nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y OTROS

nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y otras Recurso de protección Rol N°418-2026.- La Serena, siete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Que, a folio 1 del expediente digital de esta Corte, el veintiséis de febrero pasado, comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Subsecretaría de Salud Pública, reprochando respecto de la primera, por una parte, la instrucción y mantención de un sumario administrativo iniciado el catorce de octubre de dos mil veinticinco, a propósito de una denuncia formulada el trece de octubre de dos mil veinticinco en el marco de la Ley N°21.643 –Ley Karin– sin que haya concluido ni se hayan adoptado medidas efectivas de resguardo respecto de su integridad psíquica (aclaración folio 3) y, por otra, el inicio y tramitación de un procedimiento de revisión por ausentismo laboral respecto del período comprendido entre el diez de enero de dos mil veinticuatro y el diez de enero de dos mil veintiséis, comunicado mientras se encontraba haciendo uso de su feriado legal, sin individualización clara de los hechos específicos investigados ni de los fundamentos del procedimiento (aclaración folio 3); en cuanto a la segunda y tercera recurrida, el acto reprochado se circunscribe al rechazo posterior o Re-Dictamen de licencias médicas psiquiátricas extendidas, fundado en la supuesta realización de actividades incompatibles con el reposo indicado, pese a que habían sido previamente autorizadas y otorgaban derecho a subsidio por incapacidad laboral, lo que dio lugar a la exigencia de reintegro de remuneraciones (aclaración folio 3), circunstancias que conculcan los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 y N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que estuvo con licencia médica entre los meses de enero a abril de 2025, las que fueron debidamente autorizadas. Sin perjuicio de ello, con posterioridad, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- las rechazó (01de octubre de 2025), e imputando la realización de actividades durante el período de reposo, le notificó la obligación de reintegrar las sumas percibidas, bajo apercibimiento de descuento y eventual comunicación a la Contraloría General de la República; rechazo que fue reclamado ante la misma COMPIN el 17 de octubre de 2025, el que fue rechazado por la misma entidad el 30 de ese mes y año, frente a lo cual el 13 de noviembre de 2025 dedujo la recurrente reposición para ante la SUSESO.

Señala que la Superintendencia de Seguridad Social instruyó autorizar las licencias médicas continuas que habían sido cuestionadas, por no acreditarse la causal invocada por la autoridad (23/12/2025) y la Contraloría Regional de Coquimbo indicó que mientras no existiera resolución definitiva, no correspondía exigir reintegros, lo que demuestra que la amenaza patrimonial formulada carecía de sustento firme.

Argumenta, por otra parte, que realizó una denuncia al amparo de la Ley “Karin” N°21.643, sin que hasta la fecha haya culminado tal proceso y hace presente que se le informó el inicio de otro procedimiento por ausentismo laboral sin individualización de hechos concretos.

Por tales motivos, solicita se ordene el cese de las conductas ilegales y arbitrarias y disponiendo como medidas de resguardo mantener el teletrabajo mientras no exista resolución firme conforme a la Ley N°21.643 “Karin”; suspender todo cobro o descuento vinculado a licencias médicas; asegurar el debido proceso en toda actuación que pueda afectarla; garantizar que el sumario administrativo vigente no genere efectos mientras no exista decisión firme; y, además, disponer todas aquellas otras medidas que esta Corte estime adecuadas, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

A folio 21 del expediente virtual de esta Corte, el dieciocho de abril pasado, emiten informes las recurridas, Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, instando por el rechazo del arbitrio.

Destacan que no hay acto terminal que suspenda a la recurrente, rebaje remuneraciones, la destituya o la traslade, sino que sólo existen investigaciones en curso y revisión de ausentismo, los que constituyen actos preparatorios o de mera sustanciación que la jurisprudencia ha considerado ajenos al ámbito del recurso de protección por no ser decisorios.

