nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Vicuña Recurso de protección Rol N°451-2025 La Serena, treinta de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a folio 1 comparece don nombre reservado, ingeniero criminalista forense, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, representada por su Alcalde, don Mario Alfonso Aros Carvajal, fundado en que la autoridad edilicia ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al dictar el Decreto Alcaldicio N°5.119, de 30 de diciembre de 2024, por medio del cual se regularizó su grado profesional, modificándolo del grado 9º al 12º del escalafón profesional, a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Señala que desde el año 2012 se ha desempeñado de manera ininterrumpida en calidad de contrata en dicho organismo, ascendiendo desde el grado 18 progresivamente hasta ocupar el cargo de “Encargado del Observatorio Mamalluca”, conforme al Decreto N°351 de 19 de enero de 2022, en grado 10° del escalafón Profesional.

Expone que, posteriormente mediante el Decreto N°2050 de 7 de mayo de 2024, su grado fue regularizado pasando a un grado 9° del escalafón profesional, con jornada de 44 horas semanales. Posteriormente, con el Decreto N°5650 de 21 de noviembre de 2024, su contrata fue prorrogada en idénticas condiciones para el año 2025.

Indica que, a solo semanas de aquella prórroga, el 30 de diciembre de 2024, se dictó el Decreto N°5119, mediante el cual se dispuso regularizar su nombramiento a contrata en el grado 12° del escalafón de profesionales de esa municipalidad y fue destinado a cumplir funciones como encargado de los cementerios municipales de la I. Municipalidad de Vicuña con una jornada de trabajo de 44 horas semanales, y en el horario de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 830 a 16:30 horas.

Sostiene que este nuevo decreto carece de motivación suficiente, al respecto, este indica: “4. Que, debido a los requerimientos inherentes a la gestión municipal y a la necesidad de optimizar la administración y el funcionamiento técnico de los cementerios municipales, en conformidad con las disposiciones establecidas en el D.S. N°357/1970 del Ministerio de Salud, y considerando especialmente las competencias profesionales del Sr. nombre reservado, se estima necesario trasladar al mencionado funcionario al Cementerio Municipal de la comuna de Vicuña. Dicho traslado lo designará como encargado tanto de esa dependencia como de los demás camposantos bajo la administración de la I. Municipalidad de Vicuña;

5. Que, considerando las particularidades de la nueva función y sobre todo el horario acotado de la misma, corresponde ajustar la contrata de don nombre reservado, asignándolo al grado 12° del escalafón profesional”

Señala que la resolución indica como único aparente fundamento para modificar la contrata el supuesto “horario acotado” de su nueva función. Explica que, sin embargo, el Decreto N°2050 de 07 de Mayo de 2024, que regularizó su nombramiento y dispuso que pasara a contrata grado 9° del escalafón profesional, estableció una jornada laboral de 44 horas semanales, siendo exactamente igual al nuevo horario asignado.

Indica que de lo anterior se constata de manera palmaria que la recurrida decidió arbitraria, intempestiva, y abusivamente, dictar un acto del todo ilegal, que carece de la motivación suficiente, infringiendo el principio de legalidad, lo que a su vez demuestra su arbitrariedad, al rebajar su grado de contrata mediante un acto administrativo carente de una real fundamentación que pueda justificar su actuar.

Expone que, el acto recurrido vulnera, en primer término, la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto existe una diferencia arbitraria en dejar sin efecto la prórroga de su nombramiento, modificando su vínculo contractual por motivos discriminatorios y a través de un procedimiento ilegítimo ya que no se consideró que le asiste confianza legítima y no se le trató como a los otros funcionarios que la poseen y no se modificó su contrata, lo que se traduce en un trato desigual y discriminatorio en contra de su persona y que es arbitrario ya que no se avizora un fundamento razonable para privarlo de los efectos que dicho principio conlleva para los funcionarios beneficiados por él.

