nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Subsecretaria del Ministerio de Educación Pública Recurso de Protección Rol N° 4-2019.- La Serena, ocho de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dos de enero de dos mil diecinueve comparece nombre reservado, asistente Social, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra del Ministerio de Educación, representado por su Secretario Regional Ministerial nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que con fecha 20 de junio de 2016, luego de haber concursado a través del portal www.empleospublicos.cl, ingresó como funcionaria al Ministerio de Educación, bajo la modalidad “a contrata”, asimilándose su remuneración al grado 8º de la EUS, para desempeñarse como Coordinadora Regional del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este hecho se materializó por medio de la Resolución TRA Nº292/491/2016.

Las tareas que sucesivamente se le asignaron por el Servicio fueron desarrolladas con plena normalidad hasta el último día de 2018, fecha en la que se puso término a su contrata.

Producto de reestructuraciones realizadas en el área, se dejó a partir de diciembre de 2017, la Coordinación de la Unidad de Inclusión y Admisión a cargo de otra funcionaria, modificándose sus funciones y pasando a depender de dicha unidad, la que fue dividida en dos ejes temáticos, por una parte la Implementación de la Ley de Inclusión, en relación a la transformación de sostenedores privados en instituciones sin fines de lucro, que quedó a cargo de un Abogado nombrado al efecto, siendo el segundo de los ejes y complementario del primero, el de Gestión territorial de la implementación del Sistema de Admisión Escolar en la Región de Coquimbo, debiendo ella asumir por tanto, las funciones como Profesional de Gestión Territorial Regional.

Destaca que su contrata fue renovada consecutivamente para los años 2017 y 2018, mediante las respectivas Resoluciones TRA Nº 111299/1/2017 y TRA Nº1112999/18/2018, las cuales mantuvieron sus funciones como Coordinadora y luego como Profesional de Gestión Territorial, asimilado a grado 8º de la EUS. En el desempeño de sus funciones como parte del Servicio, fue evaluada siempre en lista 1, con máxima calificación obteniendo siempre 100 sobre 100 puntos posibles. A su vez, en su hoja de vida funcionaria, se evidencia que jamás fue sometida a ningún tipo de procedimiento sumario.

En cuanto a las funciones que desempeñaba, menciona la implementación, ejecución y funcionamiento del sistema de admisión escolar en la región de Coquimbo; asesoría técnica a sostenedores, equipos directivos y encargados de admisión de todos los establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo, a través de capacitaciones; gestión y articulación de trabajo colaborativo con actores externos: municipios, gobernaciones, departamentos de educación municipal y otros servicios públicos e instituciones del territorio, para el buen funcionamiento de sistema de admisión escolar, dentro el territorio regional; asesoría y orientación a apoderados, familias y comunidad escolar en general, respecto de las etapas, procesos y funcionamiento del sistema de admisión escolar, a través de charlas y capacitaciones; Gestión de asuntos sociales y de gestión territorial en la región, a fin cumplir con la ejecución, difusión y evaluación de las distintas etapas del proceso de admisión escolar; organizar la entrega de información y difusión entre la comunidad educativa y funcionarios/as relacionados/as, tanto externos, como internos, sobre las distintas etapas del proceso de admisión escolar, posicionándolo en el territorio comunal, provincial y regional; registrar y realizar catastro/levantamiento de casos borde o casos especiales en la región a fin de determinar procedimientos para su resolución; velar por la correcta implementación de la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar en la región de Coquimbo, en trabajo coordinado con equipos centrales. Destaca que todas estas son tareas de carácter técnico, que no poseen ni tienen vinculación con la administración que a su tiempo se instale en el Poder Ejecutivo; de allí que la designación de sus tareas se promovió por medio de un concurso público, en el que fue elegida por su idoneidad para el cargo, más allá del ideario político al que adscribo.

No obstante lo anterior, por medio de la Resolución Exenta SIAPER Nº0063, de fecha 29 de noviembre de 2018, se le informó el término de su contrata por las siguientes razones:

“Que la situación de los funcionarios públicos es regulada, entre otras normas legales, por el Estatuto Administrativo, cuyo artículo 3°señala que se entiende por contrata" (...) aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución"; por su parte, el artículo 10 reitera y resalta una condición esencial de este tipo de contratación, cual es la transitoriedad, señalando que durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley.

