nombre reservado con nombre reservado

I.Municipalidad de Combarbalá Jefe de Defensa Nacional y otros Recurso de Protección Rol N° 429-2020.- La Serena, veintidós de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido Alejandro Echeverría Jerez, abogado, cédula de identidad RUT reservado, en representación por mandato judicial de don nombre reservado, Alcalde de la comuna de Combarbalá, médico cirujano, cédula de identidad RUT reservado, actuando por mandato legal en nombre de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, nombre reservado, Rut RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, General de Ejército, en su calidad de Jefe de La Defensa Nacional para la región de Coquimbo, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, médico cirujano, en su calidad de MINISTRO DE SALUD, domiciliado en domicilio reservado, y de Sebastián Piñera Echeñique, en su calidad de Presidente de la República de Chile, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, de la Región Metropolitana y/o en domicilio reservado, de la ciudad de Ovalle, en razón de las acciones adoptadas por la recurrida que han afectado de manera arbitraria e ilegal el ejercicio de sus derechos reconocidos en el numeral 1º de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso señala que con fecha once de marzo recién pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como Pandemia el brote mundial del virus Coronavirus COVID-19, declarando el Gobierno de Chile primero Alerta Sanitaria y luego Estado Constitucional de Catástrofe para todo el territorio de la República.

Añade que el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República de Chile, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en tanto el número 9 de la misma norma garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud.

Agrega que la referida pandemia y la difusión de eventos y medidas a nivel mundial y nacional han causado, como es público y notorio, enorme preocupación en la población y con ello la necesidad de la adopción precoz de medidas preventivas y la determinación eficaz de medidas reactivas, tanto por cada habitante del país como por sus autoridades.

Indica que a la fecha hay confirmados en el país más de 600 casos de personas contagiadas con el virus CORONAVIRUS (en adelante COVID-19) siendo absolutamente indispensable, desde el punto de vista sanitario QUEBRAR LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19.

En este contexto, sostiene que es sanitariamente indispensable incrementar las medidas de aislamiento social.

Señala que inicialmente y por Decreto N°4 de 5 febrero 2020 y su modificación por Decreto de 7 marzo 2020, ambos del Ministerio de Salud, se decretó Alerta Sanitaria para todo el territorio nacional.

Luego, de conformidad con lo que ha dispuesto en los artículos 41 y 43 de la Constitución Política de la República, artículos 6 y 7 de la Ley N°18.415 Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional y lo dispuesto en el Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020, se ha decretado Estado de Catástrofe a nivel nacional por un plazo de 90 días. Así consta de publicación en el Diario Oficial N°42.607-B, de 18 de marzo del año en curso. Para la región, se ha designado como Jefe de la Defensa Nacional al General de Ejército Sr. nombre reservado.

Indica que de conformidad con lo que dispone la Ley 18.415 en armonía con la Constitución Política de la República, la autoridad designada para la región por el Presidente de la República cuenta, en el estado de excepción constitucional de catástrofe, con la facultad de limitar la circulación de las personas.

Expresa que la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Chile a través de su Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico de Chile, entre otras entidades competentes e idóneas en temas sanitarios y epidemiológicos han insistido en la conveniencia y necesidad de extremar, oportunamente las medidas de distanciamiento social, convocando por distintas vías, incluso directamente, a la autoridad a adoptar lo que de manera pública y notoria a estas alturas se conoce como “cuarentena”.

Refiere que en atención a la calidad de médico cirujano de mi mandante, ex Director del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá, resulta no solo aconsejable, sino una medida urgente el decretar la cuarentena, en especial atención al hecho público y notorio, que el único país capaz de frenar el contagio de esta enfermedad ha sido China, aplicando precisamente una “cuarentena”, estricta. No existiendo razonabilidad ni argumentación científica que justifique la omisión de decreto de tales medidas restrictivas, que resultan indispensables para aminorar al menos el número de contagios. Resulta un hecho indesmentible, que en una comuna como la nuestra, sin presencia del COVID-19, habrá de llegar aquel mediante algún portador que ingrese a la comuna, con la implementación de la cuarentena, este número de portadores que pudieran ingresar a la comuna se reduce al mínimo que permita el abastecimiento de insumos básicos para la población, aún en caso de producirse el contagio, esta cuarentena impide un contagio masivo dentro de la comuna.

Entiende que resulta de lógica elemental el implementar esta medida de manera urgente, ya que los medicamentos existentes solo resultan paleativos, las únicas medidas realmente efectivas resultan aquellas destinadas a la prevención del contagio masivo.

Hace presente que la administración del Estado recurrida por parte del Sr. Ministro de Salud ha decretado esta medida de “cuarentena”, pero respecto a una localidad de Puerto Williams, es decir, tiene la administración plena conciencia de la necesidad de la medida, pero la postergan hasta que el daño se ha tornado irreparable, en efecto, en virtud del principio de subsidiariedad del Estado, aquél se encuentra llamado de modo inexcusable a tomar acciones que no son posibles de afrontar por los particulares, en tal sentido no resulta posible que los ciudadanos por iniciativa propia apliquemos una “auto-cuarentena”, ya que al no ser obligatoria quedaría entregada a la sola voluntad y criterio de cada persona, asimismo queda fuera de la esfera de atribuciones de los Alcaldes el decretar tales medidas, lo que resultaría entonces en un acto fuera del marco jurídico.

Alega que no obstante, pese a las insistencias, llamados, requerimientos y pronunciamientos de particulares, entidades privadas e incluso públicas a nivel regional y nacional, no ha existido anuncio orientado a la adopción de esa fundamental medida de protección sanitaria medida por parte de la autoridad llamada a adoptarla, reiterando que solo se ha tomado respecto a Puerto Williams, lo que es inexplicable y grave, ya que deben tomarse medidas preventivas cuando aquellas tengan la posibilidad de ser más eficaces, así resulta que entre menos portadores circulantes existan, más se reducen las posibilidades de contagios.

