nombre reservado CONTRA nombre reservado

nombre reservado

I. Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N° 437-2019.- La Serena, seis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha doce de abril de dos mil diecinueve comparece nombre reservado, profesor de Estado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que mediante decreto N° 1.713, de 04 de abril de 2019, el que le fuera notificado el 8 de marzo de 2019 (sic), mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica por enfermedad profesional, el recurrido resolvió poner término a su relación laboral, aduciendo como motivo y fundamento para ello, falsamente, su estado de salud, el que él, a su sólo arbitrio y vulnerando la ley, ha calificado como incompatible.

Indica que el artículo 48 letra g) de la ley N° 19.378 contempla como una de las causales de término de la relación laboral la de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.

Por su parte, el artículo 148 de la ley N° 18.883 prescribe que el Alcalde, podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo, superior a seis meses en los dos últimos años. Dicha norma agrega que no se considerarán para el cómputo de los seis meses las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de ese Estatuto y del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Hace presente que en la resolución que determina el cese del cargo, no se hizo mención y ni siquiera fue considerado que mediante la Ley N° 21.093 se modifica la ley Nº 19.070, que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible y en ella lo relevante es que solo puede ser cesado en el cargo un profesor, cuando su salud sea declarada irrecuperable.

Empero, tal como consta de la última resolución de Salud, que origina el cese de funciones, la entidad pertinente y habilitada para determinar aquello estableció que su salud no era irrecuperable y no existe documentación alguna que señale que es incompatible, por lo que además la resolución carece de argumentación fundada y legal de respaldo.

Por otra parte, destaca que todas sus licencias médicas son tipo 6, derivadas de un reiterado y permanente hostigamiento y acoso laboral, consistente en Trastorno Mixto Ansioso Depresivo, conforme así lo ha diagnosticado el médico psiquiatra Dr. nombre reservado.

Agrega que el alcalde, para ejercer la facultad señalada deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. Si bien se cumplió con lo anterior expuesto, lo único que determinó la entidad referida fue que su salud no era irrecuperable, pero en ningún caso señaló que era incompatible. Se infiere asimismo, que si se declara la salud irrecuperable, lo que tampoco es del caso, se debe abandonar el cargo dentro de un plazo de seis meses contado desde la notificación de la resolución que así la declara o, si no ha mediado esta declaración, existe salud incompatible cuando se ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, salvo que se trate de licencias del artículo 114 de la Ley Nº 18.883, por accidente en actos de servicio o enfermedad profesional, enfermedad que en su caso, afirma, ha sido provocada precisamente producto del hostigamiento y acoso de que ha sido objeto por el propio empleador.

Indica como garantías vulneradas las establecidas en los numerales 1, 16 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Por estas consideraciones solicita se deje de inmediato sin efecto la abusiva ilegal medida de despido y se ordene cesar de inmediato con las medidas que perturban y amenazan sus derechos Constitucionales, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Decreto alcaldicio cese de funciones; 2.- Resolución exenta N° 75 Seremi Salud; 3.- Denuncia ante inspección trabajo; 4.- Informe médico Doctor González; 5.- Última licencia; 6.- Informes complementarios Doctor González (3); 7.- Informe complementario 26/02/2019; 8.- Orden municipio 26/02/2019; 9.- Copia orden 26/02/2019; 10.- Citación a peritaje; 11.- Resolución exenta Compin; 12.- Resolución exenta 3079 30/07/2018; 13.- Información complementaria Doctor González 30/07/2018; 14.- Copia recurso de ilegalidad contraloría.

SEGUNDO: Que, con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve evacuó informe Alejandro Echeverría Jerez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

Expone que no resulta comprensible que un acto administrativo pueda amenazar o perturbar el derecho a la vida del recurrente. Respecto de la libertad de trabajo, resulta una cuestión ampliamente resuelta y uniformada por nuestra jurisprudencia en el sentido de ampararse con dicha garantía la libre elección y contratación del empleo, situación que no dice relación alguna con la descrita por el recurrente; y, del mismo modo, no resulta posible entender vulnerado su derecho a propiedad en cuanto se ha puesto término a una relación laboral por una causa legal y llevando a cabo celosamente cada uno de los procedimientos establecidos en la ley.

