nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

nombre reservado y otros Ilustre Municipalidad de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 4235-2022.- La Serena, diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha catorce de junio de dos mil veintidós comparece MARIO GUILLERMO YAÑÉZ VERGARA, abogado, accionando de protección contra la I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, a favor de los funcionarios municipales: nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado.

Precisa que las personas a cuyo favor acciona son funcionarios municipales que ingresaron a trabajar al Municipio de Coquimbo en administraciones anteriores, y como retribución a sus labores han percibido y cobrado sus remuneraciones, dentro de las cuales se encuentran montos a título de horas extras trabajadas y honorarios por servicios prestados fuera de jornada en razón de metas cumplidas que fueron fijadas por la autoridad en los contratos y convenios a que se refieren tales servicios.

Añade que la Contraloría Regional de Coquimbo, auditó a la I. Municipalidad de Coquimbo en el contexto del gasto en horas extraordinarias y contratos a honorarios asociados a cumplimiento de metas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2020. En dicha auditoría se cuestionó el pago de honorarios a funcionarios vinculados con el municipio contrata o de planta, con jornada semanal de 44 horas, por labores fuera de dicha jornada; pago condicionado a metas, sin horario ni control de jornada, que se verificó entre enero y mayo de 2020, según el detalle respecto a cada uno de los recurrentes.

Refiere que como resultado de dicha gestión, el órgano contralor emitió el Pre-Informe N°917/2021, estableciendo observaciones y plazos para dar respuesta en materia de horas extras y contratos a honorarios asociados al cumplimiento de metas. Éste fue puesto en conocimiento del municipio con el objeto que pudiese salvar las observaciones que contenía. El municipio no respondió tales observaciones ni incorporó mayores no mejores antecedentes para desvirtuar las observaciones planteadas por Contraloría.

Puntualiza que con fecha 7 de abril de 2022, Contraloría Regional de Coquimbo emitió el Informe Final N° 917/2021, en el cual se replican las observaciones, como se lee en su página 43, haciendo recomendaciones, en su página 69, para evitar se reiterasen en el futuro las conductas cuestionadas y disponiendo medidas para resolver las observaciones aún vigentes, al tenor de la página 64. En la especie, se le solicitó informar y acreditar las labores desarrolladas por el personal recurrente; si ello no resultase posible por no contar con los antecedentes, ordena dar traslado a tales personas con el objeto que ellos aportasen lo necesario para salvar la observación o en su defecto obtener el reintegro de las sumas cuestionadas, debiendo informar a la Contraloría documentalmente en un plazo de 30 días desde la total tramitación del citado Informe Final. Hace presente que, en caso que no se acrediten las labores ni la restitución, ellos formularán el reparo de acuerdo a la normativa legal vigente.

Indica que habida consideración de lo mandatado, la recurrida, con fecha 14 de abril de 2022, le dio traslado a los funcionarios recurrentes, con el objeto de desvirtuar los hechos observados a su respecto por la Contraloría Regional de Coquimbo, justificando el pago de los servicios prestados; para lo cual se les otorgó un plazo de 5 días hábiles.

Agrega que con fecha 19 de mayo de 2022, el municipio emite pronunciamiento respecto del traslado conferido, sin que previamente hubiese remitido tales antecedentes documentados de la forma como dispuso el órgano de control para su resolución.

Lo cierto es que, por dicho pronunciamiento, el municipio de Coquimbo descarta sea total sea parcialmente las justificaciones y pruebas entregadas por los citados funcionarios ordenando, consecuencialmente, reintegrar las sumas cuestionadas, según el detalle antes expuesto.

Enseguida, añade, el Director Jurídico de la I. Municipalidad de Coquimbo - atribuyéndose facultades que no le confiere la ley- remite Oficio ordinario Nº 1144, en representación de la recurrida, informando a la Contraloría Regional de Coquimbo que han desestimado los descargos de los funcionarios en comento, ordenándose el reintegro de las sumas observadas; aun cuando el proceso no se encontraba terminado.

Sostiene que, conforme lo resuelto con fecha 19 de mayo de 2022, la recurrida ha determinado el reintegro de las sumas observadas por la Contraloría al no estimar justificados los pagos que ella misma efectuó; resolución que no se sustenta en facultad ni competencia que le haya entregado el legislador.

Aduce que la facultad de formular reparos e iniciar juicios de cuenta le corresponde a la Contraloría General de la República, según se desprende de los artículos 85 y siguientes de la Ley Nº 10.336; facultades que no son delegables a la recurrida.

