nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de Protección Rol N° 436-2024. – La Serena, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA respecto del dictamen nombre reservado: E457114 de fecha 28 de febrero de 2024, el cual funda en los siguientes antecedentes:

Indica que desde el 23 de noviembre de 2020, durante todo el año 2021, y fracción del año 2022 se desempeñó como asesor jurídico en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, manteniendo una impecable trayectoria y calificación funcionaria.

Sostiene que cuando se inició el proceso de gestión de desempeño (calificaciones) del período 2022-2023, regulado por el Reglamento Especial de Calificaciones para funcionarios/as de la Sub Secretaria de Justicia, por Decreto Supremo N°35 de fecha 11 de enero de 2011, y a su vez por la Minuta de Proceso de Gestión del Desempeño (calificaciones) de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado, de la Región de Coquimbo, debía emitir el informe previo de desempeño funcionario, para lo cual contaba con el plazo ordinario que expiraba el 15 de septiembre de 2022. Indica que la referida jefatura directa, realizó dicho proceso inicial de evaluación de desempeño con todos y cada uno de los(as) funcionarios(as) presentes de la secretaria, con la sola excepción del recurrente.

Refiere que con posterioridad a la fecha límite y sin mediar solicitud de ampliación de plazo, o información anexa, la jefatura emitió el pre informe de calificación, evaluando de manera ad-hoc al recurrente con nota 2.9, que implica su inclusión en lista 3 Condicional. Procediendo luego a bloquear o deshabilitarlo del sistema informático, impidiendo la posibilidad de que pudiese manifestar observaciones, lo cual es común en este tipo de procesos, del mismo modo indica que fue el único funcionario al que no se le otorgó derecho entrevista o retroalimentación de ningún tipo.

Puntualiza que habiendo realizado todas las consultas pertinentes, no se le otorgó respuesta alguna y que la correspondiente asociación de funcionarios tomó conocimiento del caso y de forma telefónica le señalaron que, si bien no se había respetado el debido proceso calificatorio, ello sería revisado por la comisión correspondiente al emitir la evaluación funcionaria propiamente tal en marzo del año 2023, y que respecto de ella se podrían ejercer los recursos legales pertinentes.

Menciona que el 21 de noviembre de 2022, justo después de finalizar sus responsabilidades de secretario y de apoyo en la Comisión Regional de Beneficio de Reducción De Condena (Ley 19.856), el Sr. nombre reservado le comunicó verbalmente que su contrata no iba a ser renovada y le hizo entrega de la carta de notificación sin contener firma, nuevamente haciendo uso de una metodología ad-hoc y no la preconcebida. Indicando que al leer la referida carta se percató que correspondía al término anticipado de su contrata y no a una comunicación de no renovación.

Finalmente, el día 29 de noviembre de 2022, expresa que se le permitió ingresar a su ex oficina en las dependencias de la Seremía, (ya intervenida y convertida en bodega) para efectos de retirar sus especies, hacer devolución de la credencial funcionaria, llaves y recibir la tan necesaria Resolución Exenta N°282 de fecha 18 de noviembre de 2022, de término anticipado de contrata (ahora con firma y anotación de funcionario notificador), quedando constancia de todo ello en la propia Seremi.

Refiere que la Resolución Exenta N°282 de fecha 18 de noviembre de 2022, del Sr. nombre reservado del ramo llega a su total conocimiento el día 26 de noviembre de 2022, expresando la decisión de “Término anticipado de designación a contrata”, se funda “9.- Que, en razón del arribo de nuevas autoridades, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado de la Región de Coquimbo, superior jerárquico del Sr. nombre reservado, mediante minuta que se adjunta al presente acto, ha informado que el funcionario en com… (ilegible a razón de timbre de “REGISTRADO 18 nov 2022”) presenta dificultades en el desarrollo de sus labores, asociadas a su capacidad de planificación y organización, entre otras. Lo que ha sido plasmado en el primer informe de desempeño del funcionario dando cuenta de su bajo rendimiento, en específico en los ítems de planificación, organización, gestión y eficiencia del trabajo y Cumplimiento del trabajo con calidad, oportunidad y proactividad.”.

Refiere que la motivación de la decisión de la autoridad, se basa en las opiniones de la jefatura directa, consignadas en el “primer informe de desempeño del funcionario” antes mencionado, atentando directamente en contra de la normativa que regula el término de las contratas transitorias de los Servicios Públicos.

Expresa que el acto administrativo se fundó en el proceso pendiente de calificación funcionaria, lo que vulnera la legalidad, ya que básicamente el dictamen rector de la materia impone que: “No es válido el acto o comunicación emitido por el jefe de recursos humanos o jefe de gestión y desarrollo de las personas de la respectiva institución, que no cuente con atribuciones decisorias en la materia” (dictámenes Nº 11.316 y 19.822, ambos de 2017) y “No resulta procedente invocar una mala evaluación del desempeño, particular, especial o ad-hoc, para fundar una no renovación de una contrata o para disponer su término anticipado. De ahora en más, sólo se puede prescindir de los servicios en lista 4 o dos años seguidos en lista 3”.

También señala que Sr. nombre reservado, Ministro de Hacienda de la República de Chile, instruyó específicamente a Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales y Jefes de Servicio, imponiendo a los señores Subsecretarios –entre ellos el Sr. nombre reservado – que, para efectos de dar término a las contratas en los Servicios a su cargo, deben respetar la normativa vigente y por sobre todo actuar con sujeción al Dictamen N° E156.769 en esta oportunidad desarrollado, sin embargo no se dio cumplimiento a dichas orientaciones en el caso de autos.

