nombre reservado con COLEGIO INGLÉS CATÓLICO DE LA SERENA S.A.

nombre reservado, nombre reservado

Colegio Inglés Católico Recurso de Protección Rol 4023-2019 La Serena, veintisiete de febrero de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha doce de diciembre de dos mil veinte comparece doña nombre reservado, periodista y relacionadora pública, domiciliada en domicilio reservado, quien comparece por sí y en representación de su hijo, el menor nombre reservado y por el padre de éste, don nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra del Colegio Inglés Católico La Serena S.A., representado por su rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón que con fecha seis de noviembre del año dos mil diecinueve fue informada por una profesora del establecimiento y el subdirector del mismo sobre la cancelación de la matrícula de su hijo ya individualizado, decisión que vulneraría los derechos fundamentales que singulariza en su libelo y de que son titulares todos los recurrentes.

Explica que su hijo nombre reservado ingresó al Colegio Inglés Católico La Serena en el año 2011, cursando actualmente séptimo básico, que al inicio del año 2019, por razones económicas, debió matricularlo en un colegio distinto, pero que al no adecuarse al mismo y al extrañar a sus compañeros volvió a matricularlo en el establecimiento recurrido, el cual permitió incorporarlo. Refiere que el menor presentó conductas que le merecieron observaciones en su hoja de alumno, recibiendo tratamiento de psicólogos y neurólogo, los que informaron que el menor debía ser objeto de educación diferencial dado su comportamiento de inquietud y desconcentración.

Agrega que con el tiempo y los tratamientos el comportamiento de su hijo mejoró, recibiendo anotaciones positivas y evidenciando un cambio.

Expone que, en tal contexto, fue citada a una reunión en el colegio, donde fue informada por la profesora doña nombre reservado y el subdirector del establecimiento, don nombre reservado, que se cancelaba la matrícula de su hijo nombre reservado para el año 2020, ello por haber cometido actos de maltrato en contra de compañeros de curso, teniendo además anotaciones negativas por burlarse de la misma compañera.

Afirma que luego de esta noticia quedo con sorpresa, pena y extrañeza, ya que su hijo tiene buenas relaciones con sus compañeros de curso. Así, conversó nuevamente con doña nombre reservado, solicitándole que la anotación a que se había hecho referencia y en que se afirmaba que su hijo había maltratado a una compañera, señalándole la profesora singularizada que se había equivocado y que la misma no existía.

Afirma que le informó a su hijo de la decisión del colegio, quien estaba acompañado de otros compañeros de curso, los cuales le señalan que Luciano no tenía responsabilidad en los hechos que se le imputaban, agregando que la propia afectada, la menor Isidora Martel nombre reservado, le señaló que su hijo no tuvo responsabilidad en lo sucedido, siendo otras compañeras las causantes de ello y que correspondían a las menores nombre reservado y nombre reservado y que incluso, la madre de la menor afectada, doña nombre reservado, que se encontraba con su hija, le manifestó que lamentaba tan funesta decisión, agregando que Luciano no era el responsable de los hechos, ya que las expresiones se enviaron desde su celular sin tener participación en su redacción y escrituración, como igualmente le había pedido pololeo a su hija, petición que no menoscababa a su hija.

Afirma que lo anterior es ratificado con las declaraciones de las niñas involucradas (Javiera y Florencia) en los hechos, las que les manifestaron de forma personal que Luciano no fue el culpable de la situación, sino que más bien ellas las responsables, sobre todo nombre reservado, agregando que nombre reservado no escribió las ofensas y que, incluso, para poder quitarle el teléfono, lo agredieron.

Continúa afirmado que la propia apoderada de nombre reservado le expone que en una reunión anterior habían dejado claro que nombre reservado no había participado en los insultos.

Refiere que apeló de la decisión de no renovar la matrícula, esperando una resolución favorable dadas las palabras y comentarios efectuados por la menor afectada y su madre, las que exculpaban a su hijo, agregando que nunca se les dio acceso a los antecedentes de la investigación.

Señala que el 21 de noviembre de dos mil diecinueve, por carta certificada dirigida a su domicilio, se le notifica lo resuelto por el rector del colegio, que rechaza la apelación, le informa de los hechos investigados, del cierre de la investigación y de la circunstancia que se estableció la situación de maltrato escolar contra la menor afectada, las cuales especifica en general, determinándose la participación de varios alumnos, entre ellos, la de nombre reservado, agregando, en un acápite de la mencionada resolución, que “con fecha 05 de noviembre de 2019, atendidos los antecedentes ampliamente expuestos precedentemente, se resolvió la no renovación de matrícula 2020 para el alumno nombre reservado por haber participado en episodio de maltrato a Isidora Martel, lo que constituye una falta muy grave en estado de condicionalidad…”, por ello, conforme al mérito de la resolución, unido al mal comportamiento durante el año escolar, encontrándose en calidad de condicional, conforme a las disposiciones del reglamento interno del colegio justifica la decisión. Agrega que se reunió con el señor nombre reservado, le expuso nuevamente la situación de falta de participación de su hijo, que no había tenido acceso a la investigación, sin recibir algún comentario.

Añade que ante esta situación buscó un nuevo colegio donde matricular a su hijo, sin resultados positivos atendiendo la época (fin de año), lo cual se mantiene hasta la fecha de presentar el recurso de protección. Afirma haber presentado una reclamación ante la Superintendencia de Educación en contra del colegio recurrido por la falta de participación de su hijo, agregando que éste presenta diversos problemas producto de los hechos, destacando haber sido contactada por la referida institución pública, la que le habría indicado que los hechos denunciados eran graves, que afectaban los derechos de su hijo y que no se podía cancelar la matrícula, ya que ello afectaba su derecho a la educación.