Arguye que por definición, el recurso de protección es eminentemente cautelar. Precaviendo en el caso sub lite, la omisión permanente del Estado de Chile a través de las autoridades recurridas de la adopción de medidas de probada eficacia a nivel mundial en miras a la protección directa de la vida e integridad física de los ciudadanos en este caso de la comuna de Combarbalá.

Sostiene que la necesidad y justificación del recurso es, pues, una respuesta del constituyente a la urgencia que obliga a mantener el “statu quo” y exige, entre otras cosas, que ninguna de las partes pueda actuar por vías de hecho que priven, perturben o amenacen el derecho de otro cuando tiene protección constitucional, como es el caso del derecho a la vida, a la integridad física y síquica y al derecho a las acciones de salud de los habitantes de la región.

Expresa que la velocidad exponencial del contagio del covid-19 incuestionablemente constituye una amenaza o lesión real, concreta e indubitada para la vida y la integridad física y psíquica de las personas o su acceso a las acciones de salud. En esta excepcional situación, resulta que la autoridad llamada a organizar, gestionar, promover, ejecutar y cautelar dichas garantías por la vía de la protección con las facultades excepcionales que le otorga el estado constitucional de catástrofe, como lo es el Sr. Jefe de la defensa Nacional no puede ni debe permanecer como un espectador y en cambio está convocado a adoptar las medidas que tiendan a precaver las consecuencias perniciosas y extraordinariamente graves que esta pandemia encierra.

Estima que las autoridades recurridas se han comportado expectantes y pasivas en este específico punto, pese al insistente clamor de entes especializados y de gran parte de la ciudadanía para adoptar la denominada “cuarentena”, sin haber ejecutado acto alguno tendiente a acudir a las herramientas legales con que cuenta para ello, menos aún, han justificado con razonabilidad mínima tal omisión, solo quedando a la interpretación de evitar un daño a la economía nacional, sin embargo por la jerarquía de los bienes jurídicos en juego, no resulta aceptable el supeditar la vida y salud de las personas a una eventual pérdida económica, máxime si esta medida se adopta por un breve espacio temporal, tal y como son 14 días corridos, lapso que permite asegurar que los actuales portadores no sigan propagando el virus, aquello en razón del tiempo de actividad del covid-19 en el organismo de las personas.

Explica que resulta un hecho científico asentado que existen condiciones previas que implican un incremento en la mortalidad y gravedad de los efectos perniciosos del covid-19, uno de los cuales es la edad de los contagiados, en tal sentido la prevalencia de adultos mayores en Chile es del 11%, versus el 18% de nuestra comuna, lo que la convierte en una localidad objetivamente preocupante en la posibilidad de enfermos graves y aumento de la tasa promedio de mortalidad, asimismo según cifras DESAM la comuna tiene el siguiente número de enfermos crónicos en riesgo evidente; Sector Rural: Dm: (Diabetes Mellitus)

391; Hta: (Hipertensión Arterial) 1.145; Epoc: (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

124; Asma:

93; Otras:

12. A su vez el Hospital San Juan de Dios de Combarbalá aporta las siguientes cifras: Dm: (Diaetes Mellitus)

435; Hta: (Hipertensión Arterial)

1.007; Epoc: (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

70; Asma:

60. Indica que la garantía prevista en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, se encuentra directamente amenazada en tanto no se adopten eficaces medidas de aislamiento social, toda vez que, como es sabido, el contagio se provoca o produce, -más aún con la velocidad ya evidenciada- por el contacto personal. Un aumento exponencial del número de infectados haría colapsar la capacidad de atención en centros y hospitales e incrementaría con mayor gravedad esta dramática situación.

En este contexto, solicita la adopción de una medida eficaz, eficiente y efectiva de distanciamiento y aislamiento social por un período determinado, habida consideración a que sanitariamente se ha comprobado el beneficio para la vida y salud de las personas limitar temporalmente y sólo por estas razones sanitarias la libertad de desplazamiento o movilización. Solicita se ordene a la autoridad recurrida que, en uso de sus facultades constitucionales, decrete medidas que restrinjan la libertad de circulación de las personas desde y hacia la comuna de Combarbalá por un plazo no inferior a 14 días, período hasta la fecha detectado como de contagio del virus.

Termina pidiendo que se acoja el presente arbitrio y se decrete “cuarentena” por un plazo no inferior a 14 días, incluyendo eventualmente el cierre del acceso a la comuna, salvo en casos calificados, tales como asegurar el abastecimiento de insumos básicos para la población. En conclusión, se solicita la dictación de las siguientes medidas específicas: a)

Limitación de ingreso a la comuna a residentes y casos calificados; b)

Despliegue de personal militar que permita fiscalizar el cumplimiento efectivo de las medidas implementadas; c)

Asegurar abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible; d)

Limitar la movilidad intracomunal de las personas a casos debidamente calificados, y e)

Control mínimo del ingreso en casos calificados mediante verificación de la temperatura.

Acompañó en sustento de su acción cautelar una Declaración Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile de fecha 19 de marzo de 2020.

SEGUNDO: Que compareció Felipe Andrés Ward Edwards, Ministro Secretario General de la Presidencia, por orden de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique informando el recurso y solicitando el rechazo del mismo.

Sostuvo como cuestión previa, la falta de legitimación activa, la naturaleza de la acción de protección y la necesidad de un control deferente en la gestión de la crisis sanitaria que azota actualmente al país.

