su representado a contar del día 22 de febrero de 2023, mismo día cuestionado extendiéndose por quince días.

Añade que su representado dio cuenta oportuna a su mando que no se encontraba en condiciones para asistir a su servicio por una situación de salud, de lo cual se deja constancia dejada en libro de primera guardia del día 22 de febrero de 2023, a folio 147, párrafo N° 10, reproduciendo una fotografía que se agrega en el escrito de interposición.

Sostiene que desde la fecha que entra en vigencia la licencia médica su representado se encuentra protegido por el descanso laboral que le permite ausentarse del trabajo y al caso de marras, de concurrir a dependencias del lugar de trabajo o Unidad Policial, exponiendo diversos argumentos en relación a los efectos de la licencia médica en la obligación de comparecer al lugar de trabajo, incluyendo dictámenes de la Contraloría General de la República que ratifican la prerrogativa del funcionario a ausentarse o reducir su jornada laboral por efectos de la licencia, lo que corrobora con citas del Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo.

Afirma que, en el escenario expuesto, no resulta plausible sancionar a su representado por no concurrir a su servicio si máxime, comunicó a su mando como consta en el libro de guardia y además intentó con todos los medios disponibles contactar telefónicamente a los jefes llamados a resolver.

Refiere a la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 1 inciso primero de la Constitución Política de la República, haciendo una referencia a la noción de “ciudadanía en la empresa”, en base a una cita de un dictamen de la Inspección del Trabajo.

Señala, en cuanto a la segunda falta, que es necesario entender a qué se refiere la autoridad con el denominado sumario breve, el que corresponde a un procedimiento reglado por la Orden General N° 1598, de fecha 24 de septiembre de 2004, en el cual la Institución reguló, mediante dicha Orden General, el procedimiento destinado a establecer el estado de intemperancia alcohólica de su personal, procedimiento formal y reglado que no fue respetado en el caso de su representado por la autoridad Institucional recurrida, y mediante un procedimiento no ajustado a derecho determinó que su representado se encontraba en estado de ebriedad, cuestión que utilizó de manera ilegal para darlo de baja, por cuanto no respetó la norma que lo regula, y resulta también arbitraria, esto es, por su mero capricho imponiendo la medida disciplinaria más gravosa dentro del catálogo de sanciones que se puede aplicar a nivel Institucional a un funcionario, que se encontraba en su domicilio sin estar expuesto al público.

Precisa que su representado tiene el carácter de personal de nombramiento institucional, P.N.I, de tal suerte que para establecer su intemperancia alcohólica es necesario someterlo a un sumario breve, cuyas formalidades son: 1.- Que, sea instruido por orden de superior jerárquico; 2.- Que, se deje constancia fundada en el libro de guardia de la unidad o destacamento y, 3.- Que, dicha constancia en el libro de guardia de testimonio escrito, de a lo menos dos testigos, del verdadero estado de intemperancia o temperancia en que es o ha sido sorprendido el inculpado y si se hallaba en actos del servicio o fuera de éste.

Afirma que en la especie no se dio cumplimiento al procedimiento que dispone la reglamentación institucional para la tramitación del sumario breve, por lo tanto, tal sumario breve no existió, así mismo lo refiere su representado y como es de manifiesto que no obra en el libro de 2da. guardia del día 23 de febrero de 2023, ninguna constancia ni menos fundada que dé cuenta del testimonio escrito de dos testigos respecto del estado de intemperancia o temperancia alcohólica de su representado, y ello no existe porque nunca se realizó dicho sumario breve como la reglamentación institucional lo establece.

Aclara que la segunda guardia el día de los hechos se desarrolló desde las 20:00 horas del día 22 de febrero de 2023 y concluyó a las 08:00 horas del día 23, adjuntando al libelo fotografías del libro de guardia.

Agrega que el procedimiento regulado en la citada Orden General N° 1598, el cual transcribe en parte, se colige indubitadamente que se trata de un procedimiento “ininterrumpido”, vale decir, con la presencia de los testigos, el jefe y el imputado en un mismo acto, de ahí la expresión “lo iniciará el menos antiguo y lo terminará el de mayor antigüedad que participe en el acto”; de todas estas exigencias no existe constancia alguna en el libro de guardia, porque nunca se realizó el sumario breve, de manera tal que la intemperancia alcohólica de su representado nunca fue establecida como en derecho corresponde, y aun así, con este tipo de licencias es que se funda la acusación para dar de baja con carácter de inmediato a su representado, sin tener siquiera la posibilidad de defenderse.

Refiere al principio de legalidad en la actuación de los órganos del Estado y el sometimiento de ellos a la Constitución y las leyes.

Prosigue con otro antecedente que califica de no menor importancia, que es que su representado fue trasladado al servicio asistencial donde fue atendido por un médico de turno, según se detalla en el numeral 1.3 de la parte considerativa de la propia resolución impugnada; el médico de turno diagnosticó “labilidad emocional, sin otro síntoma asociado, sin consumo de drogas, cooperador al examen, sin lesiones”.