Arguye que la decisión cuestionada es drástica, radical y lesiva para su familia y para su hijo, toda vez que no se consideraron todos los elementos de juicio y prueba, sin que exista una investigación sumaria como en derecho corresponde que permitiera determinar en forma inequívoca la responsabilidad o exculpación de su hijo en los hechos y que justifique la resolución adoptada, siendo ello agravado al considerar situaciones pretéritas en la conducta de su hijo ocurridas en mayo y julio de 2019, evidenciando así que se esperaba otra situación imputable a su hijo para expulsarlo.

Señala que lo sucedido y la decisión objeto de la acción de protección ha agravado la situación psicológica de su hijo, exponiéndolo a un deterioro de magnitud por quienes, justamente, deben impartir los principios y valores propios del Colegio Inglés, entre ellos honestidad, transparencia, veracidad, etc., demostrando un actuar contrario a ello, caracterizado por inflexibilidad, rigidez y falta de principios educativos con un menor de edad que merece atención y cuidado.

Conforme lo expuesto, se ve en la necesidad de recurrir de protección en contra del rector del Colegio Inglés Católico, a fin de que, previo informe de rigor, advirtiéndose la vulneración de garantías constitucionales de la compareciente, de su hijo y su pareja, se revoque la decisión de cancelar la matrícula para el año 2020, única medida que puede restablecer el imperio del derecho y cesar la vulneración de las garantías que especifica.

Asevera que los hechos expuestos y la decisión del establecimiento educacional recurrido vulnera las siguientes garantías constitucionales tanto en perjuicio de su hijo, como la de sus padres:

1.- Artículo 19 N° 1: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, por cuanto la decisión recurrida ha afectado gravemente la integridad física y psíquica de nombre reservado, extendiéndose el daño a sus padres, quienes ven con impotencia la tristeza y desazón de su hijo que no puede estar con sus compañeros y amigos, y sabiendo que no cuenta con colegio donde continuar con sus estudios para el año 2020.

2.- Artículo 19 N° 2, esto es, “La igualdad ante la ley”, por cuanto el menor afectado no recibió un trato igualitario en la investigación practicada por la recurrida, no se le permitió la exhibición de ella, ni se le dio acceso a la misma a la recurrente, lo que importa una desigualdad ante la recurrida y las otras partes implicadas en la investigación, importando una diferenciación arbitraria al respecto.

3.- Artículo 19 N° 3 “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos …” Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos…”. La infracción se materializaría en el hecho que la supuesta investigación infringió tal garantía en perjuicio de su hijo, al no tener acceso a la misma, ante la nula posibilidad de rendir y ofrecer pruebas en favor del mismo, ello no obstante que en la apelación se solicitó la realización de diligencias, las que no se ejecutaron ni mucho menos hubo pronunciamiento respecto de su procedencia o improcedencia, siendo esta supuesta investigación, absolutamente ilegal y arbitraria.

4.- Artículo 19 N° 4 “ El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, a la protección de sus datos personales…”, ello dada la injuriosa imputación efectuada en contra del hijo de la recurrente de ser responsable de maltrato sicológico en perjuicio de una compañera de curso, sin tener responsabilidad en ello, lo que vulnera su honra, lo expuso a la ignominia y vergüenza de la comunidad escolar, oprobio agravado con su expulsión en la práctica de su colegio, afectación de la honra que se hace extensivo a sus padres, al poner en entredicho su calidad de padres.

5.- Artículo 19 N° 10 “El derecho a la educación”, por cuanto no ha encontrado un establecimiento educacional a la fecha en el cual nombre reservado pueda continuar con sus estudios, siendo negativa la posibilidad de matricular al menor en un establecimiento particular o municipal, ello dada la fecha en que ocurre este proceso. Así, resulta grave que su hijo no pueda continuar con sus estudios, por culpa de la recurrida que cancela la matrícula a fines de noviembre, restando toda posibilidad a los padres de contar con otro colegio. Agrega que la decisión afecta y vulnera tratados internacionales, al vulnerarse los derechos del menor y de la recurrente, los que se materializan en instrumentos legales y constitucionales como la Convención sobre Derechos del Niño que se rige por 4 principios elementales; la no discriminación de los menores, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en decisiones que le afecten. Igualmente, la decisión de la recurrida vulnera los artículos Nos. 1, 2, 4 y 10 letras a) y b) de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación.

Culmina solicitando se acoja la acción de protección y se adopten todas las medidas pertinentes para que la recurrida cese en sus actos de violación a las garantías constitucionales singularizadas, sin perjuicio de dejar sin efecto la decisión de cancelar la matrícula de nombre reservado para el año 2020 y todas aquellas que permitan restablecer la vigencia de los derechos de los recurrentes, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrente acompaña, a fin de dar sustento a sus alegaciones, los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento de nombre reservado; 2.- Carta de “No renovación de Matrícula”, notificada el 6 de noviembre de 2019; 3.- Recurso de Apelación para ante el rector del Colegio Inglés; 4.- Resolución del rector de la recurrida, de fecha 20 de noviembre de 2019 y notificada en el domicilio domicilio reservado del mismo mes y año, y 5.- Nota entrevista alumno N° 9, de fecha 15 de octubre de 2019, de nombre reservado, ex alumno del Séptimo Básico B.

TERCERO: Que, evacuando el informe de rigor, comparece doña Susana Gómez Martínez, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación del Colegio Inglés Católico de La Serena S.A., quien, en la representación que inviste, solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con costas.

Se refiere a la acción de protección deducida por doña nombre reservado a favor de su hijo menor, nombre reservado y a las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas, haciendo presente que este tribunal ha sostenido que la acción constitucional en análisis requiere un acto u omisión ilegal o arbitrario, conceptos que analiza en su informe, sosteniendo que en el caso de autos no existe acto ilegal o arbitrario por parte de su representada.

