nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado

Servicio de Salud de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 4059-2019.- La Serena, ocho de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, funcionario público, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, o por quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado, por no haber renovado su contrata para el año dos mil veinte, mediante acto administrativo notificado personalmente el día 27 de noviembre de 2019, lo que resulta ilegal y arbitrario, vulnerando sus derechos constitucionales establecidos en el artículos 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) dependiente de la Dirección del Servicio de Salud de Coquimbo, para cumplir funciones de conductor de ambulancia con fecha 1 de diciembre de 2017, a contrata, grado 24° E.U.R., siendo renovada ésta todos los años de forma sucesiva y en los mismos términos. Indica que, además desarrollaba otras labores adicionales consistentes en cargar medicamentos, efectuar maniobras con pacientes y otros de cabina sanitaria.

Refiere que en estos dos años de servicio, se ha mantenido en la Lista 1, sin anotaciones de demérito.

Manifiesta que con fecha 19 de enero de 2018 tuvo un accidente automovilístico, por lo que hizo uso de licencia médica a contar del 20 de enero de 2018 hasta el 28 de septiembre de 2019.

Expresa que, atendido los años que lleva desempeñándome en el cargo, permite tener la confianza legítima de que se le renovará la contrata en los mismos términos para al año dos mil veinte, de modo que si la Administración decide no hacerlo, debe fundamentar aquello, y ponderar los años de servicios, evaluaciones, entre otras.

Afirma que si bien la resolución que decide poner término a su contrata contiene hechos y fundamentos, esta resulta ilegal por basarse en un documento reservado, sin que medien razones para aquello, contraviniendo el artículo 16 de la Ley N° 19.880, como su artículo 11 y los Dictámenes 85.700/2016 y N° 18.965/2018 de la Contraloría General de la República, en cuanto exigen consignar el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, sin que sea suficiente la sola alusión a no ser necesarios los servicios. Además, arguye que al volver del reposo de la licencia médica se mantuvo en sus funciones a menos de tres meses de concluir el período de calificación, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Administrativo, que obliga a mantener la calificación del año anterior respecto de los funcionarios que por cualquier motivo se hubieren efectivamente desempeñado en sus funciones por un lapso inferior a seis meses, siendo ilegal el actuar de la Administración en ese punto, ilegalidad que también se manifiesta en haber vulnerado su estabilidad en el empleo.

Sostiene que además el acto es arbitrario, pues se apoya solamente en la recomendación del funcionario que envía el documento reservado, sin que medie investigación o alguna forma de comprobación, quedando al mero criterio del funcionario aludido, vulnerando las garantías mínimas de un proceso racional y justo, de conformidad con el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, ya que no se le ha otorgado la posibilidad de defenderse en contra de los hechos que se le imputan.

En cuanto a las garantías conculcadas, indica la del articulo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto el acto generó un trato diferenciado en relación a sus pares, pues en esos casos los actos administrativos han sido fundados de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 3, 8 y 11 de la Ley Nº19.880.

Esgrime la vulneración del artículo 19 N° 16 de la carta magna, por habérsele privado del sustento de vida y familiar, por motivos arbitrarios, y que se coarta la posibilidad de continuar ejerciendo un cargo que desempeñaba por años en el cual tenía proyecciones de seguir avanzando profesionalmente.

Invoca el articulo 19 N° 24 de la Constitución Política expresando que el acto ilegal y arbitrario cometido por el recurrido, ha afectado su derecho de propiedad al impedirle continuar con su ejercicio laboral y, por tanto, a percibir la remuneración mensual que servían de sustento para el recurrente y su familia.

Solicita se acoja el recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho y asegurando su debida protección, ordenando que se deje sin efectos la notificación de fecha 27 de noviembre de 2019 que decreta la no renovación de su contrata, ordenando el reintegro en sus funciones, el pago de las remuneraciones mientras estuvo separado de las mismas y la renovación de su contrata en los mismos términos y condiciones para el año dos mil veinte, con expresa y ejemplar condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor, el SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, a través de su mandataria doña nombre reservado, señala que el funcionario don nombre reservado ingresó al servicio con fecha 01 de diciembre de 2017 en virtud de una suplencia por un mes en el SAMU, la que se extendió hasta enero y febrero de 2018. Luego, concursa a un cargo de conductor del SAMU Regional en grado 25º de la Escala Única de Sueldos, para el que no basta tener conocimiento y aptitudes para conducir vehículos, sino que involucra un trabajo cohesionado en un equipo multidisciplinario, con el deber de colaborar de acuerdo a las indicaciones que proporcione el reanimador o paramédico e intervenir de manera directa con los pacientes, lo cual se encuentra enmarcado en la labor que realiza SAMU, como atención médica de urgencia prehospitalaria.