Explica que con fecha 05 de diciembre de 2022, dentro de plazo legal, se interpuso reclamación de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N°282, ante la CGR, la que con fecha 15 de diciembre de 2022 ofició (E287978 /2022) a La Subsecretaria de Justicia, a fin de que informara lo pertinente en un plazo de 10 días. La Subsecretaría de Justicia no informó a la CGR, lo que llevó a la entidad de control a resolver en silencio del Servicio Público, comunicando al recurrente el dictamen E410653 de fecha 31 de octubre de 2023 del siguiente tenor: “Por otra parte, de la copia de la referida resolución exenta N° 1018, de 2022, se aprecia que en sus considerandos 8 y siguientes, se indica que el Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado de la Región de Coquimbo, superior jerárquico del peticionario, por medio de minuta adjunta, comunicó que presentaba dificultades en el desarrollo de sus funciones, sobre su capacidad de planificación y organización, entre otras, lo que, además, constaría en el primer informe de desempeño relativo a su bajo rendimiento en los ítems de planificación, organización, gestión y eficiencia de trabajo y cumplimiento con calidad, oportunidad y proactividad, lo que justificaría la determinación de la autoridad de poner término anticipado a su designación. En consecuencia, es forzoso concluir que se ajusta a derecho la resolución exenta N° 1.018, de 2022, de la Subsecretaría de Justicia, que dispuso el término anticipado de la designación a contrata del reclamante -cuya duración, en definitiva, no alcanzó a superar los dos años-, por encontrarse fundada, correspondiendo, por tanto, desestimar el reclamo de la especie.”

Refiere que al observar que el ente fiscalizador resolvió en abierta contradicción con lo regulado en el dictamen N° E156.769, interpuso recurso de Reposición Administrativa, con fecha 18 de enero de 2024, por lo que a su vez la CGR ofició nuevamente a la Subsecretaría de Justica a fin de que manifieste su parecer lo pertinente en un plazo de 10 días, el Servicio Público oficiado nuevamente no dio respuesta a lo ordenado por la CGR.

Menciona que de forma paralela, se sostuvo como petición en el segundo otrosí del Recurso de Reposición Administrativa, el pago de remuneraciones debidas, haciendo presente que no se le hizo entrega de liquidación del mes de noviembre de 2022, porque se debía contener horas extras, también viáticos relacionados a la comisión de rebaja de condena de la época, realizada en las comunas de Ovalle y Illapel entre otras labores impagas. Sucedido ello, la CGR ignoró que se trataba de una petición distinta al recurso, y obvió que existe un plazo de 2 años para realizar dichas alegaciones, otra vez resolviendo de forma arbitraria, haciendo caso omiso a los plazos contenidos en la Ley. Refiere que, finalmente, mediante dictamen E 457114, fue notificado de lo resuelto por la CGR en el siguiente tenor: “…En virtud de lo anterior, dado que la vinculación del recurrente no comprendió dos renovaciones anuales íntegras como lo exige el principio de la confianza legítima, y no se aportan nuevos antecedentes que hagan variar lo analizado y resuelto por el oficio N° E410653, de 2023, de este origen, se rechaza la reposición deducida en su contra.”

Argumenta que nuevamente la CGR concentró la argumentación en determinar si existe o no confianza legítima, la cual solo es un requerimiento secundario, por lo que la CGR erróneamente dirige el análisis de forma diversa, para no desarrollar la ilegalidad en la cual incurrió la autoridad al usar un fundamento prohibido, generando con ello un perjuicio y estableciendo una valoración de su evaluación de desempeño que no es tal, siendo afectado por un proceso viciado.

Concluye que la CGR hizo caso omiso de lo reglamentado en sus dictámenes anteriores, de carácter regulatorio y vinculante para los Servicios Públicos, concentrándose en lo que es el análisis de la determinación de la confianza legítima y otras alegaciones, pero no en la ilegalidad del acto administrativo impugnado por haber utilizado argumentaciones que dicen relación con procesos de evaluación de desempeño funcionario, situación que motiva como ultima ratio el presente recurso de protección.

Funda su recurso en los artículos 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, 9 de la Ley 18.834, 11, 41 inciso cuarto y 45 a 47 de la Ley 19.880. Además del artículo 6º de la Ley N°10.336 de Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, en su artículo 5° y artículo 9. Y específicamente, el dictamen N° E156769; El Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, artículos 32 al 52, correspondientes el párrafo 4°, De Las Calificaciones; El Reglamento General de Calificaciones, Decreto Supremo N°1825 del año 1998 del Ministerio del Interior, a razón de su procedimiento general y supletorio y el Reglamento Especial de Calificaciones para funcionarios/as de la Subsecretaría de Justicia, contenido en el Decreto Supremo N° 35, de 11 de enero de 2019.

Razona que ante tal situación es ineludible concluir que el Acto administrativo del Sr. nombre reservado -de la sola lectura- se muestra directamente contrario a lo regulado por la CGR, y por la normativa del Derecho Administrativo, en específico del dictamen, en su título sexto, regula el “acto administrativo que determina la no renovación de una contrata, su renovación en condiciones distintas o le pone término anticipado”, y establece en carácter prohibitivo, que la autoridad pueda incurrir en inobservancia, desarrollando las “consecuencias de la insuficiente fundamentación del acto que pone término anticipado de una contrata”, en donde el argumento manifestado por el Sr. nombre reservado es deliberadamente contrario a derecho e ilegal, no logrando satisfacer la condición de fundamentación, perdiendo toda motivación legal, lo cual acarrea inevitablemente la nulidad.