Analiza, previamente, la situación concreta del establecimiento en orden a que se trata de un colegio particular pagado, en el cual se paga por cada año lectivo, celebrándose con los apoderados el respectivo contrato de prestación de servicios y refiriéndose a la situación de nombre reservado, quien fue retirado por sus apoderados en el año 2018, para en el mes de mayo de 2019 ser nuevamente matriculado en el Colegio Inglés, a lo cual el establecimiento accedió aun cuando había transcurrido algún tiempo desde el inicio del año escolar. Agrega que el 22 de mayo de 2019 se celebra por la recurrente el respectivo contrato de prestación de servicios para el año lectivo, documento en el cual tanto el apoderado como el alumno declaran conocer y aceptar y se obligan a respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 2019 y sus protocolos, así como el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar vigente.

Expone que cada año escolar se evalúa el comportamiento de los alumnos, ello en base al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y terminado el respectivo período, las conductas y eventuales faltas no se consideran para el futuro, salvo que se suscriba entre el Colegio, la familia, el apoderado y el alumno un Compromiso Ámbito Convivencia Escolar que rige para el año siguiente.

Agrega que en el año 2018 dada las faltas del menor se suscribió una “Carta Compromiso: Ámbito Convivencia Escolar”, para el año 2019, en el cual se reconocía que el alumno había transgredido en el año 2018 valores institucionales y normas de Reglamento Interno de Convivencia Escolar, agregando que en dicho documento se efectuaban una serie de advertencias en orden a que si no se cumplían los compromisos se revisarían las medidas hasta la no renovación de matrícula. Este documento fue firmado, pero el menor fue retirado en el 2018 y reingresado el 22 de mayo de 2019. Al momento de ser nuevamente matriculado el 2019 se hace suscribir al apoderado y al alumno un nuevo Compromiso Ámbito Convivencia Escolar para el primer semestre de 2019, documento en que nuevamente se hace la advertencia que frente a un incumplimiento se podría avanzar en las sanciones desde una reflexión hasta la no renovación de matrícula.

Hace presente que el primer día de clases el alumno, ya informado sobre el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, incurre en dos anotaciones negativas, proponiéndose un plan de trabajo, agregando que el menor nombre reservado, a pesar de los compromisos suscritos, presentaba en el primer semestre de 2019 catorce anotaciones negativas y, conforme al referido reglamento, se le otorgó la condicionalidad de matrícula, documento en el cual se estableció que de no cumplirse los compromisos por el alumno o su familia se podía llegar a la no renovación de la matrícula, carta que fue suscrita por la apoderada y el alumno.

Expone sobre el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, concretamente sobre el apartado referido a la condicionalidad de la matrícula, sobre el responsable de implementarla y en que consiste, siendo el último nivel de atención ante el incumplimiento de compromisos en ámbitos conductual y/o de responsabilidad escolar, refiriéndose al procedimiento de aplicación y sus consecuencias, afirmando que de todo ello estaban debidamente enterados los recurrentes.

Continúa, luego, efectuando una relación sobre las reglas contenidas en el acápite “Consecuencias Asociadas a la Aplicación de Condicionalidad de Matrícula”, haciendo hincapié que conforme al mismo ningún estudiante puede tener dos condicionalidades seguidas en el establecimiento educacional, de forma que a completar una condicionalidad, si el alumno incurre en una nueva falta cuya gravedad amerita otra condicionalidad, se considerará agravante la condicionalidad anterior y se procederá a la cancelación de la matrícula, medida que debe ser comunicada.

Afirma, conforme lo expuesto, que la apoderada recurrente y el alumno fueron advertidos en varias oportunidades de las conductas contrarias a las normas del establecimiento. Así, el 10 de septiembre de 2019 en una entrevista con la encargada de convivencia se hace presente que nombre reservado tenía anotaciones negativas, por lo que se realiza una “conversación fraterna” recordándole la posibilidad de no renovación de matrícula.

Agrega que no obstante ello, el 15 de octubre de 2019 se recibe una denuncia de la alumna Isidora Martel y su madre doña nombre reservado, iniciándose un protocolo por maltrato escolar de forma tal que, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar se inicia un procedimiento de investigación mediante entrevistas individuales y grupales, entrevistándose alumnos y apoderados.

Asevera que de esa investigación resultó la participación del alumno nombre reservado junto a otros compañeros.

Sostiene que la recurrente fue citada reiteradamente a partir del 16 de octubre de 2019 a entrevista para ser informada, sin embargo no asistió a esas citaciones sino hasta el 6 de noviembre de 2019, cuando ya se había cerrado el protocolo por maltrato y se había comprobado que nombre reservado había tenido participación en una falta considerada por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar como muy grave.

Expone y afirma que, luego de cerrada la investigación, se determinó la existencia de maltrato escolar contra la menor Isidora Martel, singularizando los actos en que ello consistió, incluyendo el uso de medios tecnológicos por un grupo de alumnos entre los que se encontraba el alumno nombre reservado, descubriendo, además, la existencia de un perfil falso de Instagram que la alumna nombre reservado utilizó y mantuvo en su teléfono celular desde el cual, junto con otros compañeros, entre ellos nombre reservado, realizó burlas a la alumna Isidora Martel, del tipo conversaciones amorosas inventadas, para lo cual se decidió tomar una medida formativa. Todo ello llevó a aplicar sanciones a los alumnos involucrados, pero dado que se encuentran en situaciones diversas por sus antecedentes conductuales previos, las mismas fueron de diversa naturaleza dada la progresión de las sanciones, de forma que dos alumnos fueron afectados por la no renovación de su matrícula, entre ellos nombre reservado.

Continua el informe con una extensa relación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de las normas que establecen el sistema sancionatorio, entre ellas la naturaleza de la falta cometida y las sanciones previstas a la misma, continuando la exposición al procedimiento sancionatorio y sus etapas de activación, indagación, resolución y apelación, medio recursivo que fue interpuesto y rechazado.