Por ende, agrega, el acto administrativo que califica de injustificado el pago y ordena su restitución excede las facultades legales y competencia de la recurrida; lo que representa un proceder ilegal, vulnerando el principio de legalidad consagrado en la Constitución.

Señala que la garantía constitucional que ven amenazada es el derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 19 Nº 24 de la Constitución; por cuanto poner en riesgo el patrimonio de éstos en la proporción que la recurrida ha ordenado restituir por encargo de la Contraloría. Lo que observó en su momento, la Contraloría Regional, por su deber de control del gasto público, fue la verificación de los presupuestos en razón de los cuales se efectuaron tales pagos. En términos simples, acreditar las horas extraordinarias servidas y el cumplimiento de metas fijadas; esto, por cuanto en la época en que se prestaron tales servicios, no se registraron las jornadas a causa de instrucciones de la autoridad que liberaban de tal obligación como medida extraordinaria debido a la contingencia de salud en la cual se encontraban.

Por estas consideraciones solicita que se le ordene a la recurrida cesar con la amenaza y ejecución de reintegro de las sumas observadas; con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Informe Final Nº 917 de la Contraloría Regional de Coquimbo, de 7 de abril de 2022; 2. Ordinario Nº 1144 de Director Jurídico del Municipio de Coquimbo al Contralor Regional de Coquimbo, del 19 de mayo de 2022; 3. Requerimiento de la ASFUM Coquimbo y Asociación de Conductores y Funcionarios Municipales de Coquimbo al Alcalde de Coquimbo, de fecha 18 de abril de 2022; 4. Presentación de la ASFUM Coquimbo al Contralor Regional de Coquimbo, de fecha 18 de abril de 2022; 5. Decreto Exento Nº 524 de la I. Municipalidad de Coquimbo de fecha 14 de abril de 2022; 6. Decreto Exento Nº 765 de la I. Municipalidad de Coquimbo de fecha 19 de mayo de 2022; 7. Decreto Exento Nº 775 de la I. Municipalidad de Coquimbo de fecha 19 de mayo de 2022; 8. Nota interna Nº 317 de fecha 1 de junio de 2022 de la Directora de Aseo y Ornato al Alcalde de Coquimbo; 9. Orden de Servicio Nº 808 del Alcalde de Coquimbo, de fecha 20 de junio de 2022; 10. Decreto Exento Nº 1782 de la I. Municipalidad de Coquimbo de fecha 20 de junio de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación de la recurrida, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

Expone que la Contraloría Regional de Coquimbo, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, efectuó una auditoría al gasto en horas extraordinarias y a los contratos a honorarios suscritos por la Municipalidad de Coquimbo, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Esta auditoría tenía por objeto verificar si las transacciones efectuadas con ocasión de los servicios prestados, cumplieron con las disposiciones legales y reglamentarias, debidamente documentadas y realizadas, y que las cuentas contables y presupuestarias estaban imputadas correctamente, todo lo anterior, en concordancia con la ley.

Entre los principales resultados del mencionado informe, cabe destacar que “se constató la existencia de 19 funcionarios de la planta y a contrata, con una jornada de 44 horas semanales, y que además mantenían contratos a honorarios, en los cuales se incorporó una cláusula que establecía que el “trabajador desempeñará las labores mediante cumplimiento de metas, desarrolladas fuera de su jornada laboral en recinto municipal o fuera de este sin cumplimiento de horario y sin timbraje”, pese a que, producto de la pandemia, aquellos estaban autorizados para desarrollar funciones presenciales hasta las 14:00 horas como medida sanitaria y de autocuidado, y algunos inclusive, se mantuvieron gran parte del periodo en revisión con trabajo remoto, por pertenecer a grupos considerados de riesgo.”

Por lo anterior, Contraloría Regional de Coquimbo ordenó a esta entidad edilicia “informar y acreditar las labores desarrolladas por el personal detallado en la tabla N°16 precedentemente expuesta, si aquello no resulta posible, la municipalidad deberá, previo traslado a los interesados, obtener el reintegro del monto de $70.539.839, lo que informará documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente informe final. En caso de que no se acrediten labores ni tampoco la restitución, esta Contraloría Regional formulará un reparo, en virtud del artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo.”.

