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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 415-202610 abr 2026

nombre reservado CONTRA nombre reservado

Fecha
10 de abril de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 415-2026, sentencia de 10 de abril de 2026

Resumen

Se acoge el recurso y se dejan sin efecto las amonestaciones cursadas al paciente, por haberse adoptado sin permitirle defenderse, vulnerando la garantía de un procedimiento racional y justo.

Texto íntegro

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado y otra nombre reservado

Rol N°415-2026 La Serena, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiséis de febrero de dos mil veintiséis comparece don nombre reservado, por sí, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado. Alta, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, interponiendo nombre reservado en contra de don nombre reservado, nefrólogo y de doña nombre reservado., enfermera.

Expone que encontró una carta en su antejardín, la que señala haber sido dejada de manera informal en su domicilio, por lo cual acudió a la Secretaría Ministerial de Salud donde le informaron que la carta era un tipo de advertencia de que si seguía exigiendo sus derechos podría ser cambiado a otro centro de diálisis.

Indica que, considerar que es correcto exigir mejoras del servicio del centro de diálisis, el cual está siendo visitado y fiscalizado por varias irregularidades, las cuales desconoce, pero refiere que hay varios compañeros de diálisis con infecciones por hongos, lo cual está en análisis.

Solicita a la Corte ordenar a los recurridos que sigan con sus sesiones de diálisis en el centro en donde las realiza, pues está enfermo, y no puede movilizarse.

Acompaña a su recurso, la carta recibida en su domicilio, y el reclamo realizado ante el Ministerio de Salud.

SEGUNDO: Que, a folio 4 del expediente digital, comparece la abogada Magdalena Strahovsky Villanueva, en representación de doña nombre reservado y nombre reservado Chile S.A. evacuando el informe ordenado.

En primer término, alega la ineptitud absoluta y manifiesta de la acción de protección, pues carece de un relato del que deriven privaciones, perturbaciones o amenazas a derechos; tampoco se menciona un solo derecho eventualmente privado, perturbado o amenazado, por lo que no cumple los requisitos mínimos de admisibilidad, por tanto, solicita se declare inepta y sea rechazada.

Expone que, la carta recibida por el recurrente fue remitida por nombre reservado Chile S.A. en su calidad de clínica prestadora de diálisis del recurrente según su patología GES, agrega que nombre reservado es una sociedad anónima cerrada cuyo giro principal es la prestación de servicios médicos en cuidado renal, a través de una red de clínicas de diálisis, para lo cual debe cumplir una serie de normativas, procedimientos médicos y protocolos estrictos para desarrollar su función en la que casi 30.000 familias confían las vidas de sus seres amados; en ese sentido, el deber de diligencia debida en la ejecución de las tareas y obligaciones que se le encomiendan al personal médico en particular, así como los deberes para con los pacientes en virtud de la Ley N°20.584 y el Decreto Supremo N°45 del año 2004, del Ministerio de Salud, que exige una calificación especial a los profesionales y cuyo deber de diligencia es superior que el baremo que se exigiría en una industria cuya conexión con la mantención de la vida de las personas no fuera tan diáfana como en el caso de nombre reservado.

Sobre el recurrente, señala que es un paciente FONASA cuyo hospital base es el Hospital de La Serena San Juan de Dios, y en virtud de la Ley N°19.966, conocida como ley GES, que singulariza a la insuficiencia renal crónica niveles IV y V como una patología de atención garantizada por el Estado, el recurrente fue derivado por la institución de salud previsional FONASA a la clínica de diálisis de Las Compañías, explotada por la sociedad nombre reservado Chile S.A., en la que los recurridos trabajan como gerente de operaciones en la IV Región de Coquimbo y director técnico de la clínica conforme al artículo 7 del D.S. N°45​ de 2007 del Ministerio de Salud. En virtud de dicha patología, el recurrente recibe terapias de soporte renal en modalidad de hemodiálisis trisemanal, con indicación lunes, miércoles y viernes en primer turno, de 07:00 a 11:00 desde el 19 de enero de 2013, y hasta la fecha. Señala que, el 9 de marzo de 2026 el recurrente recibió su terapia con normalidad.