Continúa con una referencia a las competencias del médico para determinar si una persona tiene o no hálito alcohólico, haciendo ver que el médico diagnosticó “sin consumo de drogas”, haciendo ver que el alcohol también es considerado droga en nuestro país, adjuntando un link de SENDA.

Analizada la situación que se afirma en orden a que su representado hubiese percutado un tiro al interior de su domicilio, y que además se le hubiese encontrado en su rostro restos de pólvora, señala que resulta a lo menos cuestionable el hecho que Carabineros de Chile con la expertiz y los organismos especializados con los que cuenta, como S.I.P, OS9, OS7, LABOCAR, no hubiesen encontrado el proyectil supuestamente disparado por su representado, como consta en la parte final del segundo párrafo del numeral 1.1, de la parte considerativa de la Resolución.

Agrega que otra situación de no menor importancia es que Carabineros, contando con tantos organismos especializados, no realizó examen alguno a las manos de su representado destinado al levantamiento de residuos de disparo tan común para determinar si una persona disparó o no disparó un arma de fuego, ello es simple atendido los rastros propios provenientes de la deflagración de la pólvora.

Afirma que otro antecedente que carece de verosimilitud es que su representado tuviese en su rostro signos de pólvora, porque para ello se requiere un disparo a corta distancia o como también se le llama comúnmente a quemarropa, lo que produce lesiones por el fogonazo que sale por la boca del cañón y que necesariamente producirá una quemadura, y como se determinó por médico, su representado no mantenía lesión alguna, máxime, ni una fotografía tomó Carabineros para sustentar lo dicho.

Prosigue con una referencia al artículo 23 Número 2 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, el que establece distintas alternativas de sanciones disciplinarias para el Personal de Nombramiento Institucional (P.N.I.) y que pueden ir desde la menos intensa como lo es la sanción de “Amonestación”, hasta la más gravosa como lo es la sanción de “Baja por conducta mala”.

Expone, en relación a la sanción disciplinaria de “Baja por conducta Mala”, que esta forma de eliminación es tratada en el artículo 127 Nº 4 del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8, aprobado mediante Decreto N° 5.193 del 30 de septiembre de 1959 del ex Ministerio del Interior, en el cual se observa que la autoridad institucional facultada y que ostente la potestad disciplinaria para disponer la baja por conducta mala de un Carabinero, deberá establecer esa responsabilidad administrativa “previamente” en un sumario administrativo o investigación simple, según lo indica el inciso 1º del numeral 4) del artículo 127.

Destaca que, sin perjuicio de lo anterior, se está ante el problema en el inciso 5º de la letra b) del mismo numeral 4) del artículo 127, el cual establece una situación excepcionalísima, que permite al Jefe que dispuso el Sumario eliminar inmediatamente a un Carabinero, sin siquiera esperar el resultado del mismo, según dice: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

En efecto, indica que, se observa lo contrario a la observancia de un proceso previo, racional y justo, enmarcado dentro de las normas de un debido proceso, considerando que la reglamentación institucional data del año 1959”, y que hoy no cumple con los estándares constitucionales, por cuanto, permite en definitiva una decisión alejada de todo respeto a las garantías consagradas en la Constitución y que aseguran un debido proceso previo, en este sentido, lo que el reglamento está permitiendo es primero imponer el castigo (baja por conducta mala con efectos inmediatos) y después investigar, lo que claramente es una aberración jurídico-procesal en materia de derecho administrativo sancionatorio.

Agrega que el art. 127 Nº 4), inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8, norma del año 1959, es contraria a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº 18.961, y en particular a su modificación mediante la Ley 21.427 de fecha 16 de febrero de 2022 que introdujo el art. 84 bis que a la letra dice: “Artículo 84 bis.- Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo.”

Concluye, en base a lo anterior que la regla general en el ámbito de la protestad disciplinaria administrativa al interior de esta institución policial uniformada es precisamente ofrecer un procedimiento previo al inculpado (sumario o investigación) y posteriormente, si el mérito de los antecedentes lo ameritan, aplicar sanción.

Apoya dicha postura, en el art. 43 de la misma Ley Orgánica Constitucional, al referirse a las distintas causales en las que procede el retiro absoluto de un funcionario de Carabineros, en su letra d) considera como causal: “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, ‘en’ proceso administrativo”. Es decir, lo que el legislador está garantizando es precisamente la garantía de un debido proceso frente a una sanción de carácter expulsivo, y en ningún caso permitir el castigo previo a la investigación, misma que luego de sus conclusiones se podrá determinar la gravedad de la infracción y si ella merece la expulsión.

Considera, por lo anterior, que es del todo procedente la derogación tácita del inciso 5° de la letra b) del numeral 4° del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascenso de Carabineros N° 8, con un efecto relativo inter parte.

