nombre reservado con MINISTERIO PUBLICO FISCALIA LOCAL DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Ministerio Público, Fiscalía Local de La Serena Recurso de protección Rol N° 4600-2022 La Serena, ocho de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de junio de mil veintidós comparece doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Fiscalía Local de La Serena por los actos ilegales y arbitrarios que expone en su libelo.

Indica que dedujo querella criminal en contra de don nombre reservado y en contra de todos aquellos que resulten responsables, por el delito de usurpación violenta de propiedad tipificado en los artículos 457 y siguientes del Código Penal en el cual sería víctima.

Explica que es dueña de los derechos sobre el sitio signado con el número 94, de la subdivisión predial de la parcela número 32, Colonia Alfalfares, La Serena, Región de Coquimbo, el que se encuentra inscrito a su nombre a fojas 1664, N° 1143, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2018.

Manifiesta que los derechos sobre el inmueble los adquirió de buena fe y de forma ajustada a derecho, con el objeto de tener una vivienda propia, esperando poder construir una casa para su familia, en particular para que su padre, que padecía de cáncer terminal, pudiera tener un paisaje para escapar de lo urbano, descansar de los tratamientos y respirar otro aire mientras enfrentaba y enfrentaban su enfermedad.

Agrega que desde que adquirió el terreno comenzó a concurrir periódicamente, acompañada de su hija menor de edad, padres y tías, para cercar perímetro, plantar flores y limpiar, para luego iniciar la construcción.

Manifiesta que en esas visitas periódicas conoció a sus vecinos, a quienes identifica, quienes la apoyaron en las labores realizadas. En varias de esas ocasiones, estaba presente el contratista a quien la recurrente quería encargarle la construcción de su casa. En dichas conversaciones, sus vecinos, quienes viven en un sitio ubicado en diagonal frente, le comentaron que habían adquirido su terreno en la misma época que ella y que le recomendaban -por seguridad- que a la brevedad posible efectuara el cierre del lugar, lo cual hizo.

Explica que, con motivo de la pandemia, de su trabajo, del cuidado de sus hijas, apoyo a su padre en su enfermedad, dejó de ir unos días al terreno hasta que el viernes 24 de abril de 2020, al llegar al lugar cerca de las 14:00 horas, se encontró con la sorpresa de que una persona rompió el cerco que había instalado, construyendo en su sitio una especie de cabaña de madera. Al consultarle a esa persona que hacía ahí, esta se identificó como nombre reservado y le expuso que “el sitio es mío. Lo reservé y se lo estoy pagando a nombre reservado en cuotas…”. Antes de finalizar esta conversación, la cual se llevó a cabo en forma pacífica, la recurrente le explico al señor nombre reservado que la situación era muy complicada, que debían analizar con urgencia el tema, pues le expuso que no estaba dispuesta a perder la inversión ni hipotecar la tranquilidad de su familia. Agrega que intercambiaron teléfonos y quedaron de acuerdo en comunicarse. Hace presente que, en esa oportunidad, la acompañaba su abuela y una de mis tías, nombre reservado, quien estuvo presente en todo momento mientras conversaba con el señor nombre reservado. Explicita que debió recurrir a su vecino Giohani Vega, quien les comentó que “desde hace unos 4 meses este hombre lleva tratando de instalarse en su terreno y que a él nadie lo conocía acá”. Le comentó que junto a otro vecino fueron a hacerle las consultas al señor nombre reservado sobre los derechos del sitio, porque ellos “tenían entendido que la propiedad del mencionado bien raíz le pertenecía y ellos no tenían antecedentes que la hubiera vendido”, ante lo cual, el señor nombre reservado respondió con tono evasivo que “eso no es cierto. Yo soy el dueño”, cortando la conversación. Fue en ese instante, cuando se incorporaban más vecinos a la conversación, cuando el señor nombre reservado se subió a una motocicleta y se fue del lugar sin mediar más explicaciones. Ese mismo día, alrededor de las 19.00 horas, llamó al señor nombre reservado a quien le volvió a pedir explicaciones respecto a su presencia en el terreno. Esta vez y en un tono violento le volvió a repetir que él era el dueño y que se lo había comprado a nombre reservado. Expone que le consultó si tenía toda la documentación, a lo que le respondió afirmativamente, pero que “no tenía por qué mostrársela a nadie”, agregando que “no quiere hablar más conmigo y que todo lo hablé con su abogado”. Antes de diez minutos llamó a la actora un hombre que se identificó como nombre reservado, que dijo ser abogado del señor nombre reservado. A ratos con tono amenazante, el señor nombre reservado repitió los mismos argumentos que su supuesto representado, agregando como único dato distinto que reconocía que el señor nombre reservado no poseía una inscripción del terreno en cuestión en el Conservador y Archivero Judicial de La Serena. Solicitó un certificado de dominio vigente al Conservador y Archivero Judicial de La Serena; un informe a Bienes Nacionales respecto a la existencia o no de alguna acción de saneamiento con las características de su terreno; una consulta a la Dirección de Obras de La Serena, respecto a la existencia o no de algún trámite de permiso de edificación y solicitó una copia del plano de la parcela 32 utilizado para la venta. Asimismo, la recurrente, se comunicó con la parte vendedora del terreno, señor nombre reservado y señora nombre reservado, a quienes les expuso la situación y les consultó claramente si ellos le habían vendido su terreno también al señor nombre reservado. Ambos, tanto nombre reservado como nombre reservado, le señalaron que no conocen al señor nombre reservado, que hace más de tres años que no se vende ningún sitio de la parcela 32 y que ninguno de ellos ha recibido dinero alguno, ni menos ha concurrido a notaría a hacer algún trámite similar. El día miércoles 30 indica que concurrió al terreno, donde los vecinos le informaron que todos los propietarios están organizados en una especie de Junta, por lo que solicitó conversar con el presidente y la tesorera. En la oportunidad, ambos vecinos directivos reconocieron que el señor nombre reservado se había presentado ante ellos señalándoles que era el dueño del sitio 94 y que de ahora en adelante él sería el encargado de cancelar la luz y el agua. El presidente de la organización le reconoció que en aquella ocasión no le habían solicitado la documentación legal que probara su propiedad, porque los servicios se pagan por sitio. El presidente le ratificó que, según lo dispuesto por organización interna, para optar al acceso a la llave y la aplicación remota para operar el portón del condominio, sí se requiere demostrar que se es poseedor legal del sitio, circunstancia que el señor nombre reservado “nunca ha cumplido hasta el día de hoy”. En la oportunidad, les informó detalladamente de su situación a la tesorera y al presidente de la junta de vecinos, dejándole en su poder una carpeta que contenía un juego completo de toda la documentación legal que le acredita como dueña de los derechos sobre el Sitio 94.

