ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA con nombre reservado

I.Municipalidad de Monte Patria Jefe Defensa Nacional y otros Recurso de Protección Rol N° 442-2020.- La Serena, veintidós de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1o Que comparece Juan Eduardo Guzmán Zúñiga, abogado, en representación de I. Municipalidad de Monte Patria, representada por su alcade nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, General de Brigada del Ejército de Chile, en su calidad de Jefe De La Defensa Nacional para la Región de Coquimbo, domiciliado en domicilio reservado, de La Serena; en contra de nombre reservado, médico cirujano, en su calidad de MINISTRO DE SALUD, domiciliado en domicilio reservado; y en contra de nombre reservado, en su calidad de Presidente de la República de Chile, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando desde ya que el presente recurso se admita a tramitación y, previo informe de las recurridas, sea acogido, ordenándole que en uso de sus facultades excepcionales, limite la circulación de los habitantes desde y hacia la comuna de Montepatria, decretando la denominada "cuarentena" por un periodo no inferior a 14 días.

Expone que con fecha 11 de marzo recién pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como Pandemia el brote mundial del virus Coronavirus COVID-19, declarando el Gobierno de Chile primero Alerta Sanitaria, y luego Estado Constitucional de Catástrofe para todo el territorio de la República.

Arguye, que han sido entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Chile a través de su Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico de Chile, junto a otros órganos competentes y voces idóneas en temas sanitarios y epidemiológicos, quienes han insistido en la conveniencia y necesidad de extremar, oportunamente, las medidas de distanciamiento social, convocando por distintas vías, incluso haciendo directamente llamados a la autoridad para que adopte lo que de manera pública y notoria a estas alturas se conoce como "cuarentena".

Precisa que se hace de toda lógica y sanitariamente necesario, el incrementar las medidas de aislamiento al máximo, requiriendo aún las facultades compulsivas en caso de inobservancia, a fin de proteger y resguardar la vida y la integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna de Montepatria.

Manifiesta que la comuna de Montepatria está ubicada la centro de la provincia de Limarí lo que significa que es una comuna de paso o tránsito para acceder a otras comunas de la provincia, además de no contar con un Hospital propio, sino que solo poseer centro de Salud Familiar y nueve postas que forman parte de la red de salud.

Expresa que la recurrida se ha comportado expectante y ha tenido un rol inactivo en este específico punto, pese al insistente clamor de entes especializados y de gran parte de la ciudadanía para adoptar la denominada "cuarentena", sin haber ejecutado acto alguno tendiente a acudir a las herramientas legales con que cuenta para ello, menos aún, han justificado con razonabilidad mínima tal omisión, solo quedando a la interpretación de evitar un daño a la economía nacional, sin embargo por la jerarquía de los bienes jurídicos en juego, no resulta aceptable el supeditar la vida y salud de las personas a una eventual pérdida económica, máxime si esta medida se adopta por un breve espacio temporal, tal y como son 14 días corridos, lapso que permite asegurar que los actuales portadores no sigan propagando el virus, aquello en razón del tiempo de actividad del covid-19 en el organismo de las personas.

Expresa que resulta un hecho científico asentado que existen condiciones previas que implican un incremento en la mortalidad y gravedad de los efectos perniciosos del covid-19, sumado esto que en la comuna existen 4.659 adultos sobre 65 años, 2.688 enfermos crónicos, y 319 embarazadas .

Señala que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna de Montepatria.

En este contexto, solicita derechamente se ordene a la autoridad recurrida que, en uso de sus facultades constitucionales decrete medidas que restrinjan la libertad de circulación de todas las personas desde y hacia la comuna de Los Vilos, por un plazo no inferior a 14 días, período hasta la fecha detectado como de contagio del virus.

Solicita se acoja el recurso en todas sus partes, adoptando las providencias que juzgue necesarias para que las autoridades recurridas dispongan las acciones que aseguren la debida protección de la vida e integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna de Los Vilos, en particular limitando la circulación de personas desde y hacia la comuna de Los Vilos, por un plazo no inferior a 14 días, sin perjuicio de las medidas que S.S.I. estime en Derecho y mérito de los antecedentes.