En ese orden de ideas, sostiene que el acto de la Autoridad fue carente de fundamento legal, contrario a derecho, arbitrario en el uso de sus facultades y desproporcionado en objetivo, afectando de este modo su Libertad de Trabajo, consagrada en La Constitución Política de La República.

Respecto a las ilegalidades y arbitrariedades, indica que el principio de legalidad y debido proceso han sido vulnerados en procedimiento calificatorio, ya que en septiembre de 2022, la minuta emitida por el Sr. Seremi, en el proceso de calificación, que a su vez fue utilizado para el fundamento de la resolución que da termino anticipado a la contrata, no habiendo respetado los plazos, la entrevista, la retroalimentación correspondiente o las eventuales observaciones al informe bloqueando el sistema informático, constituye una actuación discriminatoria, ilegal y arbitraria que lesiona gravemente los derechos fundamentales de todo funcionario. Documento utilizado para la resolución exenta RA N° 1018, de 2022, y erróneamente validada por el dictamen recurrido de la CGR.

En segundo lugar, cuestiona la entrega de una carta de notificación sin firma, lo que importa una omisión de notificación legal, pues la jefatura directa efectivamente hace entrega de la carta de notificación concretamente sin firma, quitándole todo valor legal, por lo que con posterioridad al hecho, le privaba de su derecho a defensa ante un reclamo en la CGR, toda vez que dicha carta, no constituía acto administrativo, ordinario, circular ni otro documento idóneo de la administración pública. En relación a lo anterior, refiere que llama poderosamente la atención que la CGR valide el estampado realizado posteriormente por funcionarios que no tienen el carácter de ministros de fe, todo ello valiéndose de dictámenes que dicen relación a procesos de sumarios, no así a notificaciones de términos de contrata, con efectos a terceros. Menciona, en relación a este punto, la afectación es al derecho de defensa, en la demora de obtener el acto administrativo, pues se negaron días valiosos en el plazo para realizar el reclamo ante la CGR. Toda persona debe tener derecho a acceder al documento idóneo para efectuar las reclamaciones correspondientes, al recurrente no se le dio esa oportunidad, es más debió efectuar gestiones paralelas para llegar al documento, lo cual también afectó la dignidad de su persona, valor intrínseco que poseen los seres humanos.

En tercer lugar, sostiene que el acto recurrido priva, perturba y amenaza el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, ya que en la especie la resolución exenta RA N° 1018, de 2022, de 18 de noviembre de 2022, no es un acto administrativo tramitado en conformidad a la Ley 19.880, que en su artículo 3º señala que los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones, los cuales deberán ser notificados, dicha notificación se materializó el día 21 de noviembre de 2022, sino más bien por efecto legal de correo certificado, es decir el día 25 de noviembre de 2022. La resolución de término anticipado contiene un fundamento ilegal, contrario a lo determinado con la CGR, acarreando su nulidad, y a su vez contraviniendo expresamente los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto, ambos de la Ley 19.880. Explica que la consecuencia lógica de dicha omisión es que el actuar de la recurrida resulta caprichoso, ya que no tiene motivación legal alguna.

En cuarto y último lugar, refiere que la Contraloría General de La República emite dictámenes en contravención a su propia normativa, sin observancia a las instrucciones sobre la materia. A su vez, la CGR en su dictamen E 410653 de fecha 31 de octubre de 2023 como asimismo mediante el recurrido dictamen E 457114 de fecha 28 de febrero y notificado el día 29 de febrero ambos de 2024, no se hacen cargo de las alegaciones planteadas a razón de declarar la nulidad del acto administrativo, omiten y afectan absolutamente todo lo referente a la fundamentación de los actos que dan término a la contratas contenido en el dictamen de instrucciones N° E156769, simplemente se contradicen, hacen caso omiso a los preceptos que tienen carácter de prohibitivos hacia la autoridad, tanto para los efectos de contratas bajo confianza legítima como para contratas transitorias, es decir es una imposición transversal de los nombramientos a contrata, por lo que se ha incurrido una contradicción de gran magnitud no es más que "Contra Legem". Al haberse contravenido las propias instrucciones emanadas de las autoridades superiores del país que han señalado que, para la no renovación de una contrata, en ambas modalidades, de confianza legítima como las transitorias, deben evitarse las discriminaciones arbitrarias. Así, evidentemente, la CGR, mediante su dictamen ha ejercido una discriminación arbitraria y desviación de poder, no puede ni debe ser legitimado, ni mucho menos repetido ya que afecta las garantías constitucionales y dignidad de todo ser humano.

Es por lo indicado, que argumenta que se han conculcado las siguientes garantías constitucionales; Artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República que protege la igualdad ante la ley y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; Artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, que dispone la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta; Artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, que dispone el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes; Artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República que dispone que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Puntualiza que también se vulnera el Principio de Legalidad (artículo 11 de la Declaración Universal de los nombre reservado, en el artículo 15 del Pacto Internacional sobre nombre reservado Civiles y Políticos, y en el artículo 9 de la Convención Americana sobre nombre reservado), ya que la autoridad recurrida no da cumplimiento a la formalidades necesarias para informar a un funcionario del término anticipado de su contrata, ejecutando procesos “ad hoc” no regulados, entregando información incorrecta, haciendo entrega de una comunicación carente de firma y omitiendo la entrega de la correspondiente resolución de forma íntegra, privándole de su derecho a la debida defensa.

