nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N° 404-2023.- La Serena, catorce de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha treinta de marzo del corriente comparece doña nombre reservado, abogada, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, comuna y ciudad de La Serena, por si, interponiendo recurso de protección en contra del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA SERENA, señor Rómulo Gómez Sepúlveda.

Expone que durante el mes de diciembre de 2022 y de enero de 2023, en su calidad de abogada, interpuso en representación de su suegro, don nombre reservado, de su marido don nombre reservado, y de otros contribuyentes de la región, una serie de reclamos tributarios con ocasión del re avalúo fiscal que se practicaron respecto de distintos inmuebles de propiedad de sus representados, ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 y siguientes del Código Tributario.

Indica que, de la totalidad de los reclamos presentados, los dos que corresponden a su marido se encuentran totalmente tramitados, con sentencia firme y ejecutoriada, en tanto, que los que corresponden a su suegro se encuentran en etapa probatoria.

Expone que con fecha 21 de marzo de 2023, el Servicio de Impuestos Internos notificó a su suegro para que éste concurriera a sus dependencias el viernes 24 de marzo de 2023 a las 10:00 hrs., sin indicar en la referida notificación la razón o propósito de la citación.

Que con fecha 22 de marzo de 2023, el Servicio de Impuestos Internos notificó a su marido para que éste concurriera a sus dependencias el martes 28 de marzo de 2023 a las 9:00 hrs., sin indicar en la referida notificación la razón o propósito de la citación.

Señala que dada la edad de su suegro (80 años), concurrió a la citación del Servicio su contador, a quien el funcionario respectivo indicó que debía concurrir personalmente a prestar declaración. Además, el funcionario le tomó declaración jurada al contador, don nombre reservado, a quien se le consultó específicamente los honorarios cobrados por la recurrente, su forma de pago y la emisión de boleta de honorarios con ocasión de los reclamos de avalúo presentados en contra del SII.

Por otra parte, indica que, al concurrir su marido a la citación, el funcionario técnico fiscalizador Nº 865, del cual ignora su nombre, procedió a tomarle una declaración jurada absolutamente impertinente e intimidatoria, pues no se le entrego copia de dicha declaración jurada. En ella se le consultó cómo llegó a contratarle para interponer los reclamos de avalúo ante el Tribunal Tributario y Aduanero, cuales fueron los trabajos profesionales pactados e, insistentemente, el monto de los honorarios cobrados, forma de pago y si había emitido o no la correspondiente boleta de honorarios. Todo lo anterior, pese a que al contestar la primera pregunta le indicó que era su cónyuge.

Sostiene que no tiene dudas en que el recurrido procederá a citar a sus otros clientes, como ya lo ha hecho con uno de ellos. Estima que lo anterior es una amenaza, una perturbación, un trato indigno, una verdadera persecución hacia su persona, una actitud de “matonaje” de parte del Servicio de Impuestos Internos, que se traduce en una idea muy simple: “si litigas en nuestra contra, citaremos a tus clientes, sin informarles el motivo de dicha citación, hostigándolos y, en definitiva, logrando el amedrentamiento de ellos y de otros que podrían llegar a contratarte y que no lo harán por temor a ser citados por la autoridad fiscal”.

Afirma que la actuación desplegada por el recurrido y los funcionarios bajo su dependencia es ilegal y arbitraria.

Es ilegal porque el Servicio de Impuestos Internos, al realizar las conductas denunciadas por el presente recurso de protección, ha vulnerado diversos derechos de los contribuyentes consagrados en el artículo 8 bis del Código Tributario. En particular, ha vulnerado los siguientes derechos:

1º El consagrado en el Nº 4°. Que las actuaciones del Servicio constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización: a) Indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. b) Se entregue información clara, sobre el alcance y contenido de la actuación.

Ello, pues en ninguna parte de las notificaciones se indican las razones de la citación. No tienen ningún fundamento, no refieren ningún hecho, no consagran información alguna, nada de nada que explique por qué fueron llamados al SII.

