nombre reservado con UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

nombre reservado

Universidad Central de Chile Recurso de Protección Rol N° 439-2021.- La Serena, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.-.

Visto y considerando:

Primero: Que con fecha quince de mayo de dos mil veintiuno comparece nombre reservado, egresado de derecho, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra Universidad Central de Chile Región de Coquimbo, Rol Único Tributario N°70.995.200-5, representada por su Vicerrector Regional Sr. nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en la dictación de Resolución del señor Rector, por la cual se resuelve un recurso de apelación en el marco de un procedimiento sancionatorio interno, en que el actor es denunciante. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 4 incisos cuarto y quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Central de Chile Región de Coquimbo, y que sufrió de parte de una académica de la universidad actos de afectación a su vida privada, a sus datos personales y discriminación por su orientación sexual. Señala que, debido a lo anterior, y con la finalidad de que se investigasen los hechos, formuló reclamo formal en contra de esa académica ante el Vicerrector Regional de la Universidad, quien derivó los antecedentes al Comité de Ética de la institución, la que a su vez se declaró incompetente para conocer del asunto remitiendo los antecedentes a la Unidad de Género y Diversidad de la casa de estudios. Afirma que la investigación se realizó sin observar garantías mínimas, vulnerando el protocolo interno de la Universidad, incumpliendo plazos y la reglamentación interna de la institución. Explica que la investigación realizada debió ser anulada debido a negligencia de la Unidad de Género y Diversidad, lo que produjo afectación psíquica y emocional en su persona y lo llevó a ejercer acción de indemnización de perjuicios en contra de la recurrida, causa que actualmente se tramita ante el Primer Juzgado de Letras de la Serena con el Rol C-1864-2020. Sostiene que se procedió a realizar una segunda investigación, en la que nuevamente se incurre en inobservancia de la normativa universitaria, a pesar de haber sido advertido lo anterior por el recurrente a la Unidad de Género y Diversidad. Manifiesta que, para el conocimiento y sanción de los hechos, la universidad acude a una normativa que estima inconstitucional denominada ‘Protocolo de género y actuación ante todo tipo de agresión y/o discriminación’, el que contempla los procedimientos y personas encargadas de conocer las denuncias que se reciban por la Unidad de Género. Explica que la norma aludida contempla la existencia de una comisión investigadora y una comisión juzgadora, cuyas composiciones y calidades que deben reunir sus integrantes están definidas en el mismo protocolo y, asevera, que en la segunda investigación realizada aquellas no fueron respetadas. Precisa que la comisión investigadora estuvo integrada por la abogada Natalia Moreno y el Psicólogo Moufarrej Riff quienes fueron especialmente designados, sin que conste que ellos se hubiesen sometido a concurso interno que establece el protocolo, lo que transformaría a la comisión investigadora en una comisión especial. Añade que igualmente se incumplieron las reglas de composición de la comisión juzgadora, al haberla integrado solo 4 personas en lugar de 6 como reza el protocolo, por lo que devendría en una comisión especial. Puntualiza que a esta última comisión no fue convocado el Fiscal de la Universidad ni el representante de la Federación de Estudiantes de la casa de estudios en circunstancias que por protocolo deben integrar la aludida comisión. Afirma el actor que hizo presente aquella situación por todos los medios disponibles y apeló la resolución del caso ante la máxima autoridad de la Universidad, la que con fecha 15 de abril de 2021 mantuvo lo resuelto por la comisión juzgadora aduciendo que “El Fiscal no conformó la Comisión Juzgadora debido a que se inhabilitó por tener relación con este caso a través de una causa llevada por el Comité de Ética -tal como señala el Reglamento de Convivencia ya citado- y, al día de hoy, patrocinar a la Universidad en demanda civil presentada por el denunciante por estos mismos hechos, y respecto al representante de los estudiantes, no existió hasta dicha fecha conformación de la Federación de Estudiantes. No existiendo normas de reemplazo en el Protocolo que regula el presente caso, corresponde por tanto que sea conocido únicamente por los restantes miembros que lo conforman”.