Con el mérito de lo expuesto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Contraloría General de La República, (CGR) de la Región de Coquimbo, ordenarle que informe en el plazo que se determine, y en definitiva, acogiéndolo, se disponga que se deje sin efecto el término anticipado de la contrata, ordenando la inmediata reincorporación a sus servicios, en el mismo grado, funciones y cargo que ejercía hasta noviembre 2022, en el grado 9º de la escala única de sueldos y ordenar el pago en su totalidad de sus remuneraciones, sin perjuicio de las demás medidas que se estime procedente para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con costas.

Acompaña a su acción los siguientes documentos; 1- Resolución Exenta RA N° 282/1091/2020, de la Subsecretaria de Justicia, que Designa a Contrata. 2- Resolución Exenta RA N°282/1018/2022, de la Subsecretaria de Justicia, de Término Anticipado de Designación a Contrata. 3- Carta simple, de notificación de fecha 21 de noviembre de 2022, de Resolución Exenta RA N° 282/1091/2020, entregada por Sr. Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado, Región de Coquimbo. 4- Recibo de Correos de Chile, de envío de Carta Certificada de Notificación de Resolución Exenta RA N° 282/1091/2020. 5- Acta entrega credencial y llaves de dependencias de la Seremi de justicia, de fecha 29 de noviembre de 2022. 6- Reglamento Especial de Calificaciones para funcionarios/as de la Subsecretaria de Justicia, contenido en el Decreto Supremo N° 35, de 11 de enero de 2019. 7- Minuta de Proceso de Gestión del Desempeño (calificaciones) de la Asociación de funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 8- Decreto N° 1.825, de fecha 17 de septiembre de 1998, Reglamento de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo, Ley No 18.834. 9- Informe de desempeño del Art. 9° del Secreto Supremo N°35, periodo de calificación 14-03-2022 al 30-04- 2023, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado, Región de Coquimbo. 10- Oficio Subsecretaria para las Fuerzas Armadas N°860 de fecha 03 de marzo de 2022, Agradece apoyo prestado en el cumplimiento del proceso CEA y solicita anotaciones de mérito a personal participante. 11- Captura de imagen de sistema informático de evaluación desempeño funcionario. 12- Oficio Circular N° 20, del Sr. Ministro de Hacienda, de fecha 18 de noviembre de 2022, a nombre reservado y otros. 13- Reclamación ante CGR N°. 43.690 de fecha 05 diciembre de 2022 14- Oficio CGR a Sr. nombre reservadoº E 287978 / 2022 “solicita informe en presentación que indica.” 15- Dictamen CGR, N° E 410653 “Término anticipado de recurrente se encuentra ajustado a derecho por encontrarse debidamente fundado.” De fecha 31 de octubre de 2023 16- Recurso Administrativo R006233/2023, CGR de fecha 09 noviembre de 2023 17- Oficio CGR al Sr. nombre reservado: E441130 / 2024, “pone en conocimiento el recurso de reposición que se indica para que manifieste su parecer.” 18- Dictamen CGR N° nombre reservado: E457114 / 2024 de fecha 28 de febrero de 2024 “se rechaza recurso de reposición deducido en contra del oficio n° E410.653, de 2023, de este origen.” y 19- Notificación mediante correo electrónico de fecha 29 de febrero de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, FISCAL (S) de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Solicitó, en primer lugar, que se declare la falta de legitimación pasiva de la Contraloría, ya que en la especie, las acciones u omisiones que de conformidad con lo expuesto por el actor podrían haber afectado las garantías constitucionales que expresa, no son los oficios a través de los cuales esta Entidad de Control resolvió su reclamo de ilegalidad en relación con el término anticipado de su contrata, esto es, los oficios N°s. E410.653, de 2023, que desestimó el reclamo, y el E457.114, de 2024, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición respecto del primero, sino la determinación de poner término anticipado a su designación a contrata, dispuesta en virtud de la resolución exenta RA N° 282/1018/2022, de 2022 de la Subsecretaría de Justicia, registrada el 18 de noviembre de esa anualidad en esta Entidad Contralora. Por lo tanto, sostiene que en ningún caso la acción debió dirigirse en contra de este Organismo de Control, dado que el acto que en realidad se pretende impugnar y cuyos efectos se intenta revertir corresponden a la resolución exenta RA N° 282/1018/2022, de 2022 de la anotada repartición.

Luego, señala que es posible advertir que dentro de las pretensiones del recurso no existen peticiones concretas respecto a actuaciones de este Órgano de Control, toda vez que la I Contraloría Regional Metropolitana únicamente resolvió el reclamo y recurso de reposición deducidos por el actor a través de los oficios N°s. E410.653, de 2023, y E457.114, de 2024, de manera que dejarlos sin efecto resultaría insuficiente a la verdadera acción pues lo que pretende el recurrente es que “se deje sin efecto el término anticipado de la contrata, ordenando la inmediata reincorporación a mis servicios, en el mismo grado, funciones y cargo que ejercía hasta noviembre 2022, en el grado 9º de la escala única de sueldos y ordenar el pago en su totalidad de mis remuneraciones (…)”. Por lo tanto, dichas peticiones no podrían ser satisfechas por la I Contraloría Regional Metropolitana, pues lo solicitado dice relación con atribuciones propias de la Administración activa, y con actuaciones que están fuera del ámbito de competencia de la entidad fiscalizadora, sin perjuicio de señalar que en relación con la solicitud de “ordenar el pago en su totalidad de mis remuneraciones”, la acción de protección no sustituye a un juicio de cobro de pesos, por su naturaleza eminentemente cautelar. De este modo, lo pedido no puede ser cumplido por la entidad de control puesto que las pretensiones del actor dicen relación con atribuciones propias de la Subsecretaría de Justicia.