Luego, en cuanto al rechazo de las licencias médicas refieren que la COMPIN interpuso un recurso de reposición administrativo ante la Superintendencia de Seguridad Social, el que fue resuelto mediante Resolución R-01-F-41924-2026, el 26 de marzo de 2026, acogiendo y ratificando el rechazo de aquéllas por acreditarse trabajo remunerado o no durante el reposo.

Afirman, en consecuencia, que queda de manifiesto que la premisa de la recurrente –sobre una supuesta falta de sustento de los rechazos no tiene fundamento– y permite afirmar que el problema no es un acto arbitrario de las recurridas, sino más bien constituye una decisión técnica de la autoridad competente ya confirmada en sede administrativa superior.

Señalan que la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo no ha realizado descuentos por licencias rechazadas, toda vez que existe pendiente reclamación realizada por la recurrente ante la Contraloría General de la República, solicitando informe sobre procedencia de reintegros de las licencias médicas que finalmente fueron rechazadas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Ahora bien, en relación con la denuncia al amparo de la Ley N°21.643, arguye que el 13 de octubre de 2025, la recurrente presentó una denuncia por presunto hostigamiento laboral. Mediante Resolución Exenta CP N°20.908/2025, de 14 de octubre de 2025, se instruyó sumario administrativo, designando fiscal a doña Alejandra Rojas Rojas, jefa de salud pública con grado 5° EUS, quien nombró actuaria y decretó como medida de resguardo teletrabajo al 100% desde el 1° de diciembre de 2025, vigente mientras dure la investigación.

Posteriormente, por Resolución Exenta CP N°3.196/2026, de 11 de febrero de 2026, se dejó sin efecto dicha designación de fiscal por razones de continuidad administrativa (ascenso de la fiscal Alejandra Rojas Rojas a Seremi Subrogante durante los meses de febrero y marzo de 2026) y se nombró nueva fiscal a doña nombre reservado (RUT RUT reservado), con nuevo plazo de 20 días hábiles. Reconoce que, actualmente, el sumario se encuentra en etapa de investigación, sin resolución sancionatoria.

Esgrimen, en cuanto al procedimiento por ausentismo, que se encuentra en tramitación, no se ha impuesto sanción ni ejecutado descuento, por lo que el recurso resulta preventivo en exceso, sin acto consumado que atacar.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

A folio 24 del expediente virtual de esta Corte, el 5 de mayo pasado informando la Subsecretaría de Salud Pública, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Señala que las alegaciones formuladas por la recurrente se refieren principalmente a actuaciones desarrolladas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sin individualizar un acto u omisión concreto atribuible a dicha Subsecretaría que haya incidido directamente en la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Refiere que durante el año 2025 la actora hizo uso de diversas licencias médicas que inicialmente fueron autorizadas, pero que posteriormente fueron Re-Dictaminadas y rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez al acreditarse la realización de actividades laborales durante los períodos de reposo, circunstancia constatada mediante actas de reunión, antecedentes de fiscalización, registros, imágenes y videos obtenidos por la autoridad competente.

Agrega que, la propia protegida habría reconocido la realización de dichas actividades en una reunión sostenida el 19 de agosto de 2025. Refiere, asimismo, que, si bien la Superintendencia de Seguridad Social acogió inicialmente la reclamación deducida, posteriormente, resolvió una reposición interpuesta por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y confirmó el rechazo de las licencias médicas por configurarse la causal contemplada en el artículo 55 letra b) del Decreto Supremo N°3 de 1984, relativa a la realización de trabajos remunerados o no durante en el período de reposo.

Añade que la Subsecretaría se limitó a cumplir funciones administrativas de coordinación e información, sin intervenir en la calificación ni resolución de las licencias médicas cuestionadas, materias que corresponden legalmente a otras autoridades.

Respecto del procedimiento seguido conforme a la Ley N°21.643 y del Comité de Ausentismo, sostiene que se trata de actuaciones desarrolladas a nivel regional y actualmente en tramitación, sin intervención decisoria de la Subsecretaría.