Sostiene el recurrente que lo afirmado por el rector de la Universidad en la resolución que resuelve su recurso de apelación es contrario a la Constitución Política de la República y a los tratados internaciones ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Afirma que la acción ha sido interpuesta en tiempo oportuno ya que el acto impugnado consiste en la resolución del señor Rector que se pronuncia sobre la apelación deducida por el actor, la que fue dictada el 15 de abril de 2021. Aduce que el actuar de la recurrida es arbitrario puesto que las comisiones investigadoras que se han conformado para conocer los asuntos que les encomienda el protocolo, han sido integradas por miembros seleccionados por afinidad o confianza que tiene con ellos la Jefa de la Unidad de Género o por recomendaciones de otros funcionarios o dependientes de la recurrida. Puntualiza que la comisión investigadora en este caso fue integrada por una abogada que llevaba menos de un semestre impartiendo asignaturas en calidad de profesora por hora, lo que estima carente de razonabilidad y plausibilidad. Añade que existiría arbitrariedad, además, en la integración de la comisión juzgadora, puesto que, sin una justificación razonable y plausible, se excluye a dos miembros que por norma debieran conocer y fallar el asunto. Cuestiona que el protocolo de la universidad no contenga normas de reemplazo, implicancias y recusaciones y reprocha que la recurrida no hiciese un esfuerzo en reemplazar a los miembros inhabilitados, pudiendo hacerlo al contar con personal que reúne las calidades exigidas por el reglamento, en particular otros abogados de Fiscalía de la Universidad. En cuanto al representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad, critica que la recurrida genere normas que son inaplicables y no dicte normas o criterios de reemplazo, teniendo una Fiscalía y una Facultad de Derecho, “a través de la resolución de fecha 15 de abril del 2021, a su arbitrio, y sin justificación razonable en el supuesto que podía entregarle razonabilidad, derechamente impone una comisión.”. Arguye que el actuar de la recurrida es además ilegal, por transgredir lo dispuesto en el artículo 533 de Código Civil al no respetar sus propios estatutos, y sostiene que el acto impugnado afecta su derecho a la integridad psíquica y física, la igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y ordenar que la recurrida proceda a dejar sin efecto completamente el procedimiento de investigación en causa UGC-12-2019; que conforme una comisión investigadora y una comisión juzgadora conforme a la reglamentación interna de la universidad, sin excepción; que se comprometa a salvar los vicios de constitucionalidad del protocolo en un plazo razonable con la supervigilancia de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, todo ello con costas.

Acompaña a su recurso 1.- Sentencia de la Comisión Juzgadora de fecha 17 de marzo del 2021. 2.- Resolución de fecha 15 de abril del año 2021 en donde el Rector de la Universidad Central de Chile resuelve el asunto de manera definitiva. 3.- Informe Psicológico del recurrente. 4.-Informe del Terapeuta Ocupacional del recurrente. 5.-Texto íntegro del Protocolo de la Unidad de Género vigente. 6.- Resolución que convoca públicamente para formar parte de comisiones investigadoras y juzgadoras. 7.-Estatutos de la Universidad Central de Chile. 8.- E-book de causa C-1864-2020 substanciada ante el Segundo Juzgado de Letras de La Serena.

Segundo: Que, informando la recurrida solicita el rechazo de la acción con costas. Alega en primer término la extemporaneidad del recurso por cuanto el actor tomó conocimiento cierto de quienes integrarían las comisiones investigadora y juzgadora el día 28 de diciembre de 2020, según consta en correo electrónico remitido por el recurrente que acompaña a su informe, de modo que el plazo fatal de 30 días para ocurrir ante esta corte por aquel hecho precluyó el 27 de enero de 2021. Manifiesta sobre el punto que el recurrente pretende salvar la extemporaneidad por la vía de reclamar formalmente en contra de la resolución del Rector de la Universidad que se pronuncia sobre su escrito de apelación en contra de lo resuelto por la comisión juzgadora.

