nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

nombre reservado, nombre reservado

A.F. P. Provida y otros Recurso de Protección Rol N° 4015-2019.- La Serena, ocho de julio de dos mil veinte VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, se presenta Fundación Valídame, deduciendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, el que se dirige en contra de: A) AFP Provida S.A.; B) Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G.; C) Superintendencia de Pensiones; D) Comisión Médica Central; y e) Comisión Médica Región Metropolitana Sur.

Afirma que las entidades emplazadas han incurrido en acciones ilegales y arbitrarias, consistentes en vulnerar el derecho de propiedad tal como se establece en la Carta Magna, como asimismo, en el D.L. N° 3.500 de 1980, al incluir procedimientos administrativos lesivos que no han sido parte de la normativa, más allá de aquellos que el legislador había establecido en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno.

Manifestando que las recurridas han desplegado estrategias ilegales y arbitrarias como:

Realizar el control de siniestralidad; exigir más requisitos que los determinados en la ley desnaturalizando la función de la administradora de pensiones.

Indica que el Informe de la Comisión Especial Investigadora, de los Actos de Gobierno, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y la Superintendencia de Pensiones, acuerda “1. Fiscalizar, desde el año 2008 a la fecha, los actos de los Gobiernos realizados a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Pensiones, en relación con el cumplimiento de las normas relativas a las pensiones concedidas y denegadas por concepto de invalidez y sobrevivencia, según lo señalado en la parte considerativa de esta solicitud” (página 14 del informe).

En relación a la arbitrariedad del órgano de control -fundamentalmente- a la hora de resolver la controversia que afecta y perjudican a su representado, da cuenta el Oficio Ordinario emanado de la Superintendencia de Pensiones N°18116, de fecha 14 de agosto de 2018, tras denegarse esa institución a entregar copia de los expedientes que obraban en poder de las Comisiones Médicas, además, el Oficio N° 146/2019 de Fundación Valídame a la Superintendencia de Pensiones y el Oficio N° 23.190 conocido por esta Fundación con fecha 20 de noviembre de 2019 al ser notificado por correo certificado por la empresa de Correos Chile.

Indica que en representación del actor concurrieron a denunciar ante la Superintendencia de Pensiones, mediante el Oficio N° 146 de fecha 1° de octubre de 2019, sosteniendo que la ausencia de cobertura –de la pensión de invalidez- no habría obedecido a la ausencia de menoscabo laboral en la primera y segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez, producto de las enfermedades que le aquejaban en los dos trámites rechazados por las Comisiones Médicas Regional Metropolitana y Central.

Explica las solicitudes de invalidez formuladas por el recurrente:

A)

Primera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez de don nombre reservado, afiliado en la fecha de la referencia a A.F.P. Provida S.A., trabajador dependiente proveniente del Pilar Contributivo obligatorio del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, realiza primera Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez establecido en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, descrito en el Libro III, Letra D, Pensión de Invalidez, con fecha 07 de noviembre de 2011.

El Dictamen de fecha 20 de enero de 2012, N° 1113.049/2012, evacuado por la Comisión Médica Regional Metropolitana N°11, permite desprender que la solicitud suscrita por el trabajador el día 07 de noviembre de 2011, cuyo resultado es un rechazo al requerimiento, por obtener un 34% de menoscabo, esto es, inferior al 50% exigido como requisito mínimo para obtener una declaración de Invalidez Parcial Transitoria, o en su defecto sobre los dos tercios de menoscabo para obtener una Invalidez Total Definitiva.

Las razones que fundamenta la composición del dictamen son aparentemente tres diagnósticos médicos: Polineuropatía G83 Código Internacional de Enfermedades (CIE10), Endocarditis Valvular I38, Tratamiento Anticoagulante NCOP8, con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 34%, resultado que rechaza la solicitud.

El dictamen es apelado por el trabajador, siendo también rechazada la apelación por la segunda instancia, a decir, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, confirmando un 34% de menoscabo menor que 50%, así queda establecido en la Resolución N° C.M.C. 002400/2012 de fecha 21 de marzo de 2012.

