nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Carabineros de Chile Rol N° 3925-2019.- Recurso de Protección La Serena, diecisiete de enero de dos mil viente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se presenta nombre reservado Fuentes Pavéz, abogada, por sí, en contra de nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de Carabineros de Chile, IV Zona Coquimbo; y contra Carabineros de Chile prefectura Coquimbo, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado; por el acto ilegal y abusivo de las recurridas, consistente en la redacción y envío de Oficio n°371 de 12 de noviembre de 2019.

Dicho acto constituye en su entender una privación y perturbación de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 n°4 y n°16 de la Constitución Política de la República, el derecho a la honra y el derecho a la libertad de trabajo y su libre elección.

Funda su recurso en los siguientes antecedentes de hecho:

Dice que el 12 de noviembre de 2019, el recurrido nombre reservado, Coronel de Carabineros, firma Oficio n°371 de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, dirigido al Servicio de Salud Coquimbo, y cuya distribución incluye también: Contraloría Regional de Coquimbo, Corte de Apelaciones de La Serena, Seremi de Justicia y DDHH Coquimbo y Director de Hospital Local de Coquimbo. Como objeto del Oficio, se señala “Atención de abogados en cuarteles policiales a raíz de la contingencia regional: Informa situación que acontece con Abogada de la Unidad Jurídica del Hospital Local de Coquimbo”. Se indica que se ha estimado del necesario poner en conocimiento del Servicio de Salud una “determinada situación” que la involucraría como Abogada asesora de Hospital San Pablo, situación que “podría constituir una trasgresión al Principio de Probidad Administrativa”.

Reclama que las situaciones que detalla el Oficio n°371, se refieren a hechos falsos o derechamente tergiversados, endosándole la responsabilidad de entorpecer la función policial en el procedimiento de constatación de lesiones de detenidos en manifestaciones. Las anteriores imputaciones carecen de sustento, además de no haberse ofrecido prueba alguna de las mismas.

Indica que se desempeña como Asesora Jurídica de Hospital San Pablo de Coquimbo, mediante un contrato a honorarios, desde octubre de 2018, y sin cláusula de exclusividad. Agrega que debido a la contingencia nacional y la multitud de personas manifestantes que han sido detenidas durante los últimos cuarenta y cinco días se integró a un equipo de abogados voluntarios que realiza asesoría jurídica gratuita a estas personas y a sus familias, con el fin de resguardar la legalidad durante los procesos de detención en contexto de manifestaciones públicas, precisando que estos procedimientos de detención se realizan después de las marchas, por lo que acuden a Comisarías normalmente después de las nueve de la noche en un sistema de turnos. Destacando que la labor voluntaria se refiere exclusivamente al contexto de la detención, y en ningún momento al patrocinio de denuncias ni querellas particulares.

Expresa que en el Oficio n°371 se le imputa haber acudido “por las tardes” a la comisaría “por cerca de una semana”; cuestión que no es tal, pues al momento del Oficio sólo en dos fechas puntuales acudió a los procesos de detención: los días 28 de octubre y 5 de noviembre, después de las nueve treinta horas de la noche. Indica que también es falso el cargo de no haber respetado lo señalado en el artículo 96 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos para entrevistarse con sus representados detenidos; pues si Carabineros hubiera observado que no cumplía con los términos legales para ingresar a Comisaría, no le hubiera permitido el ingreso.

Reconoce haber ingresado, con autorización policial, a los calabozos de la Primera Comisaría de La Serena, pero desconoce haber incitado a los detenidos a efectuar denuncias en contra de Carabineros.

Hace presente contradicciones en el oficio cuestionado ya que por una parte se indica que habría requerido los nombres de los detenidos para poder entrevistarse con ellos, para luego señalar -en el punto n°3- que habría hecho firmar denuncias a los detenidos “sin entrevistarme con ellos, y sin conocer los hechos de cada caso”.

Finalmente en el oficio se le acusa de una supuesta “animadversión injustificada” hacia Carabineros, y haber intentado en el ejercicio de sus funciones como Asesora jurídica de Hospital San Pablo, “entorpecer las funciones” de Carabineros en el procedimiento de constatación de lesiones de los detenidos. Dichos que estima injuriosos y falsos, ya que todo lo que se trató en la reunión sostenida –no da mayores detalles- fue la mejor manera de dar cumplimiento tanto a los deberes de Carabineros de custodia de los detenidos, como a los derechos de los mismos, que son pacientes para el Hospital, y cuya atención debe regirse por lo estatuido en la ley n°20.584 y las Convenciones Internacionales ratificadas por Chile.