Asegura que don nombre reservado, mantuvo dos contrataciones a prueba de tres meses cada una, como lo autoriza el artículo 25 del Estatuto Administrativo, sin que su desempeño cumpliera el cien por ciento requerido para las funciones asignadas, lo que quedó registrado en el Memorándum Nº 152 de fecha 23/05/2018 del Médico Jefe de SAMU Regional a don nombre reservado, por el cual se comunica que no cumplió satisfactoriamente el periodo de prueba y en acta de entrevista del mes de junio de 2018 donde se evidencian las falencias graves en la conducción realizada por el recurrente.

Acota que ante la necesidad y escasez de conductores que se desempeñen en las Bases SAMU, se mantuvo en funciones a don nombre reservado, renovándose la contrata desde el 01 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Agrega que el recurrente hizo uso de licencia médica desde el 07 al 12 de septiembre de 2018, en virtud de un quiste pilonidal, sin embargo, es sorprendido en redes sociales con fotografías que no evidencian un reposo, hechos que fueron catalogados por su Jefatura como reñidos con la ética funcionaria, ya que estas malas prácticas provocan una sobrecarga en los turnos de demás compañeros de trabajo, los que, en virtud de la Ley de Urgencia, se encuentran obligados a cubrirlos.

Añade que durante el año 2019 se mantuvo la contratación de don nombre reservado, con el compromiso de mejorar su desempeño, pero a principios del año 2019 éste sufre un accidente que lo mantuvo con licencia médica hasta fines del mes de septiembre de 2019. Al reincorporarse, sin embargo, los problemas y dificultades continuaron y así, por ejemplo, se negó a cubrir ausencias no programadas, tuvo una colisión con un vehículo mayor (camión) en el trayecto de destino de una ambulancia y tuvo un funcionamiento deficiente cuando cubría el área administrativa.

El cúmulo de sucesivos hechos, ya descritos, fueron los fundamentos para notificar a don nombre reservado de la no renovación de su contrata, pues si bien el recurrente se encuentra calificado en Lista 1, su puntaje en ambos años ha sido de 6.4, es decir, no ha sido calificado con máxima distinción o excelencia.

Hace presente que actualmente el actor se encuentra desarrollando funciones de apoyo administrativo en el SAMU, toda vez que fue reincorporado el 31 de diciembre de 2019 cuando ya las funciones clínicas y los turnos estaban listos con anterioridad, ya que se debe asegurar la atención de los pacientes; y que durante el periodo que del 01/01/2020 a la fecha (del informe), se citó a don nombre reservado por un hecho ocurrido el 15 de enero del presente año, donde el Señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo dio aviso al Médico Jefe de SAMU, el Dr. nombre reservado, que la ambulancia placa patente GCPY-38 circulaba por la Ruta D-43 desde Ovalle a La Serena, a una velocidad mayor a 150 KM/H, la que estaba siendo conducida por don nombre reservado, lo que llevó a consignar una anotación de demérito en su hoja de vida funcionaria.

En cuanto a la confianza legítima que arguye el recurrente en su libelo, indica que éste no tenía los dos años en el cargo como lo ha exigido la jurisprudencia de la Contraloría General de la República para sostener dicha doctrina, cumpliendo solo un año y trescientos sesenta y un días.

Refiere que el ámbito de aplicación de esta acción se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, lo que no se verifica en la especie.

Asegura, además, que el recurrente debió impugnar el acto administrativo de acuerdo al artículo 59 de la Ley N°19.880, artículo 160 de la Ley N°18.834 o interponer una acción de lato conocimiento.

Sostiene que no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal, que prive, perturbe o amenace los derechos de la recurrente, haciendo presente en cuanto al del articulo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, que la recurrente no indicó respecto de quienes se habría producido un trato diferenciado; en cuanto al artículo 19 N°16 de la misma, en ningún caso ha privado al recurrente de la elección de su trabajo, y respecto a la afectación del derecho de propiedad, debe desestimarse su consideración toda vez que el legislador ha sido claro, al momento de establecer el Estatuto Administrativo, que los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares de un cargo en la planta de una entidad pública.

Terminó pidiendo el rechazo de la acción incoada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en razón de lo expuesto, se ha de verificar si la actuación impugnada de la recurrida de no renovación de la contrata del actor para el año 2020, adolece de ilegalidad y/o arbitrariedad, con afectación de las garantías constitucionales señaladas en el recurso, pero en la medida que sean de aquellas que se encuentran protegidas con la acción constitucional intentada.

Y ha de verificarse, también, dada la obligación que impone a esta Corte la acción constitucional ejercida de adoptar las medidas de urgencia necesarias para el restablecimiento del derecho, que la misma no haya perdido oportunidad.

SEXTO: Que, sobre esta última exigencia negativa, debe dejarse establecido que la recurrida informó que había procedido a renovar la contrata del señor nombre reservado desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020, acompañando al efecto la Resolución Exenta N° 303 de fecha 15 de enero de 2020 del Servicio de Salud Coquimbo, que así lo dispone.