Continúa relatando que contrató a un abogado quien interpuso querella con fecha 20 de mayo del año 2020, la que fue admitida a tramitación por resolución de Juzgado de Garantía de la Serena de fecha 02 de junio del año 2020, bajo el RUC 2010026705-6, RIT 3691-2020. En la misma resolución se indica que la querella fue remitida al Ministerio Público, entidad que conoce actualmente la causa, la que se encuentra en trámite.

Explica que, en el estado de emergencia sanitaria, debido a su rol de madre y por la enfermedad de su padre, le hicieron tomar distancia del caso, esperando que desde Ministerio Público la citara o indicara algo. Con fecha 19 de marzo del año 2022 falleció su padre nombre reservado, sin poder usar, gozar ni disponer del terreno, pues debido a la irrupción del usurpador, a la fecha no puede construir su morada, sigue arrendando y está en el período de prenatal de su tercer hijo.

Añade que luego de un período de duelo, que continúa, decidió revisar el estado de la causa en la plataforma oficina virtual del Poder Judicial. Al ingresar observó que el último movimiento registrado en la tramitación es la resolución de Juzgado de Garantía de la Serena, de fecha 02 de junio del año 2020, que admite a tramitación la querella y la remite al Ministerio Público.

Expone que ingresó al portal del Ministerio Público, sección “Mi Fiscalía en Línea”, para consultar el estado de diligencias realizadas por dicho organismo. Al revisar la sección “actividades de investigación” se observa solo, bajo la voz “diligencias otro” de fecha 20 de mayo del año 2021, la última gestión realizada por Fiscalía. Al ser imposible conocer el detalle de la o las gestiones efectuadas, ingresó una consulta formal en dicho portal con fecha 18 de mayo del año 2022, adjuntando carta y escribiendo el mismo tenor de la carta en la descripción del trámite, frente a lo cual le llegó un comprobante de solicitud y se generó en la pantalla un anuncio que decía “La Fiscalía tomará contacto para responder su solicitud dentro de 5 días hábiles”.