En esta reunión –no indica cual- estaban presentes tanto el Director del Hospital, D. nombre reservado, como el Dr. Vargas, el Jefe de Urgencias Dr. Alvear, la Jefa de Asesoría Jurídica del Hospital D. nombre reservado, el Capitán Rubio de la 2°Comisaría de Coquimbo y su asesora jurídica D. nombre reservado, todos los cuales pueden dar fe de lo conversado en la reunión, en cuanto a que se llegó a un consenso en cuanto a un procedimiento de constatación de lesiones que permitiera la labor de custodia de Carabineros, y al mismo tiempo los derechos de los pacientes, y las obligaciones de los funcionarios de Salud para con ellos; siendo su única intervención la de poner de manifiesto las normas jurídicas que se debían considerar al momento de tratar el tema, siendo falso que intentara “imponer restricciones injustificadas a Personal de Carabineros".

Afirma que el oficio 371, lejos de informar una infracción al principio de probidad”, la amedrenta para no acudir a Comisarías, y perjudica su carrera en la Administración Pública.

Rechaza todas las imputaciones que efectúa el oficio y que no han sido expresamente referidas en este recurso.

Para dar sustento normativo al recurso indica que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, los órganos del Estado deben sujetarse en toda actividad al ordenamiento jurídico, lo que se ratifica en otras normas de la carta magna.

Además sostiene que la ilegalidad viene dada por la propia infracción a los reglamentos de Carabineros, ya que como estima falsa las imputaciones proferidas en el oficio, se infringen el deber de veracidad contenidos tanto en el Reglamento de disciplina de la institución, n° 11, específicamente su artículo 22; el Reglamento de servicio para el personal de nombramiento institucional de Carabineros, n° 10, Título I; el Código de ética de Carabineros en sus artículos 2, 21 y 23.

Enseguida asevera que el actuar de la recurrida afecta sus siguientes garantías fundamentales:

Derecho a la honra, establecido en el artículo 19 n°4 Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia”.

Lo que guarda armonía con el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece en su artículo 5° que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica establece en su artículo 11.

Arguye que de lo expuesto se desprende que el recurrido comunica “una situación de posible infracción al principio de probidad”; sin embargo, al ser todos los hechos que se señalan en el Oficio falsos o derechamente descontextualizados o tergiversados, se concluye que existe un “ataque ilegal a la honra”, ya que la información no veraz no es lícita, y por tanto no es protegida por el derecho a la información.

Agrega que la conducta del recurrido causó un gran daño en su honra, pues debido al oficio enviado a Hospital San Pablo y a otras instituciones, éste puso fin de manera anticipada, con fecha 18 de noviembre de 2019, al contrato de honorarios que mantenía, cuyo término estaba establecido para el 31 de diciembre de 2019, y el que ya había recomendado por parte de Jefatura renovar para el período 2020.

Además, afirma que se generó una afectación al Derecho a la libertad de trabajo, artículo 19 n°16 Constitución Política de la República, por la desvinculación del servicio en el que prestaba funciones, según se explicó previamente.

Como peticiones concretas solicita: a). que se envíe un Oficio a todas las Instituciones a las que se envió el Oficio n°317, desmintiendo los hechos falsos indicados en éste, señalando que no son veraces, y ofreciendo disculpas públicas a esta recurrente; b) que se ofrezcan disculpas públicas a esta recurrente por los dichos vertidos en Oficio n°317, en una publicación en un diario de circulación nacional, señalando que los mismos no son veraces, a fin de restablecer la honra de esta recurrente; c) que el mismo escrito de disculpas públicas esté disponible en la página web de la institución, al menos durante el plazo de un mes, y visible de manera pública; d) cualquier otra acción que se considere necesaria y pertinente a fin de restablecer el imperio del derecho; con expresa condenación en costas al recurrido.

Solicitando finalmente que se acoja el recurso declarando que la redacción y envío del Oficio n°317 de Carabineros es ilegal y arbitrario, y en base a ello, se lo deje sin efecto, disponiendo lo previamente señalado en el ítem de peticiones concretas, todo, con expresa condenación en costas.