Hace presente que su representado se encontraba en la obligación legal de aplicar una sanción a los hechos investigados, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 16D, párrafo final del D.F.L. N° 2, de 2010 del Ministerio de Educación, todo conforme al reglamento interno.

Así, concluye, que la decisión de no renovar la matrícula no fue arbitraria, se sujetó al procedimiento previsto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, normativa aceptada por la apoderada y el alumno.

Analiza en su informe la obligación legal de los establecimientos de educación de contar con un Reglamento Interno que defina las normas de convivencia, estableciendo las faltas, sanciones, su graduación, la naturaleza de las infracciones, haciendo presente que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar se enmarca en la normativa constitucional, legal y reglamentaria que expone e identifica latamente, concluyendo que, conforme a ella, el alumno había atentado contra un bien superior en materia educacional como lo es la convivencia escolar. Continúa haciendo presente la importancia que el legislador educacional ha dado a la misma, considerándola un objetivo de aprendizaje, citando diversas orientaciones en tal materia, citando la Ley N° 21.128 sobre Aula Segura, a fin de evidenciar, en su concepto, la importancia de la convivencia escolar, al punto que la ley obliga al director de un establecimiento a iniciar un procedimiento sancionatorio cuando existen faltas graves a ella.

Haciéndose cargo de los derechos fundamentales amagados, sostiene que al no existir acto ilegal o arbitrario, no procede el recurso intentado, pero se refiere a ellos sosteniendo que no hay tal afectación. Afirma que no puede existir infracción al artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto la sanción aplicada es responsabilidad del alumno y no del Colegio, el cual sólo debe ceñirse a la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Agrega, en relación con lo dispuesto en el N° 2 del artículo 19 que tampoco existe un menoscabo en tal derecho fundamental, ya que el procedimiento sancionatorio se desarrolló con objetividad, siendo citada la apoderada, quien no concurrió sino cuando el mismo estaba cerrado. Tampoco existe la transgresión a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, conforme lo dispone el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, por cuanto es falso que no se le permitió tener acceso a la investigación, ni se impidió rendir prueba, ni se limitó el recurso de apelación, toda vez que Reglamento Interno de Convivencia Escolar establece que el procedimiento debe estar terminado en 15 días hábiles. Finalmente, no hay afectación al derecho a la honra y la vida privada, conforme lo establece el artículo 19 N° 4°, toda vez que conforme a las normas del reglamento tantas veces citado los procedimientos de investigación son reservados y sólo los pueden conocer las partes involucradas y los trabajadores e instancias del establecimiento educacional, no se publicitan las situaciones investigadas en el colegio, por lo que no puede existir la contravención denunciada. En relación al derecho fundamental contenido en el N° 10 del artículo 19 de la Constitución Política, sostiene que debe ser rechazado, ya que el aviso de no renovación de la matrícula fue el 6 de noviembre de 2019 y no a finales del mismo mes como señala la actora, agregando además que llama la atención que la recurrida a fines del 2018 no matriculara a su hijo en el Colegio Inglés y perfectamente ubicó otro colegio donde matricularlo para el año 2019 y, cuando el menor quiso volverá a fines de mayo, tampoco hubo inconveniente. Agrega, en relación a lo último que no se puede endosar al Colegio Inglés un problema que el mismo no genero ni es de su responsabilidad.

En definitiva, culmina solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que el recurrido, el Colegio Inglés Católico de La Serena, acompaña en sustento de su informe y de las argumentaciones contenidas en él, los siguientes documentos: 1.- Contrato de Prestación de Servicios Educacionales de nombre reservado; 2.- Copia Reglamento Interno de Convivencia Escolar CICLS 2019; 3.- Entrevista día abierto proceso 2018, de 11 de diciembre de 2018, alumno nombre reservado y carta Compromiso Ámbito Convivencia Escolar; 4.- Entrevista apoderada nombre reservado, de 23 de mayo de 2019; 5.- Entrevista alumno nombre reservado de 24 de mayo de 2019 y Carta Ámbito Convivencia Escolar 2019; 6.- Entrevista día abierto proceso 2019, fecha 12 de julio 2019 / 09 de agosto 2019; 7.- Carta condicionalidad de matrícula; 8.- Entrevista alumno nombre reservado 10 septiembre 2019; 9.- Entrevista apoderada nombre reservado con denuncia por maltrato de nombre reservado a su hija Isidora Martel de fecha 15 de octubre de 2019; 10.- Trece entrevistas alumnos (incluido nombre reservado) en el marco de la investigación por el Protocolo de Maltrato a Isidora Martel; 11.- Doce entrevistas apoderados en el marco de la investigación por el Protocolo de Maltrato a Isidora Martel; 12.- Nueve documentos que dan cuenta de correos citatorios a apoderada y de actas de entrevistas no realizadas por la ausencia de la apoderada; 13.- Entrevista de apoderado de fecha 06 de noviembre de 2019; 14.- Carta no renovación de matrícula nombre reservado; 15.- Resolución sobre Protocolo Maltrato con responsables y sanciones; 16.- Recurso de apelación de la apoderada de nombre reservado, y 17.- Resolución a recurso de apelación.

QUINTO: Que durante la tramitación del recurso de protección las partes presentaron, adicionalmente, otros documentos. Así, la recurrente, mediante presentación de fecha 14 de enero de 2020, agregó en sustento de su acción los siguientes documentos: 1.- Informe psicológico elaborado de 09 de septiembre de 2019, por la profesional doña nombre reservado, psicóloga clínica infantojuvenil, y 2.- Certificado de atención e informe de fecha 13 de enero de 2020, elaborado por la profesional nombre reservado, psicóloga clínica infanto-juvenil, en virtud del cual se menciona que “durante la sesión se percibe a Luciano con bajo ánimo y desesperanzado en torno a su situación actual respecto del Colegio, además de percibir que la situación es injusta ya que manifiesta que él no habría sido el responsable del suceso… Por su parte, con fecha 15 de enero del año en curso, la recurrida, presenta, a efectos vivendi, los siguientes antecedentes: 1.- Sentencia 09-07-2019, Rol Corte Suprema 59-2019; 2.- Sentencia 09-07-2019, Rol Corte Suprema 69-2019, y 3.- Sentencia 11-11-2019, Rol Corte Suprema 20.561-2019.

