nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol Nº 462-2023.- La Serena, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha deducido recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión en el pronunciamiento sobre la solicitud de residencia definitiva, la cual fue acogida a trámite con fecha 24 de enero de 2020, lo cual vulnera el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880. Solicita se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma.

Acompaña los siguientes documentos; 1.- Cédula de la recurrente; 2.- Notificación por correo electrónico de fecha 24-01-2020 que señala que la Solicitud de Permanencia Definitiva fue acogida a trámite; 3.- Comprobante de Ampliación de Permanencia Definitiva de fecha 24 de agosto de 2020; 4.- Certificado de vigencia de contrato de trabajo; 5.- Certificado de Cotizaciones AFP Planvital; 6.- Certificado de cotizaciones de Fonasa; 7.- Estampado de visa temporaria en pasaporte de fecha 23 de julio de 2018; 8.- Estampado electrónico del SERMIG de fecha 22 de julio de 2021; 9.- Patrocinio y Poder.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida.

Solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto no podemos obviar la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas ROL 115064-2022 y 115368-2022 ambas de fecha 20 de marzo del presente.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que, dado la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada”.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados (sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema); En dicho sentido la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que, no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En efecto, esa autoridad conforme a la normativa por la que rige en ningún momento ha dejado en un estado de indefensión migratoria a la recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permita realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista alguna limitación dentro de nuestro país.

Reitera que es claro que esa supuesta omisión, que se estima por la contraria como vulneratoria de derechos fundamentales no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respecto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

En subsidio de las alegaciones anteriores, evacua informe. Expone que con fecha 14 de julio de 2019, la recurrente solicita mediante carta correo, al Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial de Elqui, el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva. Dicha solicitud ingresa con fecha 06 de julio del año 2020.

Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2020, se notifica a la recurrente que SE RECHAZA SU SOLICITUD DE PERMANENCIA DEFINITIVA Y OTORGA VISA, en calidad de titular, por el plazo de un año. Dicho beneficio se mantuvo vigente hasta el 23 de julio de 2022 (NOTIFICACIÓN N°95.363). Además, se puede apreciar que en su sistema b3000, la recurrente activó su estampado electrónico y pagó orden de giro para poder obtener el beneficio migratorio de visa temporaria.

Por lo anterior, es del parecer que el recurso ha perdido toda oportunidad, puesto que la pretensión perseguida se encuentra completamente satisfecha por el actuar del Servicio Nacional de Migraciones.

Por estas consideraciones solicita desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado; 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022; 3. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023; 4. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, en particular, de lo informado por la recurrida y de los documentos adjuntos a su presentación, se advierte que la solicitud de residencia definitiva formulada por la actora ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte del servicio denunciado, habiéndose desestimado la misma, circunstancia que no puede ser desconocida por la recurrente toda vez que de los propios documentos que acompaña consta la activación del estampado electrónico correspondiente a la visa temporaria que se le otorgó en el mismo acto administrativo que rechazó su solicitud de permanencia definitiva.

OCTAVO: Que, así las cosas, solo cabe estimar que en la especie no se verifica la omisión ilegal o arbitraria que se reprocha en el libelo pretensor, circunstancia que indefectiblemente lleva al rechazo del recurso, al no concurrir uno de sus presupuestos básicos de procedencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 462-2023 (Protección).-