nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 481-2019.

La Serena, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de abril de 2019 comparece nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado y de sus nietos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Juez de Familia de La Serena, con domicilio en domicilio reservado, quien, recurre sosteniendo que el actuar de la referida autoridad judicial al dictar la resolución judicial de fecha 11 de abril del 2019, en causa RUC 19-2-RUT reservado, RIT F-393-2019, por violencia intrafamiliar y disponer las medidas que en ella se determinan, ha afectado de manera arbitraria e ilegal las garantías constitucionales de su hijo y nietos, causando grave amenaza, privación y perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagradas en el artículo 19 números 1°, 2°, 3°, 10°, 21° y 24° en relación al artículo 20 de la Carta Fundamental.

Explica que la resolución judicial antes singularizada, que transcribe, dictada en el proceso por violencia intrafamiliar iniciado por denuncia de doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, la señora jueza recurrida se declaró incompetente, disponiendo remitir los antecedentes al Ministerio Público por estimar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos del delito de maltrato habitual, ordenando, en todo caso, en consideración a lo sugerido por consejero técnico, lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Nº 19.968, estimando la existencia de factores de riesgo alto respecto de la denunciante, teniendo presente la Convención Internacional de Belem do Pará, sobre la violencia de género, las siguientes medidas precautorias por el plazo de 180 días: i.- La salida inmediata del inmueble de don nombre reservado, Run RUT reservado, del domicilio ubicado domicilio reservado, autorizándose el retiro de las especies personales y herramientas de trabajo, debiendo funcionarios policiales dejar constancia para efecto de futuras notificaciones de su nuevo domicilio o forma para comunicar resoluciones judiciales; ii.- Decretar y autorizar el reintegro de doña nombre reservado, Run RUT reservado, al domicilio ubicado domicilio reservado, en el evento de prohibírsele dicho regreso se autoriza desde ya el auxilio de la fuerza pública por Carabineros del sector; iii.- Decretar la prohibición de acercamiento y de todo tipo de comunicación de don nombre reservado, Run RUT reservado, a doña nombre reservado, Run RUT reservado, a su domicilio ubicado en domicilio reservado, a su lugar de estudio, a su lugar de trabajo o cualquiera otro sea público o privado a una distancia de 200 metros, bajo apercibimiento el delito desacato; iv.- Decretar rondas periódicas de Carabineros a fin de visualizar la situación profesional de la denunciante; v.- Disponer el ingreso al registro de víctimas para llamados preferentes de doña nombre reservado, para acudir a sus llamados de auxilio si fueran requeridos, y vi.- La derivación de doña nombre reservado, al CENTRO LIWEN, para asesoría tanto materia legal, como psicológica, en vinculación con SERNAMEG de violencia extrema, para dicha diligencia el logro principal para apoyo en la investigación que ha de seguirse en sede penal, teniendo presente que ya existen dos declaratorias de incompetencia anteriores sin resultado.

Agrega que la autoridad recurrida, a continuación, procedió a la apertura de una causa de protección RUC N° 2 19-2-RUT reservado, RIT N° 2P-314-2019, disponiendo entregar los cuidados personales de los menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado, a la madre nombre reservado, basándose sólo en lo señalado por ella en audiencia de igual fecha y en la opinión de la Consejero Técnica y en lo que consta en los archivos del SITFA, sin hacer un análisis pormenorizado de lo que consta en las últimas causas sustanciadas ante el Tribunal de Familia de Curicó.

Afirma que atendido el hecho que una apelación contra la resolución mencionada no tendría efecto inmediato y que de acuerdo a lo señalado por funcionaria de Carabineros, la intención de la madre es llevarse los niños a la ciudad de Curicó, soslayando todos los informes y resoluciones dictadas por el Tribunal de Familia de esa ciudad y que no existe otro medio idóneo para evitar las perniciosas consecuencias de la orden dictada, en los términos señalados precedentemente es que viene en su calidad de abuelo de los menores a recurrir de protección, ello para restablecer el imperio del derecho y para los efectos que obviamente se deje sin efecto tal orden, se establezca la veracidad de los hechos y que sus nietos no resulten perjudicados con la entrega provisoria a la madre que según los informes de la causa X-424-2016, evacuados durante el año pasado, causa que recién tiene sus últimas resoluciones en enero del 2019, y que asimismo no pierdan la asistencia escolar, y puedan concurrir sin ninguna presión a la audiencia fijada para el día 30 de abril.