Puntualiza, además, que al haberse interpuesto ante la Contraloría General de la República el reclamo contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, que dio origen al referido oficio N° E457.114, de 2024, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el interesado en contra del oficio N° E410.653, de 2023, ambos de la mencionada Sede Regional de Control, resolviendo que el término anticipado de la contrata del actor se encontraba ajustado a derecho, se produjo la interrupción del plazo para interponer la presente acción cautelar en contra de dicha determinación. Por consiguiente, agotada la vía administrativa con la notificación del oficio N° E457.114, de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el indicado inciso segundo del artículo 54 de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Organismo de Control, sino que, en contra de la Subsecretaría de Justicia, que fue la que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama la recurrente. En efecto, que el actor haya deducido, en el intertanto, el pertinente reclamo funcionario ante esta Contraloría General únicamente produce como consecuencia, según ordena claramente el citado artículo 54 de la ley N° 19.880, la interrupción del plazo que la persona interesada tiene para deducir igual pretensión en sede jurisdiccional. De esta manera, en el evento de ser procedente la impugnación de la referida decisión administrativa por la vía del recurso de protección, debió dirigirse únicamente en contra de la anotada subsecretaría.

Junto con lo indicado, alega la falta de emplazamiento de la Subsecretaría, en atención a que lo pedido no puede ser cumplido por la Contraloría puesto que sus pretensiones dicen relación con atribuciones propias de la Administración Activa.

Agrega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, debido a que la acción interpuesta no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado, sino que pretende que por esta vía VS. Iltma., declare que al recurrente le asiste el derecho a prorrogar su contrata no amparada por confianza legítima, que concluyó por termino anticipado, declarándose que debe ser reincorporado con el pago del total de las remuneraciones vinculadas a una eventual declaración que dejara sin efecto tal cese anticipado, pretensión que es de naturaleza declarativa. Añade que la referida petición excede el marco propio de esta acción constitucional, ya que aquella no se concilia con la vía elegida -recurso de protección-, que no es declarativa de derechos ni la vía idónea para demandar un cobro de pesos, sino que persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie. Razón por la cual, estima que el asunto planteado por el actor resulta totalmente ajeno a la naturaleza cautelar de la acción constitucional de protección.

Refiere que en el caso en comento no existe ilegalidad o arbitrariedad en la acción reclamada, ya que no se advierte de qué manera el oficio que se impugna podría ser ilegal o arbitrario, pues la entidad de control se limitó a resolver el reclamo de ilegalidad del artículo 160 de la ley N° 18.834, formulado por el recurrente, y a ejercer las competencias que le han sido asignadas, en virtud de lo dispuesto, por ejemplo, en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; artículos 1°, 6° y 9 de la ley N° 10.336; y artículo 160 de la ley N° 18.834, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011. Respecto de la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Entidad de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa y criterio jurisprudencial vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este Órgano de Control.

En cuanto al fondo del asunto, acerca de los criterios que rigen el principio de la confianza legítima asentado por esta Entidad de Control, sostiene que a partir de la fecha del mencionado dictamen N° E156.769, de 18 de noviembre de 2021, cuando el funcionario está amparado por la aludida confianza legítima, no podrá servir de fundamento para disponer el término anticipado de una contrata, una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño para el cargo, dado que lo que corresponde es efectuar dicha evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin, esto es, la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista correspondiente y, si procediere conforme a lo anotado, disponer su cese, con la consecuente inhabilidad temporal de reingreso. Al respecto, conviene enfatizar que el criterio anterior se aplica sólo a los funcionarios que se encuentran amparados por la legítima expectativa de la mantención de sus designaciones, no siendo éste el caso del interesado, puesto que el ex funcionario fue designado a contrata como apoyo jurídico en la anotada SEREMI de Justicia y nombre reservado, asimilado al grado 9°, a partir del 23 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, vínculo que fue renovado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y, posteriormente renovado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, expirando por término anticipado mediante la resolución exenta RA N° 1018, de 2022, de esa subsecretaría, a contar del 21 de noviembre de esa anualidad, razón por la cual el interesado no alcanzó a completar dos renovaciones anuales de su contrata.

Refiere que lo anterior es así por cuanto si bien la segunda renovación del actor comprendía inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2022, el mismo reconoce que su desvinculación le fue notificada presencialmente el 21 de noviembre de ese año, y que se negó a firmar el acta respectiva, en la que, no obstante sus dichos, consta la transcripción completa de la resolución exenta RA N° 1018, de 2022. Asimismo, agrega que se entiende notificado el día 25 de dicho mes y año, por medio del envío de carta certificada, a lo que debe añadirse que el interesado efectuó su reclamo de ilegalidad ante esta Sede Regional de Control el 15 de diciembre de 2022, esto es, en todas las hipótesis de notificación posibles de considerar, antes de completar íntegramente la segunda renovación anual. Por consiguiente, los vínculos del interesado con la Subsecretaría de Justicia no lograron reunir las dos renovaciones anuales íntegras -hasta el 31 de diciembre del año respectivo-, que exige el anotado principio de la confianza legítima, las que se corresponden a las dos anualidades siguientes, si su primera designación no se ha producido al inicio del primer año -el 1° de enero-, como en el caso que del señor nombre reservado, quien fue contratado el 23 de noviembre de 2020.