Explica que con fecha 24 de mayo recibió un mail desde Fiscalía, pero cuyo tenor es contestar una encuesta de satisfacción. Expone que ello no sólo es el único contacto que recibió desde fiscalía por su solicitud en su portal, sino que es el único contacto que ha recibido de dicho organismo desde el ingreso de la querella, esto es hace casi dos años. Agrega que revisado el portal se observa que solo se indica que su presentación se adjunta a la carpeta de investigación: “Se comunica lo siguiente: Los antecedentes aportados se incorporaron a la carpeta de investigación.”, sin leer la petición concreta que estaba realizando, que apuntaba a obtener información relativa al estado de avance de diligencias por parte del Ministerio Público. Es más, en la misma carta, que acompañó, en un otrosí, hace mención de que tiene vecinos dispuestos a declarar, pero sin embargo sólo le llegó un mail de encuesta de satisfacción.

Sostiene que es un hecho que el Ministerio Público se ha limitado, según se puede concluir de su portal, a dar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, sin que a la fecha la fiscalía directamente la haya interrogado, se haya interrogado al ocupante irregular ni a su supuesto abogado, ni realizado acción alguna para poder recuperar su propiedad, lo que agrava el caso es que las veces que intentó conversar con el ocupante ilegal y usurpador, sólo recibió malos tratos, sin considerar que conversaba con una mujer ni tener en consideración que su padre padecía cáncer y que por ello le importaba tanto tener a disposición un terreno que de conformidad al sistema jurídico imperante en nuestro país lo adquirió de buena fe y ajustado a derecho.

Agrega que, dado los gastos incurridos en la enfermedad de su padre, arriendo y próximo nacimiento de su hijo, ya no puede seguir costeando a un abogado particular.

Relata que los hechos expuestos constituirían un delito de usurpación violenta, previsto y sancionado en el artículo 457 del Código Penal, por cuanto la disposición legal citada establece y sanciona al que, con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Expone que la Constitución Política de la República en su artículo 83, establece que al Ministerio Público le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En el mismo sentido, el Código Procesal Penal sostiene, en su artículo 6° que el Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal; tal como lo hace el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 19.640, que además entrega al Fiscal Nacional la facultad de dictar las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos, tal como lo señala el artículo 17 de la mencionada Ley. El artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 19.640, por su parte, agrega que el Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía. En la misma línea, el artículo encargado de enumerar las facultades del fiscal regional establece que a éste le corresponde disponer las medidas que faciliten y aseguren el acceso expedito a la Fiscalía Regional y a las fiscalías locales, así como la debida atención de las víctimas y demás intervinientes. Lo mismo se establece respecto de los Fiscales Adjuntos. Al efecto, el artículo 38 de la ley establece que las fiscalías locales serán las unidades operativas de las fiscalías regionales, para el cumplimiento de las tareas de investigación, ejercicio de la acción penal pública y protección de las víctimas y testigos. Además, el fiscal nacional, podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación, tal como establece el artículo 19 de la Ley. Por su parte, y además del Ministerio Público, se encuentra obligado garantizar conforme a la ley la vigencia de los derechos de las víctimas durante el procedimiento. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir. En este sentido se pronuncia la letra a) del artículo 83 del Código Procesal Penal. En esta tónica, el artículo 6 del Código Procesal Penal establece que el fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten reparación del daño causado a la víctima, lo que se entiende sin perjuicio de las acciones civiles que pueden corresponderle a la misma. Mayor detalle sobre este deber de protección que pesa sobre las autoridades para con las víctimas, lo entrega el artículo 78 del Código Procesal Penal, pues establece que será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir, el otorgamiento de estas atribuciones sí estimamos se encuentra justificado, pues es el Fiscal quien está en la mejor posición de tomar medidas inmediatas tendientes a proteger a las víctimas. Continúa el citado artículo estableciendo que los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos; b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados; c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles; d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa. Si la víctima hubiere designado abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en las letras a) y d) precedentes. A mayor abundamiento.

Estima que, existiendo amplias facultades de investigación por parte del Ministerio Público, indistintamente a la mejor o peor redacción de la querella presentada por quien era en ese entonces el abogado de la actora de protección, resulta al menos reprochable que no se haya tomado contacto directo con ella.

Hace presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Afirma que el lento y casi nulo actuar del Ministerio Público y el hecho típico efectuado por el querellado, le ha vulnerado gravemente los derechos humanos y fundamentales que explicita.

