nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°475-2025 La Serena, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos domicilio reservado, Región De Coquimbo, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización, presentada por el recurrente el 31 de enero de 2023, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Afirma que la persona a favor de quien se recurre ingresó al país como turista y luego obtuvo la residencia temporaria, para finalmente solicitar la residencia definitiva, la cual le fue otorgada. Posteriormente, el 31 de enero de 2023, habiendo cumplido con todos los requisitos legales, ingresó su solicitud de nacionalización, pero que, a la fecha no ha recibido respuesta, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por más demorado.

Señala que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, siendo preciso destacar que, la acción de protección de garantías constitucionales procede ante una omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental.

Expone que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, por lo cual se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, evitando trámites dilatorios.

Por lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene al servicio recurrido pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización dentro de un plazo de 60 días, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: comprobante de solicitud de nacionalización, cédula de identidad para extranjeros, y boleta de servicios.

SEGUNDO: Que a folio 4, informa el recurso don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal.

Señala que la parte recurrente, ingresó al país el 04 de febrero de 2019 por motivos de trabajo y que el 10 de junio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública le otorgó el permiso de permanencia definitiva.

Indica que el 31 de enero de 2023, solicitó Carta de Nacionalización, el 5 de octubre de 2023 se le solicitan documentos adicionales. Agrega que el actor cumplió erróneamente lo solicitado y que aquello llevó a que el 2 de septiembre de 2024 se solicitaran nuevamente documentos adicionales, luego recién el 22 de noviembre de 2024 el actor acompaña el certificado solicitado, lo que lleva a que, desde el 25 de marzo de 2025, los antecedentes pasen a la Policía de Investigaciones etapa de asignación.

Afirma que la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no afecta su estatus migratorio, ya que cuenta con un permiso de permanencia definitiva vigente.

Refiere que la carta de nacionalización es una concesión constitucional otorgada por el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente y que la legislación se refiere a la carta de nacionalización como una gracia, definida por la Real Academia de la Lengua como un "don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita".

Indica que la concesión de la carta de nacionalización chilena a ciudadanos extranjeros se encuentra regulada por normas de rango constitucional, legal y reglamentario, se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.

Da cuenta de las causales y requisitos para otorgar la carta de nacionalización y que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, afirma que, según el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo puede ser mayor a 6 meses en caso de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción constitucional, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que informó el recurso don nombre reservado, Subprefecto, Jefe de del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena, quien sostiene que, desde el 4 de abril de 2025, la solicitud del recurrente se encuentra en etapa de análisis por la Policía de Investigaciones, encontrándose dentro de los plazos para realizar la entrevista al recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual es calificado de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, se estima por estos sentenciadores que no aparece un incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, por cuanto dicha autoridad remitió los antecedentes a la Policía Internacional de La Serena, y ésta a su vez sostiene que, desde el 4 de abril de 2025, la solicitud del recurrente se encuentra en etapa de análisis por la Policía de Investigaciones, encontrándose dentro de los plazos para realizar la entrevista al recurrente.

Lo anterior no permite evidenciar una dilación excesiva en la tramitación de la solicitud, máxime considerando que se trata de una petición de nacionalización, la que, al ser una especial gracia requiere de un tiempo de tramitación como el que en la especie concurre, sin que se encuentre conculcada la garantía invocada por el recurrente, desde que no se evidencia una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°475-2025.- Protección.-