2° Que comparece nombre reservado Ward nombre reservado, Ministro Secretario General de la Presidencia, por orden de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique quien al informar el recurso de protección deducido en su contra solicita en su presentación, el rechazo del recurso por improcedente.

Sostuvo como cuestión previa, la falta de legitimación activa, la naturaleza de la acción de protección y la necesidad de un control deferente en la gestión de la crisis sanitaria que azota actualmente al país.

Refiere que el recurrente sostiene que interpone la presente acción cautelar "a favor de los habitantes de la comuna de Montepatria", sin embargo, esta acción cautelar tiene por finalidad proteger intereses concretos de una persona o grupo de personas, perfectamente identificados, que hayan sido objeto de conculcaciones a ciertos derechos consagrados en la Constitución Política de la República (en adelante, indistintamente "Constitución" o "CPR"), no autorizándose su interposición en beneficio de personas o entes indeterminados, como acontece en la especie, lo que es propio de una acción popular.

Por otro lado, destaca que esta acción cautelar tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución, y en este caso, la pretensión del recurrente excede el ámbito de aplicación de esta acción cautelar, puesto que corresponde al ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, al solicitar que se ordene a "las autoridades recurridas" decretar "cuarentena" en la comuna de Los Vilos por un plazo no inferior a 14 días.

Siendo una medida íntimamente asociada a las potestades de la autoridad sanitaria, en virtud de lo dispuesto en el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).

En este sentido, indica que la acción de protección no puede tener como objetivo que los Tribunales se pronuncien sobre la suficiencia, oportunidad o congruencia de las medidas adoptadas o que podrían adoptarse, pues corresponden a la esfera de competencias de otro Poder del Estado. Así lo han fallado diversas Corte de Apelaciones resolviendo la admisibilidad de recursos de protección vinculado con estos mismos hechos.

Asimismo, señala que diversas circunstancias fácticas y normativas exigen que el control judicial que esta Corte realice en estos autos se realice con una especial deferencia a las acciones adoptadas, tanto por las autoridades sanitarias, como por aquellas que se encuentran gestionando logísticamente la actual emergencia sanitaria derivada del brote a nivel global del COVID -19.

Señala que parte importante del éxito de las medidas adoptadas por el Estado depende de que ellas sean correcta y eficientemente implementadas. Para ello, es imprescindible evaluar la dotación funcionarial disponible de los servicios públicos involucrados, y los efectos secundarios de cada una de las distintas formas de implementar las medidas ordenadas. Esas evaluaciones, nuevamente, dependen de distintas variables y contextos, y son también altamente dinámicas. La gestión de la emergencia es sobre todo una gestión de recursos disponibles.

Finalmente, refiere que las medidas adoptadas para la gestión de la actual alerta sanitaria son altamente dependientes tanto de la información epidemiológica disponible, como de la interpretación que de ella hagan los expertos. Todo ello, además, en un escenario especialmente complejo debido al poco tiempo transcurrido desde el descubrimiento del elemento patógeno y a los avances diarios que los especialistas a nivel nacional y mundial se encuentran haciendo sobre la forma de controlar el SARS-CoV-2.

En otro capítulo, alega la improcedencia de la acción, desde que a su entender no se cumple con los presupuestos que el artículo 20 de la Constitución establece.

Sostiene la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, en los términos del artículo 20 de la constitución.

En primer lugar, señala que resulta indispensable que la conducta omisiva ilegal o arbitraria esté asociada a la existencia de una norma expresa que ordene una determinada conducta por parte de un órgano del Estado y que genere derechos en favor de terceros. En caso de omitirse la conducta expresamente requerida por una norma jurídica, se podría incurrir en una omisión ilegal o arbitraria.

Sostiene que conforme con sus atribuciones constitucionales, S.E. el Presidente de la República declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, al territorio de la República de Chile, mediante decreto supremo N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha 18 de marzo de 2020. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la CPR, esta declaración lo habilita para restringir las libertades de locomoción y de reunión, pudiendo, asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Expresa que la acción de autos además se basa en antecedentes fácticos erróneos al desconocer por completo las medidas de diversa naturaleza que las autoridades han adoptado desde enero de este año para evitar y controlar la propagación del COVID-19. Las afirmaciones del recurrente son erróneas, toda vez que, lejos de la supuesta inactividad, las autoridades han realizado múltiples y diversas medidas para proteger, ante todo, la salud de la población ponderando diversos factores y aplicándolas gradualmente de acuerdo a la realidad de cada región, comuna o localidad, según corresponda.

