nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de Protección Rol N° 4034-2019.- La Serena, tres de febrero de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que ha comparecido doña nombre reservado, periodista, Subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliada en domicilio reservado, quien debidamente representada interpone recurso de protección en contra de Policía de Investigaciones de Chile, domiciliada en domicilio reservado, representada por su Director General Héctor Espinosa Valenzuela, pues acusa que de manera arbitraria e ilegal se ha afectado el ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1º, 2º y 3º inciso 5º de la Constitución Política de la República, en base a los siguientes hechos.

Expone que la recurrente ingresó el año 2013 a la PDI y tiene el grado de Subcomisario Oficial Policial Profesional, grado 9°. Su desempeño a lo largo de los años ha sido excelente, sus calificaciones desde que ingresó, en todos los periodos evaluados, siempre ha sido calificada en Lista 1 de Mérito, con una carrera intachable y sobresaliente. Sin embargo, en el año 2017 con la llegada del Prefecto Inspector Richard Gajardo Villablanca, como Jefe de la Región Policial de Coquimbo, comenzó a sufrir una serie de hostigamientos.

Refiere que el 17 de abril del año 2018 se inició una investigación en su contra, a causa de un reclamo interpuesto por la ANFP, ya que supuestamente ella ingresaba a los sectores restringidos de los estadios utilizando su placa de servicio. Pese a que tales hechos no resultaron ser efectivos, por lo que fue sobreseída, de tal investigación apareció que la recurrente no cumplió con la obligación de informar a sus superiores del hecho de prestar servicios profesionales para terceros, en ejercicio de su profesión de periodista. Fue entonces que se instruyó una investigación sumaria en su contra, que culminó con la resolución Nº 286 de fecha 04 de junio del 2018, que dispuso una sanción de 5 días de arresto.

Indica que tal sanción fue apelada, recurso que fue rechazado. Luego, volvió a recurrir de tal rechazo ante Director General de la PDI, presentando recursos de Reposición en subsidio Jerárquico y Recurso Extraordinario de Revisión, los que aún no han sido resueltos. Asimismo, con fecha 01 de octubre de 2018, interpuso reclamo ante la Contraloría General de República, en contra de la resolución que impuso la sanción de 5 días de arresto, que también se encuentra pendiente de resolución.

Manifiesta que, de forma paralela, mientras se tramitan los recursos interpuestos en contra de la resolución Nº 286, durante la etapa de precalificación su actual Jefe de la Bicrim de La Serena, nombre reservado, en el periodo 2018-2019, la clasificó y calificó con nota 6,3, pero la Junta Calificadora Zonal, finalmente resolvió calificarla bajando la calificación a nota 5,64, y clasificarla en Lista 4, Mala, teniendo en consideración, entre otros factores, la sanción de 5 días de arresto, pese a que la misma aún no se encuentra firme, y sin tener en consideración lo realizado durante los 12 meses del período, es decir contar con 27 anotaciones de mérito, muy superior a la media de la PDI, que convierten a la recurrente en la mejor funcionaria de su unidad.

Indica que la calificación de la Junta Calificadora Zonal, fue apelada ante la Junta de Apelaciones, argumentando, entre otros, que se encuentra embarazada, y que la fecha de concepción es anterior a la calificación que la Junta Zonal de Valparaíso le impuso. Sin embargo, con fecha 21 de noviembre de 2019 la Junta de Apelaciones notificó el rechazo de su apelación.

Afirma que, por causa de tal calificación, la recurrente será desvinculada de la institución en el plazo de 30 días, ya que, pese a que la actora ha recurrido ante las instancias administrativas correspondientes, todas le han sido rechazadas, y las que quedan pendiente de resolución ante la Contraloría General de la República, no resuelven con la inmediatez que su estado de embarazo requiere.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, sostiene que los hechos objeto de la presente acción vulneran su derecho a la integridad física, así como la vida del que está por nacer, pues la recurrente requiere constantes evaluaciones médicas a fin de prevenir un parto prematuro, pero no podrá hacerlo al no contar con una remuneración mensual. En cuanto a su integridad psíquica, la misma también se ha visto afectada, por cuento sufrió una descompensación por estrés, lo que desencadenó síntomas de aborto, al serle notificada la resolución que en estos antecedentes impugna.

Agrega que se ha afectado su derecho a la igualdad ante la ley, ya que la resolución impugnada otorga un trato distinto de aquel dado a otras mujeres funcionarias de la PDI, a quienes individualiza, las que si gozan de fuero maternal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo.

Además, se ha vulnerado su derecho a un debido proceso, en tanto se le calificó considerando una sanción que no se encuentra firme.

Agrega que se ha vulnerado su derecho a la privacidad, ya que se le habría aplicado la sanción de 5 días de arresto por haber detectado que la recurrente inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, hecho que se estableció mediante la interrogación, sin previa orden judicial, de funcionarios de tal servicio, y de haber recibido una entrega voluntaria de boletas de honorarios por parte de Radio ADN.

Por último, refiere que se ha vulnerado su libertad de trabajo.