2° El consagrado en el N°6°. El ser informado acerca de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga la condición de interesado. Pues de la sola lectura de la declaración jurada que se le tomó a su marido queda de manifiesto que el funcionario se identifica con un timbre como “Técnico Fiscalizador N°865”, pero no se individualiza.

3° El consagrado en el N°7°. Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley. Pues a du marido le hicieron firmar tres copias de su declaración, y cuando pidió que le entregaran una de ellas le indicaron que no, frente a lo cual su contador, don nombre reservado, que lo había acompañado, logró sacarle una foto con su celular.

4º El consagrado en el Nº14. Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. Basta la sola lectura de la declaración jurada tomada a su marido para acreditar la actitud matonesca desplegada por los funcionarios dependientes del recurrido, quienes, pese a que se les señaló el vínculo matrimonial, insistieron en el tema del cobro de honorarios profesionales. Si esta actitud del SII se mantiene con sus otros clientes, es lógico que afectarán mi actividad económica como abogada, ya que nadie le contratará para litigar causas de carácter tributario ya que se sabrá que, en tal caso, el SII los citará a declarar, con el único objeto de amedrentarlos, logrando que ellos ni nadie le contrate en el futuro.

5º El consagrado en el Nº 19. Que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe. La actuación que se reprocha vulnera absolutamente este principio. Hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia en su contra en el sentido de que no emita boletas de honorarios por pagos por los servicios profesionales que desarrolla.

Afirma que es arbitraria porque el Servicio de Impuestos Internos ejecuta las actuaciones reprochadas única y exclusivamente respecto de su persona y no de otros abogados de la plaza. Además, porque el Servicio no tiene ningún antecedente que le permitiera presumir una conducta de evasión de impuestos de su parte, de no emitir las boletas de honorarios por los pagos recibidos. Si el Servicio tenía dudas respecto de su comportamiento tributario debió ser ella la citada, no sus clientes ni las personas a que presto servicios gratuitos.

Afirma que se han vulnerado las siguientes garantías:

1.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (art. 19 N° 4)

Pues su honra ha sido afectada por el recurrido ya que se le hace ver frente a mis patrocinados como una profesional que estaría involucrada en actuaciones reñidas con la ley, como una persona evasora de impuestos, cuestión que no es efectiva.

2.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (Art. 19 N°21).

El Servicio de Impuestos Internos, al desplegar la conducta ilegal y arbitraria de citar a sus patrocinados, sin justa causa, perturba gravemente su derecho a desarrollar la actividad económica de abogada particular, porque daña su honra, me deja en pésimos términos con sus actuales clientes, quienes comentarán lo sucedido con sus amigos, familiares y cercanos, y todo ello redundará en que le harán mala fama. Se trata de una conducta abusiva, contraria a derecho, que perturba el desarrollo de su actividad económica en el presente y, sobre todo, en el futuro.

3.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica (Art. 19 N°22).

Pues el SII no ha realizado o desplegado esta conducta de hostigamiento respecto de otros abogados de la plaza. Además, no tienen ningún antecedente que les permita suponer que evade obligaciones tributarias. Se trata simplemente de una conducta de fiscalización arbitraria, sin justificación alguna, que lo único que busca es amedrentar y hostigar a todo aquel ciudadano que se atreva a litigar en su contra.

Solicita como medidas para reestablecer el imperio del derecho:

1º Oficiar al señor Director del Servicio de Impuestos Internos, señor nombre reservado, al objeto de que instruya las medidas pertinentes para que el funcionario recurrido cese en sus acciones ilegales y arbitrarias anteriormente descritas.

2° Oficiar al señor Director del Servicio de Impuestos Internos, señor nombre reservado, al objeto de que informe a esta Corte qué funcionario o funcionarios del SII ordenaron la realización de las conductas denunciadas, ordenando la realización de un sumario administrativo para determinar su responsabilidad en estos hechos.