Efectúa diversas citas de doctrina en relación al debido proceso, refiriendo a la opinión de los profesores nombre reservado y nombre reservado, trascribiendo parte de sus opiniones, para luego continuar con una extensa cita de jurisprudencia que también transcribe en lo pertinente, para sostener que, en el caso concreto, se aplican normas que contravienen la Constitución Política, como es el referido inciso 5°.

Afirma como garantías constitucionales vulneradas las establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución.

Por estas consideraciones solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N° 03, de 23 de febrero de 2023 y adoptar las medidas que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de ordenar a Carabineros de Chile dejar sin efecto la resolución recurrida, que su representado sea reincorporado a la Institución mientras se tramita y se concluye el sumario administrativo, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos; 1.- Resolución Exenta N° 03, de fecha 23 de febrero del año 2023, emitida por el Prefecto (S) de la Prefectura de Carabineros nombre reservado; 2.- Acta de notificación de la Resolución recurrida, y 3.- Orden General N° 1598, de fecha 24.09.2004, que regula el procedimiento para establecer la intemperancia alcohólica al interior de Carabineros de Chile.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto, exponiendo que el actuar administrativo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto la medida impuesta respecto del ex Sargento 2do. nombre reservado, estuvo sometida a la reglamentación y potestades que otorgan al recurrente todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinentes, respetándose cada una de sus garantías con estricto apego a los principios de defensa, del debido proceso, y legalidad.

Señala que los hechos que motivaron la dictación de la Resolución Exenta N°03, de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por el entonces Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”, nombre reservado, refiere que con fecha 22 de febrero del año señalado y siendo las 20:05 hrs., aproximadamente, el ahora ex Sargento 2do. nombre reservado, encontrándose entrante de Servicio de 2da. Guardia en la 3ra. Comisaría “Ovalle”, comunicó al Suboficial de Régimen Interno de la citada Unidad Operativa, que no se presentaría a su servicio por no encontrarse en condiciones para ello, agregando que momentos antes se había efectuado un disparo al interior de su domicilio particular.

Enseguida, siendo las 20:15 horas aproximadamente, y conforme a la información proporcionada por el ahora recurrente de protección, se dispuso la concurrencia de personal de Servicio de 2do. Patrullaje en la Población a cargo del Subteniente nombre reservado acompañado del Cabo 1ro. nombre reservado, quienes se trasladaron hasta el domicilio domicilio reservado, lugar en donde se entrevistaron con el Sargento 2do. nombre reservado, amigo del recurrente, quien alertado de la situación que afectaría al citado ex funcionario concurrió rápidamente hasta el inmueble, siendo recibido por el ex Sargento 2do. nombre reservado quien le narró los hechos, divisando que en el velador ubicado al interior del dormitorio se mantenía un armamento con munición en su recamara, procediendo a descargarlo y permaneciendo en el lugar hasta la llegada del personal policial a quienes posteriormente les hace entrega del referido armamento, el que luego fuera individualizado como un Revólver, marca Taurus, calibre 38, N° de serie IJ225510 (debidamente inscrito), conjuntamente con la respectiva munición.

Agrega que acto seguido, y con la finalidad de constatar el estado de salud del recurrente de protección, como asimismo, prestar el debido auxilio, el personal policial hace ingreso al inmueble constatando que el ex Sargento 2do. nombre reservado se encontraba sentado a la orilla de su cama, en evidente estado de ebriedad, con una mancha de pólvora en el costado derecho de su rostro, consultándole por la dinámica de los hechos, manifestando éste que momentos antes se apuntó a la cabeza percutando un disparo, sin resultar lesionado. En ese mismo sentido, precisa que en el sitio del suceso se pudo verificar la presencia de una botella de vino tinto marca “Gato” la que mantenía un poco menos de su capacidad, una botella vacía de whisky marca “Grant”, un pack de seis (6) cervezas marca “Heineken” sin abrir, y tres botellas de bebidas de fantasía.

Indica que se tomó contacto con el Fiscal de Turno, Paulo Duarte López, quien instruyó dar cuenta de los hechos, dejando apercibido al funcionario a la espera de citación por parte de la Fiscalía Local. Asimismo, dispuso la constatación de lesiones del funcionario, confección de set fotográfico, la remisión del armamento hasta la Autoridad Fiscalizadora y la toma de declaración del personal aprehensor.

Agrega que se trasladó al funcionario hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAR Fray Jorge, donde fue atendido por médico de turno quien le diagnosticó “labilidad emocional sin otro síntoma asociado, sin consumo de drogas y sin lesiones evidentes” conforme al Dato de Atención de Urgencia N°46071, de fecha 22 de febrero de 2023.