Acompaña junto con el recurso: 1. Oficio n°317 de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, IV Zona, de 12 de noviembre de 2019; 2. Contrato de Honorarios suscrito entre Hospital San Pablo de Coquimbo y nombre reservado Fuentes Pavéz, enero de 2019; 3. Notificación de aviso de término anticipado de contrato de nombre reservado Fuentes Pavéz, firmada por el Director del Hospital San Pablo de Coquimbo D. nombre reservado, de 18 de noviembre de 2019, y mediante presentación de 16-1-pasado, se acompaña: 4. Informe sobre la misión a Chile, de 13 de diciembre del año 2019, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

SEGUNDO: Que con fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, comparece la recurrida solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Indica que efectivamente la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, elaboró y dirigió el Oficio N° 371 de fecha 12 de noviembre de 2019 al Servicio de Salud de Coquimbo, con el objeto de exponer determinada situación que fuera informada por el Subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría de Carabineros “La Serena”, Capitán nombre reservado, a propósito de la concurrencia de abogados al cuartel policial donde se emplaza la Comisaría, atendida a la gran cantidad de personas detenidas debido a la contingencia nacional y regional, a raíz de las dificultades que se estaban advirtiendo durante el ingreso al cuartel y entrevista de abogados con detenidos y el trato indebido que especialmente observó la recurrente hacia el Personal de Carabineros que desarrollaba labores en la Guardia del referido Recinto Policial.

Refiere que el Subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaria de Carabineros “La Serena”, expuso que diversos abogados de derechos humanos y otros particulares se presentaban en las unidades policiales, y que respecto de algunos de ellos, que formaban parte de asociaciones privadas en forma diaria se apersonaban en la referida Unidad Policial a partir de las 17:00 y hasta las 23:00 horas aproximadamente, manteniendo un trato descortés e incluso prepotente hacia el Personal de Guardia, ya que requerían en forma inmediata poder entrevistarse con todos los detenidos que llegaban al cuartel en el marco de la contingencia, sin individualizar a ningún detenido o detenidos en específico, además de demandar el ingreso a los calabozos para verificar el estado de éstos. Explica que en varias ocasiones les representó que no existía ningún impedimento para ello, siempre y cuando especificaran al detenido con el cual deseaban conferenciar, y así ocurría en la mayoría de los casos, lo que se traducía que las entrevistas se verificaran en forma oportuna, pero aquellos letrados que desconocían la información, se molestaban con el Personal de Guardia, y amenazaban con ocurrir a la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por la supuesta negativa policial al no poder ver ni entrevistarse con los detenidos.

Refiere que al ser consultados a los diferentes Suboficiales de Guardia respecto de las identidades de estos abogados con los cuales se presentaron dificultades, estuvieron contestes en identificar a doña nombre reservado Fuentes Pavéz, como la abogada que se apersonaba en forma diaria en el cuartel de la Primera Comisaría “La Serena” hasta que se emitió el Oficio N° 371.

Relata dos episodios en que se habría generado discusión con la recurrente, lo que habría ocurrido los días 05 de noviembre de 2019, y 28 de octubre de 2019, oportunidades en que concurriendo a las unidades policiales la actora habría manifestado ser observadora del instituto de derechos humanos sin portar credencial idónea, acusando, además, un trato prepotente hacia el personal de turno.

Añade que el día 12 de noviembre de 2019, se verificó una reunión entre los equipos jurídicos de la Intendencia y Asesores Legales de la IV Zona de Carabineros Coquimbo, para coordinar esfuerzos conjuntos tendientes al mantenimiento del orden público y las acciones legales a entablar, se representaron las dificultades registradas en la atención de abogados particulares en los cuarteles policiales, saliendo a colación la situación acontecida con la Abogada Fuentes Pavéz, siendo identificada por el Abogado Nicolás Antisevic, Jefe del Servicio Jurídico de ese Servicio de Salud, como la Asesora Jurídica del Hospital Local de Coquimbo, lo cual sorprendió a los asistentes, por cuanto, según expresa, no sería lógico que un (a) funcionario (a) que integra la administración pública, desempeñe otras labores bajo la coyuntura nacional actual, que incluso podría ser incompatible con su fundón pública, lo cual podría vulnerar el Principio de Probidad Administrativa.

