nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

San Patricio Minera Spa.

Dirección del Trabajo de La Serena y otra Recurso de protección Rol N°433-2026 La Serena, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, cubano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en representación y favor de SAN PATRICIO MINERA SPA, sociedad del giro de su denominación, Rut N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponiendo recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, y de la TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO, por el acto arbitrario e ilegal de informar el total de una deuda derivada de la imposición de multas que se encontraban pagadas, y eliminar el convenio de pago suscrito con la Tesorería, vulnerando la garantía constitucional consagrada en el artículo N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone en primer término el contexto en el cual se produce el acto reprochado, indicando que el 3 de julio de 2024 murió un trabajador de la recurrente por un lamentable accidente laboral, que dio inicio a una causa laboral, Rit P-709-2024, en la cual la actora aseveró que el accidente se produjo por negligencia del trabajador.

Refiere que con motivo del accidente laboral la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena cursó a la recurrente una multa de 170 U.T.M. mediante Resolución N°3677/24/361-2-3-4-5-6 de 6 de agosto de 2024, la cual fue objeto de reconsideración siendo derivada al área respectiva el 22 de octubre de 2024, y que, recién el 13 de noviembre de 2025 reciben la respuesta del recurso de reconsideración, pero alega que la tardanza de la recurrida en resolver su reconsideración de la multa, ocasionó que se viera privada de un medio de prueba idóneo para demostrar el cumplimiento de los estándares laborales de seguridad, pues de haberse resuelto cuando correspondía, podría haberse deducido el recurso de reclamación judicial con mucha anterioridad y no como aconteció en la especie, esto es el 3 de diciembre de 2025. Comenta que, con la intención de no incurrir en incumplimientos de la multa, y en paralelo a la reconsideración, optó por suscribir convenios de pago con Tesorería, el 5 de diciembre de 2024, y luego el 16 de junio de 2025, y detalla cuotas pagadas y montos.

Refiere que, la cuota de noviembre de 2025 fue pagada en diciembre de aquel año, y como no aparecía reflejado en Tesorería, consultó y fue informado que se tuvo por pagado en su totalidad dicho convenio.

Destaca que el 3 de diciembre de 2025 presentó en sede laboral reclamación ante el Jugado Laboral de La Serena, bajo Rit I-115-2025 en contra de lo resuelto por la Inspección.

Comenta que de los certificados de deuda fiscal desde el 6 de noviembre de 2025 a la fecha advierten que al pagar las cuotas la Tesorería elimina las cuotas pagadas y deja solo las sin pagar.

Señala que, extrañamente la Inspección informó nuevamente a la Tesorería el total de la deuda por $11.833.870, por lo que, aquel sería el monto para refinanciar en otro convenio de pago con la Tesorería, y alega que desconoce el motivo de la Inspección del Trabajo para haber informado el total de la deuda, y que no les han explicado donde quedaron los $6.089.813 que ya habían cancelado, lo cual constituye un acto arbitrario e ilegal, carente de fundamento. Indica que, el 17 de febrero de 2026 acudieron a la Tesorería, donde les indican que la información de la multa es recibida directamente de la Inspección del Trabajo, y ellos solo cobran o repactan multas. Añade que, se registraron en Dicom las multas, lo cual causa perjuicio a la recurrente, y que solo ha obtenido respuestas evasivas de las recurridas.

Sobre la conculcación de la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Magna, refiere que se ve perturbado arbitrariamente por los organismos administrativos recurridos dado que, a pesar de encontrarse pagada al menos la mitad de las multas señaladas continúa figurando en el sistema la totalidad de la deuda motivo de las multas descritas, sin motivo ni razón alguna, lo cual señala acreditar con el certificado de deuda de 13 de febrero de 2026.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, y se ordene a las recurridas rectifiquen o enmienden la situación acaecida, conforme la normativa vigente, corrigiendo los certificados de deuda y/o informando correctamente las multas pagadas; y en subsidio, que se ordene descontar los pagos realizados del certificado de deuda respectivo, con condena en costas, en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, a folio 18 del expediente digital, comparece la abogada Claudia Pinto Robles, en representación de la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, fruto de la fiscalización realizada a la recurrente por el accidente laboral, se constataron irregularidades en materia laboral por lo cual se cursaron seis multas, los números 3677/24/36-1; 3677/24/36-2, 3677/24/36-3, 3677/24/36-4, 3677/24/36-5 y 3677/24/36-6, notificadas al empleador el 30 de agosto de 2024, y según sus registros la fecha original de vencimiento de las multas, sin considerar la reclamación judicial, era al 5 de octubre de 2024. Luego explica las opciones que tienen aquellos que son multados, así puede reclamar en sede judicial, o interponer alguno de los recursos establecidos en el artículo 506 ter del Código del Trabajo; o bien, deducir el recurso de reconsideración administrativa establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, tras lo cual puede ejercer la acción judicial establecida en el artículo 512 del mismo cuerpo legal. Añade que, impuesta una sanción aquello debe registrarse en el sistema informático del Servicio, pudiendo visualizar una multa.