Añade que en razón de lo anterior, conforme a la evaluación de los antecedentes y habida consideración de la gravedad de los hechos, es que se dispuso la baja de la Institución por conducta mala, con efecto inmediato del ahora ex Sargento 2do. nombre reservado, a través de la Resolución Exenta N°03, de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por el Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”, siendo notificado personalmente del referido acto administrativo con fecha 07 marzo de 2023.

Manifiesta que, conforme lo previene la reglamentación institucional vigente, la Prefectura de Carabineros “nombre reservado” dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo mediante la Orden de Sumario N° 18263/1, de fecha 07.03.2023, a cargo de la Fiscalía Administrativa de esa dependencia, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos precedentemente.

Agrega que, en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del Artículo 84° Ter de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N°21.427 que “Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y Transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, se dictó la Resolución Exenta N°220, de fecha 09 marzo de 2023 de esta Repartición, suspendiendo la tramitación del mencionado proceso sumarial hasta la conclusión de la causa penal asociada a la denuncia efectuada mediante el Parte de Denuncia N° 00906, de fecha 22.02.2023 de la 3ra. Comisaría de Carabineros “Ovalle”. De lo anterior, el funcionario fue notificado personalmente con fecha 14.03.2023.

Finalmente, señala que una vez concluida la citada causa penal, se reanudará el proceso administrativo incoado, oportunidad en la que será notificado el ex Sargento 2do. nombre reservado, con la finalidad que aporte los antecedentes pertinentes, y así, una vez concluido dicho proceso, sea notificado del contenido íntegro de la Vista Fiscal, oportunidad en la que podrá ejercer las alegaciones y defensas, así como interponer los recursos administrativos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15.

Señala que si bien el recurrente formula alegaciones sobre diversas situaciones dentro del contexto de un sumario administrativo que le afecta, es claro que el objeto de su recurso no es más que dejar sin efecto no solo la Resolución Exenta N°03 por cuyo medio se dispuso su eliminación de las filas de la Institución, sino también, el cese del pago de sus remuneraciones que dispuso la recurrida como consecuencia de la mencionada medida administrativa, pues en su concepto esta sería ilegal y arbitraria.

Afirma que la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de éste de utilizar la vía de la protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Continúa haciendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, concluye que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que tampoco se verifica- pudiendo colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Cita el artículo 84 bis de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15; el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° ll, numeral segundo, letra e); el artículo 25 N° 9 del citado cuerpo reglamentario; el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, Artículo 127, N°4, inciso quinto.

Advierte que la normativa transcrita permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave, por tanto están imposibilitados de cumplir con sus servicios, y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración, por cuanto sostener lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa, al no detentar la calidad jurídica que lo habilite a percibirlo.

Al respecto, el inciso final del citado artículo 127, N°4, del Reglamento N°8 establece que "[...] el funcionario que, habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución” Lo anterior, supone que, en el evento de disponerse su reincorporación a la Institución, ello corresponde con todos sus derechos y beneficios reglamentarios, incluyendo la remuneración, todo de forma retroactiva inclusive, a fin de dejar al afectado indemne.

Reitera que la reseñada medida, implica una desvinculación de la Institución, sin perjuicio de su condicionalidad al resultado del sumario administrativo. En ese sentido, es una consecuencia lógica que cese el pago de la remuneración del que ahora se transforma en ex funcionario, al extinguirse la causa legal de dicho pago por su exclusión de la Institución.

Agrega que la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (Dictámenes Nros. 997, de 2021; 16569, de 2019; 4.401, de 2018; 35.714, de 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo motivado, lo que sí ocurrió en la especie.

Afirma que al subsumirse legítimamente los hechos en la normativa institucional, como asimismo, a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, resulta imposible sostener fundadamente que Carabineros de Chile actuó arbitraria o ilegalmente, puesto que el acto administrativo y sus efectos tienen sustento jurídicos y fácticos; lo anterior sin perjuicio además que cualquier análisis ulterior acerca del sumario administrativo instruido al efecto, excede con creces la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, debiendo tramitarse en un juicio de lato conocimiento.

Adiciona que la resolución que dispone la baja de las Filas de la Institución causa ejecutoria, de modo que, si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado, razón por la cual, el recurso necesariamente debe ser desestimado.

Añade que la solicitud del recurrente, en cuanto a disponer la derogación tácita de la normativa mencionada, escapa al ámbito de competencia de este recurso, por cuanto se trata de una herramienta de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a reestablecer el imperio del derecho.