B)

Segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez para afiliado cubierto por el SIS Conforme lo dispone el D.L N° 3.500, el trabajador se somete a una segunda Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, en condición de afiliado cubierto, solicitud suscrita el 18 de octubre de 2012, ante el mismo administrador de recursos de terceros, es decir, AFP Provida S.A., trámite del cual emana el Dictamen N° 1313.0221/2013, que entre los fundamentos consigna: Polineuropatía G63, Endocarditis I38, Insuficiencia Renal Crónica Post QXT N18, Hipertensión Arterial I10, y Tratamiento Anticoagulante NCOP11, estableciendo un menoscabo de 34% nuevamente, rechazando la solicitud, participando nuevamente las dos Comisiones Médicas.

Los resultados de dichos procedimientos quedan sustentados según sea el caso, en un dictamen, cuya responsabilidad recae en las mismas Comisiones Médicas Regionales y una Resolución cuando corresponda, emanada de la Comisión Médica Central, también rechazada.

C) Tercera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez cubierto por el SIS.

Dice que encontrándose desempleado como resultado del estado de salud que lo aqueja, con fecha 08 de agosto de 2017, realiza tercera solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez ante los intentos infructuosos anteriores, la nueva solicitud la realiza en calidad de Trabajador Independiente Cubierto por el SIS, establecido en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, Libro III, Título XV, Letra A, Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia causadas por el afiliado cotizante, Capítulo I. Ingreso base, b) Trabajador Independiente.

En el referido contexto, la Ejecutiva Previsional representando a A.F.P. Provida S.A, doña nombre reservado, si hubiera ejercido su función de buen administrador, sin conflictos de interés, tendría que haber explicado al trabajador, tal como lo señala el Compendio de Normas lo expresado en la Solicitud de Invalidez, que la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, se encontraba interrumpida por el retraso en el entero de la cotización, situación acaecida por encontrarse previamente hospitalizado, tal como daría cuenta la Solicitud de Calificación de Invalidez del Trabajador Afiliado. Al efecto, por la solicitud se evacua el dictamen N° 016.7505/2017, de la Comisión Médica Región Santiago Centro, que declara que procede otorgar Invalidez Definitiva Total con un 82.0% de menoscabo, mayor a 2/3, con los siguientes fundamentos: Visión Subnormal H54, Polineuropatía por Fármacos G62,0, Insuficiencia Renal Crónica N18, y TTO Anticoagulante T45.5.

Reclama que la AFP Provida S.A. no procedió a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el legislador en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo II. Procedimientos al recepcionar la solicitud de pensión, pues de haber explicado verbalmente el contenido de los formularios “Solicitud de Pensión de Invalidez”, las incongruencias jurídicas que presentaba habrían alertado al afiliado administrado de que estaba siendo objeto de un aparente engaño, sin alertar en ningún momento a su afiliado administrado que carecía de la cobertura.

Al exponer los hechos que afectaron a su representado señala que la vulneración que le privó de una pensión cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, proviene de las responsabilidades compartidas por la Comisión Médica Metropolitana y Comisión Médica Central, por A.F.P. Provida S.A. en su rol de administrador, la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G. y la Superintendencia de Pensiones, en calidad de ente fiscalizador.

Agrega que atendido a lo dispuesto en el D.L N° 3.500 de 1980, en orden a que las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben administrar los fondos con ocasión de las imposiciones que deben ser enteradas en las “Cuentas de Capitalización Individual”, la Administradora recurrida, ha conducido de manera negligente y desleal la administración de los fondos de su representado al privilegiar su propio interés, en la forma cómo determina y dispone el monto de la pensión y otros beneficios disponibles en la normativa previsional al dificultar el acceso al aporte adicional.