Por su parte, según lo ha estimado la Contraloría General de la República, entre otros, en el dictamen N° 6.400, de 2018 y la Excelentísima Corte Suprema, en el considerando 6°, del fallo en causa ROL N° 58.010-2014, la indicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", habilita al jefe de servicio para establecer dicha condición de necesidad, la que puede estar determinada por características del servicio o bien de la persona [Dictámenes N° 12.248 Y 18.901, ambos de 2017, de la Contraloría General de la República); en ambos casos, siempre la decisión debe estar fundada, señalando la razón que justifica cada acto administrativo; en la que se incorporan los elementos de hecho y de derecho de la decisión; en definitiva, corresponden a los fundamentos, según los artículos 2°, 11 inciso segundo, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, los que prescriben que los actos que afecten derechos de terceros, deben expresar las razones que los motivan.

Que, con fecha 11 de marzo de 2018 se produjo el cambio de gobierno, por el que asume el Presidente nombre reservado, procediendo al nombramiento del resto de autoridades, incluyendo a las SEREMIS. En particular, como para toda nueva administración existen nuevas prioridades de acción y gobierno se hace forzoso revisar las funciones y dotación de la SEREMI de Coquimbo, para establecer la necesidad de distintos servidores entre los que se incluye la funcionaria en cuestión.

Es del caso que la señora nombre reservado ingresó al servicio como Coordinadora del Sistema de Admisión Escolar, pero la actual administración regional ha advertido el hecho de que es otra funcionaria la que, ya a la fecha de asunción de las nuevas autoridades, desempeñaba tales tareas y ejercía como contraparte ante los usuarios externos de la SEREMI, y sin que tuviera asignadas otras responsabilidades, por lo que mantener su contrata supone una duplicidad de funciones que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia en la Administración del Estado.

De este modo, las funciones desempeñadas por la Señora nombre reservado no se consideran necesarias, por lo que se ha decidido no renovar su contrata para el año 2019.

Que, finalmente se requiere de un acto administrativo que formalice esta decisión, debidamente comunicada a la persona indicada, por lo que se procede a la dictación de este documento.

RESUELVO:

Dispóngase la no renovación de la contrata de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, de acuerdo con las razones antes expuestas, al tiempo de su expiración, el 31 de diciembre de 2018.”

Aduce la recurrente que el acto administrativo precedentemente transcrito carece de todo sustento lógico, toda vez que el mismo sostiene que sus funciones eran las de Coordinadora Regional del Sistema de Admisión Escolar, y que debido a ello existía una duplicidad en las labores que desempeñaba, no teniendo por tanto tareas asignadas, sin tener en consideración que en el mes de diciembre de 2017, sus tareas fueron modificadas a las de Profesional de Gestión Territorial, por lo que en la realidad no se verifica el sustento fáctico al que alude el acto administrativo, resultando por tanto ilegal y arbitrario.

Así las cosas, el acto impugnado, pretendiendo estar dotado de una aparente neutralidad, deja ver la real motivación que en el existe, al señalar que el término de su contrata obedece a razones puramente políticas derivadas del cambio de Gobierno, puesto que desde el 18 de julio de 1995, se encuentra afiliada al Partido Socialista de Chile, partido por el cual ha participado como apoderada de mesa en todas las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales que se han llevado a cabo desde su afiliación, siendo además notoriamente reconocida como integrante de dicho grupo intermedio.

Indica que hechos descritos constituyen una vulneración a sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, toda vez que existe un trato desigual respecto de su persona, al haberse producido una diferencia arbitraria por parte de la autoridad, la que se sustenta, en su filiación política y no en razones racionales o justas, como también, la garantía establecida en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política, esto es, la libertad de trabajo y su protección; y la del artículo 19 Nº 4 de nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, solicita se acoja el presente recurso, restableciéndose el imperio del derecho, ordenando lo siguiente:

- Se dejen sin efecto todos y cada uno de los efectos del acto administrativo expresado en la Resolución Exenta SIAPER Nº0063.

- En su lugar se disponga la inmediata reincorporación a sus funciones como Profesional de Gestión Territorial de la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar de la Secretaría Regional Ministerial.

- El pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos, adeudados en el tiempo que medie entre el término de su contrata y la restitución efectiva en la misma.

- Que se condene expresamente en costas al Ministerio de Educación, como servicio recurrido.