Respecto al termino anticipado de la contrata sostiene que este se encuentra fundado, pues sostiene que yerra el actor al señalar en su líbelo que este ente de Control habría razonado erróneamente al desestimar su reclamo de ilegalidad, por cuanto se habría concentrado en la confianza legítima y no en “la nulidad del acto por falta de fundamento o más bien en este caso, fundamento ilegal”. En este sentido, cabe tener presente que el oficio impugnado rechazó la reposición interpuesta en contra de su similar N° E410.653, de 2023, dado que la resolución exenta RA N° 1018, de 2022, de la Subsecretaría de Justicia, que terminó anticipadamente su contrata, se encontraba suficientemente fundamentada-según sus considerandos 8 y siguientes-, en la evaluación deficiente de su desempeño efectuada por su superior jerárquico, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y nombre reservado de la Región de Coquimbo. En consecuencia, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante la emisión del oficio objeto de la presente acción constitucional, ha actuado conforme a las normas constitucionales y legales que la habilitan al efecto, esto es, dentro de su competencia, correspondiendo, por tanto, el rechazo de aquella.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, señala que respecto al derecho contemplado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República no ha sido infringido, puesto que, contrario a lo alegado por el recurrente, no se advierte de qué manera se ha producido alguna privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de este derecho constitucional, toda vez que esa Sede Fiscalizadora no ha efectuado una labor que implique darle un tratamiento diferenciado en relación con otras personas que estén en su posición, limitándose a resolver a requerimiento del actor -en uso de sus atribuciones constitucionales y legales- el reclamo de ilegalidad deducido por el actor al amparo del artículo 160 del Estatuto Administrativo, razón por la que mal podría suponerse que el oficio impugnado haya podido significar dar al actor un trato discriminatorio que produzca la vulneración del derecho de que se trata.

Relativo a los derechos contemplados en el artículo 19 N° 3, incisos quinto y sexto, de la Constitución Política de la República, menciona que no es posible vislumbrar cómo esta Entidad de Control podría haberse constituido en una comisión especial al resolver el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo, deducido por el actor y en consonancia con lo anterior, acerca de la afectación a la garantía prevista en el inciso sexto, que consagra el derecho a un justo y racional procedimiento, por la falta de notificación legal de la resolución exenta RA N° 1018, de 2022, que puso término anticipado a su contrata, manifiesta que dicha garantía no se encuentra protegida por el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que dicha alegación debe ser desestimada, añadiendo que además de la notificación presencial al interesado de la mencionada resolución exenta, dicha actuación también se efectuó por carta certificada como el mismo reconoce.

Respecto al derecho contemplado en el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, explica que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desarrollan son las propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas. Añade que no se vislumbra cómo la actuación de este Órgano Fiscalizador, en el presente caso, podría vulnerar el derecho a la imagen del interesado, pues, como se ha señalado, aquella sólo se ha limitado a aplicar la normativa y jurisprudencia administrativa vigentes en la materia al momento de interponerse el reclamo y el recurso de que se trata, los que han sido resueltos en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, entender lo contrario implicaría limitar estas últimas.

Concluye solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos, atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de la Entidad Fiscalizadora.

Acompaña a su informe copia de los siguientes documentos: 1. Oficios Nos. E410.653, de 2023, y E457.114, de 2024, ambos de la I Contraloría Regional de Santiago. 2. Resolución exenta RA N° 1018, de 2022, de la Subsecretaría de Justicia. 3. Referencias Nos. 43.690, de 2022, y R6233, de 2023, ingresadas por el señor nombre reservado. 4. Ordinario N° 722, de 2024, de la Subsecretaría de Justicia, evacuado en el recurso de reposición N° R6233, de 2023. 5. Hoja de Vida del interesado del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- que mantiene este Entidad de Control. 6. Dictámenes Nos. 85.700, de 2016; 6.400, de 2018 y E156.769, de 2021. 7. Resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales. 8. Resolución N° 102, de 2016, del Contralor General de la República, que crea las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y fija su organización interna. 9. Orden de servicio N° 1, de 2017, de este origen, que establece las coberturas de las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y de los Departamentos de Nivel Central. 10. Resoluciones N°s. 2.567, de 2023, por la que se delega la facultad de firmar “por orden del Contralor General”, a la Fiscal respecto de los actos que indica, y 290, de 2024, ambas de esta Contraloría General, por la que se designa a la suscrita como Suplente en el cargo de Fiscal por el periodo que indica.

TERCERO: Que, igualmente, evacuó informe don nombre reservado, nombre reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Refiere que el acto que dispuso el término anticipado de la vinculación del recurrente deja constancia de las razones que se tuvieron a la vista para adoptar dicha decisión, razón por la cual se encontraba ajustado a derecho al estar debidamente fundado.

En relación a la confianza legítima en las contratas, sostiene que en el caso particular del Sr. nombre reservado, se hizo una primera renovación de su contrata por el año 2021; y luego se hizo una segunda renovación para el año 2022, sin embargo, no alcanzó a completar esa segunda anualidad, por lo que carece de la antigüedad mínima en el Servicio, para fundar la expectativa de permanencia en su contrata para el año siguiente y por consiguiente aplica el criterio respecto a la calificación establecido en el dictamen N°E156.769, en el que fundamenta su pretensión.