Así en primer lugar, refiere que el recurrente sostiene que interpone la presente acción cautelar “a favor de los habitantes de la comuna de Combarbalá”, sin embargo, esta acción cautelar tiene por finalidad proteger intereses concretos de una persona o grupo de personas, perfectamente identificados, que hayan sido objeto de conculcaciones a ciertos derechos consagrados en la Constitución Política de la República (en adelante, indistintamente “Constitución” o “CPR”), no autorizándose su interposición en beneficio de personas o entes indeterminados, como acontece en la especie, lo que es propio de una acción popular.

Por otro lado, destaca que esta acción cautelar tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución, y en este caso, la pretensión del recurrente excede el ámbito de aplicación de esta acción cautelar, puesto que corresponde al ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, al solicitar que se ordene a “las autoridades recurridas” decretar “cuarentena” en la comuna de Combarbalá por un plazo no inferior a 14 días.

Siendo una medida íntimamente asociada a las potestades de la autoridad sanitaria, en virtud de lo dispuesto en el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).

En este sentido, indica que la acción de protección no puede tener como objetivo que los Tribunales se pronuncien sobre la suficiencia, oportunidad o congruencia de las medidas adoptadas o que podrían adoptarse, pues corresponden a la esfera de competencias de otro Poder del Estado. Así lo han fallado diversas Corte de Apelaciones resolviendo la admisibilidad de recursos de protección vinculado con estos mismos hechos.

Asimismo, señala que diversas circunstancias fácticas y normativas exigen que el control judicial que esta Corte realice en estos autos se realice con una especial deferencia a las acciones adoptadas, tanto por las autoridades sanitarias, como por aquellas que se encuentran gestionando logísticamente la actual emergencia sanitaria derivada del brote a nivel global del COVID -19.

Por una parte, indica que las medidas adoptadas en la actual situación son altamente dinámicas, basadas en datos recopilados diariamente y con evaluaciones epidemiológicas constantes. Como ha podido observarse, diariamente son emitidos múltiples actos administrativos para hacer frente a la emergencia mediante la adopción de medidas específicas, la ampliación o restricción de estas. Ello implica que las medidas adoptadas por la autoridad están en constante evaluación y pueden ser modificadas eventualmente si las condiciones epidemiológicas varían o si la gestión de la emergencia así lo requiere.

Del mismo modo, parte importante del éxito de las medidas adoptadas por el Estado depende de que ellas sean correcta y eficientemente implementadas. Para ello, es imprescindible evaluar la dotación funcionarial disponible de los servicios públicos involucrados, y los efectos secundarios de cada una de las distintas formas de implementar las medidas ordenadas. Esas evaluaciones, nuevamente, dependen de distintas variables y contextos, y son también altamente dinámicas. La gestión de la emergencia es sobre todo una gestión de recursos disponibles.

Finalmente, refiere que las medidas adoptadas para la gestión de la actual alerta sanitaria son altamente dependientes tanto de la información epidemiológica disponible, como de la interpretación que de ella hagan los expertos. Todo ello, además, en un escenario especialmente complejo debido al poco tiempo transcurrido desde el descubrimiento del elemento patógeno y a los avances diarios que los especialistas a nivel nacional y mundial se encuentran haciendo sobre la forma de controlar el SARS-CoV-2. Tal como ha indicado la doctora señora nombre reservado, “las respuestas frente a la crisis sanitaria ocasionada por el surgimiento y expansión del COVID-19 han seguido patrones distintos, pero coinciden en un aspecto y es que han debido ser tomadas en una situación de incertidumbre científica”. Del mismo modo, la situación microbiológica actual ha revelado también la existencia de discrepancias científicas dentro de la misma comunidad especializada, lo que hace todavía más dificultosa la adopción de medidas administrativas.

Es entonces en un escenario dinámico, multivariable y dependiente del análisis epidemiológico diario donde se deben adoptar las medidas de gestión de la actual alerta sanitaria.

En otro capítulo, alegó la improcedencia de la acción, desde que a su entender no se cumple con los presupuestos que el artículo 20 de la Constitución establece.

Sostiene la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, en los términos del artículo 20 de la constitución.

En primer lugar, expresa que no existe en el caso de marras omisión ilegal ni arbitraria alguna imputable a los recurridos, y de hecho el recurrente ni siquiera menciona en qué consistiría la ilegalidad o alegada arbitrariedad.

Indica que tratándose de una conducta omisiva que genere el quebrantamiento exigido en la Constitución, el profesor nombre reservado señala que una “mera omisión no es por sí misma objeto de medida judicial, indicando que deben existir dos requisitos para que una conducta omisiva por parte del órgano administrativo sea objeto de control judicial: “(a) la existencia de una obligación de la Administración de realizar una prestación generada por una norma, un acto o contrato administrativo; (b) que esa obligación constituya derechos a favor de una o varias personas determinadas que puedan exigir esa prestación.

Así, resulta indispensable que la conducta omisiva ilegal o arbitraria esté asociada a la existencia de una norma expresa que ordene una determinada conducta por parte de un órgano del Estado y que genere derechos en favor de terceros. En caso de omitirse la conducta expresamente requerida por una norma jurídica, se podría incurrir en una omisión ilegal o arbitraria.

Indica que no basta con la existencia de una conducta activa u omisiva, ésta además debe ser ilegal o arbitraria, constituyendo este requisito el segundo presupuesto. La Excelentísima Corte Suprema, al dictar sentencia confirmatoria en la causa Rol N° 16.180 de 1983, ha establecido que: “el vocablo ‘arbitrariedad’ o ‘ilegalidad’ están unidos por la conjunción ‘o’, y traduce dos tendencias u orientaciones precisas, la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, de aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado” .

Sostiene que conforme con sus atribuciones constitucionales, S.E. el Presidente de la República declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, al territorio de la República de Chile, mediante decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha 18 de marzo de 2020. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la CPR, esta declaración lo habilita para restringir las libertades de locomoción y de reunión, pudiendo, asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Refiere que S.E. el Presidente de la República es una de las autoridades recurridas por una supuesta “omisión permanente del Estado de Chile a través de las autoridades recurridas de la adopción de medidas de probada eficacia a nivel mundial en miras a la protección directa de la vida e integridad física de los ciudadanos en este caso de la comuna de Combarbalá” .