Añade que tal día se llevó a efecto audiencia por violencia intrafamiliar, señalándose: "La Serena, once de abril de dos mil diecinueve. Cumpliendo lo ordenado en causa F-393-2019 se resuelve: "Por ingresada causa de proteccional a favor de los niños, nombre reservado, RUN RUT reservado, nacida el 05 de julio de 2007, nombre reservado, RUN RUT reservado, nacido el 08 de octubre de 2011 y nombre reservado, RUN RUT reservado, nacido el 21 de noviembre de 2008, todos domiciliados en domicilio reservado. Cítese a los padres don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y doña nombre reservado, (madre notificada personalmente en sala 4 de este tribunal) de la audiencia preparatoria que se llevará a efecto el día 30 de abril de 2019 a las 13:15 horas, en dependencias de este Juzgado de familia, ubicado en domicilio reservado, bajo apercibimiento del artículo 21 de la Ley 19. 968, esto es, que si ninguna de los citados asiste de inmediato se citará a una nueva audiencia en la cual se podrá resolver de oficio. A la audiencia, deberán asistir los niños con la finalidad de ser oído por el magistrado. Estimándose que los intereses de los niños, niñas o adolescente pudiesen ser independientes o contradictorios de los de sus representantes legales, DESÍGNESE como curador ad litem a abogado de INTEGRA de esta ciudad. Notifíquese al correo electrónico registrado en el Tribunal. DERÍVESE a los padres o adultos responsables individualizados en esta resolución a abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, domicilio reservado, sin perjuicio del derecho de a otorgar patrocinio y poder a un abogado de su confianza. Notifíquese al Abogado Jefe por correo electrónico. MEDIDA CAUTELAR: Que, de la lectura de los antecedentes, conforme opinión de consejero técnico y a fin de mantener la estabilidad emocional de los menores, en pos de su interés superior y atento lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 19.968: 1.- La entrega de los cuidados personales provisorios en medida de protección de nombre reservado, RUN RUT reservado, de nombre reservado, RUN RUT reservado y de nombre reservado, RUN RUT reservado, a su madre doña nombre reservado, RUN RUT reservado, por el plazo de 90 días. 2.- Se dispone un seguimiento y calificación diagnóstica por la Oficina de Protección de Derechos de La Serena, quien en lo inmediato de la constituirse el inmueble verificar las condiciones personales de los menores de edad, indagar su situación de salud, escolar y cualquiera otro, que sirva para resolver la presente causa. Debiendo informar dentro de 10 días. (Oficio 1352). NOTIFICACIÓN. Notifíquese el requerimiento y la presente resolución a nombre reservado, Run RUT reservado, de manera personal o en su caso de conformidad al inciso segundo del artículo 23 de la Ley 19. 968, por el Centro de notificaciones de la conurbación".

Sostiene que de la actuación de la recurrente resultan infringidos los derechos y garantías contenidas en los números 1°, 2°, 3º, 10º, 21° y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que la del Nº 1 del artículo 19, integridad psíquica, se ve mayormente afectada, toda vez que cuando ya se daban por terminados los procesos de familia que habían terminado en la ciudad de Curicó, nuevamente, sin menor análisis de los procesos se vuelve a fojas 0, estableciendo un escenario desfavorable a sus nietos y a hijo.

Añade que de esa misma manera se ven afectados los derechos establecidos en los Nº 2 y 3, atendido que, estableciéndose en un proceso derechos permanentes que sólo podrían ser revisados mediante estudios de coadyuvantes al sistema de familia especializados, han sido dejados sin efecto unilateralmente sin un menor análisis de fondo.

Resalta que la garantía constitucional del Nº 10, resulta afectada en relación a los nietos del recurrente, por cuanto están perdiendo asistencia a sus establecimientos escolares y además con la intención develada por una funcionaria de Carabineros de que la madre pretende llevárselos a Curicó, podrían perder un gran período de escolaridad.