Indica que el historial del paciente no ha estado exento de problemas, especialmente disciplinarios, pues el 13 de enero de 2026 fue formalmente amonestado por primera vez, conforme a sus incumplimientos frente a la Ley N°20.584 de derechos y deberes del paciente, en interpretación sistemática con el oficio ordinario de FONASA N°27.067 de 23 de septiembre de 2020.

Refiere que el centro de diálisis posee la facultad de pedir el cambio de centro para el paciente, y que dicha facultad, tiene como limitación que ello no ponga en riesgo la vida o salud del paciente, caso en el cual debe, sin atentar contra su vida o salud, realizar las prestaciones correspondientes hasta la completa derivación de un paciente, lo que es de competencia y resolución exclusiva del Hospital de Origen, y donde no tiene injerencia el centro de diálisis.

Añade que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N°20.584, se emitieron amonestaciones previas a la tramitación de alta disciplinaria, como una medida voluntaria de nombre reservado CHILE S.A de contención de este tipo de casos, orientados a no colapsar la red pública y mantener la continuidad de los tratamientos para no poner en riesgo la salud de los pacientes, incluso en casos que ponen en riesgo a los propios trabajadores, en relación con la implementación de la Ley N°21.643 que tipifica la violencia en el trabajo como una hipótesis de acoso laboral.

Refiere que el recurrente ya había sido sancionado con amonestación el 13 de enero de 2026, la cual es la carta que adjunta a su recurso, y en la que se le indica que capturó imágenes y videos sin consentimiento de los involucrados, entre ellos personal de la clínica y otros pacientes. Luego el 10 de febrero de 2026 los recurridos en sus calidades y cargos en nombre reservado CHILE S.A tramitaron una nueva amonestación al paciente, esta vez, mediante carta certificada enviada a su domicilio, y en la cual se señala lo siguiente: “Es del caso, que el día 05 de febrero de 2026 fue denunciado por la enfermera clínica que realizó su tratamiento de diálisis con fecha 04 de febrero de 2026, instancia en la cual usted agredió verbalmente a la profesional realizándole exigencias que no le corresponden relativas a los niveles y programación de su terapia dialítica., grabándola sin su consentimiento mientras la increpa de manera inaceptable, al mismo tiempo, manifestó a través de gritos e improperios diferentes desacuerdos con la gestión de la clínica, generando un clima de tensión y violencia del que resultó afectada la denunciante y los demás profesionales insultados.”

Arguye que, de la simple lectura de ambas cartas de amonestación, estas constituyen una sanción por el trato irrespetuoso del paciente, quien se dirige mediante gritos e insultos y además graba a otras personas en video sin su consentimiento de manera reiterada, lo que incluso es eventualmente constitutivo de delito, niega que las cartas correspondan a represalias por el ejercicio de acciones legitimas del paciente puesto que, a la fecha, desconocían que hubiese efectuado un reclamo en instancias formales.

Señala que, el conducto regular para que un paciente exprese su molestia contra el prestador nombre reservado es mediante reclamo interno, reclamo ante la Superintendencia de Salud, solicitud de mediación ante la Superintendencia de Salud y solo en caso de fracasar esta, una demanda, lo cual no ha hecho el recurrente.

Afirma que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en la literalidad de la carta de amonestación, y que, solicitar el rescate del paciente por motivos disciplinarios es un derecho del prestador de salud licitado y es el hospital base, decidirá si deriva a otra clínica o inicia los tratamientos en la red pública en caso de que el paciente persista en sus conductas de indisciplina, que nacen de la reiteración de sus capturas de videos de pacientes y personal de la salud sin consentimiento de ellos.

Concluye que, la comunicación es totalmente válida, no constituye una conducta arbitraria y no generará un cambio de clínica del paciente en la medida que este adhiera a los protocolos disciplinarios y se abstenga de grabar al personal de la clínica.