Expone que la sola circunstancia de verse privada de la propiedad en forma delictiva, vulnera lo que dispone el artículo 19 N° 1, que le causa daño al derecho a la vida e integridad física, toda vez que la carga emocional de tener un padre con cáncer y que fallece, se suma el no saber si el sistema punitivo penal que se reserva el Estado, entregando dicha acción al Ministerio Público, la protege o no, pues de conformidad al artículo 83 de la Constitución Política de la República, es el referido organismo quien dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Agrega que, al intentar conversar, recibió malos tratos por parte del usurpador y por su supuesto del abogado, los que vivió como ciudadana y mujer, y que no puede dejar de señalar que cada vez que debe volver a hablar del tema recuerda que el objeto era que su padre pudiera estar ahí, en la morada familiar, y ahora ya no está, por lo que lo que la lentitud del proceso le genera una constante revictimización, reitera que va a tener su tercer hijo y que debe seguir arrendando.

Manifiesta, que se ha violentado y usurpado su hogar privándola de derechos propios en su calidad de amo, señor y dueño, mediante la usurpación violenta, garantía que se encuentra contemplada en el número 5° del artículo 19 de Nuestra Constitución de la República.

Especifica que, en tercer término, se vulnera su derecho a la libertad personal y seguridad individual, contemplado en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, pues por la inacción del Ministerio Público, como organismo que se reserva la acción punitiva, no puede si quiera ingresar a examinar su terreno.

Estima afectada la garantía contemplada en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, pues ingresó una consulta formal en el portal del Ministerio Público con fecha 18 de mayo del año 2022, adjuntando carta y escribiendo el mismo tenor de la carta en la descripción del trámite dada por defecto del portal, frente a lo cual le llegó un comprobante de solicitud y se generó en la pantalla un anuncio que decía: “La Fiscalía tomará contacto para responder su solicitud dentro de 5 días hábiles”, para luego, con fecha 24 de mayo, recibir un nuevo correo electrónico desde Fiscalía, pero cuyo tenor es contestar una encuesta de satisfacción que se le remitió.

Considera vulnerada gravemente su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24° de la Constitución Política de la República, disposición que reproduce en lo pertinente, estimando que resulta inconcebible que, deba seguir esperando para recuperar su terreno, aun luego de la muerte de su padre, y tener que seguir arrendando, habiendo comprado de buena fe un terreno.

Expone que conforme al artículo 5° de la Carta Fundamental, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se le está vulnerando el Derecho a la Vivienda Adecuada o Digna, consagrado en el artículo 25, ordinal primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues como ha relatado a la fecha sigue pagando arriendo y sin tener la posibilidad de edificar una vivienda en el terreno, por estar en posesión irregular de otra persona, sin poder hacer nada más que el Ministerio Público avance en su investigación y ejerza la acción punitiva que el Estado le ha entregado con exclusividad. Agrega que a la situación expuesta se le suma que esta próxima a iniciar su prenatal y tener su tercer hijo, y seguir pagando un arriendo teniendo un terreno propio, no resultando justo que se le siga privando de disponer de él. Hace presente que el Derecho a la Vivienda Adecuada, ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema, rol 5.168-2021, de fecha 15 de marzo de 2021.

Solicita que, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección, en contra del Ministerio Público Región de Coquimbo y quienes resulten responsables, a fin de que en definitiva el mismo sea acogido y se adopten las medidas de protección que proceden en su favor, y se de curso progresivo a la investigación por parte del Ministerio Público en su calidad de titular exclusivo y excluyente de la acción punitiva del Estado.

Acompaña al recurso los siguientes documentos: 1.- Certificado defunción de su padre; 2.- Copia simple de querella y resolución juez garantía; 3.- Compraventa terreno; 4.- Certificado dominio vigente; 5.- Contrato arriendo; 6.- Presentación Ministerio Público y su respuesta, y 7.- Copia licencia médica prenatal.

SEGUNDO: Que, por su parte, el Ministerio Público, concretamente, la Fiscalía Local de La Serena, por intermedio de la fiscal adjunto jefe subrogante, doña nombre reservado, evacúa el informe de rigor el cual contiene, en su primera parte, esencialmente la imputación fáctica que dicho organismo efectúa al querellado, don nombre reservado, incluyendo las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y solicitud de pena, además de la relación de los antecedentes de la investigación, correspondiendo, conforme se observa, esencialmente a la estructura de un requerimiento en procedimiento simplificado.