Todo lo anterior, con costas.

SEGUNDO: Que por la recurrida comparece evacuando informe don nombre reservado, Director Regional de la IV Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Indica que en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización propias del servicio, establecidas en los artículos 6° del Código Tributario y 1° del D.F.L. N°7 de 1980 que contiene la ley Orgánica del Servicio de Impuestos internos se decidió controlar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de documentos tributarios, por parte de profesionales abogados que hubieren patrocinado reclamos ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo (TTA) en el lapso comprendido entre el día 01.01.2022 al día 01.01.2023, constatándose en las bases de datos del Servicio, que un profesional, cuya identidad reserva, patrocinó once reclamos tributarios; y la recurrente, doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, abogada patrocinante de dieciséis reclamos tributarios.

En virtud de lo anterior, y en conformidad a lo preceptuado, en el inciso final, del artículo 60 del Código Tributario, se notificó a los contribuyentes, que habrían sido representados por ambas profesionales, solicitándoles que concurrieran presencialmente a la unidad de La Serena, con el objeto de verificar la naturaleza de los servicios contratados, la suma de honorarios acordada, el hecho de haber sido pagados y de haberse emitido el documento tributario pertinente.

En estas declaraciones juradas, se consultó a los declarantes, como contactaron a la recurrente, a cuanto ascendieron sus honorarios, en que consistieron sus servicios profesionales, si los pagaron y en tales circunstancias, si recibieron la correspondiente boleta o factura por los servicios prestados y, si concurrieron a reuniones con la profesional recurrente o con otras personas a raíz de estos servicios profesionales.

Respecto de la otra profesional, objeto del proceso de revisión, el Servicio ha efectuado hasta la fecha, la notificación a lo menos a 6 de sus clientes.

Señala que, hasta la fecha de este recurso la recurrente no ha efectuado ningún tipo de reclamo o solicitud administrativa, ante el Servicio.

Afirma que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, toda vez que las actuaciones del Servicio se han ajustado a la legalidad, siendo improcedente el ejercicio de la presente acción cautelar.

Luego, sostiene que la presente acción no es la vía para cautelar las garantías establecidas en el artículo 8 bis del Código Tributario, ya que la legislación tributaria ha establecido expresamente procedimientos administrativos y judiciales, para cautelar aquellos; a saber, el recurso de resguardo y el reclamo de vulneración de derechos, los que no han sido utilizados por la contribuyente.

Por lo anterior, afirma que la presente acción de protección no puede prosperar, toda vez que, mediante su interposición el recurrente está desnaturalizando su correcta utilización, toda vez que, para pronunciarse sobre su procedencia, esta Corte deberá necesariamente analizar si en los hechos los actos de fiscalización, llevados a cabo por repartición pública, en el caso concreto, notificaciones y citaciones, han sido efectuadas cumpliendo cada uno de los requisitos que en el caso concreto exige la legislación tributaria, conflicto respecto del cual el legislador ha establecido expresamente la vía competente.

Más adelante, asevera que no es efectivo lo señalado en el libelo, respecto que la conducta desplegada por el Servicio es ilegal, toda vez que las actuaciones impugnadas han sido realizadas en cumplimiento del deber de fiscalización, teniendo como finalidad, verificar el correcto y oportuno cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias, de los abogados objeto de revisión, lo que constituye la función principal asignada al Servicio.