Por esta razón, el Sr. alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo, mediante orden de servicio reservado N° 557, solicitó a la Sra. directora de Recursos nombre reservado informar y acreditar la efectividad de las labores desarrolladas por las personas que se individualizan. Dicho informe debería señalar, de manera expresa, si se verifica el cumplimiento de sus funciones en el período anual 2020, acompañando para ello los documentos que se estimaren pertinentes. De no poder verificarse el cumplimiento de las metas, funciones, o trabajos extraordinarios, debía de ser informado en los mismos términos.

Por todo lo anterior, y en estricto cumplimiento de lo señalado por el ente Contralor en su informe final N°917, es que se inició un procedimiento administrativo a fin de obtener el reintegro de dichas sumas, previo traslado a cada funcionario/a, lo que se desarrollará a continuación.

En efecto, señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría Regional de Coquimbo en su informe final N° 917/2021, y dada la falta de existencia y obtención de antecedentes nuevos que permitieran acreditar la efectividad de las labores realizadas por las personas involucradas, es que la I. Municipalidad de Coquimbo ha obrado de la siguiente manera a efectos de obtener el reintegro de $70.593.839 respecto de cada funcionario/a, según el listado de cada uno con su situación particular que señala en su recurso.

Refiere que en el presente caso, y aun cuando el recurso de protección de autos no identificó actos ilegales y arbitrarios determinados, puede colegir que, a juicio de la recurrente, son ilegales y arbitrarios los decretos exentos que indica, todos de 19 de mayo de 2021, suscritos por el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo, que resuelven el procedimiento administrativo ordenado iniciar por Contraloría Regional de Coquimbo, mediante informe final N° 917/2021, de 7 de abril de 2022.

Hace presente que la realización del presente procedimiento administrativo, que terminó con los decretos exentos, no fueron una “mera ocurrencia” del Sr. alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo, sino que fueron ordenados a realizar por la entidad contralora, luego de una auditoría que culmina con el mencionado informe final N° 917/2021, de abril de 2022.

Como se puede observar, en el mencionado informe se señala específicamente lo que debe realizar la I. Municipalidad:

“(…) anterior, la entidad edilicia deberá informar y acreditar las labores desarrolladas por el personal detallado en la tabla N°16 precedentemente expuesta, si aquello no resulta posible, la municipalidad deberá, previo traslado a los interesados, obtener el reintegro del monto de $70.539.839, lo que informará documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente informe final. En caso de que no se acrediten labores ni tampoco la restitución, esta Contraloría Regional formulará un reparo, en virtud del artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo.”

Es decir, la Entidad Contralora ordenó a la entidad edilicia informar y acreditar las labores desarrolladas por el personal detallado en la tabla N° 16. Para ello, mediante orden de servicio reservado N° 557, ordenó a la Sra. directora de Recursos nombre reservado informar y acreditar la efectividad de las labores desarrolladas por las personas que se individualizan. Dicho informe debía señalar, de manera expresa, si se verificó el cumplimiento de sus funciones en el período anual 2020, acompañando para ello los documentos que se estimaren pertinentes. Como se dijo anteriormente, la Sra. Directora de Recursos nombre reservado, mediante nota interna N° 232, informa al Sr. alcalde que no tiene más antecedentes de los que ya habían sido enviados a la Contraloría Regional, en el marco de la auditoria que se desarrollaba, de tal modo que no resultó posible acreditar las labores desarrolladas por el personal detallado en la nómina que consta en el cuadro N° 16 de dicho informe.

En el presente caso, lo que se hizo fue precisamente cumplir con un mandato del Organismo de Fiscalización, resguardando el derecho de los/as funcionarios/as, mediante un procedimiento administrativo, en el cual a todos/as se les otorgó traslado para evacuar sus descargos y aportar antecedentes que acreditaren la realización efectiva de los servicios contratados, lo que fue acreditado parcialmente por algunas de las personas en cuyo favor se recurre, como también respecto de otras hubo una total acreditación, por lo que no se les ordenó restituir suma alguna.