Asevera que las garantías del Nº 21 y del Nº 24, se ven afectadas en razón que, en el domicilio de Los Nísperos, Parcela 40, Vegas Sur, La Serena, su hijo instaló un local comercial para venta de áridos, cuarzo molido y en bruto, y arrendamiento de maquinarias, actividad productiva que producto de la medida de salida del domicilio y prohibición de acercamiento no puede ejercer, lo que además impide generar recursos para el pago de diversas obligaciones, incluyendo la alimentación de sus nietos y otros gastos operativos que son imprescindibles para su vida y la de sus nietos.

Afirma que cuando se expulsó a su hijo de la propiedad por Carabineros, éste salió con lo que llevaba puesto, no pudo sacar ningún efecto personal ni de trabajo como disponía la resolución que lo afecta, agrega que además le quitaron las llaves de un vehículo, lo que no tiene que ver con el ámbito de las resoluciones dictadas.

Finalmente hace presente que el inmueble se encuentra abandonado, a merced de merodeadores, con 4 mascotas abandonadas, ello producto de la expulsión de su hijo de la propiedad que arrendaba desde antes que llegara a la ciudad doña nombre reservado.

Solicita, conforme lo expuesto, disposiciones constitucionales y legales citadas y lo dispuesto en el autoacordado sobre tramitación del recurso de protección que se sirva tener por deducido la acción de protección en contra de las resoluciones dictadas por la señora Jueza de Familia doña nombre reservado, admitirlo a tramitación, y, en definitiva, sea acogido, declarando: 1.- Que el cuidado personal de sus nietos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado está otorgado a nombre reservado por el Tribunal de Familia de Curicó el proceso RIT X-424-2016; 2. - Que las resoluciones dictadas por la recurrida deberá ser dejadas sin efecto, en especial el abandono del domicilio de Los Nísperos, Parcela 40, La Serena, donde tiene sus actividad comercial su hijo nombre reservado, y 3.- Que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección de los afectados, para que estos puedan volver a tener su vida normal y concurrir a la audiencia del día 30 sin ningún tipo de presiones donde doña nombre reservado deberá probar sus aseveraciones y no basarse en un historial que en las causas referidas está perfectamente estudiado y con conclusiones acertadas e irrefragables.

SEGUNDO: Que, con el fin de sustentar su recurso, el recurrente ofreció los siguientes antecedentes: 1.- Copia de las resoluciones de las causas F-393-2019 y P-314-2019 del Juzgado de Familia de La Serena, de fecha 11 de abril del 2019; 2.- Copias de la causa X-424-2016, donde constan informe del PPF Naim de Curicó y resoluciones dictadas en dicha causa que entregan el cuidado personal de sus 3 nietos del recurrente a su hijo; 3.- Copia de la causa T-36-2017, donde se entrega el cuidado de los menores nombre reservado y nombre reservado, ambos nombre reservado, y 4.- Certificados de nacimiento del hijo del recurrente nombre reservado y de los nietos del actor nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado. Los referidos documentos y otros vinculados a la situación de los menores individualizados, específicamente copias de los procesos X-424-2016 del Juzgado de Familia de Curicó y del expediente T-36-2017, fueron incorporados materialmente al proceso mediante presentaciones efectuadas con fecha 25 de abril de 2019. Asimismo, solicita en tercer otrosí de su libelo que se dispongan y ordenen diversas diligencias, las cuales no se dieron a lugar, sin perjuicio de lo que se resolviera en la vista de la causa.

TERCERO: Que doña nombre reservado, Juez de Familia de La Serena, con fecha 27 de septiembre de 2018 evacúa el informe solicitado por esta Corte de Apelaciones solicitando se rechace el recurso de protección en razón de no existir actos u omisiones arbitrarios o ilegales emanados de esa judicatura que encuadren en las hipótesis del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Junto con efectuar un resumen de los fundamentos de la acción de protección, sostiene que efectivamente en los autos señalados F-393-2019 y P- 314-2019 del tribunal de familia de La Serena, con fecha 11 de abril del año 2019 se dicta resolución con ocasión de la comparecencia personal de doña nombre reservado, quién denuncia a don nombre reservado, indicando que lleva aproximadamente 15 años de convivencia interrumpida con éste con quién tiene tres hijos en común, da cuenta de una serie de conflictos, de reanudación y cese de convivencia con el denunciado por violencia de género en su contra, violencia ejercida en forma reiterada de hace años consistente en malos tratos verbales, violencia económica, agresiones físicas y psicológicas, relato incorporado en el acta que se levanta y que, ponderado en audiencia conforme su mérito y de la revisión del sistema SITFA y PENAL (donde se constata la existencia de una serie de denuncias anteriores en causas de violencia intrafamiliar y en sede penal), habiéndose emitido opinión de consejero técnico, se estima que el relato se encuadra en la hipótesis del artículo 14 de la ley 20.066, maltrato habitual y que se estaría en presencia de posible vulneración o amenaza grave de derechos de menor de edad, en los términos del artículo 8 N° 7 de la ley 19.968 en relación con el artículo 30 de la ley 16.618 y en uso de las facultades de los artículos 22, 71 y 92 de la ley 19.968.