Así las cosas, es arbitraría e ilegal la forma como la A.F.P. Provida S.A. ha dispuesto los procedimientos desde el nivel central, direccionando como el recurrente debe ejercer el derecho de propiedad y disposición de sus recursos, la mayoría de las veces, fuera del marco jurídico que las rige, afectando la certeza jurídica por las acciones emprendidas, ya sea en el cálculo del monto de la pensión sin el Aporte Adicional.

Después el recurrente reitera que encontrándose dentro de plazo, a partir de la notificación de fecha 20 de noviembre del año 2019, por parte de la Superintendencia de Pensiones, que “rechaza la solicitud en cuanto a invalidar los procedimientos administrativos de las Comisiones Médicas Regional Metropolitana y Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, descritas previamente para restablecer el derecho de propiedad, se promueve este recurso de protección frente a la vulneración del derecho constitucional amparado por el artículo 20 de la Constitución Política de República de Chile -en concordancia- con el artículo 19 N° 24, esto es, “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Solicita se acoja el recurso y se declare que los actos de las recurridas son arbitrarios e ilegales, que afectan la garantía constitucional previamente referida, ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos y decretando las medidas o las providencias que esta Corte estime adecuadas.

En escrito de folio 6, agrega la recurrente que se requiere que las recurridas respondan por la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que estableció el legislador, sin la aplicación del Control de Siniestralidad, debiendo retrotraerse los procesos de solicitud de invalidez al primer trámite formulado.

Acompaña junto al recurso lo siguientes documentos: 1.Mandato judicial de representación que se invoca en la parte de individualización, que otorga las facultades a Fundación Valídame para concurrir en representación del recurrente; 2.Copia Informe Comisión páginas 185, 1, 14, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 110, 130, Informe Comisión Investigadora; 3. Copia prospecto Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS Superintendencia de Pensiones web; 4.Copia Oficio 28.127 referencia competencia Superintendencia de Pensiones, competencia respecto cálculo ingreso base que determina aporte adicional; 5.Copia Oficio N°18n6 Superintendencia de Pensiones a Fundación Valídame; 6.Copia Oficio N° 28118 Superintendencia de Pensiones de fecha 24 de diciembre de 2018; 7.Copia Oficio N°146/2019 Fundación Valídame a Superintendencia de Pensiones; 8.Copia Oficio N°10697 Superintendencia de Pensiones a Fundación Valídame; 9.Copia Oficio N°25502 Superintendencia de Pensiones a Gerentes Generales AFP; 10.Copia Oficio N°20982 Superintendencia de Pensiones a Gerentes Generales AFP; 11.Copia Oficio N°19286 Superintendencia de Pensiones a Gerentes Generales AFP; 12. Copia acta N° 23 Comisión Técnica de Invalidez Superintendencia de Pensiones 14 de octubre de 2013; 13. Copia acta N°19 Comisión Técnica de Invalidez Superintendencia de Pensiones 19 de enero de 2012; 14. Copia solicitud de pensión de invalidez ^1954015 08-08-2017; 15.Copia seis certificados médicos año 2017; 16. Copia dictamen de invalidez Comisión Médica Región Metropolitana N° 016.7505/2017; 17. Copia solicitud calificación de invalidez 18-10-2012; 18. Copia cinco certificados médicos año 2012; 19. Copia dictamen de invalidez Comisión Médica Regional Metropolitana N°1313.0221/2013; 20. Copia solicitud de invalidez N° 1416670 07-11-2011; 21. Copia de cinco certificados médicos año 2010; 22. Copia dictamen de invalidez Comisión Médica Regional Metropolitana N° 1113.0049/2012; 23. Copia Resolución de Invalidez Comisión Médica Central N°002400/2012; 24. Copia de correos electrónicos institucionales de AFP Provida S.A.; 25. Copia seguimiento en línea Correos Chile 9 páginas; 26. Copia de sobre notificación Oficio 23190 código barra N°1176193776257; 27. Copia solicitud de autorización agendamiento de horas AFP Habitat/Superintendencia de Pensiones; 28. Copia Oficio N°7712 09/04/2012 agendamiento horas Superintendencia de Pensiones; 29. Copia Oficio N°19084 27/08/2019 agendamiento de horas Superintendencia de Pensiones; 30. Copia Oficio N°9284 2470472015 acceso a la información Superintendencia de Pensiones.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado comparece el abogado JORGE CLAUDE BOURDEL por la recurrida Asociación de Aseguradores de Chile A.G. refiere que a su respecto el recurso de protección, en los términos planteados ha de ser desestimado, pues afirma que, en lo que respecta a la informante, no se ha incurrido en ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que le pueda ser reprochado, y en las decisiones cuestionadas no ha tenido participación.