De este modo, y considerando lo señalado, no pueden considerarse actos arbitrarios e ilegales ni verse afectado el derecho de propiedad de las personas recurrentes, en tanto no se contraviene las normas del ordenamiento jurídico administrativo y el actuar de la corporación edilicia de Coquimbo, obedece una orden de la Entidad Contralora, velando por el derecho de los/as funcionarios, mediante un procedimiento administrativo en el cual se les dio plazo a fin de acreditar el cumplimiento de sus labores que la Sede de Control cuestiona.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso, en atención a que los antecedentes que se expusieron acreditan la ausencia de una acción arbitraria e ilegal que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales, en los términos que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental, y en los casos de nombre reservado Valledor y nombre reservado por haber sido interpuesta de manera extemporánea la acción, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos; 1. Decretos exentos N° 781, 765, 789, 791, 763, 780, 771, 783, 767, 770, 769, 768, 779, 775, 772, y 776, todos de 19 de mayo de 2022, suscritos por el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo; 2. Decretos exentos N° 504, 521, 524, 526, 519, 522, 514, 527, 516, 513, 512, 515, 508, 510, 509, 511, de 14 de abril de 2022, de la I. Municipalidad de Coquimbo; 3. Descargos de cada una de las personas por las cuales se recurrió de protección en su favor; 4. Informe Final N° 917/2021, de la Contraloría Regional de Coquimbo; 5. Orden de servicio N° 557, de 8 de abril de 2022, del Sr. acalde de la I. Municipalidad de Coquimbo; 6. Nota Interna N° 232, de 12 de abril de 2022, de la Sra. directora de Recursos nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el quid del asunto que debe resolver esta Corte dice relación con la orden de reintegro de sumas de dinero por concepto de horas extraordinarias, a doce funcionarios municipales y recurrentes, observadas por la Contraloría Regional en Informe Final N° 917/2021, por no estar debidamente justificadas.

En este aspecto, y luego de evacuar la respuesta al presente recurso por parte de la municipalidad, se advirtió que respecto a algunos funcionarios aún quedaban recursos pendientes, por lo que, esta Corte ordenó como medida para mejor resolver, que la Municipalidad informara el resultado de dichas reposiciones, lo cual fue debidamente cumplido.

SEXTO: Que en consecuencia, son hechos que emanan del recurso los siguientes:

1.- Que en informe N°917/2021 de 7 de abril pasado, la Contraloría Regional de Coquimbo ordenó a la Municipalidad de Coquimbo, el reintegro de $70.593.839. El objeto de la fiscalización fue revisar y controlar la situación de las horas extras -entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020- y verificar si las transacciones cumplieron con las disposiciones legales y reglamentarias.

En relación a las horas extras, pidió ejercer mayor control respecto a las asignaciones de horas extraordinarias, en especial su justificación. La entidad controladora elaboró el informe detallando de las remuneraciones y horas extras pagadas a los funcionarios- entre ellos los recurrentes-, y ordenó que, la municipalidad informara y acreditara las labores desarrolladas por el personal y, si aquello no resulta posible, previo traslado a los interesados, debía obtener el reintegro del monto de $70.539.839, informando documentalmente en un plazo de 30 días.

2.- Que en ORD. 1144 de 19 de mayo pasado, el Director Jurídico de la Municipalidad remitió al Contralor Regional informe sobre gastos de horas extras y contratos a honorarios, indicando las medidas adoptadas y pidió tener por subsanadas las observaciones referentes a pagos de honorarios y pago horas extraordinarias.

3.- Que, por su parte, la situación de cada uno de los recurrentes es la siguiente:

1) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 504, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorga traslado a la Sra. nombre reservado con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 781, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, desestimándose parcialmente los descargos y acogió el descargo en relación a los meses de enero, marzo y abril de 2020, en atención a que en dichos meses los informes destacan por su precisión y claridad, individualizando las actividades con fecha, hora y lugar en que se desarrollaron, adjuntando documentación.

Por lo anterior, se le ordenó a la funcionaria devolver la suma de $1.555.556.-, conforme a lo dispuesto en el informe N° 917/ de 2021. Respecto de ella no queda recurso pendiente de resolver.

2) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 521, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado al Señor nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 765, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido al funcionario individualizado, desestimándose completamente estos, en atención a que ninguno de los informes mensuales indicó fecha en que se habrían realizado las actividades, como tampoco estos cuentan con firma o timbre del funcionario encargado del programa. Además, el funcionario no acompañó otro registro que permita presumir la vinculación entre las actividades y eventuales registros gráficos.

Por lo anterior, se le ordenó al funcionario nombre reservado devolver la suma de $4.444.445.-, conforme a lo dispuesto en el informe N° 917/ de 2021, sin recurso pendiente.

3) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 524, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado al Señor nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 789, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido al funcionario individualizado, desestimándose completamente estos, puesto que los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020 son idénticos, sin que señalen actividades concretas o verificables.

