Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°399-2026.- La Serena, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Junior Daza Vargas, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, señalando como acto ilegal y arbitrario no haber dado curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en circunstancias que sí se le dio tramitación a la de su madre y hermanos, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 3 y 7 de la Carta Fundamental.

Sostiene que ingresó al territorio nacional junto a su madre, pareja de ésta y sus hermanos menores de edad cuando tenía 16 años, huyendo del contexto de violencia generalizada, crisis política, social y humanitaria que afecta gravemente a la República Bolivariana de Venezuela.

Refiere que, con posterioridad al arribo al país, tanto su madre como la pareja de ésta presentaron formalmente solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados ante el Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.430 y su reglamento.

Indica que en las solicitudes administrativas el actor fue expresamente individualizado como hijo –con vínculo directo del núcleo familiar requirente– junto a sus hermanos menores de edad, constando formalmente su inclusión en el procedimiento. Sobre el particular, acota que las peticiones referidas a su madre, pareja y hermanos menores fueron acogidas a trámite, encontrándose actualmente en tramitación ante la autoridad competente. Sin embargo, a su respecto la autoridad adoptó un tratamiento distinto, quedando en una situación de espera constante, aguardando que fuese regularizada como parte del núcleo familiar tal como había sido informado y consignado en los antecedentes administrativos, alcanzando en el intertanto la mayoría de edad.

Menciona que el Servicio Nacional de Migraciones indicó que debía presentar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de manera independiente, desvinculándolo del procedimiento familiar originalmente configurado, exigencia que contradice abiertamente el diseño normativo del sistema de protección internacional, vacía de contenido la protección familiar que la propia ley establece y trajo como consecuencia que no se admitiera a trámite por extemporánea.

Por tales motivos, culmina solicitando que se dejen sin efecto las resoluciones administrativas que rechazaron su solicitud y el recurso de reposición deducido, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones admitir a trámite la petición en calidad de miembro del grupo familiar solicitante de protección internacional y disponer la extensión a su favor de la visación de residente temporario contemplada en el artículo 32 de la Ley N°20.430, disponiendo que, mientras se sustancia su situación administrativa, no pueda iniciarse ni ejecutarse procedimiento sancionatorio alguno en su contra que afecte su permanencia en el territorio nacional.

Acompaña a su presentación instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones emite el informe requerido y refiere que el 10 de julio de 2024 solicitó el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, manifestado en el formulario de solicitud que ingresó a territorio nacional por paso no habilitado el 15 de septiembre de 2021.

Afirma que no se le dio curso, pues no cumple con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430 y reglamento de refugio, relativos exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones y mantener ingreso al país por paso no habilitado.

Señala que se le otorgó un plazo para subsanar y, luego, mediante Resolución Exenta NUM000, de 17 de octubre de 2024 se tuvo por desistida la petición, el que fue objeto de un recurso de reposición que fue rechazado por extemporáneo.

TERCERO: Que, como trámite previo a la vista de la causa, se requirió al Servicio Nacional de Migraciones ampliar su informe, debiendo hacer referencia a las alegaciones del actor, en particular, respecto a la petición de reconocimiento de la condición de refugiado en la que habría formado parte como integrante de su grupo familiar, a propósito de su ingreso como menor de edad, lo que fue cumplido a folio N°10. Sobre el particular, el recurrido detalla las exigencias que deben cumplir las peticiones de refugio de un niño, niña o adolescente, acotando que se analizan en la medida que cumplan los requisitos mencionados, lo que no acontece en caso del recurrente, debido a que no contaba con la autorización de uno de sus progenitores –su padre– al momento efectuarla por no encontrarse en el país.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene tener especialmente presente que si bien – formalmente– la decisión de la autoridad administrativa se funda en normas legales –al tener por desistida la petición de reconocimiento de la condición de refugiado del actor por haberse incoado fuera del término establecido en la ley, por cuanto fue impetrada una vez que el protegido cumplió su mayoría de edad y el ingreso se había verificado en el año 2021– lo cierto es que no pondera adecuadamente las circunstancias familiares invocadas y, en particular, que ingresó al país cuando aún era menor de edad y que en la petición inicial de su grupo familiar aquel estaba incluido, conforme lo reconoce el recurrido en su ampliación de informe.

De lo anterior sólo es dable concluir que el Servicio Nacional de Migraciones no ponderó la situación familiar del recurrente ni tomó en consideración lo obrado respecto de los demás integrantes de su familia, careciendo, por tanto, de la debida fundamentación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, por lo que resulta ilegal al tenor de la normativa señalada e infringe el principio de reunificación familiar, circunstancia que autoriza a acoger el recurso conforme se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en consecuencia, se ordena al recurrido incluir al actor dentro de la petición de reconocimiento de la condición de refugiado de su grupo familiar, otorgándole la tramitación correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°399-2026 Protección.