Hace presente que, una vez concluidos los respectivos recursos administrativos y/o judiciales, cada multa puede mantenerse, rebajarse o dejarse sin efecto, quedando en estado de “ejecutoriada”, así si su monto se mantiene o rebaja, procede el pago por el empleador, y las U.T.M. se calculan a la fecha que la multa queda ejecutoriada. Indica que en caso que el empleador no pague la multa esta es pasada a la Tesorería para su cobro, con la cual tiene la posibilidad de suscribir convenios de pago, respecto de los cuales su parte no tiene injerencia alguna. Añade que, en caso de resolverse favorablemente la solicitud del empleador dejando sin efecto la multa, una vez ejecutoriada se registra, y la multa no pasa a cobranza, o pudiera proceder la devolución de fondos que haya pagado el empleador a la Tesorería.

Aclara que, el pago de una multa, encontrándose pendiente la tramitación de un recurso administrativo o judicial, es una facultad legítima del empleador, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en sede administrativa y/o judicial, y reiterando que el valor final a pagar se determinará una vez que la sanción se encuentre ejecutoriada.

En cuanto al pago anticipado de multas por el recurrente, indica que el 21 de octubre de 2024 el empleador interpuso un recurso de reconsideración administrativa respecto de las multas cursadas, el que fue resuelto por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, mediante Resolución Exenta N°241/2025 de 11 de noviembre de 2025, confirmando todas las multas cursadas, la cual fue notificada el 13 de noviembre de 2025. Señala que, al momento de registrar estos eventos en los sistemas informáticos por parte de la Inspección del Trabajo de La Serena, pudo advertir que algunas de estas multas ya se encontraban pagadas, en tanto otras habían sido traspasadas a cobranza de la Tesorería, registrándose en estado “Cargada TGR”, por lo cual solicitó a la Tesorería reversar el estado de estas multas a etapas anteriores, con el objeto de ingresar el respectivo recurso administrativo y su resultado, eliminando la fecha de ejecutoriedad o vencimiento anterior de 5 de octubre de 2024. Explica que, cuando solicitan a la Tesorería la “descarga” de una multa con el objeto de ingresar algún recurso administrativo o judicial, la fecha de la ejecutoriedad/vencimiento cambia, lo que provoca que se genere una nueva cuenta única tributaria -CUT- (nueva deuda actualizada). Señala que entre los objetivos de la solicitud de descarga que realizan a la Tesorería, está el de permitir a los empleadores solicitar el “desabono” de los valores pagados ante la Tesorería respecto de la multa originalmente cursada, solicitud que indica solo puede efectuar el empleador ante la Tesorería.

Refiere que, a la fecha del presente recurso según sus registros informáticos, se encontraban pagadas las sanciones N°3677/2024/36-1, 2 y 6, y las sanciones 3677/2024/36-3, 4 y 5 se encontraban cargadas en Tesorería y publicadas en el Boletín Laboral. Por lo anterior, solicitó a la Tesorería pronunciarse respecto del estado de cada una de las sanciones y si existía un convenio de pago vigente, obteniéndose como respuesta que las 6 sanciones se encontraban impagas y que no tenían convenio vigente con la Tesorería, por lo que analizaron las fechas de vencimiento de todas las multas y se determinó que existían dos fechas de vencimiento el 5 de octubre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, siendo la vigente esta última, por lo que, se informó a la recurrente el 24 de marzo de 2026 que debían acudir a la Tesorería para reversar (o desabonar) el dinero ya pagado. Por último, señala que, atendido que el empleador ha ejercido su derecho accionar judicialmente conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, las multas 3677/2024/3, 4 y 5 han sido eliminadas del Boletín.

Afirma que, desconoce si el empleador ha solicitado ante la Tesorería el desabono de los valores pagados (traspaso de fondos de una cuenta única tributaria a otra), ya sea al momento de ser notificados de la Resolución Exenta 241/2025; o al recibir la notificación efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena a través de correo del 24 de marzo pasado, y suponen un desconocimiento del empleador de la solicitud específica que debía formular ante la Tesorería; o bien, podría reprocharse que el Servicio no ha sido lo suficientemente claro al informar o explicar los efectos que se producen cuando una multa es pagada antes de resolverse los recursos administrativos o judiciales y en qué consiste el desabono señalado.

Arguye que, no tiene incidencia su representada en la emisión o corrección de los certificados de deuda; ni en registrar o descontar pagos. En consecuencia, las medidas solicitadas por el empleador en su petitorio no le son exigibles. Añade que, es efectivo que la Tesorería procede al cobro de las multas cuyo vencimiento es informado por la Dirección del Trabajo, y es por ello que deben actualizar, material e informáticamente, el estado de tramitación de los expedientes administrativos, lo cual se ha efectuado, encontrándose actualizados sus registros en relación con el recurso administrativo concluido y las acciones judiciales interpuestas, asimismo, ya ha eliminado las multas del Boletín Laboral.