De todas formas, indica que, contra dicho decreto exento N° 789, el Sr. nombre reservado interpuso recurso de reposición, solicitando “la invalidación del Decreto exento N° 789, de 19/05/2022, por carecer de procedimientos administrativos regulados por Contraloría para efectos de la medida adoptada en su Informe Final, en el entendido, que es el Organismo Contralor quien debe analizar los documentos a objeto de los descargos del funcionario en cuestión”.

En ese contexto, hace presente que dicho recurso fue desestimado con fecha 1 de junio de 2022.

4) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 526, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado al Señor nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Con fecha el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 791, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido al funcionario individualizado, desestimándose, pero luego de un recurso de reposición, la Municipalidad lo acogió, y dejó sin efecto la orden de devolución.

5) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 519, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 763, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, desestimándose parcialmente los descargos formulados, toda vez que no se logró acreditar las actividades realizadas en el marco del “Programa de fortalecimiento sobre escuela de líderes para dirigentes comunitarios, adultos y jóvenes”, en atención a que las actividades que se verifican no dicen relación con dicho programa.

Con razón de lo anterior, se le ordenó a la funcionaria devolver la suma de $888.889.-, conforme a lo dispuesto en el informe N° 917/ de 2021.

6) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 522, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Con fecha 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 780, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, desestimándose los descargos formulados, en atención a que los informes mensuales de actividades contienen descripciones genéricas y vagas, sin indicar de manera precisa los lugares intervenidos, organizaciones sociales con las cuales se realizaron reuniones, ni fechas ni hora de éstas.

Sin embargo dedujo una reposición, la que fue acogida en parte, y se ordenó devolver una suma menor de $2.166.666.- 7) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 514 de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Mediante decreto exento N° 771, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, desestimándose los descargos formulados, pero producto de una reposición, fue acogida en parte, y se ordenó devolver solo $555.556.- 8) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 527 de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 783, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, acogiendo parcialmente los descargos, teniendo por acreditadas las actividades y labores realizadas por la funcionaria en el marco del programa “Para el mejoramiento de los vínculos con la comunidad”, respecto de los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

Por lo anterior, se le ordenó a la funcionaria devolver la suma de RUT reservado de pesos, conforme a lo dispuesto en el informe N° 917/ de 2021, el recurso que interpuso fue desestimado totalmente.

9) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 516 de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Enseguida, el 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 767, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, desestimando los descargos formulados, en consideración a que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2020 señala actividades realizadas, pero en ningún caso a las labores determinadas y determinables que desplegó en cada evento. En los meses de abril y mayo de 2020 no se describen actividades concretas que digan relación con el programa “contigo en mi barrio”.

Al respecto, se advirtió una homogeneidad, similitud de funciones o actividades genéricas desarrolladas, como también la inexistencia de elementos objetivos que permitan corroborar el efectivo cumplimiento de las labores señaladas en los informes de actividades.

Por lo anterior, se le ordenó a la funcionaria devolver la suma de RUT reservado de pesos, conforme a lo dispuesto en el informe N° 917/ de 2021.

Contra el referido decreto exento N° 767, la funcionaria interpuso recurso de reposición con fecha 31 de mayo de 2022, el que fue desestimado.

10) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 513 de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorga traslado a doña nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Luego, mediante decreto exento N° 770, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a la funcionaria individualizada, teniendo por acreditadas todas las actividades y labores realizadas por la funcionaria y se dejó sin efecto la orden de devolución.

11) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 512, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorga traslado al Señor nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

El 19 de mayo de 2022, mediante decreto exento N° 769, el alcalde de la I. Municipalidad de Coquimbo se pronunció respecto del traslado conferido a al funcionario individualizado, teniéndose por acreditadas las actividades y labores realizadas por el funcionario en el marco del programa “Mantención, reparación y conservación de señales y elementos preventivos e informativos en caso de tsunami y sumideros de aguas lluvia”, sólo respecto de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020.

Contra dicho decreto exento N° 769, el Sr. nombre reservado interpuso recurso de reposición, el que acogido y se dejó sin efecto la orden de restitución del dinero.

12) nombre reservado.