Solicita rechazar el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia simple del Acta de Notificación de fecha 07.03.2023 de la Resolución Exenta N°03 de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”; 2.- Orden de Sumario N° 18263/1, de fecha 07.03.2023 de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”; 3.- Copia simple de la Resolución Exenta Nro. 220, de fecha 09.03.2023, de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”, que dispone la suspensión de la tramitación del Sumario Administrativo N° 18263/1; 4.- Copia simple del Acta de Notificación de fecha 14.03.2023, de la Resolución Exenta N°220 de la Prefectura de Carabineros “nombre reservado”.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales con-templado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la acción de protección deducida en estos autos dice relación con la decisión adoptada por el Prefecto de Carabineros de nombre reservado en la Resolución Exenta N° 03, de fecha 23 de febrero de 2023, que dispone la baja por conducta mala con efectos inmediatos de don nombre reservado, quien a la fecha de tal acto se desempeñaba como sargento segundo de Carabineros de Chile, siendo dicha decisión la que se califica de ilegal y arbitraria por el actor de protección y la cual, consecuencialmente, generaría la perturbación y lesión a los derechos fundamentales que afirma amagados.

SEXTO: Que, para resolver el asunto que es objeto de la presente acción es necesario considerar, por una parte, que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, N° 18.961, establece en su artículo 84 bis, incorporado por la Ley N° 21.427, la potestad disciplinaria sobre los funcionarios de la referida institución en los siguientes términos: “Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. Por su parte, el inciso segundo de la misma disposición prescribe: “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo”. Por consiguiente, resulta indudable que el procedimiento disciplinario seguido en contra de un integrante de Carabineros de Chile, cualquiera sea su grado, forma de designación o contratación, debe sujetarse a un racional y justo procedimiento, conforme lo exige el inciso 5° del N° 3° del artículo 19 de nuestra Constitución Política y lo establecen expresamente los artículos 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones que, por vía del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, forman parte del entramado de derechos fundamentales y garantías de que toda persona es titular.

SÉPTIMO: Que, el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que con-tiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en su artículo 126 dispone: “El personal a contrata podrá ser licenciado administrativamente por las mismas Jefaturas que tengan facultad para contratarlo, por las siguientes causales y en las condiciones que se indican…”, en su número 4 establece la causal de terminación: “Por mala conducta: establecida en sumario administrativo por alguna de las siguientes causas: intemperancia alcohólica, conducta inmoral o impropia que permita calificar a un individuo de vicioso e incorregible; faltas graves, de tal naturaleza, que a juicio de la Dirección General lo hagan acreedor a esta medida, y responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción ordinaria o militar, establecida en sentencia ejecutoriada”. El inciso final de la misma disposición reglamentaria prescribe: “No obstante, cuando una falta que dé origen a sumario administrativo sea de tal naturaleza que lesione gravemente la disciplina, la moral o el prestigio institucional y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente en el sumario, el Jefe respectivo podrá licenciar de inmediato al afectado "por no convenir al servicio de la Institución", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial, circunstancia en que se aplicará la baja a firme, modificando, si procede, la causal anterior, e indicando la nota de conducta”. Por su parte, el D.S. N° 900, del Ministerio del Interior del año 1967, que contiene el Reglamento de Disciplina Nº 11 De Carabineros de Chile dispone en su artículo 12: “Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como trámite previo a la aplicación de una sanción. Igual procedimiento se verificará cuando el personal sea sorprendido en falta por un funcionario más antiguo y, por tal razón, sea pasado a presencia de su jefatura con facultades disciplinarias”, dicha facultad aparece sin embargo limitada en el inciso tercero de la misma disposición al establecerse que: “Con todo, cuando se trate de hechos de tal naturaleza que importen la comisión de infracciones disciplinarias graves, o bien, supongan el otorgamiento de beneficios al personal o sus familiares, se procederá a la instrucción de un sumario administrativo”, evento en el cual se debe disponer, como forma previa a la sanción, el correspondiente procedimiento disciplinario.