Expresa que la acción de autos además se basa en antecedentes fácticos erróneos al desconocer por completo las medidas de diversa naturaleza que las autoridades han adoptado desde enero de este año para evitar y controlar la propagación del COVID-19. Las afirmaciones del recurrente son erróneas, toda vez que, lejos de la supuesta inactividad, las autoridades han realizado múltiples y diversas medidas para proteger, ante todo, la salud de la población ponderando diversos factores y aplicándolas gradualmente de acuerdo a la realidad de cada región, comuna o localidad, según corresponda.

Contrario a lo que sostiene el recurrente, no ha existido omisión o “pasividad”, sino que se ha analizado y monitoreado la situación de cada región y comuna, a efectos de adoptar las distintas medidas de manera gradual y progresiva. Ello se ha realizado desde principios de este año, e incluso un mes antes de la aparición del primer caso de COVID-19 reportado en nuestro país.

Por otra parte, hace presente que, a diferencia de lo que parece afirmar el recurrente, la ocurrencia de una situación de excepción que conlleve a declarar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe habilita, pero no obliga, al Presidente de la República, y al Jefe de Defensa a adoptar una medida determinada.

En definitiva, el recurrente cuestiona que no se adopte una medida en particular, como es la cuarentena total en la comuna de Combarbalá, pero carece de toda lógica calificarlo como una actuación ¡legal o arbitraria ya que no basta con citar declaraciones o recomendaciones de entes gremiales, ni a la opinión pública para configurar la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que aduce.

De hecho, señala que según lo reportado por las autoridades regionales, al día de hoy la región de Coquimbo se encuentra en fase 2 de la enfermedad, en atención a que es posible mantener la trazabilidad de los 34 contagios reportados en la región. Adicionalmente, desde el 19 de marzo de 2020, en virtud de lo dispuesto en la resolución exenta N° 194, de 2020, del Ministerio de Salud, rige la aduana sanitaria en el sector de Pichidangui, en la comuna de Los Viles, con el objeto de realizar un control de salud a quienes ingresan a la región.

Indica que el recurrente menciona la cuarentena que se declaró en la comuna de Puerto Williams el pasado 22 de marzo. No obstante, dicha medida se condice con los protocolos de la autoridad sanitaria para el control del COVID-19, y se encuentra directamente relacionada con los 114 casos confirmados hasta la fecha, considerando la densidad poblacional, condiciones epidemiológicas, entre otros. De modo que la alusión a este caso, para argumentar una supuesta arbitrariedad, supone desconocer la ponderación que se ha efectuado en cada caso para determinar las medidas que se han ido adoptando.

Agrega que el recurrente sostiene que las autoridades recurridas no “han justificado con razonabilidad mínima tal omisión, solo quedando a la interpretación de evitar un daño a la economía nacional”. No obstante dicha afirmación, nuevamente, supone desconocer las acciones que se han llevado a cabo durante estos meses en nuestro país, en directo resguardo de la salud de la población.

Por tanto, alega que el recurrente ignora por completo las medidas efectivamente adoptadas, no sólo en la Región de Coquimbo, sino en todo el territorio nacional, y resulta contradictorio, por tanto, sostener que ha existido una omisión ilegal o arbitraria por el hecho de no haber adoptado una medida en particular.

A este respecto, hace presente que S.E. el Presidente de la República, ha adoptado, como se verá a continuación, en el marco de la Constitución y las leyes, diversas medidas para enfrentar el COVID-19, teniendo en consideración la información científica y técnica disponible, escuchando las recomendaciones de diversos profesionales, y teniendo en consideración la experiencia internacional.

Indica que el Presidente de la República ha adoptado amplias y diversas medidas tendientes a proteger la vida y la salud de la población. Así, desde el primer brote de COVID-19 acaecido en China, en diciembre del 2019, la preparación y coordinación para enfrentar esta enfermedad ha sido la máxima prioridad para S.E. el Presidente de la República. En efecto, en el mes de enero, cuando apenas comenzaban los primeros casos en China y en algunos países de Asia, a través del Ministerio de Salud, se adoptaron medidas para alertar, coordinar y ampliar la capacidad de atención y diagnóstico con las instituciones de salud competentes. Asimismo, se comunicó a los representantes de los puntos de entrada al país sobre la identificación de posibles casos y la manera de enfrentar los mismos.

Posteriormente, el día 5 de febrero de 2020, a través del decreto N° 4, del Ministerio de Salud, se decretó alerta sanitaria en todo el territorio del país y se otorgaron facultades extraordinarias a dicho ministerio para enfrentar la pandemia del COVID-19. Este acto administrativo se dictó con una antelación de casi un mes al primer caso de esta enfermedad en Chile.