Agrega que en esa oportunidad se revisa el sistema SIFTA y Penal, se constata la existencia de diversos procesos entre las partes sobre denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato habitual, amenazas, medidas de protección, de transacción, mediaciones, causas F-22-2016, F-812-2016, F-512-2017, P-276-2016, X-424-2016, T-36-2017, M-705-2016 todas del Juzgado de Familia de Curicó y 0-6138-2017, RUC 1701158078-5 del Juzgado de Garantía de Curicó, por Amenazas.

Hace presente que Chile ha asumido compromisos concretos vinculados a garantizar los derechos de las mujeres, ello mediante la ratificación de tratados vinculantes en la materia como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), es así que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Chile, la que define la violencia contra las mujeres como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y establece el derecho de éstas a vivir una vida libre de violencia, destacando a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, estableciendo mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

Cita los artículos 3° y 7° de la normativa internacional señalada, a fin de hacer presente que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" y las obligaciones que los Estados asumen y adquieren al suscribir los referidos tratados y convenciones internacionales, entre ellas las abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres, la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y otras que detalla en su informe a la luz de la normativa internacional mencionada, como también de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), refiriéndose específicamente al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer en la Recomendación General Nro. 19 ha establecido que la definición de la discriminación descrita en la CEDAW también comprende la violencia contra las mujeres en todas sus formas, es así que la citada Convención, establece, entre las responsabilidades a las que se comprometen los países signatarios, la de velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación. Agrega que conforme a ello existe el compromiso de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer, garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, su protección efectiva contra todo acto de discriminación, y adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Añade que, coherentemente al contexto normativo anterior, la Excma. Corte Suprema ha instruido considerar la violencia de género como un tipo de violación de los derechos humanos, una expresión extrema de la discriminación por motivos de género y productora de graves efectos psíquicos e identitarios para quienes la experimentan, e impactos negativos para las familias de dichas personas y la sociedad en su conjunto, cuyo origen reside en "la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino", requiriendo su erradicación de un esfuerzo amplio de la sociedad civil, organizaciones e instituciones del Estado. Por tal motivo el altísimo tribunal concluye que es fundamental promover la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia, con el objeto de permitir a juzgadores y juzgadoras detectar las condiciones que pueden perpetuar violaciones a los derechos humanos de las personas en razón de su género y de cualquier otra condición de vulnerabilidad, que impidan u obstaculicen su acceso a la justicia.

Expone que además de la normativa e instrucciones precedentes, la jueza informante al evaluar los antecedentes, tuvo en vista al ponderar la Convención de los Derechos del Niño, la que cita en su artículo 3° N° 1, “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; artículo 7° N°1, "El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos" y artículo 9 N° 1, "Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño"; N° 2 "En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones"; N° 3, "Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño'', considerando también la normativa interna contenida en los artículos 16, 22, 68 y siguientes de la ley 19.968 y ley 16.618.