Más adelante asegura que la actuación del servicio no es arbitraria, ya que no solo se ha ajustado a la legalidad vigente, si no que, además, reviste caracteres de razonabilidad, por lo que la presente acción no debe prosperar, más aun tomando en consideración que las profesionales, respecto de quienes se realiza con un proceso de fiscalización, figuran patrocinando un número de reclamos superior al promedio habitual en un corto periodo de tiempo, lo que hace que resulte absolutamente razonable y apropiado llevar a cabo una fiscalización respecto del cumplimiento de los deberes tributarios, lo que excluye cualquier imputación de arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo expuesto en los acápites precedentes, en cuanto a la legalidad de las actuaciones realizadas por el Servicio, hace presente que, en el presente caso, el Servicio de Impuestos Internos respecto de la contribuyente, no ha emitido ninguna notificación, citación o comunicación, ni ha solicitado su participación en actuación alguna, que implique una directa afectación de los derechos subjetivos de que es titular.

En cuanto a la vulneración al artículo 8 bis del Código Tributario, alega su improcedencia, toda vez que los derechos establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario no se encuentran amparados por la acción de protección, la cual exige para su procedencia que el derecho a tutelar sea alguno de los que expresamente establece el artículo 20 de la Constitución Política.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, manifiesta que de las propias afirmaciones de la recurrente se desprende que no ha existido un acto real y efectivo del Servicio de Impuestos Internos, ni del funcionario que tomó la declaración jurada, que implique una afectación a la referida garantía constitucional. La recurrente supone que, como consecuencia de las preguntas tendientes a establecer situaciones de cumplimiento tributario, se le calificará como una “evasora de impuestos”, lo cual corresponde a una apreciación estrictamente personal y subjetiva. Todas las preguntas realizadas por el funcionario fiscalizador que participó en la diligencia tuvieron como objeto establecer los presupuestos relativos a la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y el debido cumplimiento de aquella. En ningún momento se imputa una determinada conducta, respecto de la recurrente, que pueda significar una calificación de su comportamiento.

Con relación a la garantía del artículo 19 N° 21 de la Carta Magna, indica que los argumentos señalados por la recurrente escapan al alcance de protección de la garantía constitucional, la cual protege el derecho de todas las personas de emprender y desarrollar la actividad económica que deseen, siempre que aquella tenga un carácter lícito. Toda persona que realiza una actividad profesional o comercial, por la cual percibe ingresos es un contribuyente, en los términos establecidos en el Código Tributario y, en dicha calidad, puede ser fiscalizado respecto del correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ello, toda vez que como señala expresamente la Constitución toda persona que realiza una actividad económica debe respetar la regulación que la ley establece para su correcto ejercicio.

El solo ejercicio de las facultades legales de fiscalización, que la ley entrega al Servicio de Impuestos Internos, no puede ser considerado una afectación ilegítima del derecho a realizar una actividad económica. En este caso, como se ha señalado, se trata de una facultad prevista en el artículo 60 inciso penúltimo del Código Tributario, que busca, exclusivamente verificar el cumplimiento de deberes tributarios, como son la emisión de boletas de honorarios (artículo 68 bis del DL 824) y, la posterior declaración y pago de impuestos (artículos 42 N° 2 y artículo 52 del DL N° 824) en caso de ser aquello procedente.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución, sostiene que no existe arbitrariedad ni discriminación, pues las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos se han efectuado acorde a la legalidad vigente. Añade que sus alegaciones no se encuentran acorde con el alcance de protección de la garantía constitucional, ni menos aun específicamente indican, en el caso concreto, como a su respecto y en relación a su misma condición el órgano del Estado ha ejercido un acto de discriminación, atento a que se ha revisado el comportamiento tributario, no sólo de la recurrente, sino que también respecto de otra profesional que presentó un número importante de patrocinios, a objeto de verificar si habrían cumplido las obligaciones tributarias pendientes. Más aun considerando que, si bien es cierto la recurrente contaba con patrocinio en 16 procesos seguidos ante el Tribunal Tributario, sólo registraba, durante el periodo de fiscalización, la emisión de 2 boletas de honorarios electrónicas.

Concluye señalando que la presente acción debe ser rechazada, por cuanto el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto, en particular, respecto de aquellos establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario; no existe una actuación ilegal o arbitraria por parte del Servicio; no existe conculcación de las garantías constitucionales del artículo 19°, Nros. 4º, 21, 22, de nuestra Carta Fundamental.