Desde entonces se han adoptado medidas sanitarias proporcionadas, adecuadas y pertinentes a medida que la evolución de los acontecimientos lo ha ameritado. Resulta relevante mencionar aquellas medidas adoptadas de forma previa a la interposición de la acción de marras. Entre ellas destaca: • Establecimiento de medidas sanitarias para todas las personas que ingresen a territorio nacional, junto con una declaración jurada de estado de salud como medida de control obligatorio de viajeros (Resolución exenta N° 108, de 27 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud); • Con fecha 06 de marzo de 2020, la Subsecretaria de Salud Pública en virtud de Ord. B2 N° 751, comunica a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (en adelante “Seremis de Salud”) y Servicios de Salud del país, un instructivo para la orientación de manejo de infección por COVID-19 en domicilios, con fines educativos y difusión de la población; • Obligación de permanecer en aislamiento por 14 días a todas las personas que ingresaren al territorio chileno desde los países de mayor riesgo (Ordinario N° 770/2020, de 10 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública); • A través de la resolución Exenta N° 131, de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se crea el Grupo de Trabajo denominado “Consejo Asesor COVID-19”, en carácter consultivo, científico-técnico y multidisciplinario, con el objetivo de asesorar al Ministerio de Salud en formulación de políticas y en la implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, y tratamiento del COVID-19, para evitar su propagación en nuestro país; • Por medio de Ordinario B1 B° 862, de fecha 14 de marzo de 2020, de la Subsecretaria de Salud Pública, se instruye a las Seremis de Salud, la prohibición de todos los eventos, públicos o privados, que tengan una convocatoria superior a 500 personas, a ser implementada como medida sanitaria a partir del 16 de marzo del año en curso; • Por resolución exenta N° 180, de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se disponen medidas sanitarias por brote de COVID-19, resolviendo al efecto la suspensión de las clases de los jardines infantiles, colegios, eventos públicos, de más de 200 personas, medidas de aislamiento de personas que provengan de ciertos países, prohibición de visitas a establecimientos de larga estadía de Adultos Mayores, suspensión de centro de día para adultos mayores, suspensión de las reuniones de clubes y uniones comunales de adultos mayores, medidas para que los alcaldes dispongan de las medidas de vacunación, entre otras; • Por decreto supremo N° 102, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, se establece el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros; • Con fecha 18 de marzo de 2020, por medio del decreto supremo N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por un plazo de 90 días-; • Por resolución exenta N° 194, de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se instruye a determinadas Seremis de Salud, entre ellas la de la Región de Coquimbo, la instalación de aduanas sanitarias en todos aquellos puntos de entrada al país, además de puertos y aeropuertos que se encuentren en la región. Además, en el caso de la Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo, se dispuso que esta deberá instalar aduanas sanitarias en los puntos de entrada a la región desde la Región de Valparaíso; • Al día siguiente, se dispone por medio de resolución exenta N° 200, de 20 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, la instalación de aduanas sanitarias en los puntos de entrada y salida a Puerto Williams, entre otras medidas referidas al cierre de ciertos establecimientos como cines, teatros y lugares análogos; pubs, clubes nocturnos y lugares análogos; y de gimnasios abiertos al público; • En virtud de la resolución exenta N° 202, de 22 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se dispuso cuarentena para la ciudad de Puerto Williams, perteneciente a la comuna de Cabo de Hornos. En virtud de dicha resolución se dispuso que las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días. Se dispuso también la prohibición a los habitantes de la República de salir a la vía pública, como medida de aislamiento, desde las 22.00 horas hasta las 5.00 horas del día siguiente.

Con posterioridad a la interposición de esta acción cautelar se han implementado de forma gradual y progresiva otras medidas sanitarias, en atención a las condiciones epidemiológicas que se han presentado en las distintas comunas y regiones del país. Entre ellas destaca: • A través de Ord B1 N° 939, de 24 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, se comunicó a las Seremis de Salud el protocolo de manejo de contacto de casos de COVID-19 Fase 4, precisando definiciones, indicaciones según tipo de riesgo del contacto, inicio de sintomatología y egreso del aislamiento domicilio para contactos de alto riesgo; • Por resolución exenta N° 203, de 24 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se dispuso que todas las personas mayores de 80 años deben permanecer en cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales; • En virtud de la resolución exenta N° 210, de 26 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, se dispuso cuarentena para todos los habitantes de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Independencia y Santiago, todas ellas de la Región Metropolitana; • Por medio de la resolución exenta N° 227, de 1 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, se dispuso medidas sanitarias por brote de COVID-19, tales como la prórroga y disposición de la medida de aislamiento o cuarentena para diversas comunas, tanto de la Región Metropolitana, de la de Valparaíso y de la de Magallanes y de la Antártica Chilena, así como la prórroga de la medida de aislamiento de menores en los centros del Servicio Nacional de Menores y la instrucción a las Seremis de Salud para la realización de controles sanitarios en los terminales de buses del país, entre otros.

Señala que todas estas medidas han sido adoptadas en base a la recomendación de expertos, como el Consejo Asesor Covid-19 y, a diferencia de cómo erróneamente sostiene el recurrente, han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, cuyo representante en Chile, declaró el día 22 de marzo del presente que no era recomendable decretar una cuarentena obligatoria en el país, pese a la pandemia mundial por el coronavirus.

Arguye que el recurrente no especifica por qué, ni cómo se estaría vulnerando la garantía esgrimida, y únicamente sostiene que, a su juicio, la no adopción de la medida de cuarentena sería per se lesiva del derecho a la vida, ignorando todas las otras medidas adoptadas al efecto y las justificaciones de las mismas.

Al respecto, indica que no es posible señalar que las acciones de S.E. el Presidente de la República, en el marco de los acontecimientos que vive el país y de sus atribuciones constitucionales y legales, hayan podido implicar una omisión que amenace o perturbe el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, ni de los habitantes de la comuna de Combarbalá.La alegada omisión no es tal dado que se han adoptado medidas en relación al manejo de la pandemia, las que son del todo ignoradas por el recurrente. En ese orden de ideas, las acciones y medidas adoptadas hasta la fecha no pueden ser causa de la amenaza o perturbación de derechos.

TERCERO: Que, Jorge Hübner Carretón, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, evacuando el informe solicita el rechazo de la acción constitucional entablada, con costas.

Sostiene que el recurso de protección no es un medio idóneo para la dictación de políticas públicas sanitarias en la actual emergencia sanitaria provocada por el virus sars-cov-2.

