nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado

Gobierno Regional de Coquimbo Recurso de protección Rol N° 412-2025 La Serena, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, ingeniera comercial, quien interpone recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Gobernador, don Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega, señalando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta RA N°806/51/2025, de fecha 14 de febrero de 2025, que dispuso el término anticipado de su contrata para el año 2025.

Indica que se desempeñó en el Gobierno Regional de Coquimbo, específicamente en la División de Fomento e Industria (DIFOI), en calidad de profesional asimilada al grado 10° de la Escala Única de Sueldos desde el 17 de julio de 2023, en virtud de la Resolución Exenta RA N° 806/84/2023. Sostiene que su contrata fue prorrogada mediante las Resoluciones Exentas RA N° 806/138/2023 y RA N° 806/206/2024, asegurando su continuidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2025.

Refiere que, pese a ello, fue notificada de la Resolución Exenta RA N°806/51/2025, con fecha 14 de febrero de 2025, del Gobernador Regional de Coquimbo Don nombre reservado, poniendo término anticipado a su designación a contrata, bajo el argumento expuesto en uno de sus considerandos (antepenúltimo) de una "reestructuración de la División de Fomento e Industria", sin una debida justificación constitucional, racional, legal ni objetiva, lo que torna el citado acto administrativo en arbitrario e ilegal.

Señala que el acto impugnado se basa en un supuesta falta de necesidad de los servicios, al señalar que “no es necesario contar con un asesor experto en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica y que no existen plazas disponibles con funciones a las cuales se le pueda reasignar según su experiencia y expertise de acuerdo a las necesidades del servicio.

Sostiene que la resolución recurrida es arbitraria e ilegal, vulnera la garantía constitucional de Igualdad Ante la Ley, al ser el acto indicado arbitrario por notoria falta de fundamento toda vez que no contiene fundamentos de hecho ni de derecho suficientes, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Agrega que dicha resolución fue notificada extemporáneamente el 14 de febrero de 2024, la que es inútil por no realizarse con la anticipación mínima de 30 días exigida por el legislador.

De otro lado, sostiene que la Resolución impugnada desconoce que la correcta aplicación de la Ley 21.722 que en su Glosa N°03 letra a) entrega al GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO en su ITEM FINANCIAMIENTO DE GOBIERNOS REGIONALES, PARTIDA 31, CAPITULO 01, PROGRAMA 07: “a) Dotación máxima de personal 154”, existiendo a la fecha de la resolución recurrida solo 135 personas contratadas y habiéndose desvinculado a 19 funcionarios, lo que implica un incumplimiento de la planificación presupuestaria y una aplicación arbitraria de la normativa presupuestaria, lo que vulnera el principio de juridicidad (art. Nº6 y Nº7 de la CPR) y el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la CPR).

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que la resolución impugnada afecta su derecho a la igualdad ante la ley, pues en condiciones similares, otros funcionarios no fueron desvinculados, generando una discriminación arbitraria y sin justificación.

Asimismo, invoca la vulneración al derecho al debido proceso administrativo, contenido en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, desde que la resolución que pone término anticipado a su contrata no cumple con los requisitos de fundamentación exigidos por la ley.

También, alega que se infringe su derecho de propiedad, como también el derecho a la libertad de trabajo y su protección, ya que la resolución impugnada afecta su estabilidad en el empleo.

Refiere, además, que el cambio en el organigrama institucional fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo Regional N° 14.852, adoptado en Sesión Ordinaria N° 841, de fecha 4 de febrero de 2025, de manera condicional y sujeta a posterior ratificación por el propio Consejo, y que aquello ha sido objeto de cuestionamiento por parte de varios Consejeros Regionales, pero que aún así, si se estimare que la reestructuración tiene efecto inmediato y que esta habría implicado la supresión del Departamento donde prestaba funciones, ello importaría una vulneración directa a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en cuyo artículo 9 letra c) se establece como función esencial de los gobiernos regionales la formulación de programas y proyectos vinculados a ciencia, tecnología e innovación. Agrega que, del mismo modo, el artículo 18 de la Ley N° 21.074 impone a dichos órganos el deber de fomentar las actividades productivas y apoyar iniciativas regionales de desarrollo económico, como las que precisamente eran parte de sus funciones en DIFOI. Así, sostiene que su cargo formaba parte de una misión institucional permanente, no suprimida legalmente, por lo que el argumento de su innecesariedad carece de respaldo normativo.

Sostiene que, con posterioridad a la dictación del acto impugnado, ha sido contactada por funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo, quienes, le ofrecieron su reincorporación al servicio, aunque bajo condiciones contractuales precarias, situación que considera inaceptable y demostrativa del carácter arbitrario de su desvinculación. Enfatiza que tales ofrecimientos ex post configuran una forma de precarización funcionaria, más aun considerando que se trata de una mujer con formación de postgrado, que se desempeñó sin reproches durante su permanencia en la institución y que es jefa de hogar y único sustento económico de su hijo menor de edad.