SEXTO: Que con fecha 20 de enero del 2020 se lleva a cabo la vista del recurso, compareciendo a estrados la abogado doña Susana Gómez Martínez, quien se anunció y alegó en contra el recurso.

Efectuada la alegación verbal, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decretó como medida para mejor resolver la siguiente: Solicítese a la Superintendencia de Educación, los antecedentes relacionados con la investigación denominada caso “CAS-120856-T9S0D0”, referido al expediente sobre maltrato escolar que habría ocurrido en el establecimiento educacional Colegio Inglés Católico de La Serena S.A., los cuales deberán ser puestos a disposición de esta Corte, mediante la plataforma digital, dentro del término de ocho días. La Superintendencia de Educación, mediante oficio ordinario 4DR N° 080, de 31 de enero de 2020, dio cumplimiento a lo solicitado, remitiendo la totalidad de los antecedentes relativos al caso CAS-120856-T9S0D0 ya singularizado.

Habiéndose dado cumplimiento a la medida para mejor resolver, se adoptó el acuerdo con fecha 24 de febrero del año en curso, sólo por la Ministro suplente señora Caroline Turner González y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés, ello por encontrarse con licencia médica en curso la Ministro señora Marta Maldonado y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 78 y 80 del Código Orgánico de Tribunales.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de rango constitucional y de naturaleza cautelar a objeto de amparar y dar efectividad a determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio, ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que del análisis del libelo pretensor se advierte que el acto impugnado corresponde a la decisión del Colegio Inglés Católico de La Serena de no renovar la matrícula para el año escolar 2020 del menor nombre reservado, decisión que constituye la materialización de la aplicación de una sanción disciplinaria contenida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del referido establecimiento educacional y que fue determinada al incoarse, previamente, un procedimiento investigativo o disciplinario contenido en la referida regulación interna, proceso que se inició ante la denuncia de una situación de maltrato escolar efectuada por la menor Isidora Martel nombre reservado y su madre doña nombre reservado.

El referido procedimiento investigativo o sancionatorio disciplinario, conforme se desprende de la decisión recurrida, conforme se afirma en su informe por el establecimiento educacional recurrido y se sostuvo en estrados, habría establecido la participación del menor nombre reservado en los hechos investigados, estimando que ellos configuraban una falta muy grave al Reglamento Interno, materializada en una situación de maltrato escolar a una compañera de curso, ello incluyendo el uso de medios tecnológicos o virtuales, lo que unido a la existencia de una situación de condicionalidad de la matrícula determinada durante el año escolar 2019, decretaba, de conformidad a la reglamentación referida, la no renovación de la matrícula para el año escolar 2020.

Tales fundamentos, que sostienen la sanción disciplinaria objeto de la acción de protección, son esencialmente reiterados, posteriormente, al resolver el recurso de apelación intentado por la actora, refiriéndose nuevamente a que se encuentra establecido en el proceso investigativo la participación del menor nombre reservado en los hechos investigados, habiendo participado en el episodio de maltrato a la menor afectada, lo que constituye una falta muy grave en estado de condicionalidad de matrícula, que, a la luz de la reglamentación interna, justifica la cancelación de la misma para el año escolar 2020.

DÉCIMO: Que, entre los requisitos legales para obtener el reconocimiento, la Ley N° 20.370, General de Educación, dispone en su letra f) que se debe contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, agregando que el reglamento no podrá contravenir la normativa vigente. Por su parte, el artículo 10 letra a) del mismo cuerpo legal establece, entre los deberes de los alumnos y alumnas, el brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. En forma similar, vinculado a la convivencia escolar, se refiere el artículo 9° del mismo cuerpo legal, disposición que al referirse a la comunidad educativa dispone: “El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno”, para recalcar que tal reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.

Por consiguiente, resulta efectiva la existencia de una política de convivencia escolar, la que se materializa en la presencia de una serie de directrices legales y reglamentarias que se imponen en el ámbito educacional y a una política nacional, lo que sirve de fundamento normativo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del establecimiento educacional recurrido, cuerpo que efectivamente establece, entre las eventuales sanciones a aplicar, la no renovación de la matrícula o la expulsión, al calificarse alguna falta de muy grave, lo cual, conforme lo dispone el documento citado es posible de efectuar “siempre y cuando den cuenta de haber puesto en riesgo real (no potencial) la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad causado un daño moral a la imagen de algún miembro de la comunidad” (punto V.18.7.13. De la reiteración de faltas y otros).

Asimismo, el referido Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), establece el procedimiento investigativo para la aplicación de alguna de las sanciones establecidas.

UNDÉCIMO: Que, la sanción disciplinaria aplicada, como cualquier otra pena o castigo, importa siempre la existencia de un comportamiento, activo o pasivo, que infringe una disposición prohibitiva o imperativa y a consecuencia de lo cual se establece u otorga una consecuencia negativa determinada, en este caso, la privación del derecho a matrícula en el establecimiento educacional recurrido.

De ello deriva que una sanción, incluso en el ámbito educacional-disciplinario, requiere la existencia de un determinado supuesto de hecho a consecuencia del cual se aplica el castigo, de forma tal que, estructuralmente, posee la calidad de una regla y no de un principio.