Agrega que recurso de protección no es necesariamente el medio procedente para impugnar una instrucción u Oficio que dentro de su competencia emita un organismo público ni menos el medio para requerir la nulidad total o parcial de un acto administrativo. Asimismo, refiere que el Dictamen de Invalidez 11130049/2012 del 20 de enero de 2012, que dictaminó un menoscabo de la capacidad de trabajo inferior al 50% del señor nombre reservado, emanado de la Comisión Médica Regional Metropolitana N° 11 de la Superintendencia de Pensiones, está ejecutoriado y no puede ser modificado o alterado a través de un recurso de protección interpuesto casi 8 años después de su emisión.

TERCERO: Que, informando AFP Provida S.A., a través del abogado DANIEL GARRIDO SANTONI señala que el recurso debe ser desestimado por cuanto, en lo que a ella toca, no ha incurrido en ninguna acción ilegal o arbitraria que enmendar vía esta acción cautelar.

Como primera alegación menciona que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio En segundo lugar, recalca que en el caso de marras estamos ante una ausencia total de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la administradora de fondos de pensiones provida.

Acompaña: 1. Respuesta de Provida a consulta electrónica de la Superintendencia de Pensiones N° 201807120 de fecha 27-12-2018M; 2.

Oficio Ordinario de la Superintendencia de Pensiones N° 4015 de fecha 18 de febrero de 2019; 3. Respuesta de AFP Provida al referido Oficio 4015 de fecha 22 de febrero de 2019; 4.

Oficio Ordinario de la Superintendencia de Pensiones N° 9804 de fecha 29 de abril de 2019,y; 5.

Respuesta de AFP Provida al referido Oficio 9804 de fecha 15 de mayo de 2019 CUARTO: Que, la Comisión Medica Central en oficio ORD N°C.M.C.108/2020 alega la falta de legitimación pasiva para ser emplazada en este recurso, pues como indica el recurrente en escrito aclaratorio, el acto contra el cual recurre emana de la Superintendencia de Pensiones.

Recalca que la única función de dicho organismo es la de calificar el grado de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones que regula dicho cuerpo legal. Consecuente con ello, la función exclusiva y excluyente de dicha Comisión Médica Central es la de resolver los reclamos que las partes intervinientes en un proceso de calificación de invalidez interpongan en contra de los dictámenes de invalidez emitidos por las Comisiones Médicas Regionales, según lo dispuesto por los artículos 4o y 11 del D.L N° 3.500, de 1980.

En segundo lugar, y reafirmando lo anterior, conforme a los dichos del actor se reclama sobre la cobertura o no por el seguro de invalidez y sobrevivencia de su representado, hechos que tampoco son de competencia de dicha comisión.

QUINTO: Que, informando la Comisión Médica de la Región Metropolitana, evacua informe en idénticos términos de la Comisión Médica Central, los cuales se dar por reproducidos para efectos de economía procesal.

SEXTO: Que, informando Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del arbitrio constitucional impetrado en su contra, en base a los argumentos que siguen.

i. INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA EN AUTOS En primer lugar sostiene que el presente el recurso es inadmisible por los siguientes motivos:

a. Incompetencia de esta Corte para conocer del recurso de autos.