En cuanto al fondo, señala que la Comisión Investigadora del caso estuvo integrada por un docente de la Escuela de Derecho y Trabajo Social y un docente de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional, distintos de aquellos que conocieron los hechos en la causa anulada. Expresa que aquellos integrantes cumplen lo dispuesto en el Protocolo aludido en el recurso que en su artículo 6 prescribe que la comisión “Estará conformada por un/a abogada/o de la Fiscalía y un/a psicóloga/o de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional. En el caso de la Sede La Serena, la/el abogada/o será un/a profesional de la Escuela de Derecho y Trabajo Social. Estas/os últimas/os (psicóloga/o y abogada/o, en el caso de La Serena) serán previamente elegidas/os mediante concurso interno por un período bianual (…). Señala que la conformación de las comisiones investigadora y juzgadora consta en Acta de Selección de Comisiones de 23 de diciembre de 2020, la cual fue puesta en conocimiento del actor mediante correo electrónico de la misma fecha. Sostiene que el recurrente al tomar conocimiento de aquella únicamente manifestó desacuerdo con que integrase la comisión investigadora la abogada Natalia Moreno, por haberse enterado el actor de que ella habría sido contratada en la universidad por recomendación de la docente denunciada y por ser abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, institución en la que el recurrente debe realizar su práctica profesional. Indica que los días 28 y 30 de diciembre de 2020 y 05 de enero de 2021, se le informa al actor que la abogada fue contratada por recomendación de la denunciada, pero que ellas no poseen vínculo de amistad y que, en todo caso, la abogada Moreno no integra la comisión juzgadora que es la entidad que emite resolución respecto al caso. Añade que el recurrente reiteró estas aprehensiones en su escrito de apelación, siendo aquellas argumentaciones desestimada por el Rector pues no se acompañó prueba “de la supuesta parcialidad alegada por el denunciante en contra de la investigadora doña Natalia Moreno, ni sobre la posible afectación que podría tener a futuro respecto a realizar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial en La Serena -lugar donde se desempeña Natalia Moreno-, especialmente si se trata de un hecho futuro e incierto que ella sea su profesora guía, y en tal caso, será en esa oportunidad y ante dicha Institución en la que don nombre reservado.A.R. deberá plantear la situación que lo afecta. No basta que el estudiante esboce una supuesta parcialidad de la investigadora, sino que debe acompañar prueba que sustente sus alegaciones.”. Puntualiza que no conformaron la comisión la psicóloga nombre reservado por haber conocido los hechos en la investigación declarada nula ni el abogado Cesar Vargas quien era pareja del denunciante (recurrente en estos autos), motivo por el cual se integró a la comisión investigadora a dos profesionales distintos que fueran imparciales.

En cuanto a la comisión juzgadora, manifiesta que estuvo compuesta por un/a funcionaria/o, un/a abogada/o de la Escuela de Derecho y Trabajo Social, un/a psicóloga/o de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional (distinto de la Comisión Investigadora) y un/a experto/a en materias de género, diversidad e inclusión, en conformidad al artículo 7 del protocolo. Asevera que al tomar conocimiento de su integración el recurrente en forma expresa señaló: “No tengo observación alguna en cuanto a su composición.”, solo manifestando disconformidad por no integrar todos los miembros que establece el protocolo en su escrito de apelación ante el Rector. Indica que la resolución de esa autoridad universitaria desestima esa alegación señalando que “El Fiscal no conformó la Comisión Juzgadora debido a que se inhabilitó por tener relación con este caso a través de una causa llevada por el Comité de Ética -tal como señala el Reglamento de Convivencia ya citado- y, al día de hoy, patrocinar a la Universidad en demanda civil presentada por el denunciante por estos mismos hechos, y respecto al representante de los estudiantes, no existió hasta dicha fecha conformación de la Federación de Estudiantes. No existiendo normas de reemplazo en el Protocolo que regula el presente caso, corresponde por tanto que sea conocido únicamente por los restantes miembros que lo conforman.”. Explica que dentro de los principios orientadores que consagra el protocolo se encuentra el debido proceso, y sostiene que aquel no ha sido trasgredido en perjuicio del recurrente, ni se ha tramitado el procedimiento por una comisión especial diferente a aquella que contempla el aludido protocolo, ya que tanto la investigación como el juzgamiento fue realizado por un ente colegiado de 4 integrantes con paridad de género y votación unánime, y la no concurrencia de 2 miembros por motivos fundados.

Niega haber incurrido en ilegalidad o arbitrariedad y afirma que en todas las normas internas de la universidad se ha observado el artículo 553 del Código Civil, consagrando garantías de un procedimiento racional y justo con respeto a los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus miembros. Puntualiza que el mentado protocolo regula (i) la tipificación de las conductas que la universidad considera como hechos de violencia de género, agresión y/o discriminación, y sus respectivas sanciones (ii) una Comisión Investigadora conformada por una dupla abogado/psicólogo encargada de investigar los hechos (iii) una Comisión Juzgadora colegiada -distinta de los miembros de la Comisión Investigadora- que resuelven sobre la base de la investigación realizada (iv) debido emplazamiento de la parte denunciada (v) bilateralidad de la audiencia, al otorgar a denunciante y denunciado la oportunidad de ser oídos, hacer sus descargos, rendir pruebas y poder defenderse de la denuncia formulada; y (vi) existencia de una segunda instancia de apelación ante el Rector, máxima autoridad académica, que permite revisar las sanciones adoptadas por la Comisión Juzgadora, con oportunidad para aportar nueva prueba. Arguye que todos esos elementos permiten estimar que se cumplen los estándares mínimos del debido proceso para una jurisdicción doméstica.