El referido supuesto de hecho, en el caso concreto, esta determinado por la existencia misma de la infracción, es decir, del comportamiento que importa la afectación real, no potencial como establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento recurrido, a la integridad física o psicológica de la menor afectada y que debe ser imputable, desde una perspectiva conductual, a quien es sancionado, es decir, al menor nombre reservado.

De esta forma, como en todo sistema sancionatorio, ha de establecerse en el proceso investigativo, con un mínimo estándar probatorio, el hecho generador de la infracción y la imputación personal a dolo o culpa del infractor en el hecho generador de responsabilidad, de forma tal que la falta de establecimiento de alguna de tales circunstancias (hecho y participación), impide la aplicación de la pena o sanción, la que de aplicarse con infracción a la determinación concreta de tales elementos se torna ilegal, ilegítima y arbitraria.

DUODÉCIMO: Que, el hecho determinante en la aplicación de la sanción impugnada, conforme se desprende de los antecedentes acompañados en autos, dice relación con la eventual participación de nombre reservado en un episodio de maltrato a la menor afectada, lo que unido a su situación disciplinaria anterior -existencia de una condicionalidad- determinó la no renovación de la matrícula como medida disciplinaria.

Como se expone en la decisión del rector del establecimiento, de fecha 20 de noviembre de 2019, que rechaza la apelación intentada, la situación de maltrato habría consistido en “burlas, agresiones y hostigamientos realizados en sala de clases y por medios tecnológicos por un grupo de alumnos entre los cuales, se encontraba el alumno” ya individualizado. Concretamente, se desprende de los antecedentes, que el hecho imputado fue contactarse con la menor afectada por vía de Instagram, ello por medio de la cuenta del menor nombre reservado, quien le habría efectuado una supuesta declaración afectiva, para luego efectuar una serie de afirmaciones y comentarios inadecuados y ofensivos, refiriéndose negativamente en relación a la menor afectada a la que se le califica de “flaite”, burlándose de otras características físicas. La referida acción habría sido realizada utilizando el teléfono celular del menor nombre reservado, elemento en base al cual se le imputa haber participado voluntariamente en tales hechos.

Sin embargo, de los antecedentes reunidos en el período de investigación incoado por el establecimiento educacional, los que se acompañaron a estos autos, se desprende que habrían sido otras dos menores, identificadas como nombre reservado y nombre reservado las que habrían efectuados tales comentarios y enviado los mensajes, utilizando para ello el teléfono de nombre reservado, lo que es, reconocido por la primera, quien incluso expone que la responsable de los hechos fue nombre reservado, exponiendo esta última que efectivamente tomó el teléfono del menor nombre reservado. Adicionalmente, de los antecedentes remitidos por la Superintendencia de Educación, relativos al caso CAS-120856-T9S0D0, se acompañan copias de las conversaciones efectuadas por Instagram, de cuya lectura se desprende que quien escribe podría corresponder a una persona distinta, aspecto que la misma menor afectada se habría dado cuenta, cuando escribe “dile que me hable del de ella y que no se esconda detrás de ti”.

A lo anterior se unen diversas declaraciones de otros compañeros de curso de los menores involucrados y del establecimiento educacional, que se refieren a que el conflicto se habría iniciado por parte de la menor nombre reservado, siendo ella quien manipulaba la cuenta de Instagram de nombre reservado, insultando y menoscabando a la menor afectada por los hechos investigados, llegando incluso, a la creación de un perfil de Instagram falso para realizar acciones similares.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme se expone y se desprende de los antecedentes tenidos a la vista y de la propia investigación realizada por el establecimiento educacional, no resulta debidamente establecido que en los hechos que motivan la decisión impugnada haya participado el menor nombre reservado, desprendiéndose, más bien, que otras menores involucradas, nombre reservado y nombre reservado, habrían utilizado el teléfono celular del primero y su cuenta de Instagram para comunicarse con la menor afectada, utilizando la misma para efectuar una serie de afirmaciones que la denostaban.

Que la falta de precisión en el establecimiento del hecho, concretamente de la participación del menor nombre reservado, dado el mérito de los antecedentes reunidos y examinados, torna en ilegal y arbitraria la decisión recurrida, por cuanto el supuesto de hecho bajo el cual puede aplicarse la sanción disciplinaria de no renovación de la matrícula del menor carece de supuesto material que la haga aplicable, de lo cual su aplicación se torna en ilegal y, además, arbitraria.

En efecto, la legalidad de la medida adoptada no se sustenta sólo en la existencia formal del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), en el establecimiento de procedimiento investigativo previo, en la legalidad de las sanciones a aplicar, en la existencia de la posibilidad de defensa, en la política nacional sobre prevención del maltrato escolar, etc., sino que, esencialmente, requiere la necesaria determinación y acreditación del sustento o supuesto fáctico en base al cual se puede aplicar la medida disciplinaria, es decir, en el establecimiento concreto de la falta cometida y de la participación en ella, todo bajo un mínimo estándar de precisión, coherencia y gravedad que haga razonable y lógico el establecimiento y fijación del supuesto fáctico bajo el cual debe operar la sanción disciplinaria.