Por todo lo expuesto, solicita que se declare que la Resolución Exenta RA N°806/51/2025 es ilegal y arbitraria, dejándola sin efecto, ordenando el pago íntegro de las remuneraciones devengadas desde la fecha de término anticipado de 14 de febrero de 2025 y hasta su efectiva reincorporación y que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Mauricio Javier Cortés Gallardo, abogado, en representación del Gobierno Regional de Coquimbo, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales de la recurrente.

Señala que doña nombre reservado fue contratada mediante Resolución Exenta RA N° 806/84/2023, de fecha 9 de agosto de 2023, para desempeñar funciones en calidad de asesora experta en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica, a contar del 17 de julio de ese mismo año. Dicha contratación fue dispuesta sin concurso público, atendida la especialidad de las funciones y la naturaleza de confianza directa que implicaban, según lo autorizado por el artículo 14 de la Resolución N° 1 de 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Precisa que tal nombramiento fue resuelto por la Gobernadora Regional Subrogante de la época, doña Karina Aguirre Cerda, bajo el entendido de que las tareas encomendadas se enmarcaban dentro de aquellas propias de la esfera de confianza de la autoridad de turno, en ese entonces doña Krist Naranjo Peñaloza.

Indica que con fecha 6 de enero de 2025 asumió como nuevo Gobernador Regional don Cristóbal Juliá de la Vega, quien, en ejercicio de sus facultades, y considerando que la recurrente desempeñaba un cargo de naturaleza eminentemente fiduciaria, resolvió que esta no contaba con su confianza para continuar en dichas labores, razón por la cual se decidió poner término anticipado a su contrata. Añade que esta decisión fue formalizada a través de la Resolución Exenta RA N° 806/51/2025, de fecha 14 de febrero de 2025, y que fue debidamente notificada a la recurrente en esa misma fecha, lo que permitió que esta tomara oportuno conocimiento de las razones que justificaron el cese anticipado de su vínculo.

Refiere que, conforme al nuevo organigrama aprobado por Resolución Exenta N° 114, de fecha 13 de febrero de 2025, no se contempla el cargo de asesor experto en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica dentro de la División de Fomento e Industria. Precisa que las funciones que ejercía la recurrente han sido reasignadas a otros funcionarios con mayor experiencia y antigüedad, conforme a un proceso de reorganización interna adoptado por la nueva administración, el que respondió a criterios objetivos orientados a mejorar el funcionamiento del servicio y optimizar el uso de los recursos públicos.

Sostiene que la relación jurídica entre el Gobierno Regional y la funcionaria se encontraba sujeta a la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que, conforme al dictamen N° 156.769 de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de noviembre de 2021, resultaba procedente disponer el término anticipado de dicha designación por razones fundadas, vinculadas a la pérdida de confianza y a la suficiencia de personal ya existente en la unidad respectiva. En ese contexto, afirma que la decisión fue legal, fundada y dictada conforme a derecho.

Descarta que se haya incurrido en notificación extemporánea, señalando que la resolución fue notificada dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, norma que exige que los actos administrativos de efectos individuales se notifiquen dentro de los cinco días siguientes a su total tramitación, circunstancia que, afirma, fue cumplida en la especie. Rebate así la alegación de la recurrente, quien habría invocado erróneamente un plazo de anticipación de 30 días, propio del régimen del Código del Trabajo, y no aplicable a funcionarios públicos.

En cuanto a la experiencia y calificaciones de la recurrente, sostiene que tales antecedentes fueron considerados, pero que la decisión final se adoptó teniendo a la vista la trayectoria, conocimientos y antigüedad de los demás funcionarios de la División, no siendo obligatorio ponderar las calificaciones si estas eran similares entre los integrantes del equipo. Agrega que el único límite al ejercicio de esta facultad por parte de la autoridad sería la existencia de confianza legítima, lo que no ocurre en el presente caso, dado que la funcionaria sólo registraba dos renovaciones y no superaba el período mínimo de cinco años exigido por la jurisprudencia para configurar dicha expectativa.

Finalmente, rechaza que la medida haya afectado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, estimando improcedente equiparar el término de una contrata —de carácter esencialmente transitorio— con una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho al debido proceso o del derecho de propiedad. Sostiene que no se ha demostrado un componente discriminatorio ni represivo en la decisión adoptada, la que, afirma, se enmarca dentro de una política administrativa racional, legal y fundada en necesidades del servicio. Por todo lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que son antecedentes de la causa que doña nombre reservado, fue contratada como asesor experto en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica a contar del 17 de julio de 2023 por el Gobierno Regional de Coquimbo a través de la Resolución Exenta RA N° 806/84/2023 de fecha 09 de agosto de 2023.

Que no ha sido discutido que la mencionada contrata fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del año 2025, a través de la RA N° 806/206/2024.