En segundo término, sostiene que se vulnera su derecho de propiedad por la consiguiente rebaja de sus remuneraciones, sin que exista un motivo legal para degradarlo a un grado inferior en la escala de sueldos.

Por lo expuesto solicita que se acoja el recurso en todas sus partes y se declare ilegal y arbitrario y por tanto, se deje sin efecto, el Decreto alcaldicio Nº5.119, de 2024, que regularizó el grado profesional del recurrente del 9º al 12º, ambos del escalafón profesional, a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se ordene restituir su nombramiento a contrata grado 9 EMS del escalafón profesional a contar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, ordenándose el pago de todas sus remuneraciones y cotizaciones previsionales que se hayan devengado en las mismas condiciones en las que se desempeñaba con anterioridad la dictación del acto impugnado, con costas.

Acompaña, como fundamento del recurso los siguientes documentos: 1) Decreto N°2050 de 7 de mayo de 2024; 2) Decreto N°5650 de 21 de noviembre de 2024; 3) Decreto N°5119 de 30 de diciembre de 2024; 4) Reclamo N°40.026 ante la Contraloría General de la República; 5) Dictamen E37004/2025 de 6 de marzo de 2025, de la Contraloría Regional de Coquimbo.

Que, a folio 10 informa el recurso don Elías Patricio Alcayaga Zumarán, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales del recurrente.

Refiere, en primer término, al historial de contrataciones de don nombre reservado y a los fundamentos que motivaron el cambio de funciones y grado del funcionario, de conformidad a lo señalado en los motivos tercero y cuarto del Decreto Alcaldicio N°5.119, de 30 de diciembre de 2024.

Indica que, el acto impugnado se sustentó, primeramente, en las competencias profesionales del actor quien posee el título profesional de Ingeniero de Ejecución Forense Criminalista, formación académica que resulta directamente vinculada con las labores desarrolladas en los cementerios municipales, justificando, razonablemente, su destinación a dicha unidad.

En segundo término, señala que el ajuste en el grado profesional obedece a las particularidades del nuevo cargo asignado y al horario acotado que implica. Explica que, las funciones que previamente desempeñaba el actor de “Encargado del Observatorio Mamalluca” correspondían a un cargo de alta visibilidad pública, que requerían una mayor disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana, horarios nocturnos y atención a delegaciones nacionales e internacionales. Estas tareas implicaban una demanda significativa en términos de disponibilidad, gestión y trato directo con visitantes. En cambio, el nuevo cargo de “Encargado de Cementerios Municipales” es de menor visibilidad, con horarios definidos y acotados, centrado en la administración de espacios físicos y procedimientos asociados a la normativa sanitaria vigente, el cual tiene un horario delimitado que corresponde a la jornada ordinaria de la administración municipal, sin exigencias de extensión horaria.

Sostiene además que la decisión contenida en el Decreto N°5.119 se encuentra debidamente respaldado, tanto en la normativa vigente como en la doctrina administrativa de la Contraloría General de la República, haciendo referencia a los motivos 6 y 7 de la resolución impugnada.

De otro lado, señala que el 10 de enero de 2025, el recurrente interpuso reclamo ante la Contraloría Regional de Coquimbo, el cual fue desestimado mediante Dictamen N°E37004/2025 de 6 de marzo de 2025, en consideración a que la rebaja de grado se encontraba justificada en el cambio de funciones y en el deber de la autoridad de ponderar adecuadamente el nivel remuneratorio conforme a las nuevas tareas asignadas. Indica que este dictamen confirma que el acto administrativo fue fundado y emitido conforme a derecho.

Por último, sostiene que la medida adoptada por la Ilustre Municipalidad de Vicuña encuentra sustento en el artículo 9° de la Ley N°18.883 y en el artículo 10 de la Ley N°18.834, conforme a los cuales, todo cargo municipal debe tener asignado un grado conforme a la importancia de la función desempeñada y que se permite a la autoridad asignar grados distintos a funcionarios que, aun desempeñando funciones similares, presentan diferencias en su capacidad, calificación e idoneidad.