Tal resolución del ente administrativo recurrido, importa un cambio de criterio respecto del que había adoptado en la actuación impugnada, en cuanto a no renovar la contrata del actor por algún periodo o todo el año 2020, por considerar que sus servicios dejaron de ser necesarios, estimando ahora, con la aludida última prórroga, que sí eran necesarios y extendiéndola por el momento hasta el 31 de marzo de presente año, esto es, por sus tres primeros meses.

Tal nueva actitud de la recurrida, aceptada por el actor, conduce a la pérdida de oportunidad del recurso incoado, desde que ha sido la propia Administración la que privó de efectos a su actuación previa que estaba siendo impugnada por esta acción constitucional de urgencia, lo que torna innecesaria la actividad de esta Corte, de acogerse la presenta acción, de privar de efecto dicho acto impugnado, perseguidas con dicho remedio procesal. Y no obsta a este razonamiento el que la prórroga de la contrata del actor haya sido solo por tres meses —dada durante la tramitación del recurso, sin que se conozca por estos jueces si a su vencimiento se volvió o prorrogar-, desde que según se infiere del documento Informe de Hoja de Vida Funcionaria, acompañado con el informe de la recurrida, las contratas del actor fueron en un comienzo por periodos de meses dentro del primer año, a saber, desde el 1/12/2017 al 31/12/2017) la primera, continuando con dos contratas por los meses de enero y febrero de 2018; luego, por periodos de tres meses, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2018, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2018 y desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 , comprendiendo solo la contrata anual a la del año 2019, de todo lo que se sigue que la renovación de la contrata para el año 2020, como pretende el actor, no podía entenderse necesariamente referida hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, la nueva prórroga por los tres meses iniciales del presente año 2020, que ha sobrevenido durante la presente tramitación, vino a sustraer de la decisión impugnada del Servicio de Salud Coquimbo los efectos que el actor de pretendía impedir con la interposición del presente recurso, lo que deviene en su pérdida de oportunidad, como ya se adelantara, conformándose así una razón jurídica suficiente para proceder a su rechazo.

SÉPTIMO: Que, con todo, si se prescindiera del motivo anterior, todavía se evidencia como otras consideraciones para el rechazo de este recurso, que la recurrente ha fundado la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión de la recurrida de no renovar su cargo a contrato para el presente año 2020, no en su falta de fundamentos, los que reconoce que los tiene, sino en no haberse hecho cargo, dichos basamentos, de no haber operado la confianza legítima que se había generado para el actor de que se renovara la contrata para el año 2020, por el comportamiento que venía asumiendo la recurrida, de acuerdo a un criterio sostenido por la Contraloría General de la República en dictámenes que cita, confianza legítima ésta, en opinión del recurrente, que si había operado.

Sin embargo, el mencionado criterio creado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República para exigir un plus mayor de fundamentación a la Administración que pretende no renovar una contrata o su término anticipado, cuando se ha generado la confianza legítima del funcionario en su renovación, y que viene siendo reconocido por la Jurisprudencia de nuestros tribunales, tiene lugar respectos de renovaciones de contratas que superan los dos años. Así, en su Dictamen 85-700/2016, ha expresado el citado órgano contralor “que las reiteradas renovaciones de una contrata —desde la segunda al menos—, por una extensión de tiempo que supere los dos años, genera en el servidor que se desempeña sujeto a esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro…”.

En el caso sub litis, sin embargo, y de acuerdo al Informe de Hoja de Vida Funcionaria correspondiente del actor, según ya se asentara precedentemente, el cúmulo de las renovaciones de sus contratas con el servicio recurrido, no superaba los dos años al momento de comunicársele la voluntad de no renovación de su licencia para el presente año 2020, con lo que los motivos citados en dicho acto (baja evaluación y calificación)deben estimarse, entonces, suficientes motivación, en los términos exigidos por el artículo 11 de la Ley 19.880.

OCTAVO: Que, por último, en relación a la arbitrariedad del acto, que se la hace consistir en obedecer a la recomendación de otro funcionario, basado en un documento reservado, se debe decir que dicho funcionario, según se lee en la notificación practicada al actor, reproducida en el libelo recursivo, es el Médico Jefe del SAMU de la Región de Coquimbo, o sea el superior jerárquico inmediato de una unidad de urgencia del Servicio de Salud en que se desempeña el actor, por cuya instrucción se decide la no renovación de la contrata, por lo que lejos de teñir de arbitrariedad dicha decisión de la Administración, más bien la sostiene y refuerza, al recoger el parecer de quien mejor puede estar instruido del desempeño del servidor.

De esta forma, no sosteniéndose las consideraciones de ilegalidad y arbitrariedad endilgados al acto de la Administración que se ataca por este recurso, y atento lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, que dispone que los empleos a contrata durarán como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que se propusiera su prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, se ha de concluir que el acto impugnado se ha ajustado a la ley y no es arbitrario.

Así, no siendo ilegal ni arbitraria la medida objeto de la presente acción constitucional, no ha podido ésta, en consecuencia, tampoco afectar las garantías mencionadas en dicho libelo, lo que debe conducir al rechazo del remedio enderezado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Coquimbo, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas Rol N° 4059-2019 (Protección).-