Acompañada los siguientes documentos: 1.- Notificación Concurso Carta Nº 304; 2.- Designación Contrata TRA Nº 292/491/2016; 3.- Resolución TRA Nº 111299/1/2017, Renovación Contrata; 4.- Resolución TRA Nº 111299/18/2018, Renovación Contrata; 5.- Calificaciones período Septiembre 2016 a Agosto 2017 y septiembre 2017 a agosto 2018; 6.- Descripción de Funciones Mineduc; 7.- Resolución Exenta SIAPER Nº 0063; 8.- Certificado de Afiliación al Partido Socialista de Chile.

SEGUNDO: Que, con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, evacuando el informe solicitado, en los siguientes términos.

Expone que mediante Resolución TRA N° 292/491/2016, de 8 de julio de 2016, se designó a contrata a doña nombre reservado, como Profesional Grado 8° EUS, con desempeño en dicha Secretaría Regional Ministerial de Educación a contar del 20 de junio de 2016, y su última renovación se dispuso mediante Resolución Exenta TRA N° 111299/18/2018, de fecha 09 de enero de 2018. Las funciones para las que fue nombrada la recurrente, fueron las de Coordinadora Regional Unidad de Sistema de Admisión Escolar.

Mediante resolución Exenta SIAPER N° 0063, de 29 de noviembre de 2018, se dispuso la no renovación de la mencionada contrata, la que expiró en su plazo de vigencia, el 31 de diciembre de 2018.

Agrega que con fecha 11 de marzo de 2018 se produjo un cambio de Gobierno en el país, procediéndose a la asunción y nombramiento de las nuevas autoridades, incluyendo a los Secretarios Regionales Ministeriales. En este orden de cosas, para toda nueva administración existen nuevas prioridades de acción y de gobierno, haciéndose forzoso revisar las funciones y dotación de la SEREMI de Coquimbo, para establecer la necesidad de distintos servidores, entre los que se incluye la funcionaria en cuestión. En efecto, la Sra. nombre reservado ingresó al servicio como Coordinadora Regional Unidad de Sistema de Admisión Escolar, pero la actual administración regional ha advertido el hecho de que es otra funcionaria la que, ya a la fecha de asunción de las nuevas autoridades, desempeñaba tales tareas y ejercía como contraparte ante los usuarios externos de la Secretaria Regional Ministerial, sin que la recurrente tuviera asignada otras responsabilidades, por lo que mantener su contrata suponía una duplicidad de funciones que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia en la Administración del Estado.

De este modo, las funciones desempeñadas por la Sra. nombre reservado no se consideraron necesarias, por lo que se ha decidido no renovar su contrata para el año 2019.

Agrega que los empleos a contrata son de carácter precario y transitorio, consultados en la dotación de un servicio, teniendo una vigencia temporal que puede estar determinada por la llegada del plazo fijado, que no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, o por la decisión de la autoridad de no ser necesarios los servicios del funcionario, si la designación incluyó la fórmula de contratación “mientras los servicios sean necesarios”, lo cual ocurre precisamente en el caso de marras.

En este orden de ideas, sostiene que el término de la contrata del recurrente, formalizado mediante Resolución Exenta SIAPER N° 0063, de 29 de noviembre de 2018, se encuentra debidamente fundamentada, cumplimiento con la exigencia dispuesta en el artículo 11, con su correlativo expresado en el artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880, en cuanto a la motivación del acto administrativo; en primer término, reitera que existe constancia que el nombramiento del recurrente fue realizado bajo la fórmula “mientras sus servicios sean necesarios”, motivo por el cual la autoridad podría incluso ponerle termino en el momento que estime conveniente, incluso antes del vencimiento de la anualidad respectiva.

En segundo lugar, se debe tener presente que la funciones fundamentales entregadas por la ley a los Ministerios y autoridades en general, es la de administrar, pero no de cualquier forma, sino de manera idónea y de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia, tal como reza el artículo 5° de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Por ello, efectuada la evaluación pertinente se materializó la decisión de poner término a la contrata, detallándose los antecedentes que sirvieron de sustento a la autoridad para adoptar esta decisión.

