nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Potección Rol N°3965-2022.- La Serena, catorce de julio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha tres de junio de dos mil veintidós comparece JORGE LENA SALGADO y PABLO IGNACIO GONZALEZ ROJAS, abogados, en favor de don nombre reservado, peruano, interponiendo Acción de Protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria, en conformidad al art. 8 Transitorio de la Ley 21.325, solicitada con fecha 23 de septiembre de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Por estas consideraciones solicita se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria; 2. Pasaporte.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado y Nicolás Cornejo Montenegro, abogados, mandatarios judiciales del Servicio Nacional de Migraciones.

Exponen, en lo pertinente, que la autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta N°21154965, de fecha 23 de septiembre de 2021, que admite a trámite la solicitud, y otorga permiso de trabajo al extranjero de marras.

Añaden que contra la presentación de su solicitud se emitió certificado de solicitud de regularización migratoria en trámite, el que conforme al artículos 1° número 25 de la Ley N°21.325, acredita la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud.

Añaden que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país, más aún cuando el procedimiento cuenta con tramitación.

Reiteran que la extranjera se encuentra en situación migratoria regular en el país, con un permiso de residencia en trámite, y sin haber dictado en su contra medida alguna de multa, abandono o expulsión, el presente recurso, debe ser desestimado y, por tanto, rechazado.

En consecuencia, se sostiene que la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y a las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen, motivo por el que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, como también la condena en costas.

Acompañan los siguientes documentos: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° 8536/2022, otorgada ante el Notario Público suplente de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, doña nombre reservado; 2. Resolución Exenta N° 21154965 de fecha 23 de septiembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud presentada, lo cual califican el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera, entre otras, su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020), no siendo óbice a este razonamiento lo señalado por la recurrida en su informe, en orden a que la recurrente nombre reservado habría efectuado una nueva solicitud en el mes de enero de los corrientes, toda vez que aquella se formuló a propósito de la solicitud primitiva efectuada en el año 2020 y de los reparos efectuados a la misma por parte de la recurrida, de tal suerte que, más allá de lo meramente formal, en los hechos constituyen una misma solicitud.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre las mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud, es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, es preciso constatar que por lo menos durante el año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por JORGE LENA SALGADO y PABLO IGNACIO GONZALEZ ROJAS, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud presentada ante ella por el recurrente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3965-2022 (Protección).-