Sin perjuicio que las autoridades de Gobierno y los poderes del Estado han reaccionado adecuadamente a fin de proteger los derechos de toda la población ante esta catástrofe, afirma como cuestión previa que el Recurso de Protección no es la vía adecuada para este tipo de impugnaciones. Lo solicitado por los recurrentes intenta traspasar a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población; como ya han declarado numerosas cortes de apelaciones del país.

Luego, sostiene la improcedencia de la acción desde que existen una serie de actuaciones y medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria a contar del mes de enero de 2020, con el fin de resguardar la salud de la población frente a la pandemia de COVID-19, que permiten sostener que no ha existido ninguna acción u omisión ilegal y arbitraria en los términos expresados por el actor.

De esta forma detalla las medidas adoptada en carácter preventivo, enumerando al menos 30 acciones con dicho fin. Luego detalla las orientaciones y comunicaciones entregadas a las seremis de salud, servicios de salud y otros organismos públicos del país desde el ministerio de salud y las subsecretarias de salud pública y de redes asistenciales, describiendo 20 acciones en tal sentido.

Luego concluye que en cuanto a la medida de cuarentena o confinamiento total, es una medida que sólo cabe tomar a la autoridad sanitaria en circunstancias que se reúnan las condiciones de gravedad suficientes para ello, y en la medida de que su carácter preventivo sea aconsejable atendido el estado de salud de la población.

Posteriormente describe las medidas adoptadas ene sta región, y la evolución cronológica del protocolo de aleta y refuerzo de vigilancia de Covid-19.

Hace presente lo sostenido por la Organización Mundial de la Salud, y describe los criterios para definir la aplicación de cuarentenas.

Acompañó en apoyo de su defensa los siguientes documentos: 1.

Oficio N° 1553 de la Subsecretaria de Salud Pública (S), de 22 de enero de 2020; 2.

Ord CP N° 2262/2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 29 de enero de 2020; 3.

Ordinario B/01, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 14 de febrero de 2020; 4.

Ord B51 N°/671, del Ministerio de Salud, de 3 de marzo de 2020; 5.

Ord B51 N° 673 de la Subsecretaría de Salud Pública, de 3 de marzo de 2020; 6.

B2 N° 751, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 6 de marzo de 2020; 7.

Ordinario N° 770 de la Subsecretaria de Salud Pública, de 10 de marzo de 2020; 8.

Ord B° N° 845, realizan actualización del Ord N° 276, de la Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales, de 12 de marzo de 2020; 9.

Ordinario B1 B° 862, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 14 de marzo de 2020; 10.

Ordinario B1 N° 863, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 14 de marzo de 2020; 11.

Ordinario B1 N° 866 de la Subsecretaria de Salud Pública, de 16 de marzo de 2020; 12.

Ordinario B1 N° 878, de la Subsecretaria de Salud Pública, de 17 de marzo de 2020; 13.

Ordinario A 15 N° 887, de la Subsecretaría de Salud Pública, de 18 de marzo de 2020; 14.

Ordinario B° N° 891, del Ministerio de Salud, de 18 de marzo de 2020; 15.

Ord B51 N° 276 de Subsecretaria de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 30 de enero de 2020; 16.

Ord. B51 N° 511 desde las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 25 de enero de 2020; 17.

Ord N° B51 N° 656, del Ministerio de Salud, con fecha 2 de marzo de 2020; 18.

Ord B51 N° 748, de las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, de 6 de marzo de 2020; 19.

Ordinario B51 N° 895, de la Subsecretaria de Salud Pública y del Subsecretario de Redes Asistenciales, de 18 de marzo de 2020; 20.

Resolución TRA N° 286/464/2018 de la Subsecretaría de Salud Pública; 21.

Resolución Exenta N°542 de la Subsecretaría de Salud Pública de fecha 21 de agosto de 2013; 22.

Informe Epidemiológico “Enfermedad por COVID-19”, de 20.04.2020 del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaria de Salud Pública.

CUARTO: Que, por su parte, Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, emitió informe en el cual se señala la improcedencia del recurso de protección; la inexistencia de una omisión ilegal o arbitraria recurrida; el marco normativo aplicable; y las medidas adoptadas.

Sostiene que la pretensión del recurrente excede el ámbito de acción del recurso de protección, ya que esta no es la vía para pedir la adopción de determinadas medidas propias de políticas públicas. En la especie, los hechos descritos en la presente acción de protección, y las peticiones que se formulan, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, pues si bien la autoridad respectiva ha decretado Estado de Excepción Constitucional atendida la actual situación de emergencia sanitaria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley N 18.415 y 41 y 43 de la Carta Fundamental, recae en el Presidente de la República adoptar medidas restrictivas a los derechos y garantías que en dichas normas se enuncian, decisión político- administrativa que no puede ser impuesta mediante la presente acción constitucional y que ratifica que dicha materia no puede ser conocida por esta vía.

Sostiene que en la especie, no es posible afirmar por la recurrente la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte de Apelaciones ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, por lo tanto, la presente acción debe de ser rechazada, en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos, como el que la actora sostiene, que existe un derecho a la declaración de una medida sanitaria que, a su juicio, es necesaria para hacer frente al brote de COVID-19, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraría y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que conforme a lo dicho no concurre.

Luego, en lo que respecta a la medida de aislamiento social total por razones sanitarias, conocida como “cuarentena total”, si el Presidente de la República o el Ministerio de Salud -únicos órganos competentes para decidir aquello- no consideran necesario, como política pública, que todos los habitantes de la Región sean sometidos a la medida de aislamiento, consistente en que aquellas personas permanezcan permanentemente en sus residencias, no es posible que este Jefe de la Defensa Nacional pueda impartir instrucciones para la materialización de una medida como la que el recurrente pretende, pues la adopción de estrategias de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva del Presidente de la República o del Ministerio de Salud, siendo solo resorte del suscrito el implementar las medidas que aquel Ministerio disponga, en razón del criterio y competencia técnica en materia sanitaria de estos órganos del Poder Ejecutivo.