Finalmente, afirma que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a dicha autoridad, que no se verifica vulneración de las garantías constitucionales invocadas y que la presente acción resulta improcedente al pretender revisar materias técnicas y administrativas ya resueltas por los órganos competentes.

Luego, no encontrándose en estado de ser vista la presente causa y por estimarse indispensable para un adecuado conocimiento y decisión del presente recurso, se solicitó informe a la Contraloría Regional de Coquimbo, entidad que, evacuándolo, señala que el 24 de octubre de 2025 la recurrente presentó una solicitud ante dicho organismo, al amparo del artículo 67 de la Ley N°10.336, requiriendo la condonación de la deuda que mantenía con su empleador por concepto de remuneraciones percibidas con ocasión de licencias médicas posteriormente rechazadas o, en subsidio, la concesión de facilidades de pago.

Indica que mediante Resolución Exenta N°RE16292, de 2026, no se accedió a la condonación solicitada, otorgándole únicamente facilidades para el pago de la deuda. Agrega que dicha resolución fue posteriormente dejada sin efecto mediante Resolución Exenta N°RE18299, de 2026, al haberse tomado conocimiento de la interposición del presente recurso de protección, circunstancia que hacía aplicable el deber de abstención previsto en el artículo 6 del cuerpo legal mencionado. Asimismo, esgrime que el 14 de noviembre de 2025 la recurrente dedujo una nueva presentación reclamando del rechazo de diversas licencias médicas, requerimiento que fue resuelto mediante oficio N°OF4195, de 2026, en los términos allí consignados.

Por último, acompaña los expedientes administrativos correspondientes y se limita a informar los antecedentes antes descritos para los fines que la Corte estime pertinentes.

Se requirió, además, a la Contraloría Regional ampliación de su informe, lo que fue cumplido, oportunidad en que manifestó que se ha limitado a remitir todos los antecedentes que obran en su poder, relativos a los pronunciamientos derivados de las presentaciones formuladas por la individualizada actora en la plataforma web institucional www.contraloria.cl –a la que se accede con clave única–, sin que, en consecuencia, se esté en condiciones de explicar las razones por las que esta desconocería haberlas deducido, en los términos y con la documentación que ella misma ha aportado en la oportunidad correspondiente.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista, ante la Primera Sala de esta Corte integrada por la Ministra Titular doña Marcela Sandoval Durán que la presidió, e integrada por el Ministro Titular don Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante don Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo, en la audiencia del miércoles ocho de julio pasado, oportunidad en que se anunció para alegar y lo hizo, presencialmente, el abogado don Patricio Tello Pizarro, por la Secretaría de Salud Pública, por 15 minutos, contra el recurso, ordenándose ver la presente causa conjuntamente con la rol 758-2026, esta última en post de la presente, en razón de que en ambos recursos versan sobre las mismas licencias médicas cuya validez y arbitrariedad se impugna en estos antecedentes.

Terminada la audiencia, atendido el mérito de los antecedentes y estimándose necesario para la acertada resolución del asunto sometido a la decisión de esta Corte, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decretó, como medida para mejor resolver, que la Superintendencia de Seguridad Social remitiera a esta Corte todos los antecedentes que obren en su poder respecto del recurso de reposición incoado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025 y que, finalmente, motivó la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-F-41924-2026, de 26 de marzo de 2026, en particular, aquellos instrumentos que acrediten la data en que fue notificada la primera decisión a la autoridad administrativa y la correspondiente a la presentación del arbitrio, debiendo, en todo caso, referirse a cada una de las circunstancias del proceso.

La medida adoptada fue cumplida el 10 de julio pasado, agregándose a folio 60 del expediente virtual de esta Corte.