Mediante decreto exento N° 515, de 14 de abril de 2022, la I. Municipalidad de Coquimbo, en cumplimiento de lo dispuesto por la entidad contralora en su informe N° 917/2021, de 7 de abril de 2022; otorgó traslado al Señor nombre reservado, con el objeto de desvirtuar los hechos señalados por la Contraloría Regional y/o acreditar los trabajos realizados por concepto de contrato a honorarios durante el 2020 que justifican el pago de los servicios prestados.

Así las cosas, contra dicho decreto exento N° 768, el funcionario interpuso recurso de reposición, acompañando nuevos antecedentes, lo que fue recogido en la reposición y dejada sin efecto la orden de restitución.

SÉPTIMO: Que, en relación a los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, se debe tener presente que la recurrida ha informado que, tras los recursos administrativos revisados en relación a los antecedentes aportados por los singularizados, decidió dejar sin efecto la orden de reintegrar los dineros reclamados en su integridad, por haber justificado las horas extras efectivamente realizadas. Para demostrar lo alegado, exhibió en su informe complementario que fue solicitado como medida para mejor resolver, donde expone en los casos indicados, que dejó sin efecto la orden de devolución.

OCTAVO: Que, con los antecedentes expuestos, se debe concluir que la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha, y esta Corte no avizora en la actualidad alguna medida que pueda adoptar para reestablecer el imperio del derecho, por lo que la presente acción constitucional de protección deberá ser rechazada, como se dirá, por haber perdido oportunidad en relación a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado nombre reservado y nombre reservado Duhan.

NOVENO: Que en relación al resto de los comparecientes, lo que debe resolver esta Corte dice relación con determinar si la orden de restitución de los dineros por pago de horas extras fue un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.

En efecto, es un hecho acreditado en el proceso que la Contraloría Regional de Coquimbo realizó una completa auditoría a la recurrida para determinar los gastos excesivos- entre otros ítems- en pago de horas extras, y ordenó la restitución de las horas que no fueron posible de justificar.

DECIMO: Que, en consecuencia, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte es necesario consignar que el inciso primero del artículo 98 de la Constitución Política de la República estatuye que: Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva .

Por su parte, el inciso 1 ° del artículo 1 de la Ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, prescribe que: La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General.

A su turno, el inciso 1 ° del artículo 7 del mismo cuerpo legal establece que: El Contralor General tendrá competencia exclusiva en la investigación, examen, revisión y determinación de todos los créditos y deudas del Fisco; en el examen y juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que custodien, administren, recauden o inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, municipales y de la Beneficencia Pública, o de toda persona o entidad que deba rendir sus cuentas a la Contraloría o que esté sometida a su fiscalización. El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda.

En seguida, el inciso 1 ° del artículo 21 previene que: La Contraloría hará el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la contabilidad fiscal, municipal y de la Beneficencia Pública; efectuará la revisión de cuentas de todas las personas que administren fondos o bienes de los indicados en el inciso 1 ° del artículo 7, y podrá exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario sujeto a la autoridad de su control.

En la especie, la Contraloría, está debidamente facultada para efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

Conforme a lo anterior, a través de estas auditorías la Contraloría General evaluará los sistemas de control interno de los servicios y entidades; fiscalizará la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las que se refieren a la ejecución presupuestaria de los recursos públicos; examinará las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros; comprobará la veracidad de la documentación sustentatoria; verificará el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios públicos y formulará las proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que detecte.

UNDÉCIMO: Que, en relación a las normas que rigen a las Municipalidades, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, que contiene el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe en su artículo 27, en lo que interesa, que: La unidad encargada de administración y finanzas tendrá, entre otras, las siguientes funciones: b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente:[...]6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República.

En su artículo 51, inciso 1°: Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.

DUODÉCIMO: Que, como se desprende de las normas reproducidas precedentemente, para la Contraloría General de la República la fiscalización del ingreso e inversión de los fondos de diversos entes, entre los cuales se cuentan, precisamente, las municipalidades, constituye una de las labores que integran el núcleo esencial de su actividad, en tanto forma parte del catálogo de responsabilidades primordiales que le ha encomendado la Constitución Política.

En tal sentido, la Ley Orgánica Constitucional de los municipios dispone en su artículo 51 que sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia, las Municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, texto este último de cuyo artículo 7 aparece que el Contralor General tiene competencia exclusiva en el examen y juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que custodien, administren, recauden o inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, municipales, facultad complementada por lo estatuido en el artículo 21, en cuanto agrega que este órgano hará el examen e inspección de los libros, registros y documentos relativos a la contabilidad [...] municipal [...] y podrá exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario sujeto a la autoridad de su control.

