nombre reservado CONTRA DEL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Secretario Regional Ministerial Recurso de Protección Rol N° 418-2014 La Serena, dieciocho de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 11, comparece don nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo nombre reservado, en carácter preventivo, en contra del señor Secretario Regional Ministerial de Educación nombre reservado, don nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que con fecha 5 de mayo de 2014, recibió una carta suscrita por el recurrido, en la cual se le informa que en el marco del artículo 10 del Estatuto Administrativo, se dará inicio al proceso de término de su nombramiento a contrata "atendida a la necesidad de reorganizar los equipos de trabajo de esta Secretaría Ministerial, reorganización en que sus servicios ya no serán necesarios", sin ningún otro tipo de fundamento. Agrega que fue nombrado a contrata para servir en la institución recurrida, a contar del 15 de febrero de 2013 según Resolución N°10, de 5 de marzo del mismo año. Luego de continuas prórrogas, por resolución N° 229 de 13 de diciembre de 2013, se prorrogó su nombramiento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 y/o mientras sus servicios sean necesarios, siempre que no exceda de esta última fecha.

Atendido a que aún el acto administrativo de exoneración no le ha sido notificado y, en consecuencia, no puede ser aún objeto de crítica directa, interpone este recurso frente a la "amenaza" de que se lesionen sus derechos fundamentales (art. 19 N° 24 en relación al art. 20 CPE), pues se anuncia una separación antelada, arbitraria e ilegal.

En este sentido, agrega que la legislación no dota a la autoridad de una facultad discrecional, cuyo ejercicio lo autoriza para poner término a una contrata porque "los servicios ya no son necesarios", pues la referencia que el nombramiento hace a que éste rige mientras sus servicios sean necesarios se encuentra en pugna con el principio de estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 89 del Estatuto Administrativo, de modo que se trata de una frase ilícita y sin valor legal alguno, prevaleciendo el plazo cierto establecido en el nombramiento, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2014. Además, aun cuando se piense que la autoridad cuenta con esa facultad discrecional, su ejercicio no la releva de la necesidad de que sus decisiones deban ser suficiente y racionalmente motivadas.

De este modo, la terminación de su nombramiento, en caso de concretarse, sería ilegal y arbitraria, conculcando el derecho de propiedad de que es titular. En efecto, el inciso 1° del artículo 89 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, consagra el principio de la estabilidad en el empleo de los funcionarios de la Administración, incluyendo a los "de contrata", cuando previene: "Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto". En la práctica, este principio se ha hecho consistir en la imposibilidad jurídica de que el funcionario sea alejado del cargo sino en virtud de alguna de las causas legales de expiración de funciones que contempla el mismo estatuto. Los funcionarios no pueden ser separados de esas funciones sin que una causa legal lo permita, por lo que la autoridad administrativa no puede, legítimamente impedirles el desempeño de las mismas en forma arbitraria.

Así, a su juicio, los funcionarios a contrata también gozan del derecho a la estabilidad en el empleo, pero ello con las limitaciones propias que emanan del carácter transitorio de sus designaciones, de modo que la seguridad en sus cargos que les garantiza la ley se relaciona con la circunstancia de que su expiración de funciones no está entregada a la discrecionalidad de la autoridad, sino que procede por alguna de las causales legales que ella consulta. En este caso, el límite temporal de su empleo, que está dado por la fecha cierta prevista para el término de su nombramiento, es decir, el 31 de diciembre de 2014.

Continuando con su fundamentación, refiere que el artículo 3° de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, expresa que "Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución". Por su parte, el artículo 10 del mismo cuerpo legal formula "Los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos".

De acuerdo a lo señalado - agrega - el empleo a contrata es siempre temporal, pero ello no quiere decir que pueda ponerse término al nombramiento en cualquier momento. El nombramiento debe ser siempre a plazo fijo, que no puede exceder al 31 de diciembre de cada año, salvo que se prorrogue formalmente. Se puede afirmar entonces que es de la esencia del nombramiento a contrata que éste sea a plazo fijo.

Además, como el recurrido sólo se esgrime la formula "los servicios no son necesarios", sin proporcionarse ningún antecedente que permita desentrañar por qué los servicios prestados por el recurrente ya no son necesarios, esto es, las razones que se tuvieron en consideración para obrar de la manera de que da cuenta estos antecedentes, se debe concluir que, como el acto anunciado aparece desmotivado, el ejercicio de la facultad discrecional se torna arbitraria, lo que se relaciona con la necesidad de que los actos administrativos deban ser fundados, precisamente para explorar en ellos si contienen visos de discrecionalidad abusiva.