Conforme al artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales y habiéndose cumplido la medida para mejor resolver, el 28 de julio pasado se reanuda la discusión procediéndose a efectuar la deliberación entre los integrantes de la sala, adoptándose acuerdo que se plasma en la siguiente sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° Que, conforme al libelo que contiene el arbitrio constitucional de protección deducido por doña nombre reservado, este está dirigido en contra de tres instituciones públicas, a saber, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Subsecretaría de Salud Pública, reprochando, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo como acto arbitrario o ilegal la instrucción y mantención de un sumario administrativo iniciado el 14 de octubre de 2025, a propósito de una denuncia formulada el 13 de octubre de 2025 en el marco de la Ley N°21.643 –Ley Karin– sin que haya concluido ni se hayan adoptado medidas efectivas de resguardo respecto de su integridad psíquica y, por otra, el inicio y tramitación de un procedimiento de revisión por ausentismo laboral respecto del período comprendido entre el 10 de enero de 2024 y el 10 de enero de 2026, comunicado mientras se encontraba haciendo uso de su feriado legal, sin individualización clara de los hechos específicos investigados ni de los fundamentos del procedimiento; y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e nombre reservado y de la Subsecretaría de Salud Pública reprochando, como acto arbitrario o ilegal, el rechazo posterior o Re-Dictamen de licencias médicas psiquiátricas extendidas, fundado en la supuesta realización de actividades incompatibles con el reposo indicado, pese a que habían sido previamente autorizadas y otorgaban derecho a subsidio por incapacidad laboral, lo que dio lugar a la exigencia de reintegro de remuneraciones. De lo anterior se desprende que tres son los actos arbitrarios e ilegales, a los cuales nos referiremos por separado.

4° Que, primeramente, en cuanto a la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, la recurrente, como se dijo, le reprocha dos actos, siendo el primero la instrucción de un sumario administrativo iniciado el 14 de octubre de 2025, a propósito de una denuncia formulada el 13 de octubre de 2025 en el marco de la Ley N°21.643 –Ley Karin– sin que haya concluido ni se hayan adoptado medidas efectivas de resguardo respecto de su integridad psíquica.

Sobre este antecedente no existe controversia ni discusión que la recurrente ingresó denuncia al amparo de la denominada “Ley Karin” ante el Seremi de Salud Región de Coquimbo, el 13 de octubre de 2025, según da cuenta el documento agregado con el N°4, de folio 1 del expediente virtual de esta Corte, por hostigamiento laboral reiterado, vulneración de derechos y prácticas que afectan gravemente su bienestar físico, emocional y profesional, todo originado en el contexto de su relación laboral que desempeña en la COMPIN.

La recurrida en su informe da cuenta que se dio inicio al sumario respectivo mediante Resolución Exenta CP N°20.908/2025, de 14 de octubre de 2025, designándose fiscal el cual, posteriormente, fue sustituido por otro y actuaria decretándose teletrabajo desde el 1° de diciembre de 2025, vigente mientras dure la investigación, otorgándole al nuevo y último fiscal un nuevo plazo de 20 días hábiles a contar del mes de febrero de 2026. Reconoce que, actualmente, el sumario se encuentra en etapa de investigación, sin adoptar resolución de ningún tipo.

Lo reprochado como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es, precisamente, la omisión por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, de la “resolución” de la denuncia por Ley Karin que fue presentada por el recurrente el 13 de octubre de 2025, cuya omisión le vulnera sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En relación con la denuncia efectuada al alero de la Ley Karin por hostigamiento laboral, debe tenerse presente que el artículo 211-B bis del compendio laboral señala que: “En caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo. Si la denuncia es realizada verbalmente, la persona que la reciba deberá levantar un acta, la que será firmada por la persona denunciante. Una copia de ella deberá entregarse a la persona denunciante.

Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Entre otras, las medidas a adoptar considerarán la separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de la jornada y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que dispone el organismo administrador respectivo de la ley N°16.744.