Indica que conforme al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección sobre Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, “1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraría o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Señala que de acuerdo a todos los antecedentes aportados por el señor nombre reservado tanto a esta Superintendencia, a la Comisión Médica Central, como a esta Corte de Apelaciones junto al recuso de protección, particularmente el mandato que confirió a Fundación Valídame, el domicilio domicilio reservado. Más aún, todos los procedimientos de calificación de invalidez fueron presentados por el afiliado ante la Comisión Médica de la Región Metropolitana y fue calificado por ésta en todas esas ocasiones, porque su domicilio es la ciudad de Santiago., tiene para todos los efectos legales y procesales, su domicilio en la ciudad de Santiago, concluyendo que esta Corte carece de competencia para conocer y fallar el recurso de protección de autos, pues tanto el acto objeto del recurso fue dictado por esta Superintendencia quien para todos los efectos legales y procesales tiene su domicilio en la ciudad de Santiago al igual que la persona por quien se recurre, de modo que tal recurso debe ser conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

b.

En subsidio, alega la extemporaneidad de la acción deducida.

Reclama que el recurrente construye artificiosamente una estrategia para impugnar una situación previsional consolidada desde hace más de ocho años.

Dice que el afectado tiene 30 días corridos, plazo fatal, para interponer la acción desde la ejecución del acto. En este caso, la recurrente no cumplió con ese lapso, superando dicho límite temporal.

Explica que a través de la presente acción constitucional, el recurrente pretende impugnar todos los procedimientos de calificación de invalidez a los cuales se sometió el señor nombre reservado. Ello implica alterar situaciones jurídicas consolidadas hace ocho años. En efecto, la primera solicitud de calificación de invalidez data del 7 de noviembre 2011, cuya resolución final N° C.M.C 002400/2012 fue emitida el 21 de marzo de 2012. Lo mismo ocurre con la segunda de dichas solicitudes, de fecha 18 de octubre de 2012, cuya resolución final N° C.M.C. 6656/2013 fue emitida el 5 de agosto de 2013.

En este contexto, señala que el informe de la comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados al que alude el recurrente y, que supuestamente contaminaría a todos los procedimientos de calificación de invalidez que se hubieren realizado entre los años 2008 y 2019, incluyendo el del señor nombre reservado, es de 4 de julio de 2019. No obstante, la presentación del recurrente que da origen al oficio ordinario N° 23.190 de esa Superintendencia, sólo fue interpuesta el 19 de agosto de 2019.

A su juicio es evidente que el actor no busca impugnar el citado oficio ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, de este origen, sino las Resoluciones emitidas por la Comisión Médica Central acerca del grado de invalidez del señor nombre reservado entre los años 2011 y 2012.

c. En subsidio de ambas alegaciones anteriores, alega la falta de precisión táctica y argumentativa, como su confusa exposición, merma las posibilidades de una efectiva defensa por parte de esa recurrida.

Reclama que: (i) No hay claridad sobre quiénes son los recurridos: El reproche que implicaba diez recurridos originalmente es reconducido a sólo uno de ellos; (ii) El recurrente no explícita el acto que se reprocha; (iii) La falta de claridad táctica y argumentativa demuestra que no hay una causalidad directa entre lo que se señala que es ilegal o arbitrario y la consecuencia conculcadora en el caso del concreto.

d. En subsidio de todas las alegaciones ya enunciadas, denuncia la falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones en estos autos.

Hace presente que tanto en el cuerpo de su escrito de protección como en la petitoria del mismo, el recurrente identifica como objeto de su acción cautelar las actuaciones de la Comisión Médica Regional de Santiago y de la Comisión Médica Central, es decir, contra actos administrativos dictados por dichas Comisiones Médicas, no por la Superintendencia. Tanto así que pide se deje sin efecto lo resuelto por aquéllas en los años 2012 y 2013 y se retrotraigan todos los procedimientos de calificación de invalidez comprendidos en ese lapso, terminados y ejecutoriados.