OCTAVO: Que, en el caso concreto, conforme se desprende de los antecedentes expuestos por las partes -no controvertidos por cierto- se concluye de la normativa disciplinaria legal y reglamentaria citada, que se aplicó a don nombre reservado, ex Sargento segundo, la norma contenida en el inciso final del artículo 126 del D.S. 5193, del Ministerio del Interior, ya citado, disponiendo su baja por mala conducta con efectos inmediatos en razón de que la autoridad disciplinaria respectiva, el Prefecto de Carabineros de nombre reservado, estimó que “mientras se encontraba en su domicilio, manipuló en forma negligente y descuidada su armamento particular, efectuando un disparo, acción que realizó encontrándose en evidente estado de ebriedad”, lo que estima expuso su propia integridad física como la de terceros, hecho que “reviste caracteres de importancia, gravedad y trascendencia que objetivamente fundan la aplicación de la medida expulsiva, no sólo por vulnerar gravemente las normas disciplinarias y principios rectores que fundan la doctrina institucional, sino que además por contraponerse abiertamente con el ordenamiento jurídico vigente, de las cuales el mencionado P.N.I., tenía pleno conocimiento considerando las reiteradas instrucciones impartidas por el mando Institucional en torno al uso y cuidado en la manipulación de las armas de fuego” (letra A de lo resolutivo), hechos que configuran una “pérdida de su condición moral y profesional, no respetando el régimen disciplinario y el deber de observancia de una conducta acorde a la dignidad del cargo y a la condición de funcionario de Carabineros de Chile”, todo lo cual -según se fundamenta en la letra B)-, transforma al funcionario individualizado en “un pésimo ejemplo para sus pares, estimándose necesario la aplicación de esta medida ejemplarizadora, acorde a la gravedad de la falta cometida”, medida expulsiva de carácter evidentemente disciplinario que se decretó sin esperar el procedimiento disciplinario que por ley, conforme a la normativa analizada, debía iniciarse. En efecto, del mismo acto impugnado, letra C), se deprende que al momento de dictarse el acto administrativo impugnado no se había instruido ningún procedimiento disciplinario para investigar los hechos, ello a pesar de que la clara normativa legal analizada lo obliga, dicho procedimiento sólo fue ordenado iniciar por Orden de Sumario N° 18263/1, de 7 de marzo de 2023, es decir, el mismo día en que el señor nombre reservado es notificado de su baja por conducta mala con efectos inmediatos, conforme consta en los documentos acompañados por el recurrido.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo expuesto en relación a que en el caso concreto primeramente se aplicó la sanción disciplinaria de baja inmediata y luego se ordenó iniciar el procedimiento disciplinario que por ley debe incoarse para investigar hechos que pueden ser merecedores de una sanción de tal carácter, ello según lo dispone el artículo 84 bis de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, debe tenerse además presente que el artículo 84 ter del mismo cuerpo legal dispone: “Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal”. En el caso concreto, conforme se despende del mismo acto administrativo impugnado, se realizó de oficio por los funcionarios de Carabineros una denuncia a la Fiscalía Local de Ovalle, dado que el personal que concurrió al domicilio del ahora ex sargento informó al fiscal don Pablo Duarte de los hechos, quien instruyó se diera cuenta por “Otros hechos”, calificación que impide tener claridad si lo denunciado de oficio por los mismos funcionarios reviste o no caracteres de delito. Ello derivó en la aplicación del citado artículo 84 ter, lo cual además se encuentra constatado por la Resolución Exenta N° 220, de 9 de marzo de 2023, por la cual la misma autoridad que aplica la baja inmediata por mala conducta, suspende ahora el procedimiento disciplinario incoado.

DÉCIMO: Que, de lo anteriormente expuesto y analizado, se concluye que el problema que se plantea en la acción de protección dice relación con la aplicación de una sanción disciplinaria, contemplada en un Decreto Supremo, por hechos que se estiman que son de tal gravedad que hace inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución ello debido a que es “un pésimo ejemplo para sus pares, estimándose necesario la aplicación de esta medida ejemplarizadora, acorde a la gravedad de la falta cometida”, todo sin incoarse y terminarse el procedimiento disciplinario dirigido a establecer fehacientemente los hechos materiales que se imputan y/o sus circunstancias, dado que el mismo se encuentra suspendido por efectos de lo que dispone perentoriamente el citado inciso final del artículo 84 ter de la Ley N° 18.961 y, por tanto, en el fondo, se está frente a la aplicación de una sanción disciplinaria anticipada o al menos, como señala el propio recurrido, condicionada al resultado definitivo del proceso penal pendiente y del procedimiento disciplinario que actualmente se encuentra paralizado.

UNDÉCIMO: Que, siendo indudable que el procedimiento disciplinario de que es objeto el recurrente debe regularse por el debido proceso, resulta necesario tener en cuenta que ello comprende “… un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos establecidos en la ley, resoluciones motivadas o fundadas, etc.” (Corte Suprema, sentencia 09 de enero de 2008, rol 6347-2007). En otros términos, el concepto de debido proceso alude a un conjunto de garantías y derechos que deben existir en el proceso, cualquiera sea éste, a fin de asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, sin que nuestro texto constitucional determine, con exactitud y precisión cuáles garantías específicas quedan comprendidas en el referido concepto. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “El legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad (rol 1411-09). El mismo tribunal, analizando el concepto de debido proceso ha afirmado resuelto en relación al debido proceso que: “… debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa por abogado, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” (Rol N° 478-2006), para agregar que: “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores (STC 478-2006). Por su parte, nuestro máximo tribunal, ha sostenido, en relación al debido proceso, que: “En lo que toca a los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigor, y las leyes, entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas, entre otros (SCS 6902-2012, de 06 de noviembre de 2012)” (C.S., 05/03/2014, rol N° 17.271-13).