Si la denuncia es realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta solicitará al empleador la adopción de una o más medidas de resguardo de las señaladas en el inciso anterior, en el plazo máximo de dos días hábiles, las que se deberán adoptar de manera inmediata, una vez que se notifiquen de conformidad con el artículo 508”.

Por su parte el artículo 211-C del código de la materia dispone que: “Si la denuncia es presentada en la empresa, establecimiento o servicio, el empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o, en el plazo de tres días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días”.

Si se opta por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Una vez finalizada será remitida junto a las conclusiones a la Inspección del Trabajo respectiva, la cual tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre ésta. En caso de cumplirse el plazo referido y de no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de adoptar medidas respecto de las personas afectadas.

Así las cosas y en lo que dice relación con el acto reprochado, relacionado con el sumario por Ley Karin, conforme a lo expuesto, a juicio de estos sentenciadores, se puede colegir prístinamente que, por una parte, se ha constatado, efectivamente, una omisión en la resolución de la denuncia por Ley Karin formulada por la recurrente, y por otra, que dicha omisión ha sido arbitraria e ilegal al ser contraria a la normativa especial que rigen la materia, desde que no ha dado cumplimiento a las obligaciones que le son exigibles en conformidad con el artículo 211-A del Código del Trabajo, desde que si bien se dio cursó a dicha denuncia, optando la recurrida por la alternativa de asumir ella misma la investigación, no se actuó con la debida celeridad, en su tramitación, que exige y le impone el legislador, en consideración a la gravedad de los hechos denunciados, permaneciendo el sumario en tramitación durante varios meses hasta el día de hoy sin que se le indicara a la denunciante el estado de éste, ni menos que dentro del mismo se le haya permitido hacer efectivo el derecho a ser oída, y lo que es más grave aún, sin que exista una resolución que haya puesto término al mismo a la fecha de esta sentencia, habiendo transcurrido más de nueve meses, excediendo con creces el plazo de treinta días que el propio artículo 211-A del compendio de la especialidad ha previsto para este tipo de sumario, echando de menos la existencia de cualquier dato o antecedente probatorio que permita, al menos, justificar el retraso excesivo en la conclusión de aquel, contraviniendo de forma clara y evidente, el principio de celeridad, al cual se haya obligada la recurrida, lo que se desprende, por lo demás, del propio informe de la recurrida que así lo reconoce expresamente, todo lo cual ha implicado para la recurrente mantenerse en una incertidumbre prolongada lo que evidentemente le ha generado un estrés, ansiedad y alteración en su diario vivir, lesionando de esta manera su integridad psíquica, lo que hace necesario que esta Corte, en este extremo, acoja dicho arbitrio, por la vulneración al artículo 19 N°1 de la carta fundamental, ordenando, en consecuencia, adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se dirá en la parte resolutiva de este fallo, descartándose como derecho lesionado la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, desde que no existe antecedente alguno que se haya allegado a estos antecedentes que permita concluir el trato diferenciado dado a la recurrente por la recurrida respecto de otros administrados.

5° Que, en cuanto al segundo acto reprochado a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, que dice relación con el inicio y tramitación de un procedimiento de revisión por ausentismo laboral respecto del período comprendido entre el 10 de enero de 2024 y el 10 de enero de 2026, comunicado mientras se encontraba haciendo uso de su feriado legal, sin individualización clara de los hechos específicos investigados ni de los fundamentos del procedimiento, la recurrida sostiene en su informe que este fue motivado, precisamente, por ausentismo reiterado y prolongado de la recurrente “(393 días de Licencias Médicas entre 01/01/2024 y el 28/02/2026, según informe RRHH) superando el umbral crítico (180 días/2 años), emitiéndose un informe el Comité de Ausentismo (19/01/2026), notificando para observaciones (plazo voluntario al 06/02/2026), como rutina preventiva para todos los casos similares, sin individualización de faltas ni sanción”.

Reconoce que el sumario por el ausentismo se encuentra en tramitación; no se ha impuesto sanción ni ejecutado descuento, por lo que el recurso resulta preventivo en exceso, sin acto consumado que atacar.

