nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA Y OTROS

nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel González Videla y otros Recurso de protección Rol Nº464-2025.- La Serena, seis de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas en favor de doña nombre reservado, chilena, trabajadora social, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de su Secretario General don nombre reservado, chileno, ingeniero comercial, y de la Directora del Departamento Planificación y Desarrollo Institucional de la Corporación doña nombre reservado, chilena, educadora de párvulos, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el desconocimiento y pérdida de la “Asignación de movilización especial”, lo cual vulnera sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24.

Señala como cuestión preliminar, que doña nombre reservado el 22 de julio de 2014, ingresó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, como profesional del Área del Departamento Planificación y Desarrollo Institucional de la Administración Central, bajo dependencia y subordinación de doña nombre reservado, cuya relación contractual suma más de 10 años. Agrega que, en el año 2018 luego de conversaciones con doña nombre reservado, y en atención a la diversidad de tareas asignadas con mayor grado de responsabilidad, comenzó a percibir el bono “Movilización Especial”, estipendio que se ha pagado de manera ininterrumpida conjuntamente con sus remuneraciones.

Expone, que el 28 de febrero pasado, mientras se encontraba en reposo por licencia médica, recibió carta certificada, enviada por el recurrido nombre reservado, informándole que previa conversación con su Jefatura la remuneración que recibe por “movilización” de $216.232.-, no se justificaría desde un punto de vista legal pues en la práctica no existe la responsabilidad que justifique el pago, por lo que no será pagada a partir del próximo mes.

Arguye que, de lo anterior, fluyen dos circunstancias, la primera, que la determinación que afecta sus remuneraciones se encuentra desprovista de sustento fáctico y jurídico que impide comprenderla; y segundo, que existió entre los recurridos una conversación previa, cuestión que resulta paradójica, pues es la misma recurrida doña nombre reservado fue quien dispuso en el año 2018, comenzar a pagarle tal bonificación.

Refiere que se debe considerar que en el ámbito de la relaciones labores la teoría de los derechos adquiridos, cuando se cumplen los requisitos de reiteración en el tiempo, la voluntad de las partes y que la modificación experimentada no abarque materias reguladas por ley, como es el ingreso mínimo, o se trate de casos en que expresamente la ley ha requerido una modificación del contrato de trabajo; por lo que indica que se atenta contra el principio de la intangibilidad de las remuneraciones, violando la ley del contrato, pues priva a la recurrente de un beneficio que ha percibido sin solución de continuidad y de buena fe por más de 7 años, transgrediendo así el principio de certeza y protección de las remuneraciones abordado en el artículo 10 N°4 del Código del Trabajo, que tiene como objetivo que el trabajador tenga cabal conocimiento de la retribución a la cual tiene derecho por la prestación de los servicios convenidos.

Señala, que según lo contenido en el Dictamen E160316 del 29 de noviembre del 2021 de la Contraloría General de la República, y debido a sus actuaciones eminentemente públicas, los recurridos deben sujetarse a los alcances de la Ley 19.880, toda vez que pese a que las corporaciones municipales son instituciones forjadas al alero del Derecho Privado cumplen un rol que persigue la satisfacción de necesidades de la comunidad, atribuyéndole aquello potestades públicas, las cuales son financiadas con recursos públicos, enmarcándose así dentro del concepto de órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a los que hace referencia el inciso primero del artículo 2° de la ley colacionada; por lo que la expresión de voluntad en controversia no está dotada de motivación y de un fundamento racional y lógico que conduzca a entender por qué se le priva a la actora de seguir percibiendo íntegramente su remuneración, por lo que el acto contraría el artículo 11 de la Ley 19.880.

Indica la “Teoría del Acto Propio”, en cuanto determina el deber jurídico de una entidad de no contrariar sus propias conductas pasadas, encontrando como punto de partida la existencia de una acción que induce de manera razonable a una persona a la creencia de que la misma se agotará en su dirección de origen, es decir, que no se hará valer una pretensión que la contradiga observándose, por tanto, un comportamiento coherente en los actos del primero.

Señala las garantías constitucionales vulneradas por el acto recurrido, refiriéndose primero a la del artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental, indicando que la recurrente ha sido objeto de un tratamiento desigual que la perjudica, porque el acto administrativo librado adolece de toda explicación racional, alejándose de los requisitos que impone la ley 19.880, no siendo legítimo el empleo de la fórmula: “ello no se justificaría desde el punto de vista legal toda vez que en la práctica no existe la responsabilidad que justifique el pago”, entregándole una información opaca y estéril que, por lo demás, soslaya sus actuaciones anteriores acontecidas en el año 2018, época en que la propia recurrida doña nombre reservado estimó como procedente el pago del beneficio en examen en favor de la actora, cuyas condiciones laborales se mantienen invariables hasta hoy.

