nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE COQUIMBO

nombre reservado/ Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo Recurso de protección Rol N°424-2025.- La Serena, siete de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que, a folio 1 comparece Luigi Andrés Arata Brañes, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación convencional de don nombre reservado, conductor, cédula de identidad N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, correo electrónico correo reservado , e interpone recurso de protección en contra del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo, cuyo juez don Wiston Mettifogo Barraza, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que el 28 de febrero de 2025 Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, en causa Rol 229-2025, acogió recurso de protección, que ordeno a un Tribunal no Inhabilitado que se pronunciara sobre la solicitud que fue denegada por Resolución N° 48/2025 de fecha 29 de enero del año 2025, pronunciada por el Director de la Dirección de Tránsito y Trasporte Público de la I. Municipalidad de Coquimbo, por afectarle a su representado la incapacidad moral por haber sido condenado como autor del delito de conducción en estado de ebriedad, conforme sentencia definitiva dictada en causa RIT N°5691/2002 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, y por haber sido condenado como autor del delito de estafa, conforme sentencia definitiva dictada en causa RIT N° 217/2023 del Tribunal de Juicio Oral de La Serena.

Añade que contra tal Resolución se interpuso recurso de reclamación, ante el Tribual no inhabilitado, esto es, el 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo, que conoció de tal reclamo bajo causa Rol N°17-2025, el que en definitiva fue rechazado por sentencia de fecha 12 de marzo de 2025, negando así la posibilidad de renovar la licencia de conducir. Refiere que esa resolución no es susceptible de recurso alguno por expresa disposición legal, artículo 15 inciso 3° de la Ley del Tránsito y que el 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo, al rechazar la citada reclamación, vulneró garantías constitucionales de manera arbitraria e ilegal.

Señala como infringido el derecho del inciso primero del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, por el que se asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Además, se ha vulnerado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, previsto en el artículo 19 N°21 inciso 1° de nuestra Ley Fundamental, pues quedó inhabilitado para poder conducir vehículos como transporte de personas y de carga para terceros relacionados con la gran minería, como lo venía realizando, antes de la denegación de su licencia de conducir.

Indica que el actuar del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo es arbitrario e ilegal si se considera que la resolución que rechazó el recurso de reclamación especial, en contra de la citada Resolución N° 48/2025 expone como único fundamento: “…Que, es evidente que una persona que ha sido condenada por un Tribunal Oral en lo Penal año 2024, por el delito reiterado de estafa, no ha actuado con honradez, y , por tanto carece de idoneidad moral para obtener la licencia pretendida que es de carácter profesional, por lo tanto, todo esto se encuadra en lo dispuesto en el art 16 numeral 3 de la Ley 18.290…”.

Menciona que los hechos que ponderó el Sr. Juez no inhabilitado del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo fueron impugnados por recurso de protección acogido por la Iltma Corte Apelaciones La Serena, causa Rol 229-2025. Pues bien, para considerar que el Sr. nombre reservado carece de idoneidad moral para renovar la licencia de conducir, ya fueron conocidos y sancionados por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en la causa RIT N°5691-2002, y en la causa RIT N°217/2023 del Tribunal de Juicio Oral de La Serena, en donde se le sancionó, y cumplió la pena.

Destaca que considerar dichas condenas dictada por hechos que ocurrieron en los años 2002 y 2023, y que fueron penados por los Tribunales respectivos, para negar lugar a la renovación de la licencia de conducir, en enero 2025, constituye que se está castigando dos veces por los mismos hechos.

Estima que eso significa que las penas impuestas por los Tribunales antes mencionados, cumplidas íntegramente, en los hechos, sigue produciendo sus efectos, más de un año después, en sede administrativa municipal, vulnerando principio non bis in ídem y la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Dice que no es racional y derechamente es arbitrario que un hecho punible respecto del que ya existió un pronunciamiento judicial firme y que fueron cumplido, vuelva a ser tomado en consideración por una autoridad de carácter administrativo, para calificar la idoneidad moral de los solicitantes, pues ello también implica un atentado a la reinserción social que busca el sistema judicial. Esto es así, pues si una persona dio cumplimiento a una sentencia judicial condenatoria, de cierta forma ya solventó el reproche social que hace dicha sentencia por ser declarado culpable de delito, “quedando a mano” con la sociedad. Si estas mismas sentencias condenatorias, años después, sigue causando consecuencias, al punto que trae aparejado la no renovación de la licencia de conducir, sin duda implica un efecto más bien perverso que retributivo; lo que pugna con la reinserción social, pues cómo puede participar en sociedad activamente mi representado si se le priva de ejercer su trabajo como consecuencia de la denegación de la licencia de conducir, con el consecuente detrimento económico para su grupo familiar.