A su tumo, indica que ha actuado permanentemente acorde a sus facultades constitucionales y legales en el presente estado de excepcional de catástrofe, ajustándose en todo momento a la normativa aplicable. Dentro de sus competencias, adoptó -previas instrucciones y directrices expresas del Ministerio de Salud o de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo- diversas medidas, ya individualizadas, con miras a dar protección sanitaria a la población frente a la propagación de la enfermedad trasmisible COVID-19, controlando la entrada, salida, tránsito y forma de celebración de las reuniones sociales en la Región de Coquimbo con aquel propósito.

Asimismo, señala que solo puede disponer, como medida de aislamiento, que los habitantes de la comuna en cuestión deban permanecer permanentemente en sus residencias, solo si el Presidente de la República o el Ministerio de Salud establece previa y expresamente dicha medida, dado que son estas autoridades las competentes para adoptar una medida de semejante naturaleza, no siendo resorte del suscrito decidir sobre su adopción.

Refiere que la forma en que la recurrente plantea su acción cautelar se asemeja a una acción popular, característica que es ajena al recurso de protección de garantías constitucionales. En los términos que se ha deducido el presente recurso de protección, este constituye una acción popular, destinada a ejecutar políticas sanitarias cuya iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo, las cuales no pueden verse respaldadas imperativa y forzadamente por la jurisdicción por esta vía cautelar de los derechos fundamentales de las personas.

Indica que la acción de protección no puede ser interpuesta “en favor” de personas indeterminadas, sino que dicho recurso debe ser interpuesto en pos de personas específicas y determinadas que sufran los efectos de un acto arbitrario e ilegal que cause amenaza, privación o perturbación a las garantías fundamentales aseguradas por la Constitución Política de la República.

Alega que la recurrente debe agotar las vías administrativas que procedan ante los órganos pertinentes, para instar por las medidas que se pretende Alega que no existe en el caso de autos una omisión arbitraria o ilegal que afecte al derecho a la vida e integridad física y al derecho a la protección a la salud consagrados en la Carta Fundamental, toda vez que ha sujetado su actuación a las normas constitucionales y legales que regulan sus potestades en el presente estado de excepción constitucional de catástrofe, describiendo para ello el marco normativo aplicable.

Señalando que de acuerdo al artículo 5º N° l,4y5 y al artículo 7ºº de la Ley N° 18.415, el Jefe de la Defensa Nacional tiene competencias y facultades para asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para efectos de velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a un Estado de Excepción Constitucional, y esto incluye, en lo pertinente: controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros; ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes, junto con determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población e impartir todas las directrices e instrucciones para el mantenimiento del orden intemo dentro de la zona.

El Decreto Supremo N° 104, de fecha 18 de marzo de 2020, que “Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile”, y modificado mediante Decreto Supremo N° 106, de fecha 19 de marzo de 2020, que modifica en lo pertinente al Decreto 104, estableció en su artículo 3o las facultades del Jefe de la Defensa Nacional, el cual establece, “En el ejercicio de sus funciones, los Jefes de la Defensa Nacional tendrán todas las Facultades previstas en el artículo 7o de la ley N° 18.415, Es por ello que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales legales aplicables, y teniendo presente la calamidad pública que vive domicilio reservado, ha seguido diversas medidas con miras a dar protección sanitaria a la población frente a la propagación de esta enfermedad trasmisible, ya que, previas instrucciones sanitarias del Ministerio de Salud de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, con fecha 22 de marzo de 2020, emitió las siguientes Resoluciones: • La instalación de una Aduana Sanitaria Terrestre al ingreso de la Región de Coquimbo, específicamente en el KM 193, correspondiente al Peaje Pichidangui, Provincia de Choapa; así como un control sanitario aéreo en el Aeropuerto de La Florida, a través de Resolución Exenta N° 02 de fecha 20MAR2020, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Educación mediante Resolución N° 194 de fecha 19MAR2020; • El cierre el cierre de cines, teatros, pubs, discoteques, gimnasios, así como prohibición de la atención de público en los restaurantes, los que sólo podrán expedir alimentos para llevar, a través de la Resolución Exenta N° 03 de fecha 20MAR2020, en concordancia con la Resolución Exenta N° 200 de fecha 20MAR2020; • Se estableció Toque de Queda Sanitario, iniciando el día 22MAR2020 entre las 22.00 horas a 05.00 horas, hasta que las necesidades de salud así lo establezcan. Ello fue establecido mediante Resolución Exenta N° 04 de fecha 22MAR2020, complementado con la Resolución Exenta N° 06 de fecha 23MAR2020, ambos del Jefe de la Defensa Nacional de Coquimbo. Lo anterior, en concordancia con la Resolución N° 202 del Ministerio de Salud de fecha 22MAR2020; • Se accedió a la solicitud de las distintas Municipalidades de la Región para la instalación de control sanitarios preventivos en distintos puntos de la comuna, a través de Resolución Exenta N°05 del Jefe de la Defensa Nacional de fecha 23MAR2020, relativo las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud a través de las distintas Resoluciones Exentas que establecen medidas para evitar la propagación del COVID-19; • Se coordinó, a través de la Secretaría Regional Ministerial, que la Clínica Red Salud Elqui, la atención de pacientes públicos institucionales tanto de resolución quirúrgica como de medicina interna, según las necesidades de la Región de Coquimbo. Lo anterior relativo la alta demanda de los centros asistenciales públicos que se proyecta en atención al avance del nuevo Coronavirus (NCOVID-19) y su evolución clínica, así como también la necesidad de subsanar los efectos de la crisis sanitaria y epidemiológica derivada de la magnitud y naturaleza de la emergencia pública, mediante Resolución Exenta N° 07 de fecha 27MAR2020 vinculada con la Resolución Exenta N° 1656 de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Coquimbo; • Se realizó estricta fiscalización del cumplimiento de los dispuesto por el Ministerio de Salud en Resolución Exenta N° 202 de 22MAR2020 relativo al traslado de las personas a su primera vivienda, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y PDI.