Por ello señala que la municipalidad actuó dentro del marco legal al reasignar al funcionario a un nuevo cargo, ajustando el grado y la remuneración en función de la naturaleza técnica y administrativa de las nuevas labores, las cuales se desarrollan en un contexto de menor complejidad operativa y exposición pública.

Afirma que, en consecuencia, no ha existido acto ilegal ni arbitrario, y que las actuaciones impugnadas se ajustaron a la normativa vigente, en el legítimo ejercicio de las facultades que la ley otorga a la administración.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Como fundamento de sus alegaciones acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto N°2.050 de 07.05.2024, emitido por la I. Municipalidad de Vicuña. 2. Decreto N°5.650 de 21.11.2024, emitido por la I. Municipalidad de Vicuña. 3. Decreto N°5.119 de 30.12.2024, emitido por la I. Municipalidad de Vicuña. 4. Certificado de título de con nombre reservado. 5. Dictamen E37004/2025 de 06.03.2025, emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista en la audiencia del miércoles veintitrés de abril pasado, oportunidad en que se anunciaron para alegar y lo hicieron de forma presencial, los abogados don Carlos Muñoz Álvarez, por 15 minutos, por el recurso y don nombre reservado, por 15 minutos, contra el recurso, antecedentes que quedaron registrados en el sistema de audio.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° De la misma forma fluye de lo transcrito, que es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

4° Que, en el caso sub-iudice, del escrito que contiene el arbitrio constitucional intentado se desprende que lo reprochado de ilegal y arbitrario -y que sirve de sustento a la presente acción constitucional de protección deducido en contra de la recurrida I. Municipalidad de Vicuña- es el Decreto Alcaldicio N°5.119, de 30 de diciembre de 2024, que dispuso, por un lado, regularizar el nombramiento del recurrente a contrata en el grado 12° del Escalafón de profesionales de la recurrida y, por otro lado, el cambio de funciones de encargado del Observatorio Mamalluca a encargado de los Cementerios Municipales de la Municipalidad de Vicuña.

5° Que, el recurrente sostiene que tal acto afectaría las garantías y/o derechos fundamentales de su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 1° y 24° de la Constitución Política de la República, fundado en que el referido decreto alcaldicio -que regularizó su escalafón profesional modificándolo de 9° a 12°- adolecería de falta de motivación ya que no señalaría el verdadero fundamento de la alteración del su grado en el escalafón de profesionales.

6° Que, en relación con el requisito de motivación que debe concurrir en todo acto administrativo y que el recurrente reclama, es conveniente recordar que nuestro máximo tribunal, desde ya varios años, ha venido sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. Así, se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (Rol N°27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (Rol N°58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (Rol N°27.467-2014). Asimismo, sostuvo que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N°27.467-2014). Finalmente, destacaba que la motivación del acto administrativo obliga a toda autoridad administrativa a “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige” (Rol N°58.971-2016).

7° Que, no es un hecho controvertido en estos antecedentes que la dictación, por parte de la recurrida, del Decreto Alcaldicio N°5119 de 30 de diciembre de 2024, mediante el cual se dispuso el cambió de funciones del recurrente, destinándolo, de Encargado del Observatorio Mamalluca a desempeñar el cargo de “Encargado de los Cementerios” de la recurrida y que ello implicó la regularización de su contrata del grado 9° a 12° del escalafón de profesiones de dicha entidad edilicia.