Sostiene que el relato recibido en la audiencia, de los antecedentes señalados, los que fueron ponderados para efectos de decretar las medidas cautelares que la ley establece, en cumplimiento de las obligaciones legales que le asisten al juzgador frente a las denuncias de dicha naturaleza y en aplicación de las normas nacionales e internacionales que cita, se evidenció, en ese estadio procesal, una dinámica de violencia de género histórica, de naturaleza económica, física y psicológica en contra de la denunciante, con instrumentalización de los hijos en común como medio de violencia en contra de la víctima, privándola de una vinculación sana, incluso con pérdida de cuidados ya desde larga data, afectando derechos humanos tanto en contra de la víctima mujer como de menores de edad. Ello desde que, del devenir procesal de las causas tenidas a la vista, se advirtió distintas denuncias y requerimientos con derivaciones de la víctima para atención por centros de la mujer con declaratorias de incompetencia por el ciclo de la violencia observado y no obstante aquello, esto es, el historial de violencia de género, se realizan transacciones donde la madre entrega los cuidados de sus hijos en tiempo cercano a estas denuncias de violencia intrafamiliar, sin considerar los desequilibrios de poder entre las partes, constantes actos de perturbación hacia la víctima para vincularse en forma sana e incluso de mantener bajo sus cuidados los hijos menores de edad, siendo parte del relato de la denunciante en audiencia que firmó transacción ya que el abogado del padre le indicó que era solo momentáneo ya que ella trabajaba y carecía de los medios que tenía el denunciado, que el padre afectaba constantemente la relación con sus hijos señalándoles a estos que la madre los abandona y no desea estar con ellos, generando parentalización y manipulación de los menores de edad para dañar a la denunciante.

Manifiesta que, en cumplimiento de la normativa aplicable, con estudio de los antecedentes, asesoría de consejero técnico y en procesos con cursos legales vigentes, frente al deber que le asiste a la judicatura en materia de violencia intrafamiliar y de medidas de protección de menores de edad, se procedió, en uso de las facultades legales, a decretar las medidas cautelares que constan en dicha resolución, tendientes a proteger a la víctima y existiendo reanudación de convivencia entre los progenitores con aplicación de cuidado compartido se dispone que la madre detente sus cuidados en tanto se siguen sendos procesos a fin de poner término a la violencia, mantener la estabilidad emocional, domiciliaria y escolar de los niños, todas de carácter provisorio y sujetas al desarrollo de los procedimientos que han de llevarse a cabo, en que las partes pueden hacer valer sus pretensiones, ser oídas y acreditar sus asertos (existiendo recursos de apelación ya concedidos en ambos procesos).

Hace presente, como conclusión a lo expuesto anteriormente, que en la audiencia de causa proteccional RIT P-314-2019 de este tribunal, realizada el 30 de abril del presente año, agendada para efectos de oír a los niños y revisar las medidas decretadas, comparece solo el abogado del requerido padre de los niños (mismo abogado que patrocina el presente recurso, quién fuera sindicado por policias encargados de las diligencias, que sería quién habría asesorado en orden a incumplir las medidas decretadas conforme consta de parte de Carabineros), quien señala que no tiene antecedentes para oponerse a mantener cautelares por lo que no solicita modificación, que no sabe dónde está su representado y los menores de edad, quién estaría incumpliendo la orden del tribunal (sin informar tampoco sobre la existencia del recurso de protección presentado) entendiendo con su proceder se conformaba con las mismas. Es así que el requerido de medida de protección (denunciado en VIF), ha optado por incumplir abiertamente la resolución del tribunal, manteniendo a los menores invisibilizados y, según lo informado en audiencia, posiblemente con apoyo del recurrente de protección, sin estar asistiendo al establecimiento educacional en que se encuentran inscritos, privando de todo contacto con su figura materna y sacándolos de su entorno conocido, actuaciones todas que serían efectivamente vulneradoras de derechos constitucionales con categoría de esenciales y las cuales esta juez con la resolución dictada pretendía cautelar.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección intentada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, de lo cual se desprende que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria que sirva de sustento a la acción.

Agrega en su informe, como antecedentes que sustentan el mismo, copia del acta de audiencia de fecha 11 de abril de 2019, en causa RUC 19-2-RUT reservado, RIT F-393-2019; copia de audiencia de misma fecha en causa de protección RUC 19-2-RUT reservado, RIT N° P-314-2019, copias de diversos antecedentes de la situación de los menores, informe psicológicos, informes de Carabineros en relación al cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal, extractos de filiación y antecedentes y otros documentos que dan cuenta de los fundamentos fácticos sostenidos por la juez recurrida en su informe.

