nombre reservado CONTRA nombre reservado (RECAUDADORA FISCAL)

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de protección Rol Nº46-2026 La Serena, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ingeniero mecánico en proyectos (jubilado), con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de doña nombre reservado, recaudadora fiscal, con domicilio en domicilio reservado, Tesorería Regional de La Serena, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales.

Expone que el 17 de diciembre de 2025, al regresar a su domicilio tras una enfermedad, encontró una notificación de cobro de impuesto territorial emitida por la Tesorería General de la República, dejada en su portón, sin notificación personal previa.

Indica que desde el año 2020 su propiedad se encontraría legalmente exenta del pago del impuesto territorial en un 100%, conforme a la Ley N° 20.732, exención que afirma haber solicitado y acreditado por escrito, y que habría sido posteriormente refrendada por la Ley N° 21.210.

Sostiene que, pese a lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería habrían continuado generando cobros, notificaciones y actuaciones de cobro coactivo, desconociendo la exención vigente, incluso años después de haber sido informada.

Afirma que el avalúo fiscal del inmueble Rol N°1044-0401 fue modificado de manera abrupta y desproporcionada, aumentando desde aproximadamente $24.120.741 a $125.600.542 en un plazo cercano a un año, sin respaldo técnico, planos, estudios ni fundamentos conocidos por el contribuyente.

Sostiene que dicha modificación habría sido ordenada por autoridades del SII regional, mediante un procedimiento que califica de arbitrario y carente de legalidad, incluyendo supuestos actos de fiscalización catastral masiva.

El recurrente denuncia que existiría un convenio informal o irregular entre el SII y la Municipalidad, carente de decretos, bases públicas o publicidad suficiente, que habría servido de base para modificar la calificación del suelo y el avalúo de múltiples propiedades.

Señala que los cobros y reajustes aplicados durante los años 2021 y 2022 serían manifiestamente desproporcionados, superando ampliamente los reajustes legales por IPC, generando incrementos superiores al 100% anual.

Finalmente, afirma que estas actuaciones han afectado no solo su patrimonio, sino también a centenares de familias, generando daños patrimoniales y una situación de indefensión frente a la autoridad administrativa.

Por lo anterior, estima vulnerado su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Culmina solicitando que se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 5 se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala haber iniciado el procedimiento de cobro ejecutivo de contribuciones respecto del inmueble Rol N° 01044-00401 de la comuna de La Serena, por encontrarse el recurrente en mora, conforme a las facultades que les confiere el Código Tributario, notificándose válidamente el requerimiento de pago con fecha 3 de diciembre de 2025.

Indican que, a la fecha de la notificación y del inicio del cobro, no existía resolución alguna del Servicio de Impuestos Internos que otorgara al recurrente exención, rebaja o suspensión del impuesto territorial, razón por la cual la Tesorería se encontraba legalmente obligada a proceder al cobro.

Luego, sostiene que el recurso es extemporáneo, por haberse interpuesto fuera del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, toda vez que la notificación y requerimiento de pago fue realizada con fecha 03 de diciembre de 2025, en tanto que la acción fue presentada el 10 de enero de 2026.

Asimismo, sostiene que el recurso es improcedente, por dirigirse contra actuaciones propias de un procedimiento ejecutivo tributario, respecto del cual existen vías legales y jurisdiccionales específicas para reclamar.

Por otra parte, señala que la determinación de exenciones y beneficios tributarios corresponde exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos, careciendo la Tesorería de facultades para suspender o modificar el cobro sin resolución previa de dicho organismo.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que, con posterioridad a la interposición del recurso, el Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Exenta N° 28 de 15 de enero de 2026, ordenando la suspensión del cobro, medida que fue cumplida oportunamente por la Tesorería, lo que, a juicio de la recurrida, descarta toda arbitrariedad o ilegalidad.

Finalmente, indica que no existe vulneración alguna de garantías constitucionales, por cuanto el actuar de la Tesorería y de la Recaudadora Fiscal se ajustó estrictamente al marco legal vigente.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que, no obstante, es necesario consignar que, de la lectura del libelo recursivo, se advierten una serie de falencias formales que impiden su acogimiento. En efecto, el recurrente en su escrito alude a una serie de reproches -atribuibles además a distintas autoridades- entre los cuales alude al cobro del impuesto territorial, pese a que su propiedad se encontraría exenta; la modificación del avalúo fiscal del inmueble; cuestionamientos al actuar del Servicio de Impuestos Internos y de la Municipalidad de La Serena en la determinación del nuevo avalúo; así como los cobros y reajustes aplicados en los años 2021 y 2022.

De esta manera, la falta de claridad en el planteamiento del acto que se pretende impugnar, como también la falta de peticiones concretas, conlleva un defecto formal del libelo que, inevitablemente, impide a esta Corte adoptar alguna medida para la protección de alguno de los derechos que se encuentran amparados por la presente acción cautelar, lo que desde ya conduce a desestimar la acción.

QUINTO: Que, concordante con lo apuntado en forma precedente, es que la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida también deberá ser desestimada, atendida la falta de determinación del acto por el cual se reclama, lo que a su turno impide contabilizar el plazo de interposición de la acción.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, de los antecedentes expuestos, se advierte que el recurrente esgrime una serie de actuaciones de la Tesorería General de la República, así como del Servicio de Impuestos Internos y de la Municipalidad de La Serena que, a su juicio, han sido ejecutadas en forma errónea o viciosa, cuestionando en definitiva la tramitación que ha tenido el expediente de cobro del impuesto territorial respecto del inmueble Rol N° 01044-00401 de la comuna de La Serena.

Que, en ese entendido, debe también considerarse que los actos cuestionados en la especie, han sido expedidos en el marco de la tramitación de un proceso por cobro de impuesto territorial, de forma que, de los antecedentes expuestos por la misma parte recurrente, emana que el asunto se encuentra sometido al imperio del derecho, contando la parte con los recursos ordinarios que le franquea el ordenamiento legal a objeto de impugnar las decisiones que estima causarle agravio. En efecto, son los recursos procesales ordinarios los que se constituyen como el mecanismo para que el imperio del derecho sea restablecido cuando, a propósito de una decisión jurisdiccional, se ha visto mancillado. Este criterio ha sido sostenido por los Tribunales Superiores de Justicia, en cuanto, por regla general, no procede esta acción cautelar en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, el presente recurso parece más bien dirigido a cuestionar aspectos procedimentales en la tramitación del cobro del impuesto territorial, transformándolo de esa forma en una suerte de instancia ordinaria que excede con creces los márgenes de la excepcionalidad del mismo, contando -como ya se dijo- con los recursos ordinarios y vías que le franquea la ley.

Sin perjuicio de lo anterior y, teniendo presente que, de acuerdo a la informado por la recurrida, el 16 de enero de 2026 se procedió a la suspensión del proceso de cobro en contra del recurrente, hasta el 31 de junio de 2026, es que también se advierte que el acto que, eventualmente, pudiera estimarse que amenaza el derecho de propiedad del actor, ha cesado de manera temporal, lo que por ahora impide adoptar alguna medida por parte de esta Corte con el objeto de subsanar la situación, lo que abona al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 46-2026 protección.