SEXTO: Que establecido lo anterior, se debe tener presente que en estos autos se reclama respecto de la Resolución Exenta RA N°806/51/2025 de fecha 14 de febrero de 2025, que dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente debido a una reestructuración administrativa, situación que originó el recurso de protección presentado por la misma.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, es preciso tener en consideración la normativa aplicable en la especie. Así, tratándose de un cargo a contrata, éste se encuentra definido en el artículo 3 letra c) de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que estatuye: “c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. Mientras que en el inciso primero del artículo 9 de dicho cuerpo normativo, se estatuye que: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

OCTAVO: Que, en primer término, se debe despejar que en el presente caso no concurren los elementos fácticos asentado por el criterio jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema para determinar que la recurrente se encuentre amparada por una confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida, de modo tal que sólo puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita. En dicho sentido su primera contratación data de agosto de 2023, sin que haya transcurrido un plazo de 5 años desde esa fecha.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de falta de fundamentación de la resolución impugnada, se debe tener presente que la Resolución Exenta RA N° 806/51/2025 IV REGIÓN COQUIMBO, de 14 de febrero de 2025, señala en lo pertinente: “Que, dada la nueva distribución y reestructuración de la División de Fomento e Industria, los funcionarios y trabajadores pertenecientes a este se han reorganizado, los cuales cuentan con vasta experiencia en las temáticas y funciones propias de la división y con antigüedad en el servicio superior al de doña nombre reservado para asumir las nuevas funciones de la División.

- Que, dado lo anterior no es necesario contar con asesor experto en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica. - Que, no existen plazas disponibles con funciones a las cuales se le pueda reasignar según su experiencia y expertise de acuerdo con las necesidades de este servicio”.

DÉCIMO: Que en efecto, la Resolución Exenta recurrida advierte como único antecedente concreto -más allá de los puntos meramente descriptivos- la situación de reestructuración de la División de Fomento e Industria, dando cuenta que los funcionarios se reorganizaron quienes cuentan con vasta experiencia en las funciones propias de la división y que actualmente no es necesario contra con el asesor tecnológico, cargo que detenta la actora, sin que exista una plaza disponible donde pueda ser reincorporada.

UNDÉCIMO: Que no obstante, y conforme se lee en el informe evacuado por la recurrida se indica en el apartado 3°: “En esta calidad de Gobernador Regional, y tratándose la función de “Asesor experto en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica” del Gobierno Regional de Coquimbo, de un cargo de confianza directa y personal de quien la contrata, (en este caso, la ex Gobernadora Regional doña Krist Naranjo Peñaloza), doña nombre reservado no cuenta con dicha confianza directa, para el desarrollo de tales tareas antes referidas, por parte del nuevo Jefe de Servicio, razón por las cuales se ha decidido poner término anticipado a su contrata para el año 2025, todo esto fue debidamente explicado y fundamentado en la parte “considerativa” de la Resolución Exenta RA N° 806/51/2025 de fecha 14 de febrero de 2025 que puso término anticipado a su contrata”.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto y considerando que en este caso en concreto la recurrente desde el inicio de su contratación se dispuso que preste funciones en la de División de Fomento e Industria en calidad de asesora experta en materias de gestión de proyectos y transferencia tecnológica, y que los argumentos que se exponen en la resolución impugnada, en orden a una reestructuración de la mencionada Unidad, no es el real motivo por el cuales se adoptó la decisión cuestionada, sino que el término de contrata obedece además al hecho de que producto del cambio de Gobernador Regional, la actora ya no cuenta la confianza directa para el desarrollo de las tareas encomendadas y para las cuales fue contratada desde un inicio, lo que no se explicita ni desarrolla.

Que lo anterior deja en evidencia que la Resolución Exenta RA N°806/51/2025, de fecha 14 de febrero de 2025, no cumple con el deber legal de fundamentación, siendo por ello arbitraria, al no explicitar el motivo que llevó a la autoridad administrativa a adoptar la decisión cuestionada, de forma que el libelo deberá ser acogido, en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°806/51/2025, de fecha 14 de febrero de 2025, debiendo dictar la recurrida un nuevo acto, manteniéndose en vigor la Resolución Exenta RA N° 806/206/2024, asegurando su continuidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2025, debiendo procederse al pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo que estuvo separada de sus funciones.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Camus, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por estimar que la resolución impugnada aparece dotada de la fundamentación que exige el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, en cuanto señala con precisión los fundamentos que llevan al Gobierno Regional a no renovar la contrata de la actora, contiene el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, aludiendo a que conforme a un cambio de organigrama aprobado por sesión ordinaria N°841 de 4 de febrero de 2025 se produjo una reestructuración de la división de fomento e industria reorganizando a los trabajadores, dejando de ser necesarios, en dicho contexto, los servicios que prestaba la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°412-2025 (Protección).-