Por lo anterior, solicita rechazar el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la recurrente atribuye al Servicio de Impuestos Internos un actuar ilegal y arbitrario el que hace consistir en diversas actuaciones dirigidas hacia sus clientes, entre los cuales se encuentra su cónyuge, que se enmarcarían en un procedimiento de fiscalización de su proceder como contribuyente y con relación a procedimientos de reclamación por avalúo fiscal de inmuebles en los que comparece como abogada patrocinante ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, considerando que aquello es una arbitrariedad ya que sólo se han dirigido contra ella y no respecto de otros abogados de la plaza que patrocinan a otros contribuyentes en idéntica materia ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo.

SEXTO: Que, a fin de dilucidar si efectivamente en la actuación atribuida al Servicio de Impuestos Internos existe ilegalidad o arbitrariedad, en cuanto a que, según expone la recurrente, las actuaciones consistentes en citaciones y toma de declaraciones juradas a sus clientes, en el marco de las reclamaciones que ha formulado ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo representando a los mismos puede ser calificada como tal, se hace necesario determinar si efectivamente el Servicio recurrido ha procedido dentro del marco jurídico que contiene sus facultades y competencias y si, en uno u otro caso, ha existido un actuar arbitrario en el ejercicio de tales atribuciones.

SÉPTIMO: Que conforme a lo que en forma detallada expone el Servicio recurrido en su presentación o informe, no cabe duda que todas las actuaciones llevadas a cabo en ejercicio de las facultades que la ley le confiere para la fiscalización de las actividades de los contribuyentes han sido ejercidas dentro de aquellas competencias que establece el ordenamiento jurídico tributario para el ejercicio de sus funciones, por lo que su actuar no puede ser considerado ilegal teniendo presente, además, que se denuncia vulneraciones de derechos establecidos en la ley tributaria cuya titularidad no corresponde a la recurrente, por lo que dicho análisis escapa a la competencia de esta Corte.

Que, sin perjuicio de lo anterior, ello no implica que no se deba ponderar dicha actuación desde la perspectiva de la arbitrariedad, especialmente desde la posible discriminación arbitraria en el ejercicio de sus prerrogativas legales y en cuanto aquello haya significado una amenaza o perturbación a los derechos fundamentales de la recurrente.

OCTAVO: Que, en el caso de marras, la recurrente denuncia un presunto acoso, hostigamiento y discriminación arbitraria de parte de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes han citado e interrogado a sus clientes, requiriendo antecedentes acerca de sus actividades profesionales y de sus honoraros, lo que estima improcedente y ajeno a las facultades del servicio.

Señala, además, que tal acto discriminatorio se evidencia en la circunstancia de que sólo a ella se le habría sujeto a tales actos de fiscalización, no obstante que son muchos los abogados que patrocinan a diversos contribuyentes ante el Tribunal Tributario y Aduanero por reclamaciones por avalúo de inmuebles, a quienes el Servicio de Impuestos Internos no ha fiscalizado.

Que, acogiendo la solicitud de la recurrente, y como medida para mejor resolver, se ofició al Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, solicitando se informara a esta Corte el número total de causas ingresadas el año 2022 y 2023 por reclamos tributarios y el número de abogados que las tramitan, orden que fue cumplida por el señalado tribunal con fecha 17 de mayo último, conforme al siguiente cuadro:

Que, con relación a esta circunstancia, el recurrido admite la ejecución de diversas actuaciones en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras respecto de la recurrente, haciendo mención a una segunda abogada a la que también se habría sometido a actos de fiscalización, sin hacer mención alguna de otros profesionales que hubiesen sido fiscalizados, en circunstancias que durante el año 2022 fueron 24 los abogados que tramitaron reclamaciones y durante el presente año el tribunal informa que son 22 los abogados que han tramitado reclamaciones por avalúos de inmuebles.

