nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD

nombre reservado

Ministerio de Salud Recurso de protección Rol Nº466-2025 La Serena, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a folio 1 de la carpeta digital de esta Corte, comparece nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, médica cirujana, especialista en nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, mismo domicilio anterior, dirigido en contra del Ministerio de Salud, Rol único tributario N°61.601.000-K, representado por la Ministra de Salud doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto N°61 de 2025, en virtud del cual se excluye a la recurrente como beneficiaria de la asignación de estímulo por competencias profesionales, establecida en la Ley N°20.816, para la totalidad del año 2025, señalando que ello vulnera sus derechos fundamentales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que la actora es médica cirujana habilitada para ejercer la profesión en nuestro país, con especialidad en nombre reservado, y cuyo desempeño lo realiza en la Municipalidad de La Serena, encontrándose regida por la Ley N°19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Asimismo, señala que tiene inscrita su especialidad médica en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud al 31 de diciembre del año 2024, cumpliéndose así, uno de los requisitos objetivos para que puedan recibir la asignación de estímulo por competencias profesionales regulada en el mencionado artículo 8° de la Ley N°20.816.

Luego, refiere que la Ley N°20.816, que perfecciona la Normativa sobre Profesionales y Trabajadores del Sector Público de Salud, establece en su Título VI la asignación por competencias profesionales para médicos cirujanos regidos por la Ley N°19.378.

Además, indica que el Decreto N°149 establece el reglamento que regula la materialización de la asignación de estímulo por competencias profesionales, fijando en su artículo 4 los criterios o factores que deben ponderarse para proponer a las especialidades y entidades administradoras de salud municipal beneficiarias, a saber: “1° presupuesto disponible para esta finalidad, 2° necesidad de desarrollar el modelo de salud familiar, 3° dificultad para contratar especialistas en las comunas, 4° prevalencia de enfermedades o condiciones de salud que requieren enfrentamiento en la atención primaria, 5° dificultad de acceso de la domicilio reservado° condiciones de marginalidad económica, social o cultural de la población beneficiaria”.

Por otra parte, refiere que el 22 de febrero del año 2025, se publicó el Decreto N°61 -impugnado- que determina las especialidades de la medicina con derecho a asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud en el año 2025; el cual únicamente consideró con derecho a percibir dicha asignación, durante la totalidad del año 2025, a los médicos cirujanos con especialidad de Medicina Familiar.

En tal sentido, alega que se genera una primera diferencia arbitraria en el artículo 3 del referido Decreto, al indicar que los médicos cirujanos con especialidad distinta a la de Medicina Familiar y que allí se indican, tendrán derecho a la asignación de competencias profesionales solamente a contar del 1 de julio del año 2025, dejándolos desprovistos del beneficio entre los meses de enero y junio del presente año.

Enseguida, afirma que el acto impugnado sería ilegal y arbitrario, por cuanto carecería de motivación con respecto a los criterios objetivos que establece el artículo 4 del Reglamento para determinar las especialidades y entidades administradoras de salud municipal beneficiarias de la asignación. En efecto, refiere que el acto reclamado se limita a reproducir lo indicado por el artículo 8 de la Ley N°20.816, enumerar los criterios del artículo 4 del Reglamento y a indicar la autorización excepcional dada por la Ley N°21.724. Sin embargo, no explica por qué las especialidades diversas de medicina familiar que indica no se consideraron para el pago desde el mes de enero del presente año; actuar que contraviene el deber de fundamentación que debe cumplir la Administración, de conformidad a los artículos 11,16 y 45 de la Ley N°19.880.

Por otra parte, afirma que resulta contradictorio que la misma recurrida, año a año, destine junto a las entidades municipales recursos para la formación de especialistas distintos a medicina familiar, para que se formen mediante una misión de estudios conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.378, buscando retenerlos posteriormente mediante el denominado periodo asistencial obligatorio y, luego, para efectos de la asignación, no representan una mayor necesidad.

Hace presente que la Excma. Corte Suprema tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo asunto, en fallo de 13 de septiembre de 2024, con relación al Decreto que en su oportunidad se dictó para la anualidad 2024.

De otro lado, argumenta que, actos como el cuestionado en la especie, implican el incumplimiento del Ministerio de Salud de su deber de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma, en tanto produce un desincentivo a desempeñarse en la salud primaria municipal, afirmando que la única asignación que incentiva a los especialistas a desempeñarse en ella, es precisamente la de competencias profesionales. Sin embargo, argumenta que con el actuar de la recurrida resulta lo mismo, en efectos remuneracionales, ser médico cirujano general que detentar una especialidad.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, sostiene que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que el acto impugnado resulta arbitrario, al no cumplir el deber de motivación que establece la ley.

