nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

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Recurso de Protección Rol Nº415-2025.- La Serena, dos de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, de 71 años, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Indica que es administradora y representante legal de la "Sociedad Constructora e Inmobiliaria El Almendral Limitada", cargo que asumió tras el fallecimiento de su marido para mantener el patrimonio familiar. Entre los bienes que administra se encuentra un edificio ubicado en domicilio reservado, ex apart hotel cuyos departamentos son arrendados por ella.

Señala que, en septiembre de 2023, don nombre reservado arrendó el departamento N°20 del segundo piso, ingresando con su pareja nombre reservado. Posteriormente, en septiembre de 2024, tras una fuerte discusión con la señora nombre reservado, el señor nombre reservado abandonó el departamento, dejando a su ex pareja en el inmueble y cesando el pago de las rentas.

Indica que comenzó a realizar cobros, inicialmente dirigidos al señor nombre reservado, quien manifestó tener una orden de alejamiento respecto de la señora nombre reservado y solicitó que los cobros se dirigieran a ella. En un principio, las conversaciones con la recurrida fueron cordiales, indicando que pagaría e incluso sugiriendo que se solicitara su desalojo judicial.

El problema se agravó a mediados de febrero de 2025, cuando una filtración de agua proveniente del tercer piso hizo necesario ingresar al departamento 20, pero la recurrida se negaba a abrir la puerta. Ante esta situación, la recurrente colocó un letrero en la puerta recordándole su deuda y calificando su conducta como propia de un "ocupa".

A partir del 24 de febrero de 2025 aproximadamente, comenzó un cambio en la actitud de la recurrida, quien gritaba a la recurrente cada vez que llegaba al edificio. La acusaba de ser "vulgar y grosera", afirmaba ser abogada en su país de origen (Venezuela), la trataba de xenófoba, decía que era víctima de "acoso y hostigamiento", e incluso llamó a carabineros para que alejaran a la recurrente de su propiedad.

Desde entonces, cuando la recurrente acude al edificio (su lugar de trabajo), la recurrida le grita, pega carteles por el edificio y sus alrededores llamando a "funarla" por estafadora, xenófoba y hostigadora. En sus mensajes, le dice que tiene "la misma inteligencia que un animal", que es "dura de cuesco", "pobre o bruta", que necesita terapia y medicación.

Añade que, recientemente, mientras la recurrente bajaba las escaleras del edificio, sintió que alguien se acercaba silenciosamente por detrás, lo que la llevó a aferrarse al pasamanos y bajar su cuerpo hacia los peldaños por temor a ser empujada. Vio a la recurrida riéndose de ella a lo lejos, situación que le provocó palpitaciones, angustia y entumecimiento, teniendo que ser llevada a Integramédica y derivada a un psicólogo por sus síntomas de angustia y depresión.

Señala que actualmente no puede acudir a trabajar debido a los medicamentos recetados para controlar su sintomatología ansiosa, teme encontrarse con la recurrida, bajar por la escalera o que la espere a la salida de su domicilio.

Fundamenta su recurso en el artículo 20 de la Constitución Política, que dispone que ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen los derechos establecidos en el artículo 19, números 1º y 24º, se puede recurrir a la Corte de Apelaciones para que adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Sostiene que se ha vulnerado su derecho a la integridad física y psíquica, garantizado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución, mediante actos arbitrarios e ilegales consistentes en hostigamiento, insultos y amenazas constantes por parte de la recurrida. Define los actos ilegales citando jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia como aquellos que "no se atienen a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley".

Asimismo, define la arbitrariedad citando jurisprudencia como "carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón".

Adicionalmente, alega la vulneración del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº24 de la Constitución, ya que la recurrida no solo limita la disposición del departamento 20, sino que además le impide ingresar al edificio del cual es propietaria.

Solicita que se adopte las medidas necesarias para el cese del hostigamiento, persecuciones, llamadas y amenazas que está sufriendo, para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección como afectada, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Como parte de la prueba, la recurrente acompaña: 1. Print de pantalla a 20 mensajes de wasap, en donde señala que soy bruta, xenófoba, dura de cuesco, animal, entre otras aseveraciones. 2.Fotografía de cartel pegado por la recurrida. 3. Set de 3 fotografías tomadas durante la reparación de la fuga de agua del edificio. 4. Informe sicológico emitido por la sicóloga nombre reservado. 5. Certificado médico emitido por el profesional de Integramédica nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacua informe el abogado Jorge Eduardo Soto Valenzuela, en representación de doña nombre reservado, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado.

Respecto del carácter ilegal plantea que no existió ilegalidad en impedir el ingreso de la recurrente al departamento, pues el contrato de arriendo no faculta a la propietaria a entrar sin autorización. Además, señala que la recurrente no acredita que la recurrida estuviera en el inmueble al momento de los hechos, haciendo suposiciones infundadas.

Indica que el documento de daños por fuga de agua acompañado no especifica a qué departamento pertenece, ni demuestra que dicho daño fuera provocado por culpa o dolo de la recurrida, destacando que la rotura de cañería se produjo en un piso distinto al de su vivienda.

Sobre la instancia en la que se reclama el restablecimiento del derecho argumenta que la legislación chilena consagra el delito de amenazas en el artículo 296 del Código Penal, pero que la acción constitucional no es la vía adecuada para su conocimiento, sino que corresponde a los Juzgados de Garantía. Cita el artículo 54 del Código Procesal Penal, que establece las amenazas como un delito de acción penal pública previa instancia particular, lo que requiere denuncia previa de la víctima, procedimiento que no se habría seguido en este caso.

Señala que la propia recurrente habría incurrido en conductas similares a las que busca erradicar, citando expresiones como "la ley me protege porque soy una persona de la tercera edad" y "siempre victimizándose (...) Ud., está de ocupa", las cuales estarían acreditadas en el folio N°1 de la causa.

Finalmente, solicita la condena en costas de la recurrente por inexistencia de motivos plausibles para litigar, concluyendo que las garantías alegadas no se encuentran amenazadas ni vulneradas por actos de su representada.

Acompaña los siguientes documentos: capturas de pantalla de conversaciones vía Whatsapp de los días 10 y 27 de febrero de 2025, además de las ya constantes en la causa.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que el acto que se tilda de ilegal y arbitrario corresponde a una serie de hechos consistentes en que la recurrida le grita, pega carteles por el edificio y sus alrededores llamando a "funarla" por estafadora, xenófoba y hostigadora, además del envío de mensajes en los que le dice que tiene "la misma inteligencia que un animal", que es "dura de cuesco", "pobre o bruta", que necesita terapia y medicación.

QUINTO: Que, teniendo presente los antecedentes allegados al proceso, a juicio de estos sentenciadores, no es posible tener por acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, y por ende, configurada la vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por cuanto, revisados las fotografías, capturas de pantallas y documentos acompañados por la recurrente, y de lo expuesto por la recurrida junto con los antecedentes por esta acompañados, es posible establecer que entre las partes existe un conflicto a raíz de la relación contractual de arrendamiento que las vincula, las que debieran derivar de acciones judiciales pertinentes para resolver lo relativo al hecho de base que da origen al intercambio de mensajes entre las partes, no siendo esta la vía para dar solución a esta conflictiva contractual.

Adicionalmente, de los antecedentes acompañados por la recurrente, no se advierte la existencia de amenazas, ni funas, y los mensajes que se acompañan como antecedentes de respaldo, no tienen la entidad que requieran la intervención de esta Corte, sin perjuicio de no desconocer que ello eventualmente pueda provocar en la recurrente una afectación emocional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°415-2025 (Protección).-