Solicita el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que a folio 7, previo apercibimiento se prescinde del informe del recurrido nombre reservado, por no haber suscrito con firma electrónica simple o avanzada el informe a folio 4, y se decreta Autos en Relación.

CUARTO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el presente recurso se dirige en contra de dos funcionarios del centro de Diálisis al cual concurre el actor de autos, y que es administrado por Devita S.A., alegando que lo amenazan con cambiarlo de Centro, lo cual alega ser arbitrario e ilegal, pues él está enfermo y no puede movilizarse.

A su turno, se informa que el paciente y recurrente de autos, ha sido amonestado mediante carta dos veces, en enero y febrero, atendidas las conductas como grabar el centro, sin autorización de funcionarios y pacientes, así como tratar de mala forma a una funcionaria mientras la grababa.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de ineptitud del recurso, debe tenerse en consideración que el nombre reservado puede ser interpuesto por cualquier persona, y que, no requiere patrocinio de un letrado, lo cual nace de la naturaleza cautelar de la presente acción, pues protege garantías constitucionales, facultando a la Corte actuar de forma oficiosa. Además, de la simple lectura del recurso, se indica cual es la acción reprochada, y aunque no se invoca garantía vulnerada, la Corte previo informe de la parte recurrida, está facultada para determinar si en los hechos se ha vulnerado algunas de las garantías constitucionales protegidos por el nombre reservado del artículo 20 de nuestra Carta Magna. A lo anterior se suma, que la admisibilidad de la presente acción fue revisada por la Sala Tramitadora a folio 2 del expediente digital, por lo que, no cabe más que rechazar la alegación de ineptitud del recurso.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del asunto, se constata de la lectura de la carta del 13 de enero pasado enviada al recurrente, que los recurridos han aplicado amonestaciones al recurrente, bajo apercibimiento de cambiarlo de centro de diálisis, por lo que ellos señalan ser comportamientos inadecuados e inaceptables, sin haber consultado al paciente la efectividad de las acciones que se le imputan, ni le fue otorgada la oportunidad de defenderse, lo cual vulnera su derecho de defensa.

Que, nuestra Carta Fundamental establece una serie de disposiciones que, en su conjunto, configuran el principio-garantía del derecho a defensa jurídica, concebido como una igualdad y conectada, de ese modo, a las garantías de igualdad ante la ley y de debido justo y racional procedimiento, y lo hace en términos amplísimos, tanto sobre las materias en que se aplica como en lo que en él se comprende.

NOVENO: Que, de lo razonado precedentemente se concluye que el actuar de las recurridas constituye un vicio que irremediablemente incide en la falta de procedimiento válido, pues al afectado no se le ha permitido defenderse en relación a las conductas reprochadas, determinando los recurridos amonestarlo en dos ocasiones, sin que hayan solicitado al paciente explicaciones o razones de su supuesto actuar, poniéndole en una situación de gravedad por ser un paciente que recibe su tratamiento de diálisis mediante Ges, pues pertenece al sistema público de salud.

Que lo anterior, implica que los recurridos se han erigido como una comisión especial, actuando al margen de la legalidad y vulnerando la garantía constitucional en su aspecto que se estatuye en el inciso 5 del número 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto no le permite al paciente defenderse de las conductas que se le imputan, amonestándolo en dos oportunidades bajo apercibimiento de ser cambiado de centro de diálisis, constituyéndose en una suerte de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una persona determinada, sin dar garantías de imparcialidad o de juez independiente, lo que resulta aplicable al acto recurrido en que no se dio garantías de un procedimiento racional y justo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de ineptitud del recurso.

II.- Que, SE ACOGE, el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado en contra de los recurridos, y se dejan sin efecto las amonestaciones realizadas por nombre reservado.A mediante cartas certificadas de 13 de enero y 10 de febrero, ambas del 2026.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°415-2026 Protección