Adicionalmente, a juicio de estos sentenciadores, se debe ser especialmente celoso y riguroso en el caso de autos, no sólo por la aplicación misma de una sanción disciplinaria, sino por la afectación que la medida concreta puede producir en el derecho constitucional a la educación de que el menor sancionado es titular, quien puede verse afectado, dada la gravedad de la falta imputada y como ocurre en el caso concreto, a una limitación grave en el legítimo ejercicio del mismo, ello por un hecho que no se encuentra debidamente establecido y acreditado, lo que también puede trascender al impedir o dificultar el posible ingreso del menor sancionado a otros establecimientos educacionales que, frente a la sanción aplicada, estimen inconveniente recepcionar al mismo como alumno regular, ello sin perjuicio de otros derechos fundamentales que se ven afectados por el indebido, incorrecto y feble establecimiento de los hechos imputados y de la participación culpable del menor a cuyo favor se recurre.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo expuesto en forma precedente, constituye un estándar mínimo de certeza para quienes se encuentran sometidos a un estatuto disciplinario como el analizado en estos autos, el que se detallen concretamente las conductas reprochadas, ello mediante una descripción que permita su comprensión cabal por aquel a quien se le atribuye la ilicitud conductal, para que el enjuiciado pueda comprender cabalmente respecto de que hecho o circunstancia debe defenderse, siendo necesario un término adecuado que transcurra entre la formulación de los cargos, su notificación y la posibilidad de dar respuesta a ellos, todo ello complementado con la posibilidad real de rendir prueba y controvertir la de cargo, ello como exigencias mínimas que permitan enervar la imputación en base a la que se persigue la imposición de un castigo o sanción, debiendo existir, además, un régimen de recurso adecuado para revisar la decisión adoptada.

Si se examina la carta o decisión en que se comunica la no renovación de la matrícula del menor para el año escolar 2020, expedida con fecha 6 de noviembre de 2019, se observa en la misma la existencia de una imputación genérica, no específica, que no concretiza e informa debidamente los supuestos fácticos en base al cual se aplica la decisión recurrida y respecto de la cual es posible defenderse. Si bien es efectivo que la recurrente no concurrió a las diversas instancias en que se procuró informar sobre la apertura del proceso disciplinario, no es menos cierto que dada la falta de precisión de los sustentos fácticos en que se basa la decisión, no da claramente a entender cuál es el hecho respecto del cual ha de defenderse, lo cual se ve agravado, en el caso concreto, con la circunstancia que a pesar de haberse solicitado algunas diligencias al momento de apelar de la decisión de no renovación de la matrícula, la decisión de alzada de la autoridad escolar respectiva ni siquiera se pronunció sobre tales diligencias, limitándose la misma a efectuar una relación de los antecedentes analizados, ente los cuales, ahora, si existe una mayor profundidad en la determinación de los hechos concretos que justificaron la medida disciplinaria, pero ningún pronunciamiento sobre las diligencias de prueba solicitadas.

DÉCIMO QUINTO: Que conforme se viene exponiendo, la decisión, en cuanto medida disciplinaria, de no renovación de la matrícula para el año 2020 del menor nombre reservado, es, a juicio de estos sentenciadores y conforme a la argumentación vertida en las motivaciones precedentes, ilegal y arbitraria, afectando los derechos fundamentales reconocidos en los números 1°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido el Tribunal Constitucional: “La integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integran a plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo. De hecho nombre reservado sostiene que ‘La integridad moral puede ser una categoría de mayor valor que el derecho a la integridad física’; en su opinión, ‘se trata de un bien jurídico de distinta naturaleza, porque si a la persona se le garantiza la vida y la integridad, tendrá las posibilidades de defender como hombre su dignidad moral’ (Actas oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión N° 89, pág. 12. En: Vivanco, Ángela, Ediciones Universidad Católica del Chile, 2006, pág. 249. Por tanto, resulta imperativo e ineludible respetar ambas dimensiones, como aspectos que no pueden separarse y que conforman una sola unidad” (Tribunal Constitucional, rol 2867-2015, considerando 42°).

Resulta indudable que al no renovarse la matrícula escolar para el año 2020, se produce una separación en el entorno donde el menor nombre reservado se ha desarrollado en el ámbito educacional, proceso complejo que importa, adicionalmente, un extenso período de sociabilización, de desarrollo de capacidades, valores y potencialidades, esenciales en el desarrollo de todo ser humano y que, como lo enfatiza la ley N° 20.370 en su artículo 2° importa un “proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”

La circunstancia que con motivo de la sanción aplicada, que como se ha sostenido se sustenta en un antecedente fáctico no debidamente determinado, trae aparejado la interrupción de tal proceso, la desafectación de los vínculos personales y/o emotivos creados y, con ello, naturalmente, una afectación al bienestar psíquico del menor sancionado, por cuando el entorno social en que se ha desarrollado al interior del establecimiento educacional que integraba y que se concretiza en vínculos de amistad, fraternidad y de otra naturaleza con otros compañeros de curso, adultos y miembros de la comunidad escolar, se verá bruscamente quebrado producto de su separación de la referida comunidad, circunstancia que en el caso de autos posee especial entidad, ello no sólo por la corta edad del menor, sino en razón de quiebre del proceso de apoyo psicosocial de que ha sido objeto al interior del propio establecimiento y al exterior del mismo, lo que indudablemente menoscaba su integridad psicológica y el desarrollo futuro de sus propias potencialidades y capacidades, al serle imputado un hecho, que de encontrarse debidamente acreditado, resultaría grave, transformándose tal imputación en un evidente gravamen psicológico que afecta al menor en su desarrollo integral, interés superior y autonomía progresiva y a sus padres.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental resulta aplicable a todo procedimiento, aun cuando el mismo no sea de carácter jurisdiccional, ello más aún cuando, como en el caso de autos, es conducente a la imposición de una sanción que importa la privación y/o afectación de un derecho, como ocurre en autos.

Como se ha sostenido, la falta de determinación concreta del supuesto fáctico en base al cual se aplica la sanción que motiva la presente acción de protección, unido a la falta de concretización y especificación de los hechos imputados que sirve de sustento al procedimiento disciplinario y a la sanción aplicada, lo que repercute negativamente en el real ejercicio del derecho a la defensa que debía asegurarse al menor sancionado y a sus padres, importan para estos sentenciadores una infracción a la garantía constitucional referida.

Lo anterior resulta especialmente palpable al considerar que por mandato del artículo 5° de la Constitución Política resulta obligatorio para esta judicatura hacer plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen no sólo sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, sino además por la referida convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, derecho fundamental reconocido en el numeral 4° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, debe tenerse en consideración que el honor, conforme al Diccionario de la Real Academia, es concebido como “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. También es entendido como “gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea”.