En razón de aquello, el acto carecería de la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, como asimismo, no existiría vulneración alguna de garantías fundamentales; en efecto, en relación a la alegación consistente en una diferencia arbitraria en el trato dado en relación a otros casos análogos, el actor sólo se limita efectuar tal reproche sin demostrar de modo alguno como o en relación con qué personas dicha Secretaría Regional Ministerial de Educación habría obrado desigualmente a su respecto; en lo concerniente a la libertad de trabajo sostiene que no existe forma en que dicha Secretaría de Estado puede afectar tal garantía fundamental, consistente en el derecho buscar trabajo, de forma tal que el actuar de la administración jamás podría implicar una prohibición que impida ejercer dicha garantía en los términos que se han planteado; por último, en cuanto al derecho de respeto y protección de la vida privada y honra de las personas y su familia, sostiene que la no renovación de la contrata de la recurrente se debió específicamente a una consideración especial de confianza del cargo que desempeñaba y no circunstancia de carácter personal, no planteándose dudas respecto de su profesionalismo y ética, por lo que no hay afectación a la garantía señalada.

Por estas consideraciones, solicita se rechace íntegramente la acción deducida en estos autos.

Acompaña su informe los siguientes documentos: 1.- Copia de Resolución TRA N° 292/491/2016, de fecha 08 de julio de 2016, correspondiente al nombramiento a contrata de la recurrente; 2.- Copia de Carta de Aceptación de Cargo, suscrita por la recurrente, de fecha 13 de junio de 2016; 3.- Copia de Resolución Exenta SIAPER N° 0063, de 29 noviembre 2018, que dispuso la no renovación de nombramiento contrata al recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a estos autos y de lo expuesto por los intervinientes en audiencia, se desprende que la decisión adoptada por la autoridad administrativa en la Resolución Exenta SIAPER N° 0063, de 29 de noviembre de 2018, en cuanto a no renovar la contrata de la recurrente para el periodo 2019, aparece ajustada a la normativa que regula la duración del vínculo jurídico que ligó a las partes, esto es, el artículo 10 de la Ley N° 18.834, disposición legal que señala que los empleados a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que las sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.

Así las cosas, la alegación relativa a la eventual ilegalidad del acto administrativo impugnado deberá ser desestimada.

SEXTO: Que, en cuanto a la eventual arbitrariedad de la decisión consistente en la desvinculación de la recurrente, y que se basa en una supuesta falta de fundamentación, cabe consignar que basta con la mera lectura de la resolución recurrida para apreciar que aquella explicita el conjunto de motivaciones que tuvo la administración para prescindir de los servicios de la actora, donde destaca la existencia de otra funcionaria que desempeñaría idénticas tareas que la actora, lo cual implica una dualidad de funciones que no se avienen con los principios de eficacia y eficiencia que rigen a la Administración del Estado. En este orden de ideas, si bien la recurrente sostiene que en el mes de diciembre del año 2017 habría sido objeto de una reasignación de funciones, desempeñándose a la fecha de término de su contrata en el cargo Profesional de Gestión Territorial Regional, lo cierto es que no existe antecedente alguno allegado a estos autos que permitan tener dicha circunstancia como efectiva. Así las cosas, la decisión plasmada en la resolución recurrida aparece como ajustada a la realidad.

Por su parte, la referencia del acto impugnado al cambio de gobierno verificado en el país con fecha 11 de marzo de 2018, no permite estimar, per se, que la desvinculación de la recurrente obedezca a razones políticas, sino que más bien aparece como una justificación del proceso de revisión llevado a cabo por la autoridad administrativa, relativo a las funciones y dotación de las Secretarias Regionales Ministeriales, y que determinó que los servicios de la recurrente no eran necesarios, por existir duplicidad de funciones, como ya se ha señalado.

En mérito de lo anterior, encontrándose debidamente fundamentada, tanto en lo factico como en lo jurídico, la resolución reprochada, estos sentenciadores estiman que el principio de la confianza legítima en favor del funcionario debe ceder en beneficio de las disposiciones legales que rigen la relación entre aquellos y la autoridad administrativa, y conforme a las cuales, como ya se expresó, los empleos a contrata terminan, de pleno derecho, el día 31 de diciembre de cada año, no habiéndose verificado la hipótesis contemplada en la misma norma, que autoriza la prórroga del mismo. Lo anterior, desvanece el reproche de arbitrariedad.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, ajustándose la resolución recurrida a la normativa legal vigente y expresando los fundamentos por los cuales se adoptó la decisión impugnada, los que son efectivos, es que estos sentenciadores son del parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional, al no verificarse sus requisitos de procedencia, a saber, la existencia de una acción u omisión que merezca el calificativo de ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 4-2019 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos.

En La Serena, a ocho de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.