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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 394-202426 abr 2024

nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha
26 de abril de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Sala Extraordinaria
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 394-2024, sentencia de 26 de abril de 2024

Resumen

Se acoge el recurso y se deja sin efecto la resolución de SUSESO que confirmó el rechazo de seis licencias médicas, por falta de fundamentación suficiente del acto, ordenándose disponer su pago.

Texto íntegro

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°394-2024.- La Serena, veintiséis de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone de manera preliminar que el presente recurso versa respecto del rechazo de las siguientes licencias médicas:

1. Licencia Médica número 91183704-8, fecha de inicio del reposo 6 de septiembre de 2023, otorgada por 30 días.

2. Licencia Médica número 92484260-1, fecha de inicio del reposo 6 de octubre de 2023, otorgada por 30 días.

3. Licencia Médica número 94157910-8, fecha de inicio del reposo 5 de noviembre de 2023, otorgada por 30 días.

4. Licencia Médica número 95956346-2, fecha de inicio del reposo 5 de diciembre de 2023, otorgada por 30 días.

5. Licencia Médica número 97345124-3, fecha de inicio del reposo 5 de enero de 2024, otorgada por 15 días.

6. Licencia Médica número 97928220-6, fecha de inicio del reposo 20 de enero de 2024, otorgada por 15 días.

Destaca que la causal del rechazo es reposo injustificado, lo cual determinó que todas las licencias fueran rechazadas por COMPIN. En efecto, el primer rechazo lo realizó COMPIN, luego se interpusieron recursos de reposición por cada una de las licencias médicas indicadas, los que fueron rechazados. Posteriormente se apelaron esas resoluciones a SUSESO, donde también se confirmaron los rechazos, tal como se indica en la Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024.

Indica que en diciembre de 2023 (sic) fue diagnosticado por la psicóloga del Cesfam de Paihuano con depresión y derivado a una junta médica que ratifica ese diagnóstico. En enero de 2023 visitó un psiquiatra que ratificó su depresión profunda, además padecía en ese momento diabetes, hipertensión, es insulinodependiente y debe tomar diversos medicamentos diariamente. En mayo de 2023 se le diagnóstica cálculos en la vesícula y en noviembre de 2023 lo operan, después de la operación tuvo una reacción que le provoco un coma, quedando en la UCI.

Añade que después de superar sus afectaciones físicas y psicológicas se determinó por el médico que está en condiciones aptas para reintegrarse a su trabajo, informe de febrero de este año 2024.

Indica que con todo lo señalado, ratificado en los antecedentes que se acompañan a este reclamo (licencias médicas, informes, recetas), es claro el estado de salud en el que se encontraba al tiempo de las seis licencias médicas rechazadas.

Agrega que por todo lo indicado no es acorde a la ley el rechazo de sus licencias médicas, ya que el estado de su salud lo indicó un médico-cirujano y psiquiatra, lo que ha sido ratificado constantemente.

Expone que un primer vicio radica en la falta de notificación de la primera resolución de rechazo emitida por COMPIN, para cada licencia médica. Las licencias médicas que se solicitan aprobar en este acto fueron tramitadas electrónicamente, por lo que COMPÍN recepcionó y tramitó cada licencia, para luego emitir sus resoluciones de rechazo.

Reitera que las resoluciones de rechazo de COMPIN no fueron notificadas de forma legal, ya que no se le envió copia timbrada de ellas dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la fecha del pronunciamiento; todo esto acorde al inciso 2° del artículo 36° del Decreto N° 3 de 1984; ya que los documentos no fueron enviados a su domicilio, debiendo solicitarlos en dependencias de COMPIN para poder interponer los recursos de reposición respectivos.

Si bien la norma señalada no indica una sanción a esta infracción legal, entiende que la correcta notificación es determinante para el acto administrativo del pronunciamiento y es una exigencia legal que no puede obviarse.

Este mismo comportamiento se verificó en el curso de tramitación de cada licencia médica, en cada resolución que se emitió, de rechazo o de confirmación del rechazo.

Como corolario a la falta de notificación o a las notificaciones indebidas se indica que la resolución de SUSESO, Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, fue enviada por correo electrónico a su casilla; al presentar su reclamo en SUSESO señaló expresamente que la forma de notificación de la resolución del reclamo que presentaba no fuera por correo electrónico; a pesar de ello se le envió por correo y no por carta certificada la resolución de rechazo.

Indica que a la fecha de la presentación de la acción de protección todavía no le ha llegado la carta certificada con la resolución de rechazo de sus licencias médicas, dictada por SUSESO, Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024.

Adiciona que el segundo vicio legal que se puede advertir en los procedimientos administrativos de tramitación de las licencias médicas es la falta de fundamentación en el acto administrativo de pronunciamiento. Todas las resoluciones de COMPIN y de SUSESO, referidas a las licencias médicas impugnadas, no señalan en sus considerandos los antecedentes que se aportaron por él, ni tampoco que antecedentes estaban en poder la COMPIN y de SUSESO y a la vista a la hora de evaluar cada una de las licencias médicas.

Tampoco se señala el tipo de evaluación que se efectuó por la COMPIN y por la SUSESO para determinar que el reposo que el médico le indicó debía ser considerado como reposo injustificado; tampoco se indica que fundamentos, ni cuales antecedentes médicos y administrativos se presentaron para ser evaluados; tampoco se indica cómo fueron apreciados los antecedentes médicos y administrativos acompañados, ni cual es el valor probatorio asignado a cada uno de ellos; no se exponen razones médicas ni legales para determinar el rechazo de sus licencias médicas.

