nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, Francini del Carmen Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°414-2026.- La Serena, ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado, en favor de Francini del nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la emisión de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-13382-2026, de 29 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 42 días a contar del 24 de noviembre de 2025, por reposo no justificado, lo que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, a propósito del nacimiento de su primer hijo, comenzó a presentar un cuadro ansioso-afectivo en contexto puerperal con compromiso funcional significativo, emitiéndosele licencias médicas para su recuperación.

Indica que la decisión impugnada carece de un análisis integral de la documentación aportada, omitiendo toda referencia a criterios clínicos que sustenten la supuesta improcedencia del reposo indicado, lo que torna arbitrario e ilegal el pronunciamiento reprochado.

Por tales motivos, culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando a la recurrida autorizar las licencias médicas y disponer su pago dentro de quinto día o, en subsidio, se le ordene disponer la práctica de todos los exámenes, peritajes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y concurrencia de la incapacidad laboral que originó el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin que con dichos resultados, proceda al pago de éstas, todo ello dentro de un plazo de 30 días hábiles administrativos, bajo apercibimiento que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite, todo ello sin perjuicio de cualquier otra medida que se considere necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso documentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción, por cuanto el 26 de febrero de 2026 la recurrente interpuso el libelo de protección, acusando que la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-13382-2026, de 29 de enero de 2026, es ilegal y arbitraria, en circunstancias que estaba en conocimiento de las resoluciones que emitió la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que rechazaron las mismas licencias médicas de forma previa a incoar el reclamo ante la autoridad administrativa.

En subsidio, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio a todo ello, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Señala que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, lo que se basa en que los antecedentes evaluados, incluyendo el listado maestro histórico de licencias médicas y el informe clínico del médico tratante, no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, que alcanza a 72 días por la misma condición.

Niega, finalmente, que tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en la emisión de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-13382-2026, de 29 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, habiéndose incoado la acción de protección el 26 de febrero del presente año, o sea, dentro del plazo que dispone el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, circunstancia que conduce al rechazo de esta alegación conforme se dirá.

SEXTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física, de igualdad y de propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contempladas bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N R-01-UNRA-13382-2026, de 29 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en la resolución referida, aquella señala: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, incluyendo el listado maestro histórico de licencias médicas y el informe clínico del médico tratante, no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, que alcanza a 72 días por la misma condición. El informe médico de fecha 10 de diciembre de 2025 no describe de forma detallada la evolución clínica del cuadro, ni se consignan síntomas de intensidad o compromiso funcional que justifiquen la mantención del reposo. Asimismo, no se documentan ajustes terapéuticos relevantes ni otras intervenciones que respalden un eventual rol terapéutico del reposo en el contexto actual.”

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida carece del debido sustento, dejándola además en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZAN, las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección planteadas por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Francini del nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-13382-2026, de 29 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado y, en su lugar, se resuelve que se autorizan, debiendo la recurrida dictar las resoluciones pertinentes con su respectivo pago, dentro de quinto día, a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°414-2026 Protección.