Termina solicitando lo siguiente: que se deje sin efecto la resolución de fecha 21 de noviembre de 2019, de la Junta Calificadora Zonal de Valparaíso, que rechazó el recurso interpuesto en contra de la resolución de calificación; que se ordene la reincorporación inmediata de la recurrente; que se la paguen sus remuneraciones integras, por estar amparada en el fuero maternal del artículo 201 del Código del Trabajo; que, se deje sin efecto la calificación nota 5.64, que la clasifica Lista 4 Mala, por encontrarse beneficiada con fuero maternal al momento de la notificación de la misma y además, por haber tenido como antecedente una sanción que aún no se encuentra firme; y, que la recurrida para volver a evaluar a la actora, deberá abstenerse de considerar la resolución Nº286 de fecha 04 de junio del 2018, que impone 5 días de arresto mientras ésta no se encuentre firme.

Junto con su recurso acompaña los siguientes documentos: copia de "Acta de Notificación" dictada con fecha 21 de noviembre de 2019, por nombre reservado, Subprefecto de la PDI, Secretario Junta de Apelaciones, que resolvió ratificar la decisión dictada por la Junta Calificadora Zonal de Valparaíso; Certificado de fecha 18 de diciembre de 2019, emitido por el facultativo nombre reservado, médico ginecólogo, respecto que la recurrente tiene un embarazo de 17 + 4 semanas de gestación, que su última menstruación fue el día 16 de agosto de 2019 ( y esa es la fecha de concepción), y que su embarazo es de alto riesgo obstétrico pues ha tenido hemorragias de manera reiterada y que en razón de lo anterior tiene estrictamente prohibido ser sometida a situaciones estresantes; certificado emitido por el médico nombre reservado de fecha 10 de diciembre de 2019, respecto que la actora presentó un aborto fecha 1 de julio de 2019; certificado médico emitido por el médico Psiquiatra nombre reservado, quien indica que la actora ha sido diagnosticada con un trastorno adaptativo, el cual está siendo tratado con medicamentos a partir del 5 de julio de 2019; e Informe Anual de Calificación que refleja la actora ha estado en lista 1 desde su ingreso a la institución, junto con la Hoja de Vida Anual del período correspondiente al 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 y la Hoja de Vida Anual correspondiente al período 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020; Circular N° 1 de 29 de febrero de 2012; Circular N° 12 de 15 de noviembre de 2019; Oficio Ord. 11, de fecha 07 de enero de 2020, enviado por Isable Pla, Ministra de la Mujer Equidad y Género, a don nombre reservado, Director General PDI; Oficio reservado N° 873, de fecha 27 de diciembre de 2019, enviado por la Ministra de Mujer Equidad y Género nombre reservado dirigido al Ministro del Interior Gonzalo Blumel Mac Iver; Dictamen N° 891, del 7 de enero del 2015, emitido por la Contraloría General de la República; Publicación del Diario Oficial, de fecha 17 de enero de 2019; Resolución exenta N° 275/2018/377-2018, de fecha 31 de agosto de 2019; Dictamen de Contraloría; Recurso de Apelación interpuesto por la recurrente ante la Junta de Apelaciones de la PDI respecto de la calificación en Lista 4 Mala.

2º) Que, habiéndose solicitado informe a la recurrida, este se tuvo por evacuado en su rebeldía.

3º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4º) Que, dicho lo anterior, procede analizar el recurso deducido en orden a verificar, en primer lugar, la existencia de un acto arbitrario e ilegal como se denuncia. El recurrente lo hace consistir en la decisión adoptada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, de desestimar su recurso de apelación deducido en contra de la calificación con nota 5.64 efectuada por la Junta de Calificaciones II Zona Policial, lo que importó su inclusión en Lista 4, Mala.

5º) Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 28 de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, “Todo el personal de la Policía de Investigaciones de Chile deberá ser calificado y clasificado anualmente en conformidad con las normas del presente Reglamento…”. El artículo 2° señala que la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, la que comprenderá tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar, que corresponde, atento a lo señalado por el artículo 3°, al lapso entre el 1° de agosto y el 31 de julio del año siguiente, y se efectuará de acuerdo a los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida Anual y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto (artículo 8°) y considerará los factores de Espíritu de Cuerpo, disciplina, reserva funcionaria, aptitud de mando, respeto a la dignidad humana, ética profesional, capacidad funcionaria, criterio, iniciativa, conducta privada, cooperación, sociabilidad, condición física, asistencia y puntualidad (artículo 6°), factores que están definidos en el artículo 16 del referido Decreto.

De otra parte, el inciso segundo del artículo 4° del citado Decreto Supremo, ordena que las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado.

De lo anteriormente expuesto se colige, que la decisión de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, fue adoptada por el órgano calificador establecido al efecto, en uso de sus atribuciones privativas, de conformidad con lo dispuesto en la ley, lo que permite descartar la ilegalidad en su actuar.

6º) Que, en lo concerniente al reproche de arbitrariedad, la decisión adoptada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile no aparece como un acto arbitrario, carente de toda razonabilidad, por el contrario, aparece debidamente razonado, sin que corresponda a esta Magistratura entrar a revisar el mérito de la calificación efectuada por la parte recurrida, por exceder de los márgenes de la presente acción constitucional, en cuanto a su naturaleza y finalidad.

En efecto, el recurso de protección no es una nueva instancia para revisar los procedimientos administrativos adoptados en uso de prerrogativas que son propias de los organismos públicos.

7º) Que, al no comprobarse la existencia de un acto arbitrario ni ilegal, fundamento del recurso deducido, resulta inoficioso entrar a analizar la presunta conculcación de derechos fundamentales y fuerza a su necesario rechazo.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-4034-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogado integrante señora María José Montesino Bianchi.

La Serena, a tres de febrero de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.