nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°399-2025.- La Serena, veintitrés de abril dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Junior Daza Vargas, abogado, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la emisión de la Resolución Exenta NºR-01-S-22501-2025, de 21 de febrero de 2025, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°109847944-5, extendida por un total de 30 días, a contar del 8 de noviembre de 2024, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 9 y 18 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente fue diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad, depresión grave y migrañas tensionales, razón por la que el 9 de octubre de 2024 se le extendió una licencia médica por 30 días, además de indicársele tratamiento farmacológico y psicoterapia, reposo que fue prolongado por una nueva licencia prescrita a contar del 8 de noviembre del mismo año.

Señala que el 19 de noviembre de la anualidad ya mencionada, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez rechazó la segunda licencia médica, lo que motivó la presentación de un recurso de reposición, el que fue rechazado sin que se le solicitaran nuevos antecedentes del caso.

Manifiesta que, en razón de ello, presentó un reclamo ante la recurrida, entidad que resolvió que el reposo prescrito por la licencia médica N°109847944-5 no se encontraba justificado, pronunciamiento respecto del que interpuso un recurso de reposición, el que fue resuelto, oportunidad en que se confirmó la decisión de rechazo de la licencia médica.

Culmina solicitando se declare “1. Que la negativa del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social es ilegal y arbitraria; 2. Ordenar a las recurridas proceder al pago íntegro de mi licencia médica dentro del plazo que US. Iltma. determine; 3. Ordenar cualquier otra medida que se estime necesaria para restablecer el imperio del derecho”, con costas.

Acompaña a su recurso 1. Resolución de rechazo de licencia médica folio 3-109847944-5, de 19 de noviembre de 2024, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 2. Resolución Exenta N° R-01-S-188844-2024, de 5 de diciembre de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social; 3. Resolución Exenta N° R-01-S-22501-2025, de 21 de febrero de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social; 4. Informe médico complementario, de 19 de noviembre de 2024, emitido por nombre reservado, psiquiatra; 5. Informe de 6 de diciembre de 2024, emitido por la psicóloga nombre reservado; 6. Ecografía abdominal, estudio y conclusión de diagnóstico, de 29 de septiembre de 2024, emitido por la Doctora Manant Delgado, médico internista; y 7. Gamagrafía renal, estudio y hallazgos, emitido por el doctor nombre reservado, médico nuclear, de 30 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: Que, a folio 9 evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Refiere que mediante presentación de 20 de noviembre de 2024, la actora reclamó respecto de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que confirmó el rechazo de la licencia médica N°109847944-5, extendida por un total de 30 días, a contar del 8 de noviembre de 2024, por reposo no justificado.

Expone que por Resolución Exenta NºR-01-S-188844-2024, de 5 de diciembre de 2024, concluyó que: “el reposo prescrito por la licencia médica N°109847944-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y el informe del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología. El informe médico de fecha 19 de noviembre de 2024 no describe adecuadamente el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni los ajustes en el tratamiento que podrían justificar un rol terapéutico del reposo”.

Refiere que respecto de esa decisión, la recurrente solicitó reconsideración, la que fue resuelta mediante Resolución Exenta NºR-01-S-22501-2025, de 21 de febrero de 2025, oportunidad en que estimó que: “el reposo prescrito por la licencia médica N°109847944-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos”, confirmándose, en definitiva, el rechazo de la referida licencia.

Luego, expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la actora tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección planteada por la recurrida, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, a saber, aquella que trata el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplada bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NºR-01-S-22501-2025, de 21 de febrero de 2025, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°109847944-5, extendida por un total de 30 días, a contar del 8 de noviembre de 2024.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en la resolución, aquella señala que: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos.”

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1, pues dificulta su vida e integridad física.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que se deja sin efecto la resolución que rechazó la licencia médica N°109847944-5, extendida por un total de 30 días, a contar del 8 de noviembre de 2024 y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dicha licencia, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°399-2025 Protección.