Finalmente, respecto a lo planteado por el señor nombre reservado, en lo relativo al no pago de la remuneración que se le adeudaría por bono de modernización, señalado en la liquidación del mes de diciembre de 2022, en la proporción que corresponda por los 25 días del mes de noviembre de 2022, se puede informar que la Ley N° 19.553, que Concede Asignación de Modernización, establece en su artículo 1 º inciso segundo que "La asignación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la asignación en proporción a los meses efectivamente trabajados”. En virtud de lo cual, el pago efectuado al señor nombre reservado se encuentra ajustado a la normativa señalada, por cuanto, la Subsecretaría no podría deber algo con posterioridad al término anticipado de su contrata.

En virtud de lo expuesto, concluye que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata el Sr. nombre reservado, se encuentra ajustado a derecho, tal como lo consignó su Oficio nombre reservado Nº E410653 / 2023, de fecha 31 de octubre de 2023 y reafirmó posteriormente el órgano de Control en su oficio nombre reservado N° E457114/2023, de 28 de febrero de 2024.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, para que proceda el recurso se requiere entonces, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

SÉPTIMO: Que el presente recurso ha sido dirigido en contra del dictamen E457.114 de fecha 28 de febrero de 2024, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del oficio E410.653 de 31 de Octubre de 2023, emitido por la misma entidad fiscalizadora, que a su vez rechazó el reclamo formulado por el recurrente de esta causa en contra del término anticipado de su contrata dispuesto por la Subsecretaría de Justicia, habiéndose planteado como petición del recurso que se deje sin efecto dicho término anticipado, que se ordene la inmediata reincorporación a sus servicios, con el mismo grado, funciones y cargo que ejercía hasta noviembre 2022 y que se disponga el pago de la totalidad de sus remuneraciones, sin perjuicio de las demás medidas que se estime procedente para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas.

OCTAVO: Que, de esta forma, corresponde, en primer término, hacerse cargo de la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida Contraloría General de la República, quien sostuvo que de conformidad con lo expuesto por el recurrente el acto que podrían haber afectado sus garantías constitucionales fue la determinación de poner término anticipado a su designación a contrata, contenida en la resolución exenta RA N° 282/1018/2022, de 2022 de la Subsecretaría de Justicia, motivo por el cual la acción debió dirigirse en contra de dicho Organismo, no existiendo peticiones concretas que Contraloría General pueda satisfacer considerando lo solicitado en el recurso que se vincula con atribuciones propias de la Administración activa, y por ende fuera del ámbito de competencia de la entidad fiscalizadora.

NOVENO: Que, de la lectura del recurso, se observa que efectivamente existe una discordancia entre la autoridad que es destinataria de la acción cautelar y aquella que debería llevar a cabo las medidas que se solicitan para el caso de acogerse la protección, pues resulta evidente que escapa a la competencia de la Contraloría materializar la reincorporación del recurrente o efectuar el pago de los emolumentos que singulariza en el libelo. Por lo demás, si bien formalmente el acto que se señala recurrido es el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora, recaído en la solicitud de reconsideración respecto al rechazo del reclamo de ilegalidad planteado en contra de la resolución que puso término anticipado a la contrata del actor, queda claro que los reproches que sostienen este arbitrio dicen relación con cuestionamientos al proceso de notificación de la resolución RA N° 282/1018/2022, de 2022 de la Subsecretaría de Justicia, con el valor que debe otorgarse a la fundamentación dada por la autoridad para justificar la desvinculación del recurrente y con el no pago de ciertos emolumentos que se indican, siendo así, en definitiva, el órgano que dio origen a la ilegalidad y/o arbitrariedad reclamada distinto de aquel que aparece como recurrido en estos antecedentes.

DÉCIMO: Que, de esta forma, no cabe sino concluir, al tenor de la fundamentación del libelo y de las peticiones en él formuladas, que efectivamente se configura una falta de legitimación de la Contraloría General de la República en estos antecedentes, sin perjuicio de ello, teniendo presente que igualmente se requirió informe a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de todos modos aparece necesario entrar a pronunciarse en relación a la situación planteada en el recurso a fin de determinar si ha existido alguna ilegalidad y/o arbitrariedad en los hechos relatados, que pueda ameritar el ejercicio de las facultades conservadoras de que esta Corte se haya investida, teniendo presente la especial regulación que se ha dado por la Excma. Corte Suprema a esta acción constitucional, en que basta que se mencionen hechos que puedan constituir alguna vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que corresponda emitir algún pronunciamiento a su respecto.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio, igualmente resulta útil recordar que la acción de protección busca restablecer el imperio de un derecho indubitado, no siendo esta sede la vía idónea para entrar a dilucidar aspectos fácticos que puedan resultar controvertidos, pues se trata únicamente de otorgar medidas de resguardo en relación a situaciones que se encuentran suficientemente asentadas a fin de asegurar el imperio de los derechos susceptibles de protección que se han visto quebrantados.

DUODÉCIMO: Que dicho lo anterior, cabe hacerse cargo de las situaciones planteadas en el recurso siendo la primera aquella que dice relación con el proceso de notificación de la resolución que puso término anticipado a la contrata del recurrente, habiendo sostenido el recurrente que la misma no cumplió con los requisitos formales para darle valor.