A este respecto, sugiere aplicar por analogía las normas sobre despido por "necesidades de la empresa", según los términos del inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, en relación al artículo 162 del mismo cuerpo legal, que ordena que en la carta de despido se justifiquen la decisión con expresión de los hechos en que se funda el empleador para invocar la causal. Es así como la sentencia de unificación de jurisprudencia de 30 de abril de 2014, dictada por la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 10.972-2013, caratulados "nombre reservado/ nombre reservado" en procedimiento de tutela laboral relativo a funcionarios a contrata, hace extensivo al Estado y sus funcionarios, el concepto de "empleador" y de "trabajador" a efectos de la tutela judicial efectiva en caso de vulneración de derechos fundamentales. En ese contexto, y en resguardo del principio de igualdad ante la ley, a la Administración también le es exigible que la necesidad del Servicio que aduce, sea precisada con detalle, y que tenga el mérito suficiente para justificar prescindir de un funcionario determinado.

Así las cosas, asevera que n la medida que le impida continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014 y a percibir la remuneración acorde a su labor hasta la referida fecha, de manera inconsulta y sin amparo jurídico, se encuentra amenazada la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, en este caso sobre la legítima remuneración que le corresponde percibir hasta fin de este año y sobre la propiedad respecto del derecho a permanecer en su empleo conforme a los términos de su contrata, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2014, derecho incorporal sobre los que el constituyente también extiende la garantía constitucional referida.

Por todo lo expuesto, solicita se tenga por interpuesto nombre reservado preventivo (sic) en contra del Secretario Regional Ministerial de Educación nombre reservado, don nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación nombre reservado, ya individualizados, y en definitiva declarar ilegal y arbitraria la amenaza de exoneración que le afecta y disponer que se abstenga la recurrida de poner término a su nombramiento, sino hasta el 31 de diciembre de 2014, con costas.

Acompaña en parte de prueba en parte de prueba y con citación, copia de la carta de aviso de término de nombramiento de 5 de mayo de 2014, remitida por el recurrido, y copia de la Resolución Nº 0010, de 05.03.2013 y de la Resolución Nº 0229, de 13.12.2013, dictadas por la institución recurrida.

A fojas 29, comparece don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación, informando el nombre reservado deducido en su contra y solicitando su rechazo.

Señala que el acto cuya presunta ilegalidad y arbitrariedad reprocha la recurrente es la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, de poner término al nombramiento a contrata del recurrente, suscrita por el año 2014 y/o mientras sus servicios fueran necesarios, según consta de la resolución de Prórroga de Contrato N° 229 de 13 de Diciembre de 2013. Empero, refiere que la cláusula anterior está en perfecta armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, el DFL N° 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleados a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Agrega que, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada.

Así, tal como lo ha considerado la jurisprudencia judicial y administrativa en forma reiterada, es posible considerar entonces que la expresión "mientras los servicios sean necesarios" ha sido empleada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

Hace presente que Contraloría General de la República ha señalado expresamente en sus dictámenes que dichos nombramientos pueden terminar por decisión discrecional de la autoridad competente, cuando la contrata se ha extendido bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios" (Dictámenes N° 8217 y 28365 de 1995, 2086 de 2010, entre otros).

Puntualiza que de todo lo anterior, se concluye que la autoridad administrativa se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

Que sin perjuicio de lo anterior, hace presente que según consta de la carta de aviso enviada al recurrente con fecha 5 de Mayo de 2014, la citada decisión fue fundada en la necesidad de reorganizar los equipos de trabajo de la Secretaría Ministerial, reorganización en la que los servicios del recurrente ya no serán necesarios.

A fojas 32, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por la Corte de Apelaciones respectiva, de las providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, y así se ha resuelto reiteradamente por los Tribunales Superiores llamados a conocer del recurso - y recientemente por esta Corte en autos rol N°302-2014 - es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la recurrente es la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Educación nombre reservado, de poner término a su contrata, modalidad bajo la cual se desempeña como funcionario de dicho, esgrimiendo como único fundamento el no ser ya necesarios sus servicios.

CUARTO: Que de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo concerniente a la duración de la designación a contrata del reclamante, se incorporó la frase "…o mientras sean necesarios sus servicios…".

QUINTO: Que la cláusula anterior está en armonía con el carácter especialmente temporal del que participan los empleos a contrata o a honorarios, a virtud d lo dispuesto en la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada.

SEXTO: Que, en razón de lo expuesto, pertinente resulta considerar entonces que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

SÉPTIMO: Que de lo que se viene de consignar se colige que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para hacer cesar los servicios a contrata de la recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

OCTAVO: Que, en esas condiciones, no era menester una mayor fundamentación para la cesación reseñada, como la que reclama el recurrente, de tal guisa que esta Corte estima inexistente el comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso conduce necesariamente a su desestimación.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales se resuelve:

Que se RECHAZA el nombre reservado deducido a fojas 11 de estos autos, por don nombre reservado,en contra del Secretario Regional Ministerial de Educación nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, nombre reservado, nombre reservado, sin costas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción de Abogado Integrante don Reinaldo Villalobos Pellegrini.

Rol N° 418-2014 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Reinaldo Villalobos Pelligrini.

nombre reservado

Secretaria (s)

La Serena, dieciocho de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.