Señala que se informó la situación acontecida con la Abogada Fuentes Pavéz, al Servicio de Salud de Coquimbo, a través del citado Oficio N° 371, a fin de ilustrar la situación concreta y objetiva ocurrida con una abogada de su servicio, invocando normas de la Ley N° 18.575 alusivas a posibles incompatibilidades que se pudieran observar en la función de la mencionada recurrente, como también, para que se adopten las medidas que considere pertinentes y en ningún caso se solicita que se resuelvan medidas disciplinarias o bien que se le desvincule o despida a la recurrente, por cuanto no es resorte de esta Autoridad Policial solicitar o recomendar aquello, siendo de exclusiva y excluyente competencia del Servicio de Salud, determinar si adoptará o no medidas al efecto y qué acciones considera pertinente realizar.

Concluye que no se ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno que haya podido producir privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales que la recurrente estima vulnerados.

Acompaña en apoyo de sus planteamientos: 1. Oficio N° 16 de fecha 19.12.2019, del Capitán Sr. nombre reservado, de la Primera Comisaría de Carabineros “La Serena’’; 2. Declaración del Sargento 1o nombre reservado, de la Primera Comisaria de Carabineros “La Serena"; 3. Declaración del Sargento 2o nombre reservado, de la Primera Comisaría de Carabineros “La Serena"; 4. Declaración de la Subteniente nombre reservado, de la Primera Comisaría de Carabineros “La Serena"; 5. Declaración del Cabo 2o nombre reservado, de la Primera Comisaría de Carabineros “La Serena”; 6. Copia de Constancia de fecha 28.10.2019, del Libro de Novedades de Guardia de la Primera Comisaría La Serena; 7. Copia de la Credencial exhibida por la recurrente; 8. Copia del Oficio N° 396 de fecha 10.12.2019, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo al Servicio de Salud de Coquimbo; 9.Copia de la Declaración Pública de fecha 06.12.2019, de la recurrente en red social; 10. Documento Electrónico N.C.U. 104201365 de fecha 25.10.2019, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, y cuadro resumen de instrucciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes que han sido acompañados en este recurso de protección, se desprende que Carabineros de Chile incurrió en un acto arbitrario e ilegal, pues efectivamente como sostiene la recurrente, no se encuentra dentro de la esfera de sus competencias el representar a otras instituciones públicas hechos como los contenidos en el citado Oficio N°371, de fecha 12 de noviembre de 2019.

Es ilegal, por cuanto no existe norma legal alguna que faculte a los funcionarios policiales a dirigirse a otras instituciones exponiendo situaciones particulares que digan relación con la actividad, que de forma privada, realice un funcionario público, máxime si este además obedece al ejercicio legítimo de una profesión liberal.

Y, arbitrario, en tanto el oficio N°371, fue remitido no solo al empleador de la recurrente sino que a un sinfín de instituciones públicas que de modo alguno se encontraban vinculadas con la actora, por lo que no se presenta justificación plausible que permita entender la distribución que Carabineros hizo del citado oficio.

QUINTO: Que, así las cosas, estiman estos jurisdicentes, que Carabineros con su actuar, ha mermado las garantías fundamentales de la recurrente, solo en lo tocante a la protección de su vida privada y la honra, reconocida en el numeral cuarto del artículo 19 de la constitución Política de la Republica, por cuanto las responsabilidades endosadas en el oficio N°371, primero, no se encuentran acreditadas, y corresponden a meras apreciaciones de la institución recurrida, y en segundo lugar, porque no existía motivo para redirigir el cometido a las diversas entidades públicas, como se hizo en la especie.

No se avizora, por el contrario, una infracción a la libertad de trabajo, en los términos reclamados, toda vez por un lado, de la documentación acompañada por los intervinientes no se desprende inequívocamente que la desvinculación prematura de la que fue objeto la recurrente obedezca al mérito del oficio de Carabineros y aun cuando se estimase un argumento en tal sentido, la decisión de poner fin a la contrata anual fue del Director del Hospital de Coquimbo, por lo que no puede imputarse, por lo menos en este estado procesal, alguna responsabilidad a la recurrida.

SEXTO: Que, por lo anteriormente señalado, se acogerá el recurso de protección interpuesto, en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado Fuentes Pavéz, en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Coquimbo, solo en cuanto se declara que la recurrida no podrá en lo sucesivo emitir y enviar oficios que digan relación con la recurrente de autos, apegando su actuar a lo establecido expresamente por el legislador, sin traspasar la esfera de sus competencias.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3925-2019 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, la Ministro suplente señora Caroline Turner González y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a diecisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué por estado diario la resolución que antecede.