DECIMOTERCERO: Que, sin embargo, cabe señalar que siendo un hecho reconocido por el recurrente que efectivamente se efectuó un proceso de notificación a su respecto, impugnando las circunstancias del mismo, es el caso que ello corresponde a una discusión que no cabe que sea zanjada por esta vía, teniendo presente la presunción de validez de los actos de la Administración que debe ser aplicada en la medida que no aparezca establecido de forma incontrastable su improcedencia, lo que no se advierte en la especie, en que por lo demás el proceso de comunicación realizado en relación al actor resultó útil para habilitarlo para generar las instancias de reclamo y de revisión administrativa respecto a la decisión desvinculatoria que lo afectó, por lo que no se avizora, en relación a esta situación, un acto u omisión que pueda ser catalogado, en esta instancia, como ilegal o arbitrario en términos que haga procedente el recurso intentado.

DECIMOCUARTO: Que ahora en lo que dice relación con los reproches que se plantean en el recurso en relación al proceso de calificación de desempeño funcionario del recurrente, se debe indicar que la desvinculación del recurrente no aparece sostenida en la aplicación de una nota deficiente o en la inclusión en algún listado calificatorio que así lo ameritase, por lo que dichas alegaciones finalmente no resultan pertinentes, considerando que el término anticipado de la contrata se sostiene, según indica el punto 9 de la Resolución Exenta RA N° 282/1018/2022 de la Subsecretaría de Justicia, en una minuta de la jefatura que informó que el recurrente presentaría dificultades en el desarrollo de sus labores, asociadas a su capacidad de planificación y organización, motivo por el cual, no cabe sino desestimar la incidencia de las eventuales ilegalidades que en esta materia se acusan en el libelo (las que por lo demás requieren para su establecimiento de instancias probatorias que exceden el marco de esta acción cautelar) en la situación que motivó la interposición del recurso.

DECIMOQUINTO: Que ahora en relación a la ausencia de fundamentación en que habría incurrido la autoridad al decidir la desvinculación del recurrente, cabe señalar que dicha alegación descansó en sostener que al faltar un proceso de calificación que avalara un juicio deficiente del desempeño del recurrente la autoridad no se encontraba habilitada para decidir el término de su contratación, lo que deja desprovisto al acto administrativo de la motivación que le resultaba exigible en los términos preceptuados por los artículos 11, 40 y 41 de la Ley 19.880.

DECIMOSEXTO: Que al respecto cabe señalar que la exigencia que ha establecido Contraloría General de la República en relación a un proceso de calificación deficiente para los efectos de poner término a una contrata, ha sido vinculada en el dictamen E156.769/2021, de 17 de Noviembre de 2021, denominado “Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas”, con la aplicación por parte de los órganos de la Administración del denominado principio de “confianza legítima”, señalando que, en la medida que se cumplan los presupuestos establecidos por la entidad de control para la aplicación de la señalada regla, se exige para el término de una contrata por una evaluación negativa de la jefatura un proceso de calificación que dé sostén a la decisión.

DECIMOSÉPTIMO: Que, dicho lo anterior, cabe señalar que el recurrente nombre reservado, no cumplió los requisitos establecidos por Contraloría para resultar amparado por el principio de confianza legítima, pues el órgano de control determinó, en el dictamen precitado, que para ser favorecido por dicha regla, resultaba necesario haber completado dos períodos anuales íntegros, contados desde Enero a Diciembre, período que no alcanzó a ser completado por el recurrente, de forma, que la exigencia que sostiene la actora en torno a la necesidad de un proceso calificatorio previo no resulta aplicable, bastando entonces que la Administración cumpla con fundar su decisión, en los términos que exige la Ley 19.880 Sobre Bases de Procedimientos Administrativos, lo que en la especie la simple lectura de la Resolución Exenta RA N° 282/1018/2022 demuestra que fue cumplido, no denotándose, en principio, una actuación arbitraria de la jefatura, más allá de lo que pudiera decidirse en caso de plantearse un reclamo en la sede que corresponda en torno al mérito del fundamento esgrimido en la resolución que puso fin anticipado a la contratación.

DECIMOCTAVO: Que finalmente en relación al reclamo que se formula en torno al pago de ciertos emolumentos que serían procedentes a favor del actor, cabe señalar que Contraloría (en el único aspecto de la situación planteada en el recurso que realmente le empecé) determinó que no resultaba procedente el pago de cotizaciones atendida la fecha de término de la contrata y que en relación a los restantes pagos, corresponden a una petición que fue incorporada en la solicitud de reconsideración y que no formaron parte del reclamo original del recurrente, por lo que no podían ser objeto de pronunciamiento al haberse planteado de manera inoportuna, de forma que tampoco en este aspecto se advierte ilegalidad o arbitrariedad en lo decidido que pueda ameritar acoger el recurso, no siendo por lo demás ésta la vía para efectuar declaraciones en torno a la procedencia de pagos que han sido controvertidos por la Administración.

DECIMONOVENO: Que, así las cosas, descartándose alguna ilegalidad o arbitrariedad en la situación que afectó al recurrente y que fue validada por Contraloría en la resolución que aparece formalmente impugnada en estos antecedentes, no cabe sino desestimar este recurso, debiendo en su caso recurrirse a otras acciones de carácter jurisdiccional que el ordenamiento jurídico entrega a las partes, que habilitan la emisión de pronunciamientos de carácter declarativo de derechos, previa rendición de la prueba que corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro interino señor Rodrigo Díaz Figueroa.

Rol N° 436-2024 (Protección).-