Contrario a lo que sostiene el recurrente, no ha existido omisión o "pasividad", sino que se ha analizado y monitoreado la situación de cada región y comuna, a efectos de adoptar las distintas medidas de manera gradual y progresiva. Ello se ha realizado desde principios de este año, e incluso un mes antes de la aparición del primer caso de COVID-19 reportado en nuestro país.

Por otra parte, hace presente que, a diferencia de lo que parece afirmar el recurrente, la ocurrencia de una situación de excepción que conlleve a declarar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe habilita, pero no obliga, al Presidente de la República, y al Jefe de Defensa a adoptar una medida determinada.

En definitiva, el recurrente cuestiona que no se adopte una medida en particular, como es la cuarentena total en la comuna de Los Vilos, pero carece de toda lógica calificarlo como una actuación ilegal o arbitraria ya que no basta con citar declaraciones o recomendaciones de entes gremiales, ni a la opinión pública para configurar la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que aduce.

Agrega que el recurrente sostiene que las autoridades recurridas no "han justificado con razonabilidad mínima tal omisión, solo quedando a la interpretación de evitar un daño a la economía nacional". No obstante dicha afirmación, nuevamente, supone desconocer las acciones que se han llevado a cabo durante estos meses en nuestro país, en directo resguardo de la salud de la población.

Por tanto, alega que el recurrente ignora por completo las medidas efectivamente adoptadas, no sólo en la Región de Coquimbo, sino en todo el territorio nacional, y resulta contradictorio, por tanto, sostener que ha existido una omisión ilegal o arbitraria por el hecho de no haber adoptado una medida en particular.

A este respecto, hace presente que S.E. el Presidente de la República, ha adoptado, en el marco de la Constitución y las leyes, diversas medidas para enfrentar el COVID-19, teniendo en consideración la información científica y técnica disponible, escuchando las recomendaciones de diversos profesionales, y teniendo en consideración la experiencia internacional.

Indica que el Presidente de la República ha adoptado amplias y diversas medidas tendientes a proteger la vida y la salud de la población. Así, desde el primer brote de COVID-19 acaecido en China, en diciembre del 2019, la preparación y coordinación para enfrentar esta enfermedad ha sido la máxima prioridad para S.E. el Presidente de la República. En efecto, en el mes de enero, cuando apenas comenzaban los primeros casos en China y en algunos países de Asia, a través del Ministerio de Salud, se adoptaron medidas para alertar, coordinar y ampliar la capacidad de atención y diagnóstico con las instituciones de salud competentes. Asimismo, se comunicó a los representantes de los puntos de entrada al país sobre la identificación de posibles casos y la manera de enfrentar los mismos.

Posteriormente, el día 5 de febrero de 2020, a través del decreto N° 4, del Ministerio de Salud, se decretó alerta sanitaria en todo el territorio del país y se otorgaron facultades extraordinarias a dicho ministerio para enfrentar la pandemia del COVID-19. Este acto administrativo se dictó con una antelación de casi un mes al primer caso de esta enfermedad en Chile.

Explica que desde entonces se han adoptado medidas sanitarias proporcionadas, adecuadas y pertinentes a medida que la evolución de los acontecimientos lo ha ameritado. Arguye que el recurrente no especifica por qué, ni cómo se estaría vulnerando la garantía esgrimida, y únicamente sostiene que, a su juicio, la no adopción de la medida de cuarentena sería per se lesiva del derecho a la vida, ignorando todas las otras medidas adoptadas al efecto y las justificaciones de las mismas.