Agrega que la acción de protección intentada debe ser desestimada, por cuanto la misma requiere la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que amague, perturbe o impida el ejercicio de un derecho fundamental de que es titular una persona. En el caso de autos, la acción u omisión que genera tales efectos en el libre ejercicio de los derechos fundamentales no proviene del Ministerio Público, de forma que el recurrente intenta vincular supuestas acciones u omisiones de la fiscalía con los derechos que supuestamente le han sido afectados, siendo las argumentaciones que plantea insuficientes y no corresponden a la realidad. Explicita que la vida e integridad física de la actora no se ha afectado por un procedimiento en marcha, menos se le ha vulnerado la inviolabilidad del hogar, pues, si bien el terreno aparentemente le pertenece, no era su domicilio, ni siquiera había construido algún edificio en él. Tampoco el desarrollo de un proceso penal afecta su libertad o seguridad.

Solicita que se tenga presente las dificultades emanadas de la tramitación a raíz del COVID 19, que generaron incluso la suspensión de plazos en causas penales ya judicializadas, ello en base a la Ley 21.226 (entrada en vigencia 23 de abril de 2020). Agregando que luego de ello se han hecho todos los esfuerzos por las diversas fiscalías locales para avanzar de la mejor forma posible tanto en causas judicializadas como en aquellas que no lo estaban.

Agrega que se han realizado diligencias que eran básicamente la toma de declaración a algunos testigos, a fin de cumplir con el principio de ratificación y evitar exclusiones que perjudicaran la resolución del caso en su etapa contradictoria y que el requerimiento en procedimiento simplificado ha sido presentado.

Enfatiza que la recurrente, en su calidad de interviniente en causa RUC 2010026705-6, no ha efectuado reclamación alguna ante las autoridades del Ministerio Público al no obtener una respuesta satisfactoria a su presentación de fecha 18 de mayo de 2022, lo que es importante ya que la normativa procesal penal, tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, contemplan en favor de los intervinientes los mecanismos legales necesarios a objeto garantizar que éstos puedan ejercer debidamente sus derechos durante el procedimiento penal, recurriendo directamente ante los autoridades superiores del Ministerio Público y, en ocasiones, ante el Juez de Garantía en virtud de lo previsto en el artículo 186 del Código Procesal Penal, no siendo en consecuencia, esta sede cautelar de derechos constitucionales, la correspondiente para resolver tal cuestión.

Solicita el rechazo del recurso de protección, declarando que no existe una privación, perturbación o amenaza alguno de los derechos y garantías descritos en el número 20 de la Constitución Política de Chile en la realización de las diligencias de investigación por parte del Ministerio Público.

Acompaña en sustento de su informe copia íntegra de la carpeta de investigación RUC 2010026705-6 de la Fiscalía Local de La Serena.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo analizado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en el caso concreto, la actora de protección sostiene su acción constitucional en la circunstancia que el Ministerio Público, concretamente, la Fiscalía Local de La Serena, no le ha brindado la protección, auxilio e información a que la Constitución y la ley obligan al referido organismo en relación a la investigación criminal RUC N° 2010026705-6 donde la actora de protección tiene la calidad de víctima, al habérsele admitido intervenir en calidad de querellante de la referida indagación criminal. Por consiguiente, el hecho que da origen a la acción de protección se circunscribe a una conducta o comportamiento del órgano de persecución penal en relación al cumplimento de las obligaciones constitucionales y legales que se le imponen en relación a quien, conforme la normativa procesal penal, posee la calidad de víctima.