Asimismo, señala que se infringe su derecho de propiedad, resguardado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por cuanto el acto reclamado se traduce en que a la actora se le pagará parcialmente la asignación en cuestión, sólo por la mitad del año 2025.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, y que se complemente el Decreto impugnado, con el objeto que aquellos especialistas señalados en el artículo 3 del Decreto N°61 Exento, del Ministerio de Salud, reciban la asignación de competencias profesionales por la totalidad del año 2025, ordenándose el pago de la misma durante los meses de enero a junio de la presente anualidad; o se adopten todas las otras medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Que, finalmente, la recurrida para acreditar sus asertos acompaño los siguientes documentos: 1) Decreto 61 Exento del Ministerio de Salud que determina especialidades de la medicina con derecho a la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud en el año 2025, publicado el 22 de febrero de 2025; 2) Resolución Exenta N°750 de fecha 8 de octubre de 2025, del Ministerio de Salud; 3) Informe de Eficiencia en la Gestión de Atención Primaria de Salud (APS), de la comisión Nacional de Evaluación y Productividad, año 2022; 4) Propuesta mesa temática formación APS Universal, del Consejo Asesor para la universalización de la APS; 5) Documento de Trabajo Caracterización de las especialidades médica en Chile en 2022, de la Superintendencia de Salud, de julio de 2023; 6) Publicación Evolución del Plan de Formación de Especialistas en Chile, por nombre reservado, del año 2024; 7) Decreto 77 Exento del Ministerio de Salud, de 30 de diciembre de 2021; 8) Decreto 79 Exento del Ministerio de Salud, de 6 de febrero de 2024; y 9) Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en el Rol 16366- 2024, de fecha 13 de septiembre de 2024.

Que, a folio 12 del expediente virtual, el nueve de mayo del presente, se evacuó informe por el Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso de protección, por cuanto no existe actuar ilegal y/o arbitrario de su parte.

Señala que la recurrente se encuentra registrada en la nómina de beneficiarios y recibirá el pago de la asignación a partir de julio de 2025, de forma tal que no existe vulneración de derecho alguno en su caso, ni tampoco omisión por parte de la autoridad.

Luego, explica que el artículo 8° de la Ley N°20.816 establece una asignación mensual de estímulo por competencias profesionales para los médicos cirujanos que se desempeñan en establecimientos municipales de atención primaria de salud, regidos por la Ley N°19.378. Dicha asignación corresponde al 100% de la suma del sueldo base más la asignación de atención primaria de salud, de acuerdo con el nivel y categoría que el profesional ostente dentro de su establecimiento, conforme a una carrera referencial lineal construida sobre la base del sueldo mínimo nacional para una jornada de 44 horas semanales.

A su vez, indica que el Decreto Supremo N°149 de 2016 del Ministerio de Salud regula el procedimiento y criterios para la implementación del artículo 8° de la Ley N°20.816.

Explica que, cada año el Ministerio de Salud debe proponer, mediante decreto suscrito también por el Ministerio de Hacienda, las especialidades médicas que tendrán derecho a la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales. De esta manera, señala que el 22 de febrero de 2025, se dictó el Decreto N°61, que formalizó la incorporación de estas especialidades, en función de los criterios establecidos en el Decreto N°149.

Por otra parte, precisa que el año 2025 marcó un punto de inflexión, al ser la primera vez que se otorga el beneficio a las especialidades de nombre reservado, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría Adulto, Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia, y Salud Pública, con el objeto de fortalecer la atención de salud primaria.

De otro lado, explica que todas las acciones adoptadas por el Ministerio de Salud en relación con las bonificaciones solicitadas por la recurrente, se han ajustado estrictamente a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la ley. En tal sentido, explica que mediante la Ley de Presupuestos N°21.722, se amplió el beneficio a otras especialidades además de medicina familiar, incluyendo: nombre reservado, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría de adulto, psiquiatría pediátrica y de la adolescencia, y salud pública; asignando un monto específico de $1.600.000.000. para estas especialidades. De esta manera, puntualiza que, en atención a la disponibilidad presupuestaria autorizada para el ejercicio fiscal de 2025, se determinó facultar, a partir del mes de julio del mismo año, el pago de la asignación por competencias profesionales establecida en la Ley N°20.816. En consecuencia, afirma que el Ministerio de Salud se encuentra legalmente impedido de acceder a lo solicitado por la recurrente.

Por otra parte, indica que la Comisión respectiva ponderó los diversos factores que establece el artículo 4 del Decreto Supremo N°149, para la determinación de las especialidades médicas y su correspondiente bonificación, incluyendo éstos: el presupuesto disponible para el pago de la asignación, la necesidad de fortalecer el modelo de salud familiar, la dificultad para contratar especialistas en las comunas, la prevalencia de enfermedades o condiciones de salud en la atención primaria de salud, la dificultad de acceso de la población a la atención de salud y las condiciones económicas, sociales o culturales de la población beneficiaria.