Precisa que los actos administrativos supuestamente atentatorios contra los derechos constitucionales del recurrente, de sus propios dichos, emanarían de la Comisión Médica Regional de y de la Comisión Médica Central, creadas y reguladas por el D.L. N° 3.500 de 1980, en los que a la Superintendencia no le cabe intervención alguna. Tales Comisiones Médicas no sólo carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que pertenecen a la administración central del Estado, no a este Servicio, sino que lo más relevante es que gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las solicitudes de pensión y calificación de Invalidez, por lo que tampoco cabe Intervención de este organismo en tales decisiones técnicas.

Agrega que el inciso segundo del artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980 establece lo siguiente: “Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.”

Seguidamente, el inciso primero del artículo 11 del DL N° 3.500 de 1980, dispone que: “La invalidez a que se refiere el artículo 4° y la de las personas señaladas en el artículo 7° y en la letra c) del artículo 8° será calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señala el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la forma que establezca el reglamento de esta ley. Podrá designarse más de una Comisión en aquellas Regiones que lo requieran, en razón de la cantidad de trabajadores que en ellas laboren o de la distancia de sus centros poblados.”

El Reglamento del D.L. N° 3.500 de 1980 está contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el inciso primero de su artículo 18° establece lo siguiente:

“Artículo 18.- Funcionará en cada Región a lo menos una Comisión Médica encargada de la calificación de la invalidez de las personas referidas en los artículos 4°, 4° bis y 8° de la Ley y aquellas referidas en los párrafos cuarto y quinto del Título I de la Ley N° 20.255. La administración de las comisiones corresponderá a las Administradoras de Fondos de Pensiones y serán financiadas en conjunto por éstas y el Instituto de Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 11° de la Ley. Estas Comisiones gozarán de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración’’.

Luego, el inciso primero del artículo 19 del cuerpo reglamentario prescribe que la administración y financiamiento señalados en el artículo anterior, contemplará todo lo que dice relación con el funcionamiento propio de las Comisiones Médicas, a excepción de los gastos que se deriven de la contratación del personal médico, los que serán de cargo de la Superintendencia. En tanto que su inciso tercero, establece lo siguiente:

La Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Asimismo, controlará que las Comisiones Médicas den debido cumplimiento a las funciones que les correspondan, pudiendo siempre determinar el número de Comisiones que debe funcionar en cada Región e impartir instrucciones acerca de su equipamiento. Asimismo, la Superintendencia fiscalizará a las Comisiones Médicas en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos, para lo cual las Administradoras deberán remitir a la Superintendencia la información que ésta les requiera, de acuerdo a lo que ella establezca en una norma de carácter general.

Por lo tanto, estima que si lo pedido consiste en dejar sin efecto dictámenes y resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas antes singularizadas, mediante los cuales se pronunciaron sobre el grado de invalidez del recurrente en los años 2012 a 2013, rechazando las solicitudes de pensión y calificación de invalidez de aquél, dicha Superintendencia carece de legitimación pasiva en el presente recurso, porque no le cabe intervención alguna en tales actos decisorios, que corresponden al ámbito de competencia técnica precisamente de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central en cuanto instancia resolutiva de los reclamos que las partes puedan interponer en contra de los dictámenes de invalidez de las Comisiones Médicas Regionales.

e. Finalmente, en subsidio de todo lo expuesto alega la improcedencia de la acción deducida, por cuanto excede el ámbito de aplicación del Recurso de Protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente.

Recalca sobre el punto que no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

ii. INFORMA.

En subsidio de todo lo alegado en los numerales anteriores, informa el recurso en el siguiente tenor.

Entendiendo que el acto recurrido, conforme el actor señala en su escrito aclaratorio, es el oficio ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, mediante el cual la Superintendencia dio respuesta a la presentación formulada por Fundación Valídame, cuyo texto y alcance fue analizado en el Título II del presente informe, resulta concluyente que dicho acto administrativo y el pronunciamiento que contiene son plenamente legales y se ajustan a derecho, no obstante que el actor en su escrito no expresa ni mínimamente señala cuál sería la ilegalidad que atribuye a dicho acto administrativo.