CUARTO: Que se procedió a la vista de la causa con fecha 9 de mayo del año en curso, sin que ofrecieran alegatos por alguna de las partes en esta acción de protección, procediéndose a adoptar acuerdo.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es concebido como una acción cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. La referida acción u omisión arbitraria o ilegal debe traer, como consecuencia, algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, es decir, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental contemplado expresamente por la Carta Fundamental, de forma tal que, en definitiva, se exige una relación de causalidad entre el comportamiento arbitrario o ilegal y la afectación del derecho fundamental, consideración que resulta necesaria para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que no resulta discutido en estos antecedentes los siguientes aspectos centrales:

1.- Que doña nombre reservado denunció don nombre reservado por diversos actos que pueden ser constitutivos de violencia física y psíquica, ello a lo largo de una relación de convivencia de aproximadamente 15 años y a consecuencia de la cual nacieron los menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, nietos del recurrente;

2.- Que la referida denuncia dio a lugar al proceso RUC 19-2-RUT reservado, RIT F-393-2019, en el cual la señora jueza recurrida, en audiencia de fecha 11 de abril de 2019, conforme a sus facultades legales y ante la eventual existencia de un delito de violencia intrafamiliar, se declaró incompetente y dispuso remitir los antecedentes respectivos al Ministerio Público, único organismo facultado para investigar un hecho punible y determinar a sus eventuales autores y/o partícipes;

3.- Que, junto con la referida declaración de incompetencia, la señora jueza recurrida adoptó y dictó diversas medidas cautelares, las que justamente son el objeto del presente recurso de protección por cuanto el recurrente estima que ellas derivan de una actuación ilegal y/o arbitraria de la recurrida.

4.- Que, adicionalmente se inició de oficio una causa proteccional (RUC 19-2-RUT reservado, RIT P-314-2019) a favor de los menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, disponiendo citar a ambos padres a una audiencia para el 30 de abril de 2019, designando abogado curador ad litem de los menores de edad y ordenando otras acciones, entre ellas la dictación nuevas medidas cautelares a fin de mantener la estabilidad emocional de los menores, ello “en pos de su interés superior y atento lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 19.968”, consistentes en la entrega de los cuidados personales provisorios en medida de protección de los menores individualizados a su madre doña nombre reservado, por el plazo de 90 días y el seguimiento y calificación diagnóstica por la oficina de protección de derechos de La Serena, disponiendo que se constituyera en el inmueble donde viven a fin de verificar las condiciones personales de los menores de edad, indagar su situación de salud, escolar y cualquiera otro, que sirva para resolver el asunto objeto del proceso.

5.- Que, conforme los antecedentes allegados al proceso y reconocidos por el abogado patrocinante de la presente acción de protección en la audiencia de 30 de abril de 2019 en la causa de protección singularizada precedentemente, el padre de los menores y supuesto afectado por los hechos ventilados en la presente acción de protección, don nombre reservado no dio cumplimiento a las resoluciones judiciales antes singularizadas, huyendo junto con sus hijos a un destino desconocido, eludiendo con ello las medidas cautelares dispuestas en favor de los menores ya tantas veces individualizados.

OCTAVO: Que en relación al fondo de la acción deducida, cabe destacar que el ejercicio de la jurisdicción, conforme lo destaca el profesor nombre reservado, constituye un “poder-deber”, lo que importa comprender la misma no sólo como una facultad o prerrogativa, sino como una obligación en su ejercicio a fin de resolver en forma definitiva e inalterable, y con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes o que surjan de una violación al ordenamiento jurídico o social, en el orden temporal y dentro del territorio de la República. En el caso de la jurisdicción de familia esta concepción de “poder-deber” resulta aún mas evidente, por cuanto uno de los principios formativos del proceso lo constituye el de oficialidad de forma tal que, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia: “Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad”. Conforme a ello, destaca, en lo que interesa a la presente acción constitucional, lo dispuesto en el inciso 2° de la referida disposición, al establecer que: “Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar”. Concordante con el principio la actuación de oficio y especialmente a la obligación-deber de dar protección a niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar, el mismo cuerpo legal en su artículo 22 establece expresamente la potestad cautelar de que se encuentra revestido la jurisdicción de familia, de forma tal que, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Tratándose de las últimas, conforme lo dispone la norma legal, sólo podrán decretarse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar.