Al respecto, indica que no es posible señalar que las acciones de S.E. el Presidente de la República, en el marco de los acontecimientos que vive el país y de sus atribuciones constitucionales y legales, hayan podido implicar una omisión que amenace o perturbe el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, ni de los habitantes de la comuna de Combarbalá. La alegada omisión no es tal dado que se han adoptado medidas en relación al manejo de la pandemia, las que son del todo ignoradas por el recurrente. En ese orden de ideas, las acciones y medidas adoptadas hasta la fecha no pueden ser causa de la amenaza o perturbación de derechos.

En sustento de lo informado acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Oficio Nº 1553, 22 de enero de 2020, del Ministerio de Salud. Alerta y refuerzo ante brote de 2019-nCoV en China; 2) Copia del decreto N° 4, 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); 3) Copia del Ord. B2 Nº 751, 6 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud. Orientación de Manejo de Infección por Nuevo Coronavirus (COVID-19) en Domicilio; 4) Copia de la resolución exenta Nº 131, de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, crea grupo de trabajo denominado “Consejo Asesor COVID-19”; 5) Copia del Ord. B1 Nº 862, 14 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud. Suspensión eventos sobre 500 personas; 6) Copia de la resolución exenta Nº 180, de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 7) Copia del decreto supremo N° 102, 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dispone cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); 8) Copia del decreto supremo N° 104, 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile; 9) Copia de la resolución exenta Nº 188, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 10) Copia del decreto supremo N° 107, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, por un plazo de doce meses; 11) Copia de la resolución exenta Nº 200, de 20 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 12) Copia de la resolución exenta Nº 202, de 22 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 13) Copia de la resolución exenta Nº 203, de 24 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 14) Copia del Ord. B1 Nº 939, 24 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud. Envía protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19 Fase 4; 15) Copia de la resolución exenta Nº 210, de 26 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 16) Copia de resolución exenta Nº 227, de 1 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 17) Copia de resolución exenta Nº 236, de 3 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 18) Copia de resolución exenta Nº 244, de 6 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 19) Copia del decreto supremo N°544, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en que consta el nombramiento de don nombre reservado como Ministro Secretario General de la Presidencia.

3o Que, comparece nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Defensa Nacional Región de Coquimbo, quien al informar el recurso de protección deducido en su contra solicita en su presentación, el rechazo del recurso por improcedente, y refiere que esta acción no resulta procedente, por cuanto esta acción constitucional no es la vía para discutir aspectos controvertidos, ya que las medidas solicitadas por el recurrente exceden el ámbito de acción del recurso de protección. Citando para estos efectos múltiples pronunciamientos de otras Cortes de Apelaciones del país.

Expresa que, en la especie, no es posible afirmar por la recurrente la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte de Apelaciones ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, por lo tanto, la presente acción debe de ser rechazada, en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos, como el que la actora sostiene, que existe un derecho a la declaración de una medida sanitaria que, a su juicio, es necesaria para hacer frente al brote de COVID-19, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que conforme a lo dicho no concurre.

Arguye, que la forma en que la recurrente plantea su acción cautelar se asemeja a una acción popular, característica que es ajena al recurso de protección de garantías constitucionales, toda vez que la acción constitucional de protección no detenta la naturaleza de ser una "acción popular", es decir, el ser una acción ejercitadle por cualquier persona, haya sido o no afectada por la vulneración a sus garantías fundamentales, en favor de la comunidad toda, puesto que el objeto del recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República es dar cautela urgente de derechos o garantías constitucionales de personas determinadas y específicas que sufran una amenaza, privación o perturbación en el ejercicio y goce de los mismos.

Expone que la recurrente debe agotar las vías administrativas que procedan ante los órganos pertinentes, para instar por las medidas que se pretende, las que deben ser solicitadas por la vía administrativa respectiva para ello, efectuando las solicitudes que estime pertinente para ello, de conformidad con los términos del derecho a efectuar peticiones a la autoridad consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República.