SEXTO: Que, resulta conveniente para estos efectos tener en cuenta que el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal destaca “la introducción a nivel de los principios básicos del sistema el de la promoción de los intereses concretos de las víctimas de los delitos”, ello importa, conforme el mismo Mensaje explica, reconocerle, aun cuando no intervenga como querellante, “un conjunto de derechos que busca romper su actual situación de marginación”. Esos derechos que nuestra normativa procesal penal reconoce, conforme lo establece esencialmente el artículo 109 del Código referido pueden clasificarse en derechos de protección, de información, de participación en el proceso y derechos de reparación. Este reconocimiento del ofendido por el delito como sujeto del proceso y titular de los derechos referidos, surgen ya desde nuestra propia Carta Fundamental, no solo en razón de que el Estado y sus organismos se encuentran al servicio de la persona humana, siendo su obligación el promover el bien común de cada individuo que integra la comunidad nacional, sino específicamente en relación al Ministerio Público desde que se le impone como una de sus funciones constitucionales el dar protección a las víctimas y, por otro, se le reconoce a ésta el derecho de ejercer la acción penal atributo que comparte con el referido órgano de persecución penal. Coherentemente con el marco constitucional referido, la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece otra serie de disposiciones referidas a la víctima y su tratamiento, desde la facultad del Fiscal Nacional de dictar instrucciones generales en materia de protección de víctimas, pasando por la existencia de una estructura interna encargada especialmente de tal función como es la División de Víctimas y Testigos a nivel nacional y las Unidades de igual nombre en cada una de las Fiscalías Regionales. En el ámbito de las potestades de cada Fiscal Regional, coherente con lo analizado, le corresponde a cada uno de ellos el “Disponer las medidas que faciliten y aseguren el acceso expedito a la Fiscalía Regional y a las fiscalías locales, así como la debida atención de las víctimas y demás intervinientes”. El referido marco constitucional y legal en relación a los derechos de la víctima en el proceso penal impactan en la propia actividad del órgano encargado de su protección, al establecer su Plan Estratégico (2016-2022), al establecer en su área estratégica N° 2, Relación y atención a nuestros usuarios”, el objetivo de: “Otorgar un servicio de calidad y de relación permanente con nuestros usuarios para dar cumplimiento a nuestra misión constitucional.”.

SÉPTIMO: Que, determinado el contexto fáctico de la acción de protección deducida y el marco constitucional y legal en que se desenvuelve el actuar de Ministerio Público en el ejercicio efectivo de sus funciones-deberes constitucionales, resulta necesario determinar si existe una eventual afectación, amenaza o perturbación de un derecho fundamental de la actora que sea consecuencia de una acción u omisión del referido órgano de persecución penal.

OCTAVO: Que, en lo referente a los derechos fundamentales contenidos en los Nos. 5 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada y el derecho de propiedad, no es posible sostener que la eventual lesión o afectación de ellos sea una consecuencia de una acción u omisión del Ministerio Público y/o de sus fiscales y/o funcionarios. Por una parte, la inviolabilidad del hogar o domicilio dice relación con una esfera de privacidad de toda persona y de autonomía física frente a invasiones que pueden realizar terceras personas, el cual no esta referido al dominio, la posesión o la tenencia de un lugar o recinto, sino a “un espacio físico que se quiere preservar por su especial naturaleza íntima y de privacidad” (nombre reservado, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, tomo I, p. 862), el cual no ha sido afectada por los hechos que imputan al Ministerio Público y que sirven de sustento a la presente acción de protección, por cuanto no existe una injerencia arbitraria o ilegal sin fundamento legal o autorización judicial en el hogar o domicilio de la actora de protección por parte de uno de sus fiscales y/o funcionarios. Igualmente, no es posible estimar que en los hechos imputados al Ministerio Público en la presente acción resulte en la amenaza, perturbación o afectación del libre ejercicio del dominio o propiedad de que sería titular la actora de protección en el inmueble que es objeto de la usurpación que se investiga, ilícito que actualmente es objeto de un requerimiento en procedimiento simplificado en contra de quien figura como querellado y autor. En relación a la libertad personal, derecho fundamental que también es denunciado como afectado y/o amagado en la presente acción, éste, por una parte, es objeto de protección por una vía constitucional diversa como es la acción de amparo y, por otro, el actuar del Ministerio Público atribuido como ilegal o arbitrario no importa una amenazada o perturbación a la libertad personal de la actora.

NOVENO: Que, el reconocimiento de la víctima como sujeto del proceso penal y, por tanto, destinatario de un conjunto de derechos, importa por parte de los organismos que participan y actúan en la resolución del conflicto penal la obligación de respetarlos y desarrollarlos ello a fin de maximizar su optimización. Lo anterior, unido al principio de servicialidad de los órganos del Estado, que impone directamente al Ministerio Público una especial obligación de atención en relación a ellas, dado que por una parte, la propia Carta Fundamental le impuso el deber de otorgarles protección y, por la otra, la víctima, más allá de la discusión sobre el ejercicio autónomo o no de la acción penal, solo puede tener acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en el marco procesal penal actual por intermedio del Ministerio Público, dado que solo dicho organismo puede formalizar una investigación o deducir un requerimiento en procedimiento simplificado, como también es exclusivamente el referido organismo quien posee la potestad de impartir instrucciones a los organismos policiales a fin de desarrollar la investigación criminal, establecer la existencia del hecho punible y la identidad de quienes participaron en el mismo.