Que tampoco hay mayor debate respecto a la fecha de ingreso del recurrente a la I. Municipalidad de Vicuña, las funciones que desempeñó y los grados que ostentó. Que, de otra suerte, el debate en el presente arbitrio se circunscribe y restringe, no al cambio de funciones y el consecuente traslado de lugar en que prestaba los servicios el recurrente, sino más bien a las consecuencias que dicho cambio trajeron aparejadas para el recurrente, esto es, la regularización en el escalafón profesional del recurrente del grado 9° a 12° y sus incidencias en su remuneración y si ello fue arbitrario o no. Que lo anterior y a mayor abundamiento quedó ratificado por lo expresado por las partes en sus alegatos en estrado, durante la vista del presente recurso.

8° Que, conforme a lo expuesto, para dilucidar la controversia en el presente arbitrio constitucional, se hace necesario el análisis del acto administrativo impugnado, a fin de verificar que si son o no efectivos los asertos alegados por la recurrente en cuanto a que el cambio de grado en el escalafón profesional de que fue objeto a partir del 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, contenido en el Decreto Alcaldicio N°5.119, careció de motivación, de una fundamentación y razonabilidad, que permita justificar dicha medida, en términos que contiene sesgos de arbitrariedad e ilegalidad.

9° Que, conforme al Decreto Alcaldicio referido, en lo que a este arbitrio se refiere -la motivación de dicho acto administrativo- señaló en su basamento 4° y 5° como sigue: “4°.Que, debido a los requerimientos inherentes a la gestión municipal y a la necesidad de optimizar la administración y el funcionamiento técnico de los cementerios municipales, en conformidad con las disposiciones establecidas en el D.S. N°357/1970 del Ministerio de Salud, y considerando especialmente las competencias profesionales del Sr. nombre reservado, se estima necesario trasladar al mencionado funcionario al Cementerio Municipal de la comuna de Vicuña. Dicho traslado lo designará como encargado tanto de esa dependencia como de los demás camposantos bajo la administración de la I. Municipalidad de Vicuña; 5°. Que, considerando las particularidades de la nueva función y sobre todo el horario acotado de la misma, corresponde ajustar la contrata de don nombre reservado, asignándolo al grado 12° del escalafón profesional”

10° Que, de los referidos considerandos del Decreto Alcaldicio, se desprende que la motivación en que se sustenta el nuevo cargo a que fue destinado el recurrente con el consecuente ajuste en su escalafón profesional, a partir del 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 fue, por un lado, las competencias profesionales del recurrente y, por otra parte, el horario acotado que implicaba las nuevas funciones asignadas a este.

11° Que, examinados los antecedentes hechos valer por la recurrida para fundamentar dicho Decreto Alcaldicio, se puede advertir que efectivamente el acto impugnado carece de motivación y fundamentación que justifique la modificación en cuanto al escalafón profesional del recurrente.

En efecto, se argumenta por la recurrida, por un lado, que ello se fundamentó en el “horario acotado” a que quedaría sujeto el recurrente en sus nuevas funciones. Sin embargo del análisis de los antecedentes agregados al presente arbitrio por las partes, fácilmente se puede concluir que dicho fundamento no es tal, toda vez que no es efectivo el denominado “horario acotado”, desde que tanto en el decreto que dispuso su prórroga como encargado del observatorio Mamalluca - Decreto N°5650- y el decreto impugnado -Decreto N°5.119- se estableció que su jornada de trabajo era de 44 horas semanales distribuidas de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 y los viernes de 08:30 a 16:30 horas, sin que exista otro antecedentes que permita desvirtuar tal conclusión, como lo esbozó el apoderado de la recurrida indicando que tenía una jornada más reducida al cargo anterior, lo cual no es efectivo.

De eta forma, no ha sido posible entender como efectivo que la nueva destinación sea una que importe una reducción de su jornada laboral, la que mantiene de forma integra y exacta a la que está sujeto desde su llegada al cargo del cual fue removido.