Señala que la omisión recurrida es la no adopción, por parte del suscrito y del Ministerio de Salud, de medidas que restrinjan la libertad de circulación, en forma permanente, de las personas en la Región de Coquimbo, lo que se conoce como "cuarentena", lo que afectaría las garantías constitucionales a la vida e integridad física de todos los habitantes de la Región de Coquimbo, consagrado en el artículo 19 N° 1 y 9 de la Constitución Política de la República, en el sentido que la falta de adopción de la medida de "cuarentena" permitiría la propagación entre la población del virus COVID-19, acelerándose con ello su velocidad de transmisión. En lo específico, la recurrente señala que la omisión en la declaración de una medida de aislamiento social total para hacer frente al COVID-19 constituiría una amenaza grave para la vida y la integridad física de los habitantes de la Región de Coquimbo.

Manifiesta que la adopción de medidas de protección sanitaria para poder hacer frente al problema público que a traído la enfermedad transmisible COVID-19 es resorte de los organismos técnicos sectoriales especialistas en la materia: el Ministerio de Salud o la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo. No corresponde a este Jefe de la Defensa Nacional evaluar la pertinencia de la implementación y decisión de medidas sanitarias, puesto que aquello excede su marco competencial.

Finalmente, estima que las alegaciones efectuadas por la recurrente, no permiten dar por establecida la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que hubiere vulnerado algunos de los derechos fundamentales que afirma conculcados, toda vez que no existe por parte del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo acto u omisión ilegítimo o ilegal alguno que los menoscabe, limitándose sólo a ejercer sus atribuciones y deberes en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente, razón por la cual la actuación se ajustó a derecho.

Solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra.

En sustento de lo informado acompaña los siguientes documentos: Copia digital de la Resolución exenta N° 202 de 23 marzo de 2020 del Ministerio de Salud; Copia digital de la Resolución exenta N° 203 de 24 marzo de 2020 del Ministerio de Salud; Copia digital de la Resolución Exenta N° 208 de fecha 25 marzo de 2020, del Ministerio de Salud; Copia digital de la Resolución Exenta N° 01 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 19 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 02 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 20 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 03 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 20 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 04 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 22 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 05 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 23 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 06 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 23 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 07 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 27 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 08 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 27 de marzo de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 09 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 04 de abril de 2020; Copia digital de la Resolución Exenta N° 10 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 06 de abril de 2020; y Copia digital de la Resolución Exenta N° 11 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 07 de abril de 2020.

3° Que, comparece el abogado Jorge Hübner Garretón, en representación del Ministerio de Salud, quien al informar el recurso de protección deducido en su contra solicita en su presentación, el rechazo del recurso por improcedente, y refiere que el recurso de protección no es un medio idóneo para la dictación de políticas públicas sanitarias en la actual emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2.

Expone que lo solicitado por el recurrente intenta traspasar a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población. Como ya han declarado numerosas Cortes de Apelaciones del país, este tipo de planteamientos no debe discutirse en las cortes pues no es procedente que éstas suplanten a la autoridad sanitaria a fin de fijar medidas técnicas de resguardo de la población ante situaciones como las que vive hoy el país (entre otras, Corte de Apelaciones de Santiago Rol IC P 23315-2020; 24468/2020; y 24542/2020; y Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol IC P Rol IC P 8843/2020).

Refiere la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, ya que, sobre el particular, existen una serie de actuaciones y medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria a contar del mes de enero de 2020, con el fin de resguardar la salud de la población frente a la pandemia de COVID-19, que permiten sostener que no ha existido ninguna acción u omisión ilegal y arbitraria en los términos expresados por el actor.

Refiere, en síntesis, todas las medidas adoptadas por el Estado de Chile de forma preventiva a contar del mes de enero de 2020, en lo relativo a la pandemia mundial del COVID-19, y las orientaciones y comunicaciones entregadas a los seremis de salud, servicios de salud y otros organismos públicos del país, desde el ministerio de salud y las subsecretarías de salud pública y de redes asistenciales, y en particular sobre las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria de la región de Coquimbo.

Señala en lo relativo a la arbitrariedad, que debe descartarse toda actuación u omisión carente de razonabilidad o motivo, en coherencia con las distintas actuaciones desplegadas por la autoridad sanitaria desde enero de 2020, teniendo en especial consideración la evolución cronológica del protocolo de alerta y refuerzo de vigilancia del COVID-19 que se detallará, así como las recomendaciones que en la materia ha entregado la Organización Mundial de Salud.