Como se puede apreciar, el procedimiento iniciado por ausentismo reiterado corresponde al ejercicio de una facultad o prerrogativa que le asiste a la recurrida, por lo tanto se encuentra dentro de sus facultades, cuyo estado se encuentra en etapa de tramitación sin que, por lo tanto, se haya adoptado una resolución ni emitido un pronunciamiento final, de manera que no existe acto terminal que pueda ser objeto del presente arbitrio, sino sólo actos trámites inmersos dentro del procedimiento de investigación, los cuales mal pueden ser constitutivos de un acto u omisión que puedan ser tildados de arbitrarios o ilegales que amerite que esta Corte adopte alguna medida para proteger derechos o garantías que no han sido conculcadas por la administración, desde que hay ausencia, por ahora, de un acto u omisión terminal ilegal y arbitrario. A mayor abundamiento, en el procedimiento iniciado por ausentismo reiterado no se vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad, se encuentra dentro de las facultades conferidas por el estatuto administrativo, no existiendo, por lo demás, una petición o solicitud específica efectuada por parte de la recurrente, como tampoco se vislumbra que la persona sumariada, en este caso la recurrente, está siendo sometido a una investigación por una comisión especial, descartando toda vulneración a la garantía de un debido, racional y justo procedimiento.

En virtud de todo lo que se ha venido razonando, constituyen antecedentes suficientes para estimar que, en este extremo, dicho arbitrio no puede prosperar rechazándose la acción constitucional deducida, como se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

6° Que, finalmente, el tercer acto reprochado por el recurrente apunta, tanto a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) como a la Subsecretaría de Salud Pública y dice relación con atribuirle, a ambas instituciones, el rechazo posterior o Re-Dictamen de licencias médicas psiquiátricas continuas Nos. 112709144- 3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 116442083- K, fundado en la supuesta realización de actividades incompatibles con el reposo indicado, pese a que habían sido previamente autorizadas y otorgaban derecho a subsidio por incapacidad laboral, lo que dio lugar a la exigencia de reintegro de remuneraciones, lo que posteriormente fue confirmado mediante RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026.

Para una acertada resolución a este reproche se hace necesario construir el historial de las licencias que en definitiva dieron origen al rechazo posterior o Re-Dictamen de estas y ordenó la devolución de los subsidios incorrectamente pagados.

En este sentido no hay controversia entre las partes que las licencias médicas que dan motivo a este arbitrio son las siguientes:

Código Número Rango de fechas Duración IMED-1 112709144-3 04/01/2025 a 04/01/2025 1 día MEDI-2 RUT reservado 05/01/2025 a 03/02/2025 30 días MEDI-2 RUT reservado 04/02/2025 a 05/03/2025 30 días MEDI-2 RUT reservado 06/03/2025 a 04/04/2025 30 días IMED-3 116442083-K 05/04/2025 a 24/04/2025 20 días Tampoco hay controversia que las licencias precedentemente individualizadas fueron aprobadas y ordenado el pago del subsidio correspondiente a la recurrente.

Posteriormente el 01 de octubre de 2025 COMPIN emite Resolución RE-DICTAMEN respecto de cada una de las licencias médicas referidas en las cuales declaraba su rechazo por infracción al artículo 55 letra b) del Decreto Supremo n°3, resoluciones que fueron notificadas a la recurrente el 16 de octubre de 2025. Que el sustento básico en que se apoya la decisión de rechazo fue un acta levantada ante su empleador en la cual la recurrente reconocía haber efectuado trabajos no remunerados durante el período de la licencia médica y unas fotos de redes sociales.

El 17 de octubre de 2025 la recurrente presenta una reposición ante la COMPIN respecto de cada una de las licencias médicas rechazadas en que se ordenaba su reintegro.

