nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

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Carabineros de Chile Recurso de Protección Rol Nº 3922-2019.- La Serena, diecinueve de mayo de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña María Belén Rojas Pinto, abogado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a favor de su representada y en contra de la Comisión Médica de Carabineros de Chile, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana; solicitando se deje sin efecto el acto administrativo que la declaró no apta para continuar prestando servicios en Gendarmería de Chile, ordenándose su reintegración al haber sido vulneradas las garantías previstas en los n°1, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de La República.

Manifiesta que con fecha 08 de Noviembre del año 2019, tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°2480, dictada con fecha 17 de Octubre de 2019 por la Comisión Médica de Carabineros de Chile, que ratifica lo contenido en la Resolución Exenta N°273, dictada con fecha 07 de marzo de 2019 por la misma comisión; la que dictaminó que no era apta para realizar labores de carácter penitenciario y que dentro de seis meses debía dejar la institución, por padecer “Personalidad Cluster B” y “Trastorno Alimentario Restrictivo Purgativo”, ambas patologías de origen psiquiátrico.

Refiere que, a contar del año 2010, oportunidad en que presenció el suicidio de su pareja, también gendarme, quien se disparó con su arma de servicio; ella resultó con estrés postraumático, lo que la obligó a realizar psicoterapias y extender sucesivas licencias médicas.

Explica que fue citada por la Comisión Médica Local de Gendarmería pues se consideraba que sus licencias médicas eran excesivas y, producto de esa revisión, se decidió que quedaría en Gendarmería de Chile en calidad de condicional por lo que no podría volver a emitir nuevas licencias durante un año; sin embargo, la recurrente quedó embarazada con un alto riesgo obstétrico lo que significó nuevos reposos; siendo citada dos veces más pero no asistió justificando sus inasistencias.

Señala que, en abril del año 2018 se le diagnosticó artritis reumatoide otorgándosele sucesivas licencias médicas que motivaron su traslado a labores administrativas que implicaban el uso de computador y que fue internada en el Hospital de Carabineros.

Posteriormente en enero de 2019, mientras estaba en su trabajo, perdió la movilidad en su mano derecha lo que implicó el otorgamiento de nuevas licencias médicas, por lo que fue citada nuevamente a la comisión en febrero de 2019, pero dicha citación se envió por carta certificada a Gendarmería y no a su domicilio en el que se encontraba en reposo, razón por la que no se enteró de tal situación.

Precisa que estos antecedentes ya fueron conocidos por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió recurso de protección Rol 39.708-019 en su favor, reconociéndole el derecho a apelar de la decisión que la desvinculaba de Gendarmería de Chile, y que lo que ha hecho la Comisión Médica de Carabineros, no es más que mantener su decisión, reflejando su interés de desvincularla, sin hacerse cargo de las reales patologías que afectan a su representada, a pesar de existir antecedentes médicos que acreditan que padece de artritis reumatoide y no de las patologías siquiátricas que se le atribuyen y que no fueron informadas a su parte.

Respecto a la arbitrariedad, indica que lo único que hizo la comisión médica fue sancionar a la recurrente por un informe redactado por el médico siquiatra el sr. nombre reservado, quien jamás le comunicó absolutamente nada de los trastornos que supuestamente padecía, pero sí informó a la Comisión Médica. Señala que nunca se le hizo test sicológico (método idóneo para determinar sus supuestos trastornos de personalidad), como para que los especialistas llegaran a determinar este diagnóstico ni menos aún se le comunicó que tenía estas patologías por las cuales hoy pretenden dejarle sin trabajo.

Respecto a la ilegalidad, expresa que el veredicto de la recurrida constituye un acto ilegal porque afectaría su garantía contemplada en el artículo 19 n° 4 de la Constitución Política de la República, puesto que se ventiló una situación médica que ella jamás autorizó y que niega padecer, considerándose que aquello debe ser confidencial.

Refiere que los Considerandos 2, 3 y 4, sobre los cuales descansa la resolución de darle de baja no pueden determinar que tenga Personalidad Cluster B y Trastorno Alimentario Restrictivo Purgativo, porque son circunstancias que jamás se le comunicaron los médicos siquiatras y sicólogos de Carabineros que la trataron.

Manifiesta que los informes no cuentan con una metodología idónea que concluyan sus supuestos trastornos; argumentando que el acto administrativo que decide darle de baja, es ilegal y arbitrario y carente de toda fundamentación, que no explica el iter racional-lógico que se utilizó para llegar a dichas conclusiones y carece de todo valor, dado que los informes en los que se avala para resolver como lo ha hecho, son inexactos, poco pulcros, y controvertidos en su veracidad ya que solo un vez pudo ser entrevistada por la Comisión Médica, momento en el cual sólo se le dijo que quedaría condicional, mas no se le indicó diagnostico psiquiátrico alguno, como tampoco lo hicieron a su turno los médicos siquiatras y sicólogos de la institución que en su oportunidad la trataron.

El único diagnóstico cierto que dice la recurrente haber recibido, fue el realizado por la institución consistente en Artritis Reumatoidea por la Médica nombre reservado, de Unidad Inmuno Reumatología del Hospital de Carabineros y que esta institución siempre tuvo conocimiento desde que estuvo hospitalizada en el Hospital de Carabineros por esa causa.