Refiere que otro vicio que se advierte en el procedimiento de tramitación de las licencias médicas radica en la falta de especialidad psiquiátrica en el médico contralor que se ha pronunciado respecto a las licencias médicas indicadas previamente. En la resolución de SUSESO y en las de COMPIN no se logra advertir quien fue el médico contralor que decidió rechazar cada licencia médica por separado, ni que médico volvió a revisar los antecedentes para confirmar los rechazos. Así es imposible determinar la especialidad del médico que determinó los rechazos de todas sus licencias. Esto es un perjuicio para él, porque no aclara que médico controló cada licencia e impide su impugnación.

Señala que un cuarto vicio que salta a la vista en el procedimiento de tramitación de las licencias médicas es el hecho de que COMPIN y SUSESO parecieran querer invertir la carga de la prueba en estos procedimientos administrativos, pues pretenden que quien extiende la licencia deba probar, con mayor o menor intensidad, la verdad de lo prescrito y de sus fundamentos; pero al emitir sus pronunciamientos dichos órganos se desligan de su deber de fundamentar o motivar su decisión, lo que adquiere más relevancia si la resolución sin fundamento es desfavorable para el particular.

Otra irregularidad en el rechazo de las licencias médicas radica en que sus licencias psiquiátricas, desde enero de 2023 en adelante, se aprobaron sin cuestionamientos; pero a partir la licencia presentada en septiembre de 2023 ellas empezaron a ser rechazadas, sin fundamentos claros y sin haber variado sus condiciones de salud y sin haber variado los antecedentes ni los argumentos que presentaba con cada licencia.

Esto se traduce que es un acto arbitrario e ilegal que le ha privado de sus derechos, especialmente en lo dispuesto en el numerales 2°, inciso sexto del numeral 3°, numeral 9, 18 y 24 del artículo N° 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita que se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, dictada por SUSESO; dejándola sin efecto y declarando en su lugar que las licencias médicas individualizadas son aceptadas, declarándose como justificado el reposo, debiendo la recurrida dar curso a las mismas y ordenar a la brevedad el pago de los subsidios por incapacidad respectivos, debidamente reajustados, conforme lo señala la ley, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: a. Licencia Médica de enero de 2020, las impugnadas son electrónicas por lo que no se acompañan; b. Resolución Exenta Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, de SUSESO; c. Informes Médicos; d. Recetas de medicamentos; e. Radiografías; f. Resoluciones de rechazo de COMPIN; g. Constancia de Alta Médica; h. Certificado lista de espera; i. Certificado de atención de 9 de enero de 2024; j. Certificado Médico de 17 de enero de 2024; k. Epicrisis de 11 de noviembre de 2023; l. Formulario trámite Licencias Médicas; m. Indicaciones cirugía; n. Confirmación COVID.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA.

En efecto, consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, que por presentación de 8 de noviembre de 2023, el Sr. nombre reservado reclamó ante ese Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 91183704-8, 92484260-1, 94157910-8, 95956346-2, 97345124-3, 97928220-6, extendidas por un total de 150 días a contar del 06 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, esa Superintendencia dictaminó que: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 91183704-8, 92484260-1, 94157910-8, 95956346-2, 97345124-3, 97928220-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 240 días. En los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 91183704-8, 92484260-1, 94157910-8, 95956346-2, 97345124-3, 97928220-6, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional el 27 de marzo de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de 8 de noviembre de 2023 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 4 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar del mes de septiembre de 2023.

En subsidio, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone, en lo pertinente, que consta dentro de los antecedentes, informe de la especialista doña nombre reservado de 27 de febrero de 2024 que señala: “Fundamentos de la resolución: No acoge. Reposo excesivo sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a especialista ni dispositivos de mayor complejidad. En los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico”.

Por lo anterior, se aprecia que el Ord. impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo en todas sus partes de la acción, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, toda vez que el recurso es claro en cuanto se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, acto terminal del procedimiento administrativo, de tal suerte que habiéndose deducido la presente acción el veintisiete de marzo del mismo año, solo cabe colegir que la misma se ha interpuesto dentro del plazo previsto para tales efectos en el Auto Acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, aparece que la decisión de la recurrida, en orden a rechazar las licencias médicas del actor, formalmente se asienta en “que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 91183704-8, 92484260-1, 94157910-8, 95956346-2, 97345124-3, 97928220-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 240 días. En los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico”.

OCTAVO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

NOVENO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el porqué del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, teniendo presente la precaria fundamentación la resolución recurrida, cuyo tenor tiene un carácter evidentemente genérico, sin hacerse cargo de los antecedentes aportados en sede administrativa por el actor, dejándola en consecuencia en indefensión y vulnerabilidad, es que solo cabe concluir que existe un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida al decidir el rechazo de las licencias de la recurrente.

DECIMO: Que, de esta manera, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad, al negarse al actor el respectivo subsidio por incapacidad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección solicitada, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad de la acción.

II.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), y en consecuencia se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UME-31533-2024, de 27 de febrero de 2024, emitida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, debiendo en consecuencia la recurrida disponer el pago de las licencias médicas N°s 91183704-8, 92484260-1, 94157910-8, 95956346-2, 97345124-3 y 97928220-6.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 394-2024 (Protección).-