nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Paihuano Protección Rol N°419-2025 La Serena, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que nombre reservado recurre de protección en favor de nombre reservado, educadora de párvulos, en contra de la Ilustre Municipalidad de Paihuano, su alcalde y jefa del Departamento de Educación, por haber dispuesto el cambio de sus funciones, alegando vulneración de sus garantías de los números 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que la recurrente ingresó a la Escuela Cielo Claro el 10 de abril de 1989, como educadora de párvulos, ejerciendo en aula en forma ininterrumpida por más de 34 años, comenzando en 2023 a vivir situaciones poco usuales impulsadas por el director del plantel educacional que no se conciliaban con su nombramiento como docente de aula, como su designación como Coordinadora de Niveles de Transición, debiendo revisar mallas curriculares, evaluaciones y asesorías, sin mediar acto administrativo.

Agrega que, posteriormente, fue designada Encargada del Comité de Convivencia Escolar, donde debió reemplazar a profesores de asignaturas específicas, teniendo que dejar de lado las obligaciones que demandaba su nominación sin percibir la remuneración propia de este nuevo cargo, motivando una presentación ante Contraloría Regional en 2024, siendo reincorporada a sus funciones de docencia de aula en los términos en que fue contratada, conforme Oficio E 24230/2025 del 12 de febrero del presente año.

Asimismo, indica que presentó una denuncia conforme la Ley 21.643, operando los mecanismos protectores definidos en el artículo 90 A del texto estatutario, entre ellos, que los denunciantes no pueden ser trasladados de localidad o de la función que desempeñen, sin su autorización por escrito, sin tener noticias de la tramitación de dicha acción transcurridos cinco meses desde su interposición, lo que supera con creces lo tratado en el artículo 129 inciso segundo de Estatuto Administrativo, que dispone de un plazo de veinte días al término.

Afirma que el 27 de febrero del año en curso, estando con reposo médico, pidió una reunión para la materialización del cumplimiento de lo ordenado en el Oficio E 24230/2025, donde se le informa de una carta de reclamo en su contra, suscrita por una pluralidad de apoderados, por lo que no asumiría sus funciones docentes, sin entregársele antecedentes al efecto y recibiendo un correo el 4 de marzo, que acompañaba el oficio ORD. 063, del Departamento de Educación de 3 del mismo mes, donde se la asigna como Educadora de Párvulos a cargo de la Estrategia Lectora del Centro de Recursos de Aprendizaje.

Sostiene que dicha resolución, aparte de no cumplir con lo informado por el recurrido al ente contralor, ha sido adoptada en absoluto oscurantismo, fuera de todo margen de racionalidad, y apartándose del debido proceso, con fundamento solo aparente, encubriendo una desviación de poder motivada por un revanchismo frente a su denuncia, infringiendo lo dispuesto en el artículo 90 A letra b) del Estatuto Administrativo.

Manifiesta que lo resuelto, igualmente, atenta contra lo expuesto por el alcalde a Contraloría, en cuanto refirió que la recurrente sería reincorporada a sus funciones de docencia de aula, en los términos por las cuales fue contratada, sin hacer mención a algún evento o situación que tornara inconveniente su interacción con los educandos en el ejercicio propio de su competencia profesional.

Alega que la recurrente ha sido objeto a un tratamiento que atenta contra su derecho constitucional de igualdad ante la ley, pues no hubo interés en tramitar su denuncia, desconociéndosele los derechos que la ley le franquea en su condición de denunciante, debiendo soportar determinaciones adoptadas al margen de las garantías del debido proceso, desconociendo su idoneidad y su intachable trayectoria profesional, sobre la base de una acusación que no devino en investigación alguna, impidiéndole conocer los antecedentes alegados en su contra; a ser oída en trámite de audiencia; el derecho a contar con defensa letrada; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable con las consecuentes dictación de medidas y resoluciones y, el derecho a un recurso efectivo.

Junto con invocar vulneración de sus garantías constitucionales, previas citas jurisprudenciales, pide se ordene a los recurridos dejar sin efecto el cambio de funciones del cual ha sido objeto la actora, reconociéndosele las prerrogativas a las que hace alusión la ley 21.643 en su condición de denunciante, disponiendo su reubicación como docente de aula, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa nombre reservado, alcalde subrogante de la Ilustre Municipalidad de Paihuano, quien pide el rechazo de la acción.

Expone que el Oficio E24230/2025, de 12 de febrero de 2025, emanado de la Contraloría Regional de Coquimbo, dispone expresamente que la situación denunciada por la recurrente se encuentra solucionada, resultando inoficioso emitir un pronunciamiento sobre la materia, en cuanto el documento confirma que la recurrente fue reincorporada a sus funciones docentes en aula, conforme a su contrato vigente, desestimando cualquier irregularidad en el actuar municipal.

Afirma que la Contraloría determinó que no existía ilegalidad ni vulneración de derechos en la actuación de la Municipalidad de Paihuano, siendo improcedente reemplazar los mecanismos administrativos ya utilizados y revisados por los órganos competentes, intentado la actora mezclar momentos y denuncias distintas para reforzar su artificial postura y hacer del presente arbitrio una extensión a un requerimiento de legalidad que no tuvo pronunciamiento.

Hace presente que el Estatuto Administrativo establece que la asignación de funciones es una facultad del empleador dentro de la organización, siempre que se respete la naturaleza del cargo y la remuneración del funcionario, mientras que el Estatuto Docente permite que los establecimientos educacionales, en busca de mejorar la calidad de la educación, realicen reasignaciones de funciones dentro del mismo establecimiento sin que esto implique un acto arbitrario, incluyendo actividades complementarias y curriculares no lectivas.