TERCERO: Que, a folio 19 del expediente digital, comparece el Director Regional Tesorero de Coquimbo (s) y evacua el informe ordenado.

Señala que, no tiene incidencia la Tesorería en la carga de multas en la Cuenta Única Tributaria de los contribuyentes, más sí en el cobro y recaudación de los pagos asociados a aquellas, sean de forma coercitiva o mediante pagos voluntarios. Agrega que, efectuado un análisis del historial de tales deudas, se advierte que las mismas fueron cargadas por el ente girador en el mes de octubre de 2024, y posteriormente descargadas, para luego ser cargadas nuevamente en diciembre de 2025 y, posteriormente, descargadas una vez más, estado en el que actualmente se encuentran.

Indica que, del Certificado de Deuda del recurrente, que acompaña, actualmente las deudas se encuentran eliminadas de su Cuenta Única Tributaria, no registrando morosidad alguna a la fecha, y refiere que estas actuaciones de cargo y descargo no son competencia de Tesorería, por lo que mal podría existir una conducta reprochable en cuanto a la información que existe y se visualiza respecto de las multas en cuestión.

En cuanto a los convenios suscritos con el recurrente, por estas deudas y los pagos efectuados en virtud de ellos, señala que los convenios de pago, en general, al ser descargada la deuda que contengan quedan con saldo cero ($0) y, por tanto, desaparecen del listado de “Convenios Vigentes", pasando quedar en estado “Terminados por pago", no siendo posible para el contribuyente visualizarlos para un eventual pago de cuotas, dado que la deuda convenida ya no existe, y que aquello ocurrió con ambos convenios suscritos por el contribuyente, números 227.539 y 128.568, en que, al haberse eliminado, anulado y en definitiva descargado las deudas contenidas, no fue posible seguir pagándolos y quedaron cerrados por pago, al estar en saldo cero. Afirma que, no hay una eliminación arbitraria y menos ilegal de los mismos, puesto que éstos siguen visualizándose, mas no hay cuotas susceptibles de pago y no es posible visualizarlos en los convenios vigentes, porque, en efecto, ya no lo están.

Finalmente, indica que, no existiendo deuda morosa y habiendo efectuado el contribuyente pagos a deudas que fueron descargadas, todos los montos pagados se encuentran en calidad de saldo acreedor, cuya devolución debe ser solicitada por el afectado a través de los conductos y canales de atención establecidos por la Tesorería General de la República para dicho efecto, en la página web www.tar.cl , en el trámite denominado “Solicitud devolución de pagos fiscales realizados por error o en exceso", ingresando con el RUT y Clave Tributaria de la empresa y adjuntando los comprobantes de pagos efectuados, junto con señalar una cuenta bancaria para dicha devolución.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el presente recurso se dirige en contra de la Dirección del Trabajo de la Serena y la Tesorería de la Región de Coquimbo, en el caso de la primera por informar a la segunda un total de multa, el cual en gran parte se encuentra cancelado, y el envío de tres multas al boletín comercial; y en cuanto a la primera se reprocha el haber eliminado el convenido de pago suscrito para el pago de las multas, lo cual refiere se acredita con el certificado de deuda fiscal.

En cuanto a la Dirección del Trabajo recurrida, esta detalló pormenorizadamente de cómo funciona el cargo de multas impuestas a los empleadores por su Servicio, y en definitiva una vez cargadas y ejecutoriadas en el sistema son traspasadas a la Tesorería para su cobro, y que, en el caso del recurrente se advirtieron estos pagos, por lo cual fue desbloqueada la etapa de ejecutoriada, y que, el empleador debe solicitar a la Tesorería el desabono, para el descuento en su cuenta única de lo ya cancelado; además habiendo interpuesto reclamación en contra de la multa se dejaron sin efecto la publicación de tres de estas en el boletín comercial. A su turno la Tesorería, reconoce los convenios suscritos, y afirma que la cuenta del recurrente se encuentra desbloqueada por la Inspección, y detalla como el recurrente puede pedir la devolución de lo ya pagado.

SÉPTIMO: Que, como se anticipó, para la procedencia de la acción constitucional de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, que alguna persona sufra una privación, perturbación o amenaza en las garantías tuteladas por el presente arbitrio, requisito que en la especie ya no concurre, por haber desaparecido el agravio causado a la recurrente, atendido que, según lo informado por las recurridas, sólo falta que el actor realice los trámites pertinentes ante la Tesorería para que lo pagado se refleje en sistema, y además, fueron dejadas sin efecto las publicaciones en el boletín comercial.

Lo anterior resulta más patente cuando se aprecia que la petición central para restablecer el imperio del derecho era que se rectificara la deuda por multas de la Inspección del Trabajo, lo que evidencia que el fundamento principal sobre el cual descansa el recurso intentado ha perdido oportunidad, motivo por el que la acción será desestimada conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de SAN PATRICIO MINERA SPA en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE LA SERENA y la TESORERÍA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°433-2026 Protección