Dicha reposición fue rechazada respecto de cada una de las licencias médicas por la COMPIN el 30 de octubre de 2025, frente a lo cual la recurrente, el 13 de noviembre de 2025, deduce reclamación ante la SUSESO con el objeto de revertir la decisión de reintegro, solicitud que es resuelta mediante Resolución Exenta R-01-UJU-178736-2025, de 23 de diciembre de 2025, en la cual se acoge la reclamación y se deja sin efecto la resolución de la COMPIN que ordenaba el reintegro de las licencias.

Finalmente, la COMPIN habiendo sido notificada de dicha resolución el mismo 23 de diciembre de 2025 decide deducir el 31 del mismo mes y año recurso de reposición en contra de la decisión de la SUSESO, petición que es resuelta el 26 de marzo de 2026 a través de Resolución Exenta R-01-F-41924-2026, mediante la cual confirma el rechazo de las licencias médicas, resolución ésta última notificada a la recurrente el 09 de abril del mismo año.

Con los antecedentes expuestos claramente fluye que el acto reprochado por la recurrente como ilegal y arbitrario el RE-Dictamen de 01 de octubre de 2025 emanado de la COMPIN respecto de cada una de las licencias médicas que se individualizaron precedentemente que declararon su rechazo por infracción al artículo 55 letra b) del Decreto Supremo n°3, las que le fueron notificadas a la recurrente el 16 de octubre de 2025.

Consta del libelo que contiene el arbitrio constitucional que dicho arbitro no fue dirigido en contra la SUSESO ni en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-41924- 2026, de 26 de marzo de 2026, resolución que constituye el acto terminal del proceso administrativo de reclamación de licencia médica en este caso.

Lo anterior fluye del escrito aclaratorio de folio 3:

“Acto reclamado El rechazo posterior o Re-dictamen de licencias médicas psiquiátricas extendidas a la recurrente, fundado en la supuesta realización de actividades incompatibles con el reposo indicado, pese a que dichas licencias habían sido previamente autorizadas y otorgaban derecho a subsidio por incapacidad laboral, lo que dio lugar a la exigencia de reintegro de remuneraciones”.

De lo anterior se desprende que este arbitrio constitucional no puede prosperar en este extremo toda vez que lo atacado no es un acto terminal dentro del proceso administrativo de reclamo de licencias médicas, esto es, la protegida ha recurrido sin agotar todos los trámites dentro del procedimiento administrativo y ha optado por reclamar de un acto trámite lo cual hace desde ya improcedente la vía del recurso de protección como una herramienta rápida para restablecer el imperio del derecho.

Lo que es reconocido por la propia protegida al señalar expresamente: “Lo anterior demuestra que el procedimiento administrativo referido no se encuentra aún concluido, no existiendo hasta la fecha dictamen firme ni notificado, circunstancia que evidencia que la situación administrativa que afecta a esta recurrente permanece actualmente en desarrollo y produce efectos permanentes”.

Así las cosas, no cabe otra cosa que rechazar el recurso en esta parte como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se DECIDE:

I.- Que se ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) en cuanto ambas recurridas deberán arbitrar todas las medidas necesarias para dar término al sumario administrativo iniciado por denuncia por Ley N°21.643 “Karin”, en un plazo máximo de 20 días hábiles, desde que este fallo quede ejecutoriado, debiendo adoptar, además, todas las medidas efectivas de resguardo respecto a la integridad psíquica de la recurrente II.- Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) relacionado con el inicio y tramitación del sumario administrativo por ausentismo laboral reiterado del período entre el 10 de enero de 2024 y el 10 de enero de 2026.

III.- Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e nombre reservado y Subsecretaría de Salud Pública por emitir RE-Dictamen de las licencias médicas continuas folios Nos. 112709144- 3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 116442083- K.

IV.- Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública V.- Cada parte pagará las costas de esta instancia.

Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada en el presente arbitrio desde que la presente resolución quede firme.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°418-2026 Protección.