DÉCIMO: Que, en relación a los hechos que fundamentan la acción de protección, efectivamente la señora nombre reservado dedujo una querella criminal por el delito de usurpación con fecha 26 de mayo de 2020, acción criminal que fue declarada admisible con fecha 2 de junio de 2020, asignándole el RIT N° 3691-2020, siendo remitida a la Fiscalía Local de La Serena. El referido órgano dictó una orden de investigar con fecha 14 de julio de 2020 a la BICRIM La Serena, a fin de investigar los hechos, evacuándose el informe de diligencias el día 20 de octubre de 2020, dando cuenta de la existencia de testigos, cuyas declaraciones se adjuntan, como de la realización de fijaciones planimétricas y fotográficas. Por su parte, el abogado querellante entregó a la Fiscalía Local singularizada, con fecha 21 de junio de 2020 copia de la inscripción de dominio que acredita la titularidad de los derechos inscritos a nombre de la actora de protección y copia del contrato de compraventa respectivo. En el mes de diciembre de 2020, concretamente el día 28 la Fiscalía Local requiere al LACRIM de la Policía de Investigaciones la entrega de las fijaciones planimétricas y fotográficas del sitio del suceso, lo cual reitera el día 20 de mayo de 2021 para finalmente ser remitidos por el citado organismo el día 12 de julio de 2021, es decir, luego de más de un año desde la presentación de la querella criminal. El día 18 de mayo de 2022, esto es luego de casi dos años de tramitación de la querella criminal, doña nombre reservado, en su calidad de víctima y querellante, conforme los derechos que le son reconocidos por el Código Procesal Penal, solicitó, por medio del sistema SIAU, que se le pudiera informar sobre el estado de avance de la investigación, dado que no había sido informada de ello, solicitud que además aparece entre los antecedentes que se acompañó por parte de la Fiscalía Local de La Serena relativos a la causa RUC 2010026705-6, RIT 3691-2020, sin que figure respuesta a dicho requerimiento en los antecedentes entregados por el Ministerio Público, existiendo solo un correo electrónico de fecha 4 de julio de 2022 de un requerimiento al abogado querellante para que haga entrega de un número teléfono de la víctima para poder contactarse con ella. Finalmente, el día 7 de julio de 2022 se tiene por deducido requerimiento en procedimiento simplificado por los hechos de la querella, acción presentada con posterioridad a la presente acción de protección y sin que, al menos de los antecedentes remitidos, exista constancia alguna de haberse atendido a doña nombre reservado, ni de habérsele dado respuesta a su solicitud de información.

UNDÉCIMO: Que, conforme se puede concluir de lo analizado en el considerando precedente, durante la tramitación de la investigación ya antes referida, no solo se omitió dar respuesta a la solicitud de información realizada por doña nombre reservado y que motiva la presente acción, sino que además ésta nunca fue citada para declarar o bien ser contactada por otra vía para ello o, al menos, para informarle de sus derechos o sobre el avance del proceso. Si bien existía un abogado querellante para determinar dichas circunstancias, el tema central de la presente acción se centra en el cumplimiento oportuno de los deberes que la Constitución y la ley establecieron para el Ministerio Público en relación a la atención y protección de las víctimas y no en las medidas que ellas deben adoptar para que sus derechos en el proceso penal se puedan hacer efectivos y reales por los organismo que participan en el mismo.

DUODÉCIMO: Que, en el contexto referido en la motivación anterior, no resulta razonable, a fin de justificar la falta de respuesta adecuada a la víctima y lo prologando de la tramitación de la acción criminal por ella impetrada, el argumentar que la pandemia de COVID-19 que ha afectado al país y al mundo haya impedido la tramitación de la investigación y la atención de la víctima de los hechos, ello conocido es del Ministerio Público la existencia de medios remotos, los que utiliza normal y habitualmente, como en razón que el estado de excepción constitucional y los efectos de la Ley N° 21.226 en relación a los plazos y algunas otras actuaciones judiciales, cesaron en sus efectos a partir del 20 de noviembre de 2021, conforme lo estableció la Ley N° 21.379 que modificó el primer texto legal. Por otro, en el caso concreto, la investigación no se encontraba aún judicializada en sentido estricto, por cuanto no había formalización ni requerimiento simplificado deducido, lo cual solo ocurrió en el curso del mes de julio del año 2022, luego de haberse deducido la presente acción de protección. Igualmente, no es óbice a la presente acción de protección o a la falta de respuesta adecuada y oportuna a la víctima la existencia de un mecanismo de reclamo contenido en la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, dado que la falta de ejercicio de tal mecanismo no justifica ni la dilación del proceso, ni el hecho que, en la práctica, la conducta del Ministerio Público invisibiliza a la víctima del delito, sus peticiones y sus derechos al no habérsele dado respuesta oportuna e íntegra a su solicitud de información y antecedentes. Igualmente de inválido es sostener que la dilación y retardo se justifica en la necesidad de ratificar las declaraciones de los testigos, ello a fin de evitar exclusiones de prueba, conforme se afirma en el informe evacuado, ello en razón de que como es conocido, tales declaraciones se han prestado en innumerables ocasiones por vía telemática y, por otro, conforme le consta a estos sentenciadores por su experiencia, son múltiples los casos en que las declaraciones prestadas en sede policial no son posteriormente ratificadas ante el fiscal o un abogado asistente de fiscal a fin de evitar la exclusión de esas fuentes probatorias.