De lo anteriormente examinado se desprende que el honor involucra un derecho de todo ser humano, cualquiera sea su condición social, sexo y posición económica a ser respetado por los demás individuos que conforman la sociedad, a no ser humillado, objeto de burla o mofa ante uno mismo o frente a otros individuos de la comunidad. Por ello, la honra, como bien constitucional objeto de protección es sinónimo de derecho al respeto y a la protección del buen nombre de una persona, derecho personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1° de nuestra Carta Fundamental y que se vincula también con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el N° 1 de su artículo 19, pues las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar, en ocasiones una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto, la generalidad de las veces general más que nada una notificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral carente de significación económica mensurable objetivamente (Tribunal Constitucional, sentencia de 10 de junio d 2008, rol N° 943-2007).

El honor se integra de dos perspectivas la externa u honor objetivo y la interna u honor subjetivo. Desde un punto de vista objetivo el honor es la apreciación y estimación que los demás tienen sobre nuestras cualidades personales, la opinión que otras personas tienen sobre un individuo y de ahí que se le denomine reputación y fama. Desde el punto de vista subjetivo el honor es un sentimiento basado en la estimación que hace una persona sobre sus propias virtudes y atributos personales. Como explica Garrido Montt, “la noción que posee todo individuo de su propia dignidad, del sentimiento de su valía en relación con sus semejante. Está conformada por aquella consideración que los demás habitantes y el Estado mismo le deben por la sola circunstancia de ser persona” (nombre reservado Montt, Derecho Penal, Tomo III, Parte Especial, pág. 195). Así se trata de la noción que cada individuo tiene de sí mismo y de su propia dignidad, “de la valía que él mismo tiene ante el resto ya sean las personas con las que se involucra como con el Estado, que le deben una cierta consideración por el solo hecho de ser persona” (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Parte Especial, Reimpresión, 3ª ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, t. III, pp. 152-153).

Conforme lo analizado, el honor, se puede ver lesionado o amenazado en ambas perspectivas, por lo que la circunstancia que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar establezca el secreto del contenido del proceso de investigación no importa que tal derecho fundamental no resulte vulnerado en su perspectiva interna, es decir, en la propia valía que cada uno de nosotros tenemos frente a los demás. De esta forma la circunstancia que las situaciones investigadas no sean publicitadas en la comunidad educativa, como se sostiene por la recurrida, no implica que el honor no se vea perjudicado, aun cuando los hechos afectatorios al referido derecho fundamental no trasciendan a terceros, cuestión que, por lo demás, en el caso de autos no es posible sostener que no haya ocurrido al examinar los antecedentes reunidos en la investigación donde se tomo declaración a un gran número de personas, incluidos alumnos y sus apoderados, interviniendo además diversas personas y docentes del establecimiento, todos los cuales se habrán formado una opinión de los hechos que se imputan al menor nombre reservado y que se califican como faltas muy graves a la honestidad y al respeto, incluyendo el episodio de maltrato escolar en que supuestamente habría participado, acto que, como ya se ha expuesto, no se encuentra debidamente establecido y que, por tanto, se estima que vulnera la honra del menor, exponiendo no sólo la perspectiva interna del mismo, sino además la externa al haber transcendido los hechos y la sanción a la comunidad escolar.

DÉCIMO NOVENO: Que en relación al derecho fundamental contemplado en el numeral 10 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, ha de tenerse en consideración que el artículo 20 de la misma no lo contempla dentro aquellos que son objeto de la acción de protección, de forma tal que, al menos formalmente, su eventual infracción por los hechos objeto de la presente acción no permiten acoger la acción deducida.

Sin embargo, a pesar de tal consecuencia formal, resulta posible sostener que el referido derecho fundamental es amparado por vía consecuencial, por otras garantías constitucionales que si son objeto de la acción de protección, ya que como afirma el profesor Noguera: “…el derecho a la educación está en conexión directa con otros derechos fundamentales que lo complementan, enriquecen y garantizan…”, entre los que destaca, para estos efectos y entre otros, el derecho a no ser objeto de apremios ilegítimos o afectaciones de su integridad física, mental o moral (art. 19 N° 1); el derecho a la igualdad y la no discriminación (art. 19 N° 2); el derecho a un procedimiento racional y justo o al debido proceso (art. 19 N° 3) (nombre reservado, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, tomo III, Librotecnia, p. 312).

Por consiguiente, igualmente se estima que los hechos ventilados en la acción de protección han afectado o lesionado el derecho a la educación de los recurrentes y reconocido en el artículo 19 N° 10 de la Carta Fundamental, en cuanto el mismo importa una garantía fundamental a acceder a la educación, lo que implica la incorporación del sujeto que goza del derecho a las escuelas, liceos o establecimientos educacionales, ello como presupuesto para el cumplimiento del derecho a la educación y, por otro, el derecho de los padres o tutores, incluyendo al propio educando en base a su desarrollo progresivo a escoger, dentro de las alternativas reguladas por la ley, el establecimiento público o privado en que se desarrollará su proceso educativo y formación, aspecto que en el caso concreto adquiere especial relevancia por cuando el menor nombre reservado ya se encontraba, hasta antes de la aplicación de la medida disciplinaria, cursando efectivamente el séptimo básico en el Colegio Inglés Católico La Serena.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado por sí y en representación nombre reservado y de nombre reservado, en contra del Colegio Inglés Católico La Serena S.A., representado por don nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la sanción disciplinaria de no renovación de matrícula para el año escolar 2020 aplicada, debiendo el establecimiento educacional ya singularizado efectuar todas las acciones necesarias para que el menor nombre reservado pueda ser debidamente matriculado y cursar el año lectivo escolar 2020.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 4023-2019.