nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

nombre reservado

AFP Capital S.A.

Recurso de protección Rol Nº422-2025 La Serena, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Valeria Pozo Reyes, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, profesión u oficio desconocido, ambas con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A., sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, o respecto de quien represente a la AFP en la actualidad, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente es una ciudadana venezolana, quien suscribió contrato de trabajo con la empresa chilena Zurich Chile Seguros de Vida S.A., con fecha 01 de marzo de 2023. Asimismo, el 01 de abril de 2024, suscribió anexo de contrato de trabajo manifestando su voluntad de mantenerse afiliada al régimen previsional venezolano.

Explica que el 13 de febrero de 2025 solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, indica que el 21 de febrero del presente fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en que el documento acompañado como “titulo” no permite acreditar la calidad de técnico-profesional de la solicitante, requisito exigido por la Ley 18.156, para acceder al beneficio.

No obstante, alega que la recurrente sí cumple con la calidad de técnico profesional requerida por la Ley 18.156 para acceder al retiro de fondos previsionales, pues cuenta con un título de Técnico en Administración de Empresas, el cual da cuenta de 3.772 horas de estudios generales para obtención del título técnico.

En tal sentido, hace presente que, de acuerdo con el Ministerio de Educación “El título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional”.

Añade, que el actuar de la recurrida resulta sospechoso, pues la recurrente realizó igual solicitud con fecha 24 de noviembre de 2022, acompañando los mismos certificados de estudio, y en tal ocasión la AFP estimó que eran suficientes para aprobar su requerimiento de retiro de fondos.

Por lo anterior, afirma que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria, por cuanto ha realizado interpretaciones de la ley administrativa en materia de educación, estableciendo para la actora requisitos que incluso superan a la norma prevista en Chile en cuanto a la materia discutida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida devolver los dineros por concepto de cotizaciones previsionales a la recurrente, conforme lo dispone la Ley N°18.156, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con condena en costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, a folio 19 del expediente, se evacuó informe por AFP CAPITAL S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, ya anteriormente, mediante sentencia de 7 de febrero de 2025 dictada en causa Rol Protección-1865-2024 de esta Corte de Apelaciones, se rechazó un recurso de protección deducido por la misma recurrente, fallo que quedó ejecutoriado. Luego, la actora presentó una nueva solicitud de retiro de fondos el 13 de febrero de 2025, es decir, tan solo 7 días después de la sentencia que rechazó su acción constitucional, acompañando nuevamente la documentación que no cumple con los requisitos legales.

Por otra parte, sostiene que la acción constitucional de protección no es el medio idóneo para discutir la materia de autos, la que excede la finalidad cautelar del recurso de protección, pues lo que en realidad pretende la recurrente, es obtener a su favor un pronunciamiento declarativo obviando los requisitos que establece la ley.

Enseguida, sostiene que no ha existido acto ilegal o arbitrario de parte de AFP Capital, quien actuó en base a norma legal expresa e instrucciones del organismo regulador en la interpretación según sus facultades legales, la cual no puede obviar o no respetar, ya que ello significaría cometer un acto ilegal.

Asimismo, indica que, siendo la Ley N°18.156 una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

En tal sentido, afirma que la recurrente no cumple el requisito de detentar la calidad de técnico, a lo menos, pues en su solicitud de retiro acompañó un “Certificado”, en el cual consta que fue trabajadora del Programa Nacional de Aprendizaje en el Oficio Asistente Administrativo de Empresa. Sin embargo, en ninguna parte se menciona que dicho certificado constituya un título de estudios o similar, que acredite estudios especializados o profesionales.

Indica que, conforme a la Normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, especialmente en la Circular N°553 del 28 de octubre de 1998, se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales. No obstante, el certificado presentado por la recurrente es respecto de un Oficio, lo cual no permite acreditar que cuente con estudios especializados o profesionales que le permitan acceder al beneficio excepcional que contempla la ley 18.156.

Por otra parte, indica que, al momento de verificar la apostilla acompañada con dicho certificado en la página oficial dispuesta para tal efecto, el documento que se visualiza no corresponde al referido documento, no siendo posible verificar su validez por la Administradora.

Además, refiere que la solicitud no cumple con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, en tanto la actora no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la validez de los documentos presentados. Sobre ello, expone que el “Certificado de afiliación” presentado por la recurrente no cuenta con la vigencia requerida a la fecha de presentación de su solicitud en febrero 2025, pues el mismo documento menciona que tendrá una vigencia de 120 días desde su emisión, siendo emitido con fecha 13 de octubre de 2022, por tanto, claramente no cuenta con la vigencia requerida para su validez.

Por otro lado, señala que la recurrente acompaña otro documento denominado “Constancia electrónica de cotizaciones” del IVSS, el cual no cuenta con la correspondiente legalización o apostilla para su validez en Chile, como tampoco está firmado por quien lo emite, de tal forma que no se acredita debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, en tanto el referido documento no acredita de manera válida que la recurrente se encuentre actualmente afiliada a un régimen de seguridad social fuera de Chile.

En consecuencia, señala que el rechazo de la solicitud de retiro se debió a que la recurrente no dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°18.156, especialmente, no se acreditó el cumplimiento de los requisitos relativos a detentar la calidad de técnico a lo menos.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el recurso, es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

SEXTO: Que, al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse acreditado de manera fehaciente la calidad de técnico-profesional de la solicitante, exigido por la Ley 18.156, para acceder al beneficio, pues el documento acompañado a su solicitud no constituye un título de estudios o similar, que acredite estudios especializados o profesionales.

Asimismo, el certificado de afiliación presentado por la recurrente no cuenta con la vigencia requerida a la fecha de presentación de su solicitud en febrero 2025 y, además, la constancia electrónica de cotizaciones” del IVSS no cuenta con la correspondiente legalización o apostilla para su validez en Chile, como tampoco está firmado por quien lo emite.

De esta manera, atendida la redacción de la norma, exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Que, atendido lo razonado, permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que la actora inicie, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Capital S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°422-2025.- (Protección)