Como quiera que pidió un pronunciamiento de esa Superintendencia, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras dicho organismo analizó la situación de invalidez del afiliado y concluyó en síntesis que no había tales errores de evaluación y que la declaración de invalidez de 2017 se sustenta precisamente en la progresión de la afección visual del afiliado, razón por la cual la invalidación requerida resultaba y resulta improcedente. Es decir que, con meridiana claridad el estado de incapacidad laboral del afiliado (eso es lo que miden las Comisiones Médicas), no era el mismo de hacía 4 y 5 años.

Afirma que el recurrente confunde dos etapas distintas que convergen en el trámite de pensión de invalidez. La primera, el procedimiento médico administrativo de evaluación y calificación del grado de invalidez del solicitante, tendiente a determinar si las afecciones invocadas provocan un menoscabo laboral permanente y su cuantía, con lo cual puede configurarse el primer requisito para obtener pensión, como es, sufrir un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, función propia de las Comisiones Médicas.

Los demás requisitos y la determinación de cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, del cálculo y monto de pensión corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones respectiva, determinación que, en todo caso, está regulada por ley.

De acuerdo con la información aportada por la administradora, a la fecha en que suscribió la solicitud de pensión de invalidez en el año 2017, el afiliado señor nombre reservado no cumplió el requisito de cotizaciones que debe acreditar el trabajador independiente para obtener cobertura por el seguro de invalidez y sobrevivencia, conforme prescribe la letra a) del inciso primero del artículo 54 del D.L. N° 3.500 de 1980, de modo que no tuvo derecho a tal cobertura. Objetivamente no cumplió los requisitos legales al efecto.

Por las mismas consideraciones descritas precedentemente, tampoco existe arbitrariedad en lo resuelto por esa Superintendencia en relación con los dictámenes y resoluciones relativas a la invalidez del señor nombre reservado.

Finalmente estima que no existe una conculcación al derecho de propiedad del actor, toda vez que el pago del aporte previsional es una mera expectativa de los afiliados, que no corresponde a un derecho adquirido como tampoco forma parte de los fondos provisionales de propiedad de los afiliados. En efecto, primero debe efectuar las cotizaciones provisionales correspondientes tanto para los trabajadores dependientes, independientes como voluntarios.

Acompaña junto con el informe copias de los siguientes documentos: 1. copia de la presentación formulada por la recurrente el 1 de octubre de 2019 y 2. copia del oficio ordinario N° 23.190 de 25 de octubre de 2019, de dicha Superintendencia.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

OCTAVO: Que, previo al análisis de fondo de la acción impetrada, es necesario pronunciarse sobre las alegaciones de inadmisibilidad propuestas por la recurrida.

Al efecto, la primera que plantea es la incompetencia de esta Corte, fundado en que el actor tiene domicilio en la Región Metropolitana y los actos que se reclaman han sido pronunciados en la ciudad de Santiago, por lo que malamente este Tribunal de Alzada tendría competencia para conocer y fallar este recurso.

NOVENO: Que, del tenor del recurso de protección intentado se infiere claramente que la acción constitucional en estudio se dedujo en favor de una persona que actualmente se encuentra domiciliada en domicilio reservado, y al efecto las decisiones que se pretenden modificar han sido dictadas por la Comisión Médica de dicha ciudad, según lo ha dicho expresamente el actor en su libelo recursivo, por lo que a juicio de esta Corte resulta competente para conocer de estos antecedentes la Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que los efectos del acto reclamado se han producido dentro del su territorio jurisdiccional y, por lo demás, la persona en cuyo favor se ha intentado esta acción, tiene allí su actual residencia.

DÉCIMO: Que, habiéndose acogido la excepción previamente analizada, resulta inocuo pronunciarse sobre las demás alegaciones.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, esta Corte se declara incompetente para conocer del recurso de protección presentado por Fundación Valídame, en favor de don nombre reservado y, en consecuencia, remítanse los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago por corresponderle a ésta su conocimiento.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 4015-2019.-