Finalmente, desde esta perspectiva cabe destacar también lo prevenido en el artículo 27 de la Ley N°18695, prescribe que la unidad encargada de administración y finanzas, con ocasión del cumplimiento de su deber de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, se encuentra obligada a rendir cuentas a la Contraloría General de la República, DÉCIMO TERCERO: Que de lo expuesto, y tal como lo ha determinado la jurisprudencia tanto administrativa como judicial, la Contraloría General de la República se encuentra plenamente facultada para auscultar las cuentas, asientos, registros y demás antecedentes contables y financieros de las Municipalidades, con el fin de verificar el debido y correcto empleo de los recursos de esos entes, pudiendo, en cumplimiento de tal deber, dar instrucciones relativas al Servicio a cualquier Jefe de Oficina, funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría, así como impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda a cualquiera autoridad o funcionario, como se lee en los artículo 9 y 10 de la Ley N° 10336.

En consecuencia, y para los efectos de resolver el recurso en examen, es dable concluir que la fiscalización de la Contraloría se enmarca dentro de su facultades legales y, por su parte el recurrido -como ente controlado-, se ha limitado a dar estricto y cabal cumplimiento a la fiscalización de la que fue objeto y, que tanto la Constitución como el legislador le han impuesto, por lo que no hay antecedentes para que permita calificar su proceder de irracional, caprichoso o antojadizo, es decir, de arbitrario, toda vez que en su proceder se limitó a cumplir lo ordenado por la Contraloría Regional de Coquimbo en su informe 917/ 2021, cuyo objeto es el interés público como es, el mejor uso y aprovechamiento de los recursos financieros.

DÉCIMO CUARTO: Que a su turno, y como consecuencia, y en lo que concierne a la medida dispuesta de restitución de las sumas pagadas por concepto de horas extraordinarias, forzoso es concluir, para los efectos de resolver el recurso de protección en análisis y a partir de ya expresado y normas legales, que la Contraloría General de la República facultada para ello, ordenó el reintegro de las suma de dinero que no fueron justificadas, y la Municipalidad, cumplimiento dicha instrucción, confirió el debido traslado a los recurrentes para que acreditaran lo pertinente, todos los cuales los evacuaron dando la posibilidad de acreditar si los cuestionamientos eran debidamente fundados, por lo que no se advierte una actuación indebida por parte del municipio.

A mayor abundamiento, es posible advertir que, concordante con lo antes razonado, el artículo 64 del Reglamento de Auditorías de la Contraloría General de la República, de 3 de marzo de 2015, dictado al tenor de lo previsto en el inciso 3° del artículo 21 A de su ley orgánica, faculta expresamente a dicho ente para ordenar la devolución en comento. En efecto, dicho precepto prescribe los Reintegros, y dispone que “Si de los resultados de la auditoría se generan observaciones vinculadas con la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o pago de los fondos públicos examinados, se podrá disponer u ordenar que se dispongan las restituciones de recursos que correspondan. Para tales efectos, el Informe Final u Oficio de Auditoría fijará el plazo en que deberá acreditarse el respectivo reintegro”.

DÉCIMO QUINTO: Que, tal como se observa del informe de fiscalización de la entidad controladora, éste tuvo por finalidad verificar si las transacciones cumplieron las disposiciones legales y reglamentarias, con los debidos respaldos de documentos y, según se lee en su página 43, la Contraloría le ordenó a la entidad edilicia el acreditar las labores desarrolladas, debiendo dar traslado a los interesados para que las justifiquen, y de no ser posible, obtener el reintegro del monto, dando un plazo de 30 días.

Lo anterior, fue cumplido por el municipio, quien efectivamente, dio la posibilidad que los recurrentes pudieran probar las labores realizadas, y ante la ausencia de justificación, se limitó a cumplir lo ordenado por el fiscalizador, por lo cual se descarta alguna arbitrariedad ni menos ilegalidad.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, y teniendo presente que ha quedado descartada la existencia de un actuar ilegal y arbitrario en la actuación de la parte recurrida y, con ello, desestimada también la afectación de las garantías que los actores estiman vulneradas, el recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por MARIO GUILLERMO YAÑÉZ VERGARA, a favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; en contra de la Ilustre MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

Redacción de la Ministro suplente Isabel Margarita Zúñiga Alvayay.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 4235-2022 (Protección).-