Destaca que uno de los requisitos “sine qua non” para que prospere un recurso de protección es la existencia de un acto ilegal o arbitrario, mismo que no existió, por cuanto los fundamentos que justifican el término de la relación laboral docente por salud incompatible se encuentran en el mismo Estatuto Docente, Ley Nº 19.070, artículo 72 letra h, y artículo 72 bis, que cita en lo pertinente, por lo que no es efectivo que la Ley 19.070 solo establezca el término de la relación laboral docente por salud irrecuperable, ya que establece claramente el caso de la salud incompatible, y en armonía con aquello establece que es facultad privativa del alcalde el considerar la salud como incompatible en el caso de uso de licencias médicas por un lapso continuo o no en los últimos 2 años por 180 días. Asimismo la norma limita el ejercicio de tal facultad a una evaluación previa de COMPIN sobre la irrecuperabilidad de la patología, a fin de descartar aquella, por tanto yerra el recurrente al hablar de una decisión ilegal o arbitraria, ya que se ha apegado estrictamente a la norma y procedimiento establecido; se equivoca, además, afirma, al mencionar que solo se produce el cese en casos de salud irrecuperable, y también al afirmar que es “la autoridad de Salud “ la llamada a declarar la salud como incompatible, ya que es una facultad privativa del alcalde.

Agrega que tampoco es efectiva la afirmación de la recurrente en cuanto a que todas sus licencias médicas son de origen profesional, ya que el organismo llamado por ley a declarar las patologías como profesionales en virtud de la normativa vigente, en este caso es la Asociación Chilena de Seguridad, la que declaró la patología del recurrente como “común”, descartando entonces la existencia de una patología de carácter laboral, luego de la evaluación de rigor, tanto médica, como con estudio de puesto laboral, entrevista de funcionarios, etc, mediante resolución Nº589782720171219 de fecha 12 de diciembre de 2017, en la que se resuelve claramente que la patología del recurrente es de origen común, definiendo que no existe en el caso del recurrente una enfermedad de naturaleza laboral o con origen del ejercicio de sus funciones.

En conclusión, señala que no existiendo un acto ilegal o arbitrario, sino muy por el contrario, habiéndose ejercido una facultad legal con estricto apego al procedimiento establecido, es que solo cabe desestimar lo alegado, sin perjuicio que no existió una argumentación lógica que sustente la supuesta manera en que se vulnerarían las garantías constitucionales mencionadas por el recurrente.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción intentada.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de demanda y sentencia en causa de Tutela Laboral Rit T-3-2018 del Juzgado Laboral de Combarbalá; 2.- Resolución de la ACHS de fecha 12-12-2017 declarando la patología del recurrente como común; 3.- Resolución COMPIN nº75 que descarta la existencia de una patología irrecuperable en el caso del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el acto contra el que se recurre por el presente arbitrio es el decreto alcaldicio N° 1.713 expedido con fecha de 4 de abril de 2019 por el Alcalde de Combarbalá señor nombre reservado, en virtud del cual se puso término a la relación laboral contraída con el actor en razón de presentar éste una salud incompatible con las labores docentes que desempeñaba.

SEXTO: Que, el recurrido funda dicho acto en el artículo 72 letra h) de la Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente, que señala que “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: …,h)Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter”; por su parte, el artículo 72 bis del señalado cuerpo normativo prescribe que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, agregando en el inciso tercero, “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

En razón de ello, informando el recurso, afirma que no es efectivo que la ley 19.070 solo contemple el término de la relación laboral docente por salud irrecuperable, pues también establece que ello puede acontecer por salud incompatible, para lo cual otorga una facultad privativa al Alcalde de así estimarlo cuando se ha hecho uso de licencias médicas por el trabajador por un lapso continuo o no de seis meses en los últimos dos años, facultad que solo se encuentra limitada por la evaluación previa de COMPIN respecto de la irrecuperabilidad de la patología.