Reitera que el recurrido atenta contra de las garantías constitucionales, consagradas en el N° 2 y del N° 21 inciso 1° ambos de artículo 19, pues al desestimar los argumentos esgrimidos en recurso especial de reclamación, señalando como antecedente fundante para su rechazo la comisión del delito, sin hacerse cargo de los medios probatorios acompañados en la reclamación -los que se deben apreciar en conciencia- lo deja en una indefensión total, atendido a que la única actividad económica que desarrolla mi representado es como conductor.

Menciona que la situación laboral es incierta como sostenedor de un grupo familiar, de la cual depende sus hijos nombre reservado y nombre reservado, de 16 y 11 años de edad respectivamente, y cuya mantención está regulada causa Rit Z-1427-2023 Juzgado de familia Coquimbo, y que asciende a la suma de 3,33512 UTM mensualmente, además, también depende en forma íntegra su hija nombre reservado de 36 años de edad, que padece cáncer cérvico uterino.

Indica que el hecho de que prive al Sr. nombre reservado de su licencia de conducir y no pueda realizar oficio de conductor y que deba cambiar forzosamente a otra actividad económica, no teniendo la instrucción adecuada y atendida su edad actual, deja de manifiesto que se ha quebrantado el derecho del inciso primero del artículo 19 Nº 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.

Pide tener por interpuesto el recurso en contra del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo, cuyo juez don Winston Mettifogo Barraza, ya individualizado, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar: 1.- Que el recurrido vulneró los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°2 y N° 21 inciso primero de la Constitución Política de la República, de mi representado. 2.- Dejar sin efecto la resolución de 12 de marzo de 2025 que no dio lugar al recurso de reclamación especial presentada contra de la resolución N° 48/2025 pronunciada por director de la Dirección de Tránsito y Trasporte Público de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, que rechazó renovar la licencia de conducir clase A2/A4/F, y en su lugar, proveer, que ha lugar a la renovación de licencia de conducir.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la sentencia de fecha 12 de marzo de 2025 en causa ROL N°17-2025 del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo. 2.- Copia simple de anexo de Contrato de Trabajo de mi representado; 3.- Epicrisis/contrarreferencia Hospital Carlos Van Buren, servicio de oncología de nombre reservado. 4.- Fotocopia por ambos lados de la Licencia de conducir de su representado. 5.- Certificado de antecedentes de mí representado 6.- Certificados de nacimiento de nombre reservado y Anais Lisette, ambos de apellidos nombre reservado; 7.- Certificado de nacimiento de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe a folio 6, don Winston Mettifogo Barraza, juez titular del Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo, indicando que dicho tribunal, haciendo uso de las facultades que la ley le otorga y de acuerdo a su interpretación, confirmó lo resuelto por la Dirección de Tránsito de Coquimbo en cuanto a la no otorgación de licencia para conducir de tipo profesional.

Refiere que, a su juicio, la interposición de este recurso debería ser denegada por improcedente, fundado en que va dirigido, de alguna manera, a contravenir una resolución judicial de un Tribunal de la nación, en consecuencia, es inadmisible su interposición por cuanto de admitirse implicaría alterar todo el sistema procesal por cuanto sus resoluciones no pueden ser enmendadas por este mecanismo.

En cuanto al fondo, el recurrente señala que se ha infringido el art. 19 N°2 de la Constitución en cuanto se asegura la igualdad ante la ley, el informante, señala que no tiene fundamento alguno tal argumentación.

Asimismo, señala el recurrente que se vulneró el derecho a desarrollar cualquier actividad económica prevista en el art. 19 N°21 de la Constitución Política de la República, ya que quedó inhabilitado para conducir con licencia profesional, menciona que en la resolución confirmatoria de la denegatoria de la Dirección de Tránsito, señaló que una persona que ha sido condenada por delito reiterado de estafa, no ha actuado con honradez y por tanto carece de idoneidad moral para obtener la licencia pretendida, todo ello de acuerdo con el art. 16 numeral 3 de la Ley 18.290.