Asimismo, señala que el Ministerio de Salud a través de Resolución Exenta N°758 de 10 de noviembre de 2022, nominó las especialidades médicas definidas como relevantes o de interés nacional para el desarrollo de la atención primaria de Salud: Medicina Familiar; nombre reservado; Obstetricia y Ginecología; Pediatría; Psiquiatría Adulto; Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia; y Salud Pública.

Además, afirma que la aplicación diferenciada por etapas, tanto en términos de financiamiento como de ejecución, no constituye una manifestación de trato arbitrario, sino que responde a un criterio uniforme y justificado, que guarda armonía con el desarrollo del Plan Nacional de Formación de Médicos Especialistas.

Explica que dentro del universo de los médicos que se han considerado como de interés nacional para la atención primaria de salud, destaca el rol de los médicos de familia, por cuanto éstos, por su formación, cuentan con la capacidad para brindar atención médica integral, lo que es concordante con el nivel de complejidad de las prestaciones otorgadas en la atención primaria de salud. Lo anterior fundamenta el trato que se ha dado entre el médico de familia y el resto de las especialidades relevantes para la atención primaria de salud, durante el ejercicio presupuestario 2025.

Por lo señalado, afirma que no se ha cometido ninguna vulneración de derechos fundamentales, al haberse dictado el Decreto Exento N°61 conforme a las facultades legales del Ministerio de Salud y siguiendo los criterios definidos en la ley.

Que, para acreditar sus dichos la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto Exento N°77 de 2022 del Ministerio de Salud; 2. Decreto Exento N°28 de 2023 del Ministerio de Salud; 3. ORDINARIO C5 N°3961 de 6 de noviembre de 2023 del Subsecretario Redes Asistenciales a los Directores de los Servicios de Salud del país; 4. Decreto Exento N°79 de 2023 del Ministerio de Salud y 5. Resolución Exenta N°758 de 2022 del Ministerio de Salud.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación procediéndose a su vista en la audiencia del jueves veintidós de mayo pasado, oportunidad en que se anunciaron para alegar y lo hicieron, de forma telemática, vía plataforma Zoom, el abogado don Gabriel Nieto Muñoz, por 15 minutos, por el recurso y de forma presencial el abogado don Jaime Rojas Varas, por 12 minutos, contra el recurso, antecedentes que quedaron registrados en el sistema de audio.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° De la misma forma fluye de lo transcrito, que es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

4° Que, de igual forma se ha sostenido por los comentaristas, así como nuestro máximo tribunal, que la acción de protección como acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes indicados en la carta fundamental, no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho “indubitado”.

5° Que, en el caso sub-iudice, del escrito que contiene el arbitrio constitucional intentado, se desprende que lo reprochado de ilegal y arbitrario -y que sirve de sustento a la presente acción constitucional de protección deducido en contra de la recurrida, Ministerio de Salud- es el Decreto Exento N°61 del Ministerio de Salud, de 22 de febrero de dos mil veinticinco, que determina especialidades de la medicina con derecho a asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud en el año 2025.

6° Que, el recurrente sostiene que tal acto afectaría las garantías y/o derechos fundamentales de su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República, fundado en que el referido decreto -que determinó las especialidades de la medicina con derecho a asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud para el año 2025- excluye a la recurrente como beneficiaria de la asignación de estímulo por competencias profesionales, establecida en la Ley N°20.816, para la totalidad del año 2025, apareciendo ilegal y arbitrario, al adolecer de falta motivación con respecto a los criterios objetivos que establece el artículo 4 del Decreto Supremo N°149 que contiene el Reglamento para determinar las especialidades y entidades administradoras de salud municipal beneficiarias de la asignación, lo que se reflejaría en el artículo 3 del referido Decreto, al indicar que los médicos cirujanos con especialidad distinta a la de Medicina Familiar y que allí se indican, tendrán derecho a la asignación de competencias profesionales solamente a contar del 1 de julio del año 2025, dejándola desprovista del beneficio entre los meses de enero y junio del presente año, sin explicar por qué las especialidades diversas de medicina familiar que indica no se consideraron para el pago desde el mes de enero del presente año; actuar que contraviene el deber de fundamentación que debe cumplir la Administración, de conformidad a los artículos 11,16 y 45 de la Ley N°19.880.

7° Que, conforme a lo alegado por el recurrente y recurrido, el quid de la controversia en el presente arbitrio constitucional radica en dilucidar si el acto impugnado -Decreto Exento N°61, careció de motivación y como consecuencia de ello devino en arbitrario e ilegal, lo que lleva a esta Corte a analizar el acto administrativo impugnado, a fin de verificar que si son o no efectivos los asertos alegados por la recurrente, en cuanto a que el artículo 3 del referido Decreto dejó desprovisto a la recurrente de la asignación de competencias profesionales entre los meses de enero a junio de 2025, sin explicar dicha exclusión, careciendo, en consecuencia, de motivación y/o fundamentación.