SÉPTIMO: Que, de las mismas normas citadas como fundamento de la actuación alcaldicia recurrida, se puede inferir que la facultad que otorga al alcalde el inciso primero del artículo 72 bis de la Ley 19.070, se encuentra condicionada al resultado de la evaluación del profesional docente que debe recabar de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que ésta no le permita desempeñar el cargo. Y ello porque el vocablo “deberá” del inciso 3° de dicha norma ha de entenderse que ha impuesto una obligación a la autoridad edilicia no sólo en cuanto a recabar el aludido informe de la COMPIN, sino también a adecuar su decisión al contenido de dicho informe, en términos de poder dotar de un fundamento técnico la drástica decisión de poner término a una relación laboral con un profesional docente. Y no es óbice de esta conclusión que la norma en cuestión haya otorgado esta facultad al alcalde “sin mediar declaración de salud irrecuperable”, pues con tal expresión el legislador solo se ha querido referir a la falta de dicha declaración al momento anterior a la decisión de hacer caducar la relación laboral que se va a adoptar por la Administración, por lo que tal resolución alcaldicia sí debe fundarse en la irrecuperabilidad o incompatibilidad de la salud para el cargo, según determinación hecha por la Compin respectiva.

A lo anterior, cabe agregar, además, que aun cuando el artículo 72 letra h) de la Ley 19.070 señala como causales de caducidad de la relación laboral docente, conectadas con el vocablo “o”, la salud irrecuperable y la salud incompatible, no se ha querido con ello establecer causales que operen independiente y disyuntivamente, toda vez que el informe que la misma norma ordena demandar de la entidad técnica de salud competente, comprende la obligación de ésta de informar tanto de la irrecuperabilidad de la salud del trabajador, como de no permitirle la misma desempeñar el cargo (o sea, incompatibilidad).

OCTAVO: Que con la Resolución Exenta N° 75, de 14 de marzo de 2019, que da cuenta del informe emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, que en copia se encuentra acompañada por el propio recurrido al informar el presente arbitrio, se establece que la referida entidad de salud, evacuando la solicitud de evaluación de salud irrecuperable de nombre reservado, funcionario de la I. Municipalidad de Combarbalá, informa que éste padece de un trastorno depresivo que “no compromete significativamente su desempeño laboral en forma permanentemente, e irreversible”, y resuelve que “no adolece de un estado de salud irrecuperable, lo que deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”.

NOVENO: Que, entonces, la decisión del alcalde de la Municipalidad de Combarbalá de poner término a la relación laboral que lo vinculaba con el actor, amparada en la incompatibilidad de su salud para el desempeño del cargo, se evidencia carente de la motivación que la ley le exigía de modo perentorio, en cuanto al respaldo que debía recibir dicha decisión del organismo técnico respectivo llamado a comprobar el sustento fáctico del acto administrativo atacado, es decir, la incompatibilidad para el desempeño del cargo por parte del recurrente, lo que, como queda demostrado del informe emitido por el COMPIN Región de Coquimbo este organismo no emitió pronunciamiento sobre la incompatibilidad en cuestión sino solo sobre la irrecuperabilidad de la salud del reclamante.

DÉCIMO: Que de esta forma, el Decreto Alcaldicio N° 1713 del recurrido, al encontrarse desprovista de la justificación exigida por la ley, ha devenido en un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privar al actor de las remuneraciones y demás emolumentos a que tenía derecho en razón de su vínculo contractual con la Municipalidad de Combarbalá.

UNDÉCIMO: Que los demás documentos allegados al recurso, en nada mudan las precedentes conclusiones.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado; en consecuencia, el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Combarbalá deberá disponer lo pertinente para dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1713, de 4 de abril de 2019, procediendo a reincorporar a sus funciones al actor, con costas.

Redactada por el Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 437-2019.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas.

La Serena, a seis de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.