Acompaña a su informe 1. Resolución Comisión Juzgadora, de fecha 17 de marzo de 2021. 2. Apelación del señor nombre reservado. 3. Resolución del Rector que resuelve escrito de apelación, de fecha 15 de abril de 2021. 4. Acta de comisiones de género 2020. 5. Acta de comisiones de género 2019. 6. Serie de correos electrónicos entre los días 23 y 28 de diciembre de 2020 informando las comisiones de género. 7. Serie de correos electrónicos entre los días 30 de diciembre 2020 y 05 de enero de 2021. 8. Protocolo de género y actuación ante todo tipo de agresión y/o discriminación.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, del tenor del recurso se desprende que el acto que el recurrente impugna es la resolución del Rector de la Universidad, por cual confirmó la sentencia de la Comisión Juzgadora que desestimó las acusaciones del actor en contra de una docente de la casa de estudios. Dicha resolución del Rector restó mérito a las alegaciones del recurrente en torno a que las comisiones investigadora y juzgadora fueron integradas en contravención al protocolo interno que regula su composición y funcionamiento.

Asimismo, del mismo libelo se aprecia que lo que se pide a esta Corte es acoger el recurso y disponer “1)

Que la recurrida proceda a dejar sin efecto completamente el procedimiento de investigación en causa UGC-12-2019. 2) Que la recurrida proceda a conformar “COMISIÓN INVESTIGADORA” y “COMISIÓN JUZGADORA” conforme a la reglamentación interna de la propia recurrida, sin excepción alguna. 3) Que la recurrida se comprometa a salvar los vicios de constitucionalidad del “PROTOCOLO” en un plazo razonable con la supervigilancia de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. 4) Que se condene expresamente en costas a la recurrida”.

Sexto: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, es menester decir que el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Séptimo: Que, para resolver la alegación de extemporaneidad levantada por la recurrida cabe tener en consideración que, de la lectura del recurso, se advierte que el reproche que se formula a la resolución emitida por el Rector y que por esta vía se impugna se centra, concretamente, en no haber hecho eco de los cuestionamientos en torno a la integración de las aludidas comisiones, circunstancia que se confirma al leer el petitorio del recurso, en tanto de los antecedentes acompañados al informe de la recurrida, en particular correo electrónico remitido al actor, consta que este tomó conocimiento cierto de los integrantes de ambas comisiones que cuestiona el día 28 de diciembre de 2020, sin que haya formulado en esa oportunidad reparo de las mismas, de tal forma que aparece como extemporáneo este recurso pues se formuló pasado los treinta días a que se refiere el Auto Acordado citado.

Octavo: Que, no obstante que lo antes expresado es bastante para desechar este recurso de protección y solo a mayor abundamiento, el presente arbitrio constitucional será rechazado toda vez que no se visualiza un actuar arbitrario y/o ilegal en el proceder de la entidad recurrida.

En efecto, ni un elemento de juicio se aportó para dar credibilidad a los cuestionamientos que el reclamante hace de la conformación de la Comisión Investigadora y, menos aún, estos se desprenden de los antecedentes que se adjuntaron a este recurso de tal manera que los criterios de selección que de sus integrantes imputa el recurrente carecen de sustento.

En relación al reproche de la conformación de la Comisión Juzgadora, si bien no existe discusión en que esta se constituyó por un número menor de integrantes de los que el respectivo Protocolo señala- con cuatro y no seis miembros- no es menos cierto que las razones que se tuvo para ello resultan razonables- inhabilidad del Fiscal de la Universidad e inexistencia o no conformación de la Federación de Estudiantes- y, por lo mismo, alejan todo atisbo de arbitrariedad no pudiendo estimarse que el obrar como se hizo, por sí solo, constituya una afectación de alguna garantía fundamental del reclamante ya que esta Comisión se formó con los integrantes disponibles y por un número superior al cincuenta por ciento de sus miembros, circunstancias tampoco cuestionadas por el reclamante al tomar conocimiento de la conformación de esta Comisión.

Noveno: Que, atendido lo anterior, en cuanto a que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la entidad recurrida que deba ser enmendado por esta vía cautelar de urgencia, sin perjuicio de lo ya expuesto respecto de la extemporaneidad del arbitrio intentado, la presente acción constitucional será desestimada, siendo innecesario verificar la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos y/o garantías fundamentales que el recurrente detalla en su líbelo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de Universidad Central de Chile Región de Coquimbo.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol I.C. N° 439-2021.-. Protección.-.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Iván Corona Albornoz y el Ministro interino señor Jorge Corrales Sinsay.

En La Serena, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.