Sostiene que la recurrente no ha sido privada de su cargo ni de su remuneración, sino que se le asignó un rol que está dentro del marco de su profesión y competencia, asignándosele una nueva función en virtud de su calidad de educadora, como encargada de la estrategia lectora del centro de recursos de aprendizaje CRA, que, en palabras del Ministerio de Educación, debe ser un docente o educador profesional cuya labor principal es la de promover y fortalecer el integración entre el centro de recursos de aprendizaje y las definiciones curriculares y las prácticas pedagógicas de la escuela.

Precisa que, en cuanto a fundamentación, se invocó que en la comunicación respectiva, su asignación “responde a que con el objeto del Programa de Proceso de Lectura y escritura para el primer ciclo y segundo Nivel de Transición y educación básica, desarrolle la presentación de acuerdo a las bases curriculares de la educación parvularia y básica. Y, además, reconocimiento que la Educadora podría desarrollar las estrategias lectoras que faciliten el aprendizaje en los estudiantes”, concluyendo que se constituye como un aporte al proyecto educativo respecto de una realidad lejana a la ciudad y con índices de incomprensión lectora abundantes, siendo una misión fundamental en el proceso educativo de los niños.

Junto con invocar los requisitos para el trabajo en CRA, en cuanto la Ley 19.070 establece que los educadores de párvulos son profesionales de la educación habilitados para ejercer funciones en diversos ámbitos de enseñanza, este programa exige docentes con formación en metodologías activas, promoción de la lectura y estrategias de enseñanza, áreas en las que la recurrente tiene amplia experiencia.

Respecto a la infracción al Estatuto Administrativo y la Ley 21.643, alega que la recurrente mantiene su cargo, su remuneración y su condición docente, por lo que no hay menoscabo en su situación, por lo que descarta la vulneración de sus derechos fundamentales.

Ampliando su informe, indica que no resulta aplicable a la actora el Estatuto Administrativo, en cuanto se trata de profesional docente, con marco regulatorio en el mismo Estatuto, con aplicación supletoria del Código del Trabajo, destacando que se ha conversado y tratado de mediar cualquier especie de conflicto a través de los medios formales e idóneos para la resolución de los mismos, inclusive con órganos especializados, como pudiera ser la Asociación Chilena de Seguridad, donde se trata de la resolución de calificación de origen de la enfermedad declarada por la recurrente, habiendo informado, y precisando que dicha información tiene el carácter de secreta.

Asimismo, sostiene que la recurrente se encuentra en tramo experto 1, no privándosele de la asignación del tramo por carrera docente, sólo debiendo cumplir con la respectiva evaluación de carácter voluntario, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley 20.903, donde existe un proceso de evaluación integral, tanto de las funciones que se ejercen en aula, como aquellas ejercidas fuera del aula, como el trabajo colaborativo con la comunidad educativa, y que la norma invoca el trabajo colaborativo entre pares, estudiantes, padres y apoderados, y en este sentido, de acuerdo a la motivación y objetivo de las salas CRA.

Reitera que no se ha desconocido en la recurrente su calidad profesional, ni su condición de experta 1, de acuerdo a la normativa vigente, pues el reconocimiento profesional para el caso de docentes y educadores regidos por la ley 19.070 tiene una regulación especial y no es por apreciaciones subjetivas, sino que tiene reglas y un método, el cual si fuere objeto de observación o reclamo de parte de la recurrente, debe realizarlo en la sede administrativa o judicial en su caso correspondiente, pero no a través del presente arbitrio procesal.

En el mismo sentido, arguye que, respecto a la bonificación de reconocimiento profesional, pudiendo rendir voluntariamente dicho instrumento, por lo que, al tener el tramo de reconocimiento reiterado, la bonificación de reconocimiento está siendo aplicada.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal, consiste en la modificación de las funciones ejercidas por la recurrente, desconociendo la interposición de una denuncia conforme Ley 21.643, alegando infracción de sus garantías constitucionales de los números 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Que, por su parte, arguye la recurrida, en síntesis, que el acto administrativo que funda el cambio de funciones fue ejercido conforme las facultades legales que asisten al empleador y que éstas, en lo concreto, se enmarcan dentro de su profesión y competencia, manteniendo su cargo, su remuneración y condición docente, invocando el marco normativo previsto por la Ley 19.070.

Quinto: Que, de la revisión de los antecedentes expuestos, puede concluirse que, con ocasión de la denuncia de la recurrente, el ordinario 63 de marzo del año en curso contraviene el marco de protección previsto por la norma, toda vez que, y sin entrar en la discusión promovida por la recurrida respecto a la aplicación del artículo 90 A citado, en relación al Estatuto Docente, la reasignación de funciones dispuesta con posterioridad a la interposición de la denuncia, unido a los sucesos previos del empleador, aparece como una represalia y no una medida de protección o amparo respecto a quien detenta la calidad de denunciante en el marco de la “Ley Karin”, lo que permite calificar el proceder de la recurrida como arbitrario, en cuanto atenta contra los derechos propios de la carrera docente de la actora, que se extiende desde 1989, han existido pronunciamientos respecto a su separación del aula, como el del ente contralor, destinándosela al Centro de Recursos del Aprendizaje, decisión que carece de motivación suficiente.

Sexto: Que, conforme lo razonado en los motivos que antecedentes, estima esta Corte que la arbitrariedad referida atenta contra sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y su derecho a la integridad física y psíquica, siendo objeto de un trato diferenciado, de manera injustificada, respecto de otra persona que se encuentra en situación similar a la descrita, por lo que el recurso será acogido, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Paihuano y su Departamento de Educación, se deja sin efecto la decisión adoptada por el Ordinario 63 de marzo de 2025 y se ordena su reubicación como docente de aula en la misma escuela en que se desempeñaba, con las prerrogativas propias del cargo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°419-2025 Protección.-