DÉCIMOTERCERO: Que, por otro, la situación personal que afecta a la recurrente, materializada por la pérdida de facto de un lugar en que ella pretendía establecer su domicilio y morada, conjuntamente a su grupo familiar, del cual, conforme al menos se ha sostenido, se habría visto despojada, requiere otorgar cierta prioridad a la tramitación de la investigación, como también al otorgar la información necesaria a quien es víctima del delito a fin de velar por su intereses y su tranquilidad la cual ya se encuentra afectada por el ilícito que sufrió, dado que “… ante casos urgentes que afectan aspectos básicos de una persona, como lo es su morada, no puede ser sometido a un tratamiento dilatorio por el ente persecutor…” (C.S. rol N° 56.293-2121).

DÉCIMOCUARTO: Que, conforme se viene analizando, estos sentenciadores estiman que la actuación del Ministerio Público, concretamente de la Fiscalía Local de La Serena, ha sido ilegal, por cuanto ha desconocido, los derechos de que la víctima es titular, especialmente aquellos vinculados al acceso de la información, de participación y de protección establecidos en el artículo 109 del Código Procesal Penal, dilatando más allá de lo razonable la tramitación de la investigación y dejando de atender y dar respuesta, en tiempo y forma, los requerimientos de información y protección requeridos por la actora en su calidad de ofendida por un hecho que revestiría caracteres de delito. Adicionalmente, dicha actuación también resulta arbitraria, dado que carece de razonabilidad y se aleja de los fines que nuestra Carta Fundamental estableció en relación al Ministerio Público, especialmente en relación a su deber-función de protección del ofendido del delito y se encuentra en abierta contrariedad al principio de servicialidad que debe caracterizar, especialmente, el actuar del referido órgano de persecución penal.

DÉCIMOQUINTO: Que, el actuar contrario a derecho en que se ha incurrido en el caso concreto en relación a la actora de protección, afecta y lesionada su derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica, concretamente en su perspectiva o dimensión de incolumidad psíquica, por cuanto la tardanza en la tramitación de la investigación en la forma que se ha analizado y, especialmente, la falta de atención oportuna y adecuada a los requerimientos de información, ayuda y protección que ha realizado la actora en el curso del mismo importa un acto que la invisibiliza como sujeto procesal, interviniente y persona, lo que no solo atenta contra su dignidad como ser humano, sino que, consecuencialmente, es naturalmente generador de angustia y de un sentimiento de desprotección de sus intereses y derechos o, como muchas veces lo afirman las víctimas de delitos, de abandono y desprotección por parte de los organismos que por mandato constitucional y legal están a cargo de su protección y seguridad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, con costas, el presente recurso de protección deducido contra el Ministerio Público, Fiscalía Local de La Serena, entidad que deberá citar en forma presencial o vía telemática a doña nombre reservado, previa coordinación con ella, a fin de que un fiscal adjunto le informe sobre el avance de la investigación, su actual estado procesal, los derechos que le asisten en su calidad de víctima del delito y querellante y sobre los derechos que puede ejercer en tal calidad, como los posibles cursos que puedan seguir el proceso, incluyendo la posibilidad de salidas alternativas y sus consecuencias, debiendo adoptar las medidas de protección autónomas o con autorización judicial que se requieran en relación a la situación personal de la víctima y sus requerimientos, otorgándosele al Fiscal un plazo de 5 días para cumplir lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 4600-2022 (Protección).