Agrega que el art. 16 numeral 3 de la Ley de Tránsito, señala que, para calificar la idoneidad moral de los interesados, es preciso tener presente que se debe considerar las condenas que se hayan sufrido en los 5 años anteriores, entre otras causas por los delitos contra la moralidad pública, y al respecto este el informante, hizo un análisis en su fallo de lo que debe entenderse por moralidad pública; que dicha interpretación de la expresión moralidad pública, efectuada por él, puede ser discutible, pero naturalmente que ello está dentro de las facultades de cualquier juez de la República para hacer una interpretación de ciertas expresiones y que, a su juicio, la denegatoria fundada en la falta de moralidad pública es coincidente con lo señalado en el art. 20 N°21 de la Constitución de la Republica y lo dispuesto en el art. 16 numeral 3 de la Ley 18.290.

Menciona que no explica como puede ser arbitrario la resolución dictada, toda vez que, nuestra legislación de tránsito, para obtener licencia de conducir establece determinadas exigencias, que, en el caso de las licencias de tipo profesional, esto es, las que habilitan para el transporte de personas y de carga, su exigibilidad debe ser mayor.

Finaliza señalando que la resolución que provoca la interposición de este recurso no atenta en forma alguna contra los presupuestos del recurso de protección, ya que, ellos tienen como fundamento tanto la ilegalidad como la arbitrariedad. En el caso de la ilegalidad, ello representa una contravención formal al texto legal, lo que no es el caso de esta resolución que, si tiene una fundamentación acorde con el texto legal de la Ley 18.290, en conformidad con lo dispuesto con el art. 20 N°21 de nuestra Constitución Política de la República. En cuanto a la arbitrariedad, ello implica la ausencia de fundamento racional o, en extremo, una manifestación de simple capricho del agente, lo que no es el caso de la resolución recurrida, toda vez que ella fue debidamente fundamentada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la resolución de 12 de marzo de 2025, del 1° Juzgado de Policía Local de Coquimbo, que conoció de tal reclamo bajo causa Rol N°17-2025, que no dio lugar al recurso de reclamación especial presentado contra de la resolución N°48/2025 pronunciada por Director de la Dirección de Tránsito y Trasporte Público de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, que rechazó renovar la licencia de conducir clase A1/A2/F del recurrente, por haber esta sido dictada sin respetar lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley 18290.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, en particular de los documentos anexados, consta que efectivamente el tribunal recurrido dictó la resolución con fecha 12 de marzo de 2025 y, al desechar la reclamación, sostuvo que el actor presenta condenas como autor de un delito reiterado de estafa, de septiembre de 2024, entendiendo que “es evidente que una persona que ha sido condenada por un Tribunal Oral en lo Penal el año 2024, por el delito reiterado de estafa, no ha actuado con honradez, y, por tanto, carece de idoneidad moral para obtener la licencia pretendida que es de carácter profesional, por lo tanto, todo esto se encuadra en lo dispuesto en el artículo 16 numeral 3 de la ley 18.290”.

SÉPTIMO: Que, tal como se señaló en sentencia de esta Corte de Apelaciones, en causa Rol 229-2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N°18.290, numeral 1, los postulantes deberán acreditar idoneidad moral, física y psíquica, siendo esta la causal que las dos entidades entienden no concurrentes.

Luego, el artículo 15 del mismo texto legal, sostiene que, para calificar la idoneidad moral de los interesados, deben considerarse las condenas que, por una parte, hayan sufrido dentro de los 5 años anteriores y, por otro, referida a los delitos, cuya naturaleza se describe en los numerales 1, 2, 3 y 4 de dicho artículo.

Ahora bien, en relación con la primera exigencia, de acuerdo con el certificado de antecedentes prontuariales del recurrente, figura en su extracto de filiación únicamente una condena como autor de manejo en estado de ebriedad el año 2003 y otra por el delito de estafa reiterado el año 2024, siendo esta última aquella que corresponde sea considerada, dado que fue dictada en el plazo establecido en la norma antes referida. Sin embargo, la condena por este delito no se enmarca dentro de aquellos que corresponde sean considerados para la acreditación de la exigencia de idoneidad moral, según se acaba de precisar, motivos suficientes para que el presente recurso sea acogido, puesto que el tribunal recurrido se limitó a desechar las alegaciones del actor únicamente por comprender que ha sido condenado por un delito, careciendo de honradez, consideración que no se encuentra dentro de aquellas contenidas en la normativa legal en análisis. Dicha errónea fundamentación es suficiente para que esta Corte adopte medidas.

Es en estos términos que el libelo se acogerá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo, dejando sin efecto la resolución dictada el 12 de marzo de 2025, por el Sr. Juez recurrido, en autos Rol N°17-25, haciéndose lugar a la renovación de licencia de conducir del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°424-2025 Protección.