Precisa que se ha repetido constantemente por una serie de expertos nacionales e internacionales, que la manera más efectiva conocida para disminuir la expansión de la pandemia es mantener distancia social y evitar aglomeraciones. Existe una serie de medidas sanitarias, adoptadas por la Autoridad, que apuntan a este objetivo como fin último, siendo la cuarentena una de las más gravosas para lograrlo.

Por ello, el recurrente yerra al presentar cómo única opción válida de protección la cuarentena. Aparentando un escenario binario de adopción de medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19: cuarentena o total desprotección, lo que constituye una completa falacia. Por eso la adopción de la medida de cuarentena debe ser vista en su contexto, como la "última ratio" de un abanico de posibles medidas que apuntan al mismo objetivo de aislamiento social. Y, no se debe quitar mérito a otras medidas que, con una menor afectación personal, sirven de buena manera el objetivo buscado, de lo contrario sí se incurriría en un actuar arbitrario.

Agrega sobre las garantías que se alegan vulneradas, que la acción de protección de autos debe ser rechazada, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución.

En el caso de autos, la amenaza que se cierne sobre la integridad física o psíquica de los habitantes de la región de Coquimbo, no puede ser atribuible o imputable al Ministerio de Salud. Ha quedado demostrado, que la autoridad sanitaria ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de las personas, así como para proteger eficazmente la salud de la población.

Por último, indica que la medida de cuarentena o confinamiento total, esta una medida que solo cabe tomar a la autoridad sanitaria en circunstancias que se reúnan las condiciones de gravedad suficientes para ello, y en la medida de que su carácter preventivo sea aconsejable atendido el estado de salud de la población. Nuestro país ha determinado una serie de medidas progresivas que se han detallado exhaustivamente al comienzo de esta presentación, sobre la base de antecedentes concretos y fundados.

Solicita el total e íntegro rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En sustento de lo informado acompaña los siguientes documentos: 1) Oficio N° 1553 de la Subsecretaria de Salud Pública (S), de 22 de enero de 2020; 2) Ord CP N° 2262/2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 29 de enero de 2020; 3) Ordinario B/01, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 14 de febrero de 2020; 4) Ord B51 N°/671, del Ministerio de Salud, de 3 de marzo de 2020; 5) Ord B51 N° 673 de la Subsecretaría de Salud Pública, de 3 de marzo de 2020;6) B2 N° 751, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 6 de marzo de 2020;

7)Ordinario N° 770 de la Subsecretaria de Salud Pública, de 10 de marzo de 2020;

8)Ord B° N° 845, realizan actualización del Ord N° 276, Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales, de 12 de marzo de 2020; 9) Ordinario B1 B° 862, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 14 de marzo de 2020; 10) Ordinario B1 N° 863, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 14 de marzo de 2020; 11) Ordinario B1 N° 866 de la Subsecretaria de Salud Pública, de 16 de marzo de 2020; 12) Ordinario B1 N° 878, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 17 de marzo de 2020; 13) Ordinario A 15 N° 887, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 18 de marzo de 2020; 14) Ordinario B° N° 891, del Ministerio de Salud, de 18 de marzo de 2020; 15) Ord B51 N° 276 de Subsecretaria de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 30 de enero de 2020; 16) Ord. B51 N° 511 desde las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 25 de enero de 2020; 17) Ord N° B51 N° 656, del Ministerio de Salud, con fecha 2 de marzo de 2020;

18. Ord B51 N° 748, de las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 6 de marzo de 2020; 19) Ordinario B51 N° 895, de la Subsecretaria de Salud Pública y del Subsecretario de Redes Asistenciales, de 18 de marzo de 2020; 20) Resolución TRA N° 286/464/2018 de la Subsecretaría de Salud Pública; 21) Resolución Exenta N°542 de la Subsecretaría de Salud Pública de fecha 21 de agosto de 2013; y 22. Informe Epidemiológico "Enfermedad por COVID-19", de 20.04.2020 del Departamento de Epidemiología devisión de Planificación Sanitaria de la Subsecretaria de Salud Pública.

4° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

5° Que, es necesario dejar establecido, que no existe discusión en cuanto a que por medio del Decreto n° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo del año en curso, el señor Presidente de la República decretó el estado de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional, aquello en ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República le entrega en el párrafo "Estados de Excepción Constitucional" de la Carta Fundamental.

6° Que, la autoridad administrativa del Estado, cuyo superior es el Presidente de la República, cumple con la función que le es propia a través de los órganos administrativos creados para ello, dentro de los cuales destacan los Ministerios y, en concreto, en materia de salud y salubridad pública, aquello se materializa vía el Ministerio de Salud, según lo prescrito en el artículo 1° de su Ley Orgánica en cuanto dice que a este "compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones".

7° Que, como punto de partida cabe decir que el recurso formulado se sostiene a partir de apreciaciones personales y opiniones públicas de dos entes privados competentes en temas sanitarios los que, sin desmerecerlos, no permiten entender que el proceder de los recurridos sea ilegal o arbitrario.

En efecto, de los antecedentes aportados por lo recurridos es dable colegir que frente a la emergencia sanitaria que justificó la declaración de estado de excepción constitucional dichas autoridades han dado cumplimiento a las obligaciones legales y administrativas que les compete.

8° Que, amén de lo expuesto en sus informes ambas autoridades recurridas, son hechos públicos y notorios que la autoridad administrativa competente ha ido adoptando las medidas que se han estimado necesarias para enfrentar la pandemia que nos afecta y para ello, entre otros aportes, se ha apoyado en grupos de especialistas que, en conjunto con la autoridad administrativa con capacidad de decisión, han efectuado análisis permanentes y constantes de la situación de salud en el territorio nacional, no solo en la Región de Coquimbo, que los ha llevado a discernir las medidas a aplicar, lo que aleja todo atisbo de arbitrariedad o capricho en el proceder de las recurridas.

9° Que, un elemento que no es posible dejar de lado al momento de resolver este recurso es que lo solicitado por el reclamante es la adopción de medidas que implican perturbación o restricción de garantías fundamentales por lo que, si bien en circunstancias especiales la legislación lo permite, una decisión de esa naturaleza impone en quien la adopta no solo tener facultades para ello sino que un ejercicio de ellas sujeto a la prudencia y a la debida proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido todo lo que lleva a entender que lo que hasta el momento han realizado las recurridas no es susceptible de calificar de caprichoso o arbitrario.

10° Que, por otro lado, lo anterior abona la sujeción del actuar de los recurridos a la Constitución y la Ley en el ámbito en análisis pues lo que se les reclama dice relación con una supuesta omisión en el ejercicio de sus facultades legales, sin embargo, todo lo contrario sucede ya que en cumplimiento del mandato constitucional referido a que "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías" que la Constitución establece, es que se han ido adoptando las diferentes medidas sanitarias para enfrentar la crisis de salud que agobia al país, actuando dentro del ámbito de su competencia y prerrogativas legales.

11° Que, a su vez y no obstante, las facultades que al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo le competen según el artículo 3° del Decreto n° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo del año en curso, no es menos cierto que el artículo 4° del mismo Decreto dispone que para el ejercicio de esas facultades y en virtud del principio de coordinación "los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud" estableciendo que la instancia de coordinación de los Jefes de la Defensa Nacional con las autoridades regionales y comunales será el respectivo Comité de Operaciones de Emergencia Regional. (artículo 5°), todo lo que lleva a descartar un obrar arbitrario e ilegal del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo.

12° Que, verificado que ha sido que no existe un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de los recurridos no es necesario determinar si el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

13° Que, por último, lo que solicita el reclamante es, en definitiva, que esta Corte a través de su decisión se inmiscuya en facultades propias de las autoridades administrativas algo cuestionable y sin justificación, en este caso, toda vez que dicen relación con la implementación de políticas públicas para enfrentar la contingencia sanitaria, materias propias del Poder Ejecutivo, excediendo los fines propios de esta excepcional acción cautelar.

Por estas razones y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes por I. Municipalidad de Montepatria en contra del Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Coquimbo, don nombre reservado, del Ministro de Salud, don Jaime Mañalich Muxi y del Presidente de la República don Sebastián Piñera Echeñique.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 442-2020.-