Las medidas referidas -que constituyen solo algunas de las medidas ya adoptadas-, evidencian que este es un proceso completamente dinámico, en el que la autoridad adopta e intensifica las medidas todos los días e incluso dentro del mismo día, conforme con los requerimientos o necesidades que van surgiendo. Este dinamismo hace necesario dejar las decisiones en manos de la autoridad política -que es la única que está en cabal conocimiento de la situación sanitaria del país.

Indica que las medidas que ha impartido, previa emisión de las directrices sanitarias de los organismos antes señalados, han sido dictadas en ejercicio de las facultades que la propia Ley N° 18.415 le ha entregado al suscrito.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, las alegaciones formuladas por la recurrida en cuanto a desechar el recurso por tratarse de una acción popular se descartará pues del texto del recurso de protección intentado se desprende que, no obstante plantearse en cierto tenor genérico el recurso, no es menos cierto que se formula también en favor del propio recurrente, es decir, en favor de un sujeto concreto que puede ser afectado por las acciones u omisiones que se denuncian como ilegales o arbitrarias.

OCTAVO: Que, es necesario dejar establecido, que no existe discusión en cuanto a que por medio del Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo del año en curso, el señor Presidente de la República decretó el estado de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional, aquello en ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República le entrega en el párrafo “Estados de Excepción Constitucional” de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que, la autoridad administrativa del Estado, cuyo superior es el Presidente de la República, cumple con la función que le es propia a través de los órganos administrativos creados para ello, dentro de los cuales destacan los Ministerios y, en concreto, en materia de salud y salubridad pública, aquello se materializa vía el Ministerio de Salud, según lo prescrito en el artículo 1° de su Ley Orgánica en cuanto dice que a este “compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”.

DECIMO: Que, como punto de partida cabe decir que el recurso formulado se sostiene a partir de apreciaciones personales y opiniones públicas de dos entes privados lo que, sin desmerecerlos, no permiten entender que el proceder de los recurridos sea ilegal o arbitrario. En efecto, de los antecedentes aportados por lo recurridos es dable colegir que frente a la emergencia sanitaria que justificó la declaración de estado de excepción constitucional dichas autoridades han dado cumplimiento a las obligaciones legales y administrativas que les compete.

UNDECIMO: Que, amén de lo expuesto en sus informes ambas autoridades recurridas, son hechos públicos y notorios que la autoridad administrativa competente ha ido adoptando las medidas que se han estimado necesarias para enfrentar la pandemia que nos afecta y para ello, entre otros aportes, se ha apoyado en grupos de especialistas que, en conjunto con la autoridad administrativa con capacidad de decisión, han efectuado análisis permanentes y constantes de la situación de salud en el territorio nacional, no solo en la Región de Coquimbo, que los ha llevado a discernir las medidas a aplicar, lo que aleja todo atisbo de arbitrariedad o capricho en el proceder de las recurridas.

DECIMO SEGUNDO: Que, un elemento que no es posible dejar de lado al momento de resolver este recurso es que lo solicitado por el reclamante es la adopción de medidas que implican perturbación o restricción de garantías fundamentales por lo que, si bien en circunstancias especiales la legislación lo permite, una decisión de esa naturaleza impone en quien la adopta no solo tener facultades para ello sino que un ejercicio de ellas sujeto a la prudencia y a la debida proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido todo lo que lleva a entender que lo que hasta el momento han realizado las recurridas no es susceptible de calificar de caprichoso o arbitrario.

DECIMO TERCERO: Que, por otro lado, lo anterior abona la sujeción del actuar de los recurridos a la Constitución y la Ley en el ámbito en análisis pues lo que se les reclama dice relación con una supuesta omisión en el ejercicio de sus facultades legales sin embargo, todo lo contrario sucede ya que en cumplimiento del mandato constitucional referido a que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías” que la Constitución establece, es que se han ido adoptando las diferentes medidas sanitarias para enfrentar la crisis de salud que agobia al país, actuando dentro del ámbito de su competencia y prerrogativas legales.

DECIMO CUARTO: Que, a su vez y no obstante, las facultades que al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo le competen según el artículo 3° del Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo del año en curso, no es menos cierto que el artículo 4° del mismo Decreto dispone que para el ejercicio de esas facultades y en virtud del principio de coordinación ”los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud” estableciendo que la instancia de coordinación de los Jefes de la Defensa Nacional con las autoridades regionales y comunales será el respectivo Comité de Operaciones de Emergencia Regional (artículo 5°), todo lo que lleva a descartar un obrar arbitrario e ilegal del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo.

DECIMO QUINTO: Que, verificado que ha sido que no existe un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de los recurridos no es necesario determinar si el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

DECIMO SEXTO: Que, por último, lo que solicita el reclamante es, en definitiva, que esta Corte a través de su decisión se inmiscuya en facultades propias de la autoridad administrativa algo cuestionable y sin justificación, en este caso, toda vez que dicen relación con la adopción de políticas públicas para enfrentar la contingencia sanitaria, materias propias del Poder Ejecutivo, excediendo los fines propios de esta excepcional acción cautelar.

Por estas razones y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes por el Alcalde de la Comuna de Combarbalá don nombre reservado, en contra del Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Coquimbo, don nombre reservado, del Ministro de Salud, don Jaime Mañalich Muxi y del Presidente de la República don Sebastián Piñera Echeñique.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente, don Jorge Corrales Sinsay.

Rol N° 429-2020 Protección.