DUODÉCIMO: Que, como se ha expuesto en motivaciones precedentes, entre el contenido específico del debido proceso debe encontrarse la posibilidad real y efectiva que cualquier persona pueda defender oportuna y eficazmente sus pretensiones, especialmente si se le imputa una infracción normativa, de forma de poder controvertir ello en base a su propia versión de los hechos, ofreciendo y presentando la prueba que estime necesaria para la defensa de sus derechos e intereses y además la posibilidad real de impugnación de la prueba y antecedentes que puedan existir en su contra. En el caso del proceso disciplinario la imputación de una infracción a las obligaciones y/o deberes funcionarios debe, necesariamente, ir acompañada de la posibilidad de conocer oportunamente los hechos en que se sustenta, del otorgamiento del tiempo necesario para preparar la defensa, de la posibilidad real de rendir prueba para contradecir el eventual hecho generador de responsabilidad, el poder contradecir la prueba de cargo y, en general, del derecho de ser oído como única forma de hacer efectivo el derecho a la defensa, ello en el marco de un proceso regido por la bilateralidad de la audiencia y la contradicción, entre otros aspectos que permitan la solución justa de una controversia.

DÉCIMOTERCERO: Que, como se ha analizado previamente y no es discutido en la presente acción de protección, en el caso concreto se ha aplicado una sanción de carácter disciplinario -la baja con efectos inmediatos por mal comportamiento- sin que exista un proceso previo y legalmente tramitado que permita la real defensa de los intereses del protegido, don nombre reservado, dado que se ha hecho uso de una facultad contenida en un cuerpo reglamentario, el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, que aparece en evidente contradicción con la normativa de carácter legal que regula la responsabilidad disciplinaria, la que exige, conforme ya se analizó al referirse a la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la obligatoriedad de abrir e incoar un procedimiento disciplinario especifico -sumario administrativo- a fin de determinar la responsabilidad por infracción a deberes u obligaciones funcionarias, proceso que debe concretizar las manifestaciones propias de la exigencia del debido proceso y que es la exigencia previa para la determinación de la responsabilidad y el establecimiento de la respectiva sanción. En el caso específico, dada la suspensión del procedimiento disciplinario, producto de lo prescrito en el artículo 84 ter de la Ley N° 18.961, el ejercicio de las garantías ínsitas al debido proceso, especialmente al derecho a la defensa, al de contradecir la imputación, al de rendir prueba de descargo, al de contradecir la prueba de cargo y al de ser oído con las respectivas garantías de imparcialidad y neutralidad del órgano encargado del procedimiento y de la autoridad llamada a resolver el procedimiento no han existido, dado que, como se viene indicando, el procedimiento disciplinario, ordenado además abrir luego de aplicar la sanción, está además paralizado, de forma tal que la sanción disciplinaria aplicada corresponde a una verdadera pena anticipada aplicada de forma condicional a lo que en definitiva se resuelva en el procedimiento disciplinario que se encuentra suspendido.

DÉCIMOCUARTO: Que, la circunstancia que se aplique una sanción con claro contenido disciplinario -baja inmediata por mal comportamiento- encontrándose suspendido el procedimiento disciplinario que por ley debe ser previo a la aplicación de la pena disciplinaria convierte la decisión impugnada, la Resolución Exenta N° 03, de fecha 7 de marzo de 2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, en ilegal por cuanto no solo se contraviene la necesidad de un procedimiento previo para aplicar la sanción, conforme lo exige nuestra Carta Fundamental y la propia Ley N° 18.961, sino que además, la exigencia de un procedimiento previo no resulta compatible con lo que dispone el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en su artículo 126, al autorizar, por vía meramente reglamentaria, la aplicación de una sanción de contenido disciplinario sin previo proceso y, además, en el caso concreto, cuando el procedimiento disciplinario ordenado está suspendido. Esta última convierte la “baja con conducta mala con efectos inmediatos” en una sanción anticipada, aplicada bajo la condición que en un futuro indeterminado, una vez que culmine la suspensión del procedimiento disciplinario, se confirme tal sanción de exoneración, lo cual, además, claramente, será lo más probable por cuanto los efectos funcionarios y patrimoniales que son consecuencia de la baja del funcionario afectado ya se habrán materializado en forma anticipada, lo que, claramente condicionará la decisión de la autoridad encargada de aplicar la sanción definitiva. Justamente esto último, condiciona aún más la neutralidad subjetiva que la autoridad administrativa sancionadora debe tener para decidir aplicar la sanción disciplinaria, ya que, si esta se aplica en forma previa o anticipada, como es en el caso concreto, resulta difícil que la misma no se ratifique una vez que la causal de suspensión del procedimiento disciplinario cese y sea necesario determinar si se corrobora o no tal exoneración. A lo anterior, a fin de concluir la ilegalidad que se viene sosteniendo, se agrega la circunstancia que el propio inciso final del artículo 126 del D.S. 5193, del Ministerio del Interior, ya citado, dispone expresamente que no puede hacerse uso de la facultad referida en el numeral 4 de tal disposición “cuando se trate de hechos de tal naturaleza que importen la comisión de infracciones disciplinarias graves, o bien, supongan el otorgamiento de beneficios al personal o sus familiares, se procederá a la instrucción de un sumario administrativo”, hechos que en el caso concreto fueron calificados por el propio Prefecto de Carabineros de nombre reservado como “de importancia, gravedad y trascendencia que objetivamente fundan la aplicación de la medida expulsiva, no sólo por vulnerar gravemente las normas disciplinarias y principios rectores que fundan la doctrina institucional”, estimando que el funcionario afectado por la medida constituía “un pésimo ejemplo para sus pares, estimándose necesario la aplicación de esta medida ejemplarizadora, acorde a la gravedad de la falta cometida”, de forma tal que, incluso bajo tal regulación, era esencial aplicar la sanción previo proceso disciplinario dispuesto para tal efecto. Adicionalmente a lo ya señalado, la circunstancia que se afirme en la resolución impugnada la necesidad de aplicar “una medida ejemplarizadora”, afecta aún más la neutralidad subjetiva e imparcialidad que la autoridad llamada a resolver el proceso disciplinario debe tener en el caso concreto, el Prefecto de Carabineros nombre reservado, ya que en el acto impugnado ha manifestado ya su voluntad de que el caso en particular sirva de ejemplo a otros funcionarios de la propia institución, lo cual hace aún más improbable que, en un futuro indeterminado, cuando se pueda reactivar el proceso disciplinario y se pueda rendir prueba de descargo, se sobresea al afectado o se aplique una sanción de menor entidad.

DÉCIMOQUINTO: Que las mismas consideraciones anotadas en la motivación precedente hacen concluir que la decisión impugnada es además arbitraria, por cuando, dada la aplicación anticipada de una sanción disciplinaria que necesariamente debía determinarse en un procedimiento disciplinario sumarial, conforme la normativa analizada, hacen que la autoridad recurrida se haya erigido en una verdadera comisión especial, que autocalifica la gravedad de la infracción en que sustenta su propio acto administrativo sancionatorio y, en base a ello, determina unilateralmente la gravedad de la infracción que hace aplicable la sanción de baja inmediata por mal comportamiento, más cuando tal medida se justifica en ser ejemplificadora para los restantes funcionarios de la institución, con lo cual se erige en una instancia de facto que ha determinado juzgar los hechos al margen de la regulación que la Constitución Política y la propia Ley Orgánica Constitucional de Carabineros exige, esto es, previo proceso disciplinario incoado para ello.

DECIMOSEXTO: Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la autoridad recurrida resulta forzoso concluir que ella lesiona lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de nuestra Carta Fundamental, dado que la actuación al margen de la regulación legal que exige un procedimiento disciplinario previo para aplicar la sanción disciplinaria que en este caso se ha aplicado de forma anticipada, unido a la circunstancia de autocalificar la gravedad de la misma a fin de decidir la baja de forma inmediata por mal comportamiento, lleva a que sea una misma autoridad la encargada de determinar la gravedad de la supuesta infracción disciplinaria, establecer su existencia y aplicar la sanción respectiva, lo cual erige al señor Prefecto de Carabineros nombre reservado N° 16, en el caso concreto, en una comisión especial de facto con la consiguiente lesión a la garantía constitucional del juez natural.

DECIMOSÉPTIMO: Que, del mismo modo, dada la conclusión de estar frente a un acto ilegal y arbitrario, determinado por la resolución exenta recurrida, la baja inmediata por mal comportamiento decidida, afecta los derechos funcionarios a que el protegido, don nombre reservado, tiene derecho mientras legítima y legalmente no se determine su cesación en el cargo de Sargento 2° de Carabineros de Chile, de forma tal que tratándose de un acto ilegal y arbitrario ello conculca el derecho a las remuneraciones y otras prestaciones económicas a que tiene derecho mientras preste efectivamente los servicios inherentes a su cargo y que se encuentran amparadas constitucionalmente en base al derecho de propiedad consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

DECIMOCTAVO: Que, conforme se ha razonado en las motivaciones procedentes, constatada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 03, de fecha 23 de febrero de 2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 16, que dispone la baja por conducta mala con efectos inmediatos del grado y función de Sargento Segundo de Carabineros de Chile de don nombre reservado y la afectación material que tal acto importa en las garantías constitucionales ya singularizadas, forzoso resulta acoger la presente acción conforme se resolverá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Andrea Paulina Franco Figueroa, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 16, representada por el Prefecto Coronel (S) don nombre reservado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 03, de fecha 23 de febrero de 2023, de la referida Prefectura, que dispone la baja con conducta mala con efectos inmediatos del señor nombre reservado, disponiendo el reintegro del agraviado al cargo de Sargento Segundo de Carabineros de Chile que desempeñaba con anterioridad a la decisión administrativa impugnada con los derechos subsecuentes a ello, especialmente el pago íntegro de sus remuneraciones, sin solución de continuidad desde la fecha de su separación y para lo cual se deberá proceder a dictar los actos administrativos que en derecho corresponda al debido cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 481-2023 (Protección).-