8° Que, todo lo relacionado con el otorgamiento de la asignación de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud constituye un procedimiento del todo reglado. En efecto, la dictación del Decreto impugnado -N°61 de 22 de febrero de 2025- que determinó las especialidades de la medicina con derecho a asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud en el año 2025, no es más que una concreción de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°149 de 6 de enero de 2016 que fijó el Reglamento para la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales del artículo 8º de la ley Nº20.816 sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, el que establece en su artículo 8 inciso 2°: “Tendrán derecho a esta asignación los médicos cirujanos que posean la especialidad de medicina familiar, pediatría, nombre reservado, gineco-obstetricia, psiquiatría u otras que se definan conforme a lo establecido en el inciso siguiente, a objeto de incentivar el ejercicio profesional en determinadas zonas del país o en razón de otros criterios sanitarios y acorde a la disponibilidad presupuestaria vigente”.

Que, para la concreción de tal asignación dispone el referido artículo 8° en su inciso 3°: “A más tardar el 31 de diciembre de cada año, el Ministro de Salud, mediante decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República" que, además, deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará, sobre la base de los criterios señalados en el inciso anterior, las especialidades que tendrán derecho a la asignación, las entidades administradoras de salud municipal que contarán con los recursos necesarios para pagar la asignación a que se refiere este artículo y el monto de recursos asignados a cada una de ellas. Este decreto comenzará a regir el 1 de enero del año siguiente al de su dictación”. Norma que adicionalmente está replicada en el artículo 1° del Decreto Supremo N°149.

Que, producto de lo dispuesto en la disposición legal citada al dictarse la ley N°21.722, sobre presupuesto para el año 2025 se dispuso en la partida 16, Capítulo 02, Programa 02, glosa 17, incluir el pago de la asignación para médicos especialistas de Atención Primaria adicionales a los de Medicina Familiar, a las especialidades de nombre reservado, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría Adulto, Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia y Salud Pública por un monto de $1.600.000.000.

Que, en relación a lo anterior y para materializar el pago de esta asignación se dispuso en la ley N°21.724, sobre reajustes del sector público en su artículo 78 que: “Autorizase durante el año 2025, en forma excepcional, a las entidades administradoras de salud municipal, para pagar a partir del mes de julio del año 2025, la asignación de estímulo por competencias profesionales establecida en el artículo 8° de la ley N°20.816 a los médicos cirujanos de especialidades distintas a la de medicina familiar, que indique el decreto al que se refiere el inciso tercero de la referida norma”.

9° Que, conforme a lo establecido en las normas legales indicadas precedentemente, es procedente afirmar que el Decreto Supremo N°61, cuestionado por la recurrente, en caso alguno carece de motivación, muy por el contrario de la sola lectura de este, en especial de los artículos 6 y 7, se puede advertir los fundamentos que tuvo la autoridad de salud para limitar la asignación de estímulo por competencia, derivados por una razón de orden legal, desde que la propia ley de reajuste así lo dispuso, como ya se hizo referencia.

10° Que, por otro lado y siguiendo con el contenido en las normas citadas, en especial lo dispuesto en el Decreto Supremo N°149 y la ley de presupuesto, se desprende que el otorgamiento de dicha asignación de estímulo por competencia se evalúa su procedencia año a año, de manera que en caso alguno, por el sólo hecho de haberse incluido en la nómina la especialidad de nombre reservado en un año esta pasa a entrar al patrimonio del profesional favorecido con ella, de lo que se sigue que la recurrente carece de un derecho indubitado en torno a tal asignación ya que este otorgamiento estará supeditado, siempre por disposición legal, a que cada año el decreto respectivo incluya la especialidad de la recurrente para estar beneficiada con tal asignación.

11° Que, en base a lo que se ha venido razonando, el decreto impugnado mal podría haber lesionado o conculcado el derecho de propiedad de la recurrente, por un lado, desde que respecto de tal asignación esta sólo tiene una mera expectativa, y por otro, tampoco lesiona su derecho de igualdad ante la ley pues todos los médicos de su especialidad deben respetar este criterio al que está sujeto la recurrente.

12° Que, finalmente, el decreto impugnado tampoco constituye un acto arbitrario ni ilegal, desde que el Ministerio de Salud al momento de dictarlo se sujetó a la normativa legal que se expuso, sin que en la materialización del mismo se advierta que sea producto del mero capricho de la autoridad o bien carente de razonabilidad.

Por todas estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en beneficio de nombre reservado, dirigido en contra del Ministerio de Salud, representado por la Ministra de Salud doña nombre reservado.

II.- Que se no condena a la recurrida al pago de las costas de esta instancia.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL I.C. N°466-2025 Protección.-