Prosigue refiriéndose a la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Magna, y señala el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los trabajadores, el cual establece una prohibición de que el poder público desmejore las condiciones y prestaciones salariales a través de leyes posteriores o empleando criterios extravagantes, por lo que indica que en el caso sublite, es notorio que el comportamiento de los recurridos amaga el derecho de propiedad sobre las remuneraciones de la actora, violándose por ende esta garantía constitucional, ya que un derecho que nace de una relación laboral o estatutaria bajo ningún aspecto puede importar una disminución dramática de las remuneraciones por una cuestión antojadiza, sobre todo cuando milita en favor de ésta la continuidad del pago de la asignación que se ha extendido por más de 7 años.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje sin efecto la determinación de extinguir el pago de la asignación de movilización especial que le corresponde a la actora, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 17, evacuan informe por los recurridos los abogados David Oyanedel Leiva y Marcelo Ríos Lobos.

En primer término, señala que la acción de protección no es la vía idónea para resolver los conflictos que se reclaman, pues el recurso de la actora dice relación con su remuneración dentro del marco de un contrato individual de trabajo, basándose en varías teorías del derecho laboral, por lo que los hechos son controvertidos, y ameritan una sede de discusión y prueba, por lo cual su acción debe ser planteada ante la Dirección del Trabajo o los Juzgados de Letras del Trabajo, por no ser derechos indubitados. Invoca Jurisprudencia que avala su alegación de improcedencia. Asimismo, indica la normativa que hace competente a la Dirección del Trabajo, como a los tribunales laborales para conocer del asunto reclamado.

Explica que, no existe en el caso de marras una vulneración a garantías constitucionales, menciona que la Corporación Municipal, luego de hacer una exhaustiva revisión de las remuneraciones y especialmente el fundamento y justificación de las asignaciones adicionales que percibían ciertos trabajadores y funcionarios de la entidad, mediante un acto administrativo, disminuyó el monto de ciertas asignaciones, a ciertos funcionarios, incluidos jefaturas, coordinadores de área, y encargados de área y/o unidad; y eliminó asignaciones a ciertos funcionarios en donde ya no desempeñan funciones de responsabilidad, o cuya asignación no se justificaba con su cargo y funciones desempeñadas, por lo que, el descuento o eliminación de ciertas asignaciones fue a una generalidad de funcionarios de la Corporación, por lo que no se estaría vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la recurrente, ya que ella no fue la única notificada con dichas modificaciones o eliminaciones de asignaciones.

Señala que, la generalidad y uniformidad del criterio aplicado, se advierte en la resolución N°224 de fecha 26 de febrero del año 2025, firmado por don nombre reservado, Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, la cual modificó las asignaciones de responsabilidad a partir del primero de marzo de 2025, lo cual fue comunicado vía correo electrónico el 28 de marzo de 2025 a varios funcionarios. Indica que esta medida fue tomada por la delicada situación financiera que hoy atraviesa la Corporación.

Indica sobre el caso específico de la recurrente, que esta ya no desempeña en la práctica funciones que justifiquen el pago de la asignación de movilización. Añade que la actora no argumentó con detalle sus funciones, y que de su propio relato la asignación de movilización no se entregó por los habituales desplazamientos que debía desempeñar a su costa, como cabría suponer atendida la naturaleza de la asignación, sino que, aparentemente, por el aumento de asignaciones y responsabilidad que se le encargó, es por ello que la justificación de la asignación de movilización es cuestionable, y por ello amerita discusión y prueba, si la recurrente insiste en su cobro, todo lo cual escapa a las finalidades de esta sede excepcional y cautelar de derechos indubitados.

Concluye solicitando tener por evacuado informe y rechazar el recurso, con costas.

Acompaña a su informe: Carta de 26 de febrero del año 2025, emitida por don nombre reservado, Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla dirigido a doña nombre reservado y los respectivos comprobantes de envió de correos de 27 de febrero del año 2025; Resolución N°224 de fecha 26 de febrero del año 2025, emitida por don nombre reservado; y correo electrónico de fecha 28 de febrero del año 2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el descuento de las remuneraciones de la recurrente a partir de marzo del presente año, de la asignación por movilización, la cual recibía desde el 2018 por sus funciones y responsabilidades que desempeña en la Corporación, y que, alega que se ha transgredido su derecho adquirido respecto de su remuneración, así como que carece de fundamentación y motivación el acto de la recurrida.

Que, a su turno, los recurridos alegan la improcedencia del recurso al no detentar un derecho indubitado la actora, y ser procedente su reclamo frente a la Dirección del Trabajo o el juzgado con competencia laboral respectivo; además indican, que la decisión de no otorgar la asignación en comento radica en la situación financiera actual de la Corporación, y que se analizaron varios casos similares a quienes también se les comunicó el término de la asignación.

SEXTO: Que, resulta de los antecedentes acompañados, así como de las alegaciones formuladas, que lo reclamado por medio de la presente acción cautelar dice relación con el carácter y naturaleza jurídica de la asignación alegada el cual no es indubitado, pues requiere de un juicio de lato conocimiento en la sede judicial que corresponda, motivo por lo que esta acción cautelar será desestimada conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de su Secretario General don nombre reservado y de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°464-2025 (Protección).