Que, así las cosas el actuar del Servicio recurrido deviene en arbitrario por discriminatorio, en términos de que de una manera exhaustiva se han llevado a cabo actos de fiscalización respecto de dos abogadas que patrocinaron a distintos reclamantes, en circunstancias de que tanto durante el año 2022, como en lo que va corrido del presente año, un importante número de abogados se ha desempeñado patrocinando reclamaciones ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, respecto de los cuales el Servicio de Impuestos Internos no ha informado que haya realizado fiscalizaciones tributarias respecto de sus actividades profesionales. En consecuencia, el actuar del Servicio aparece como manifestación de un capricho, sin una justificación razonable y carente de objetividad, razón por la cual puede y debe ser calificado como arbitrario no obstante se ha actuado conforme a la ley.

Que, la actuación arbitraria de la recurrida ha significado una evidente amenaza y perturbación de derechos fundamentales de la recurrente. Es así como resulta razonable presumir que la actuación del Servicio recurrido significó una grave perturbación a la integridad psíquica de la recurrente al verse sometida a actos que, más allá de una rutinaria fiscalización, significaron para ella hostigamientos y acoso que involucró a familiares y clientes afectando el normal desarrollo de sus actividades profesionales, situación que a todas luces carecía de razonabilidad y justificación suficiente.

Que, asimismo, tales actuaciones por provenir de un órgano de la administración del Estado, como lo es el Servicio de Impuestos Internos, y al constituir actos de discriminación arbitraria, también significaron una vulneración a la garantía del artículo 19 N° 22 de nuestra Constitución Política ya que tales actuaciones incidieron en el normal desempeño de la actividad económica de la recurrente.

Que, se estima por estos sentenciadores, que los actos denunciados, aun siendo calificados como arbitrarios, no han significado una amenaza, perturbación o vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los numerales 4° y 21° del artículo 19 de nuestra Carta Magna; ello teniendo en consideración que aunque la fiscalización a que se sometió la actividad profesional de la recurrente involucró a sus clientes, quienes tomaron conocimiento de ella por haber sido citados a la investigación, en ningún caso se ha justificado que aquello haya significado la imputación a la recurrente de hechos que pudiesen ser calificados como infracciones a la ley tributaria o como constitutivos de delito, por lo que se estima que no existió agravio al honor de la actora; del mismo modo se considera que no existió limitación alguna al libre ejercicio de su actividad económica, la que pudo seguir desarrollando a pesar de la existencia de la fiscalización tributaria a que fue sometida.

Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de un actuar arbitrario del Servicio de Impuestos Internos, que significó una amenaza o perturbación de derechos fundamentales de la recurrente, el recurso de protección deberá ser acogido.

NOVENO: Que, sin perjuicio de que estos sentenciadores han tenido por justificada la existencia de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios del Servicio Regional de Impuestos Internos, las que devinieron en arbitrarias y significaron una amenaza o vulneración de derechos fundamentales de la recurrente, es evidente que, aun siendo arbitrarias, corresponden al lícito ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio, por lo que ellas no pueden ser dejadas sin efecto, además porque tampoco el recurso se dirige contra un acto en particular, ni tampoco se puede impedir al recurrido renovarlas en lo futuro, por lo que el recurso será acogido sólo en cuanto se instruirá al recurrido para que, en lo sucesivo, ejerza sus facultades fiscalizadoras apegándose irrestrictamente a los principios de imparcialidad, objetividad, razonabilidad y no discriminación que debe guiar toda la actividad administrativa del Estado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA SERENA, señor Rómulo Gómez Sepúlveda, en los términos expuestos en el considerando noveno de esta sentencia.

Redactada por el Ministro señor Iván Corona Albornoz.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 404-2023 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor Iván Corona Albornoz, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrase ausente.

En La Serena, a catorce de junio de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.