Así también señala una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, puesto que habiendo deducido un recurso de apelación y/o reconsideración en contra del acto o resolución administrativa que le afectaba, su recurso no fue tramitado ni conocido ya que sólo se remitieron a ratificar sin pronunciarse en nada ni hacerse cargo de los antecedentes aportados que dan cuenta del padecimiento de otra patología que nada tiene ver con lo que los facultativos de la Comisión Médica le han diagnosticado, todo lo cual configura una hipótesis de afectación de sus derechos porque una decisión en extremo gravosa no fue objeto de la necesaria revisión que el procedimiento legal establece.

Enfatiza que los estándares de un debido proceso son aplicables no sólo a los órganos jurisdiccionales, sino que además a todos los órganos de la administración del estado. En este caso en particular, se le ha comunicado una decisión de padecer patologías siquiátricas las que no le estarían permitiendo la continuidad en Gendarmería, las cuales fueron determinadas sin procedimientos que garanticen un mínimo de racionalidad y justicia desde que no se le aplicó ningún test ni tampoco fue evaluada por la Comisión Médica de Carabineros si no que solo se valieron de informes que su representada desconoce abiertamente.

Hace alusión a una infracción a los artículos 3 y 40 de la Ley Nº 19.880 Sobre Procedimiento Administrativos, que determinan la necesidad de fundar los actos administrativos.

Refiere también como conculcado el derecho del articulo 19 N° 4 de la carta magna, correspondiente al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y la familia, toda vez que la Comisión Médica divulgó un diagnostico que (supuesto que sea este cierto) derechamente ocultó y jamás comunicó, pero sí lo hizo al resto del personal de la institución de Gendarmería de Chile y al personal del Hospital de Carabineros ya que, para efectos de dictar la resolución que por esta se recurre, lo hizo público, infringiendo su propio Reglamento publicado en el Boletín N° 4249 de Carabineros de Chile, que en su artículo 35 letra e) señala que los estamentos de apoyo y gestión administrativo de las comisiones locales deben “mantener reserva absoluta de todas las materias relacionadas con los casos tratados por las Comisiones Medicas Locales”.

Por último, señala como vulnerado el derecho consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Carta fundamental, en lo relativo a la libertad de trabajo, toda vez que la recurrente no puede ejercer libremente el trabajo para el cual el estado le contrató, y ya no podrá ejercerlo a causa del errado diagnóstico de la Comisión Médica de Carabineros.

Concluye solicitando se deje sin efecto resolución exenta N° 2480 dictada con fecha 17 de octubre de 2019, por la Comisión Médica de Carabineros, que resolvió ratificar la decisión contenida en la resolución exenta N° 273 dictada con fecha 07 de marzo de 2019, que declara a la actora no apta para continuar prestando servicios en Gendarmería de Chile por supuestamente padecer Personalidad Cluster B y Trastorno Alimentario Restrictivo Purgativo, y ordenar el reintegro de la recurrente al complejo penitenciario, o lo que esta corte, estime necesario para restablecer el imperio del derecho, con costas del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- ORD. N° 04.01.05 // 2814 //2019, de fecha 15 de abril de 2019. 2. Notificación 6 meses- Articulo 152 DFL N ° 29 de 2005. 3. OF. 12.12.00 153/2019.4. OF. 15.01.01/ 337/ 2019. 5. Resolución exenta N° 2480 dictada con fecha 17 de octubre de 2019. 6. Informe médico emitido por la facultativa nombre reservado. 7. Informe médico emitido por la médica nombre reservado. 8. Informe de epicrisis del Hospital de Carabineros. 9. Expediente rol 39708-2019, sobre recurso de protección seguido ante la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago. 10. Resolución administrativa N° 273 de 07 de marzo de 2019.

SEGUNDO: Que, con fecha seis de febrero de dos mil veinte, y para un mejor acierto del fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decretó la medida para mejor resolver consistente en solicitar a la recurrida Honorable Comisión Médica de Carabineros de Chile, que remitiera todos los antecedentes tenidos a la vista para la dictación de la Resolución Exenta N° 2480 dictada con fecha 17 de octubre de 2019 y la Resolución Exenta N° 273 dictada con fecha 07 de marzo de 2019.

TERCERO: Que, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, la recurrida Honorable Comisión Médica de Carabineros de Chile, remite los antecedentes solicitados por esta corte, los que se agregan al sistema con carácter de reservados.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, lo primero a establecer es que la recurrente no ha cuestionado la competencia de la recurrida para emitir el pronunciamiento cuestionado, sino que su reclamo se centra en la arbitrariedad e ilegalidad de este por las razones que expone en su libelo.

Asimismo, no es posible olvidar al momento de decidir que la Resolución Exenta discutida es aquella que resuelve una solicitud de reconsideración de la que, en marzo del año pasado, declaró no apta para el servicio la salud de la recurrente.

SEPTIMO: Que, en relación a la arbitrariedad reclamada cabe señalar que con su argumento se pretende revivir una discusión que debió darse respecto de la Resolución Exenta n° 273 de 7 de marzo de 2019, pues es ella la que contiene como fundamento el Informe Pericial Psiquiátrico y Evaluación Psiquiátrica que diagnostican las dolencias que permiten a la Comisión recurrida arribar a la conclusión