Que, por otra parte, se alegó también como fundamento o motivación del Decreto Alcaldicio antecedentes que dicen relación con la capacidad y competencias profesionales del recurrente en relación con el nuevo cargo asignado. Se sostiene que se asignó al cargo de Encargado de Cementerios de la comuna de Vicuña, atendido a que se requería en dicha repartición municipal una persona que gozara con responsabilidad administrativa, requisito que reunía el recurrente, ya que existían muchas irregularidades e infracciones a la legalidad vigente relacionadas con la administración de los cementerios, desde que dicha administración estaba a cargo de personal contratado a honorarios y no a contrata. En relación a lo anterior, no es posible acoger esta alegación, desde que se trata de afirmaciones únicamente vertidas en el contexto de las alegaciones orales verificadas, sin que aparezca como fundamento de la decisión, lo que deja en evidencia que, para comprenderla, sería necesario acudir a otros elementos ajenos a la misma, circunstancia que denota su falta de motivación.

Que, a mayor abundamiento, es posible concluir que entre las nuevas funciones a que fue destinado el recurrente v/s las que desempeñaba con anterioridad, en ambas el cargo era de “ENCARGADO” de un local municipal. En una, del Observatorio y en la última de los Cementerios de la comuna de Vicuña, con igual importancia, con el mismo nivel de responsabilidad y con la misma jornada de trabajo –44 horas distribuidas de la misma forma- con lo cual se desvanece lo argumentado por la recurrida en cuanto a que las nuevas funciones asignadas al recurrente eran de menor responsabilidad e importancia que las desempeñadas en el observatorio Mamalluca, y tampoco podría sostenerse que ello obedeció a un mal desempeño, por cuanto este hecho no fue indicado en el Decreto impugnado ni alegado por la recurrida.

12° Que, conforme a lo señalado en los basamentos precedentes, es posible sostener, como colofón, que en el caso sub-iudice existe un funcionario municipal contratado desde el año 2013, que fue objeto de un cambio de funciones, de su lugar de prestación de servicios con la reducción de grado del escalafón profesional y la consecuente rebaja en su remuneración, sin que haya existido justificación y fundamentación alguna, tiñendo de arbitrario el Decreto impugnado por carecer de motivación, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2 y artículo 41 inciso 4°, ambos de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, afectando así la garantía del derecho de propiedad de la recurrente.

En efecto, destinarlo a otras funciones de similar naturaleza y jerarquía, reduciendo su remuneración, requiere de argumentos de fondo que así lo justifiquen y, por cierto, expresados en el acto recurrido, nada de lo cual aconteció. Aquello no impide entender coherente esta decisión con la postura de la Contraloría General de la República, pues dicho organismo se pronunció y aludió a que el jefe comunal cuenta con facultades para redestinar a sus funcionarios, cosa que no es desconocida ni controvertida. El asunto es ver si lo hizo fundadamente y, claro está, no ocurrió, razón por lo cual se acogerá el arbitrio intentado por el recurrente, con el objeto de acceder a lo pretendido por este, de la forma que se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

En este ultimo punto, conforme lo pedido en el libelo y las argumentaciones esgrimidas, el debate giró en torno a las consecuencias del traslado, más no se discutió este en si mismo, por lo que se restituirá el imperio del derecho en aquel tópico, manteniendo al actor en sus nuevas funciones, pero conservando su grado y remuneraciones a la posición anterior, al tratarse de jefaturas de la misma naturaleza.

Por todas estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se ACOGE, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, representada por su Alcalde, don Mario Alfonso Aros Carvajal, por haber conculcado la garantía del derecho de propiedad del recurrente con la dictación del Decreto Alcaldicio N°5.119 de 30 de diciembre de 2024, por carecer de motivación, disponiendo que se deja sin efecto el referido Decreto Alcaldicio N°5.119, solo en aquella parte que dispuso la rebaja en el grado del escalafón profesional a grado 12°, debiendo de restablecerse éste en el grado 9° y restituir las diferencias de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social que se hayan generado desde el 1 de enero de 2025 en adelante.

II.- Que se no condena a la recurrida al pago de las costas de esta instancia.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad-.

Rol N° 451-2025 Protección. -