NOVENO: Que tratándose de procedimientos por medidas de protección, conforme lo determina expresamente el artículo 71 de la Ley N° 19.968, se establecen una serie de medidas cautelares especiales, que pueden ser adoptadas por el juez en cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, figurando entre ellas aquellas que fueron otorgadas por la señora juez de familia recurrida en la causa de protección P-314-2019 del Juzgado de Familia de La Serena. Por su parte, tratándose de actos de violencia intrafamiliar, el artículo 81 de la Ley N° 19.968 dispone en su inciso 2°: “En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, fiscal del Ministerio Público o juez de garantía según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberá, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas”. Consecuentemente, tratándose de medidas cautelares por actos de violencia intrafamiliar, también la legislación dispuso de medidas especiales las que se encuentran contempladas en artículo 92 que dispone: “Medidas cautelares en protección de la víctima. El juez de familia deberá dar protección a la víctima y al grupo familiar. Cautelará, además, su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para tal efecto, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes…”, figurando entre aquellas las dispuestas por la juez recurrida en la audiencia de fecha 11 de abril de 2019 en la causa RIT F-393-2019.

DÉCIMO: Que, conforme a lo que se ha analizado precedentemente, no resulta posible calificar de ilegal la actuación de doña nombre reservado, en su calidad de juez de familia de La Serena, al disponer las medidas cautelares ordenadas en los procesos ya singularizados, por cuanto no sólo tales medidas cautelares se encuentran establecidas en la ley, sino que como titular de la jurisdicción se encuentra en la obligación constitucional y legal de ejercer sus facultades, lo que en el ámbito del derecho de familia importa, incluso, la actuación oficiosa, especialmente en materias de violencia intrafamiliar y/o cuando lo estima necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente. Adicionalmente, conforme lo hace presente en su informe la señora juez, en el caso concreto, la obligación de dar protección a quien figura como víctima de violencia intrafamiliar, doña nombre reservado, como de los menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, posee reconocimiento constitucional desde el momento en que Chile suscribió y aprobó la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Decreto Supremo N° 1.640, de 1998, del Ministerio de Relaciones Exteriores) y la Convención de los Derechos del Niño (Decreto Supremo N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores), tratados internacionales que en sus diversas disposiciones establecen, entre otras, la obligación de los Estados miembros y de sus organismos de adoptar y tomar medidas para dar protección y amparo a tales personas frente a acciones y situaciones que afecten sus derechos fundamentales como su vida, su integridad corporal, su salud física o psíquica.

UNDÉCIMO: Que tampoco se observa en la actuación de doña nombre reservado, en su calidad de Juez de Familia de La Serena, una actuación arbitraria, por cuanto, la adopción de las diversas medidas de protección que son objeto de la presente acción de protección no derivan del mero capricho o querer de la autoridad, sino que del análisis y ponderación de elementos de carácter objetivo, entre ellos la declaración de nombre reservado, unido a antecedentes de causas anteriores, tanto ante la justicia de familia como la penal, informes psicológicos y otro conjunto de antecedentes acompañados, los que no fueron desconocidos o cuestionados, que tornan razonable y adecuada la adopción de medidas de protección en favor de quienes se estiman como afectados, por cuanto en base a ellos se puede llegar a establecer la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación de los respectivos procesos, requisitos que justamente autorizan la dictación de una medida cautelar.

DUODÉCIMO: Que sin perjuicio de lo antes expuesto, dado el objeto de controversia de la presente acción de protección, resulta indudable que el recurso deducido no puede prosperar, además, en razón a que evidentemente excede su objeto, por cuanto se está intentando por vía de un mecanismo extraordinario y de urgencia resolver un asunto que requiere un proceso de mayor conocimiento, con posibilidades amplias de prueba y con la intervención de organismos especializados en materia de violencia intrafamiliar, daños psicológicos y otros aspectos técnicos que hacen necesario e indispensable un período de prueba, cuestión que escapa al presente recurso constitucional. Adicionalmente, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales, autoridad u organismo correspondiente, ni aún en el evento que en su tramitación y decisión se incurra en actos que puedan ser considerados arbitrarios o ilegales. En el caso particular, la presente acción de protección se deduce frente a un conflicto específico entre partes, sometido a actual conocimiento de un tribunal de justicia, lo cual además es expresamente reconocido por el propio recurrente al sostener que recurre por la referida vía excepcional toda vez que una apelación contra la resolución que objeta “no tendría efecto inmediato”, circunstancia bajo la cual, atendiendo el fin y objeto del recurso de protección conlleva a que éste no puede prosperar por incidir respecto de una resolución judicial respecto de la cual la ley ha previsto su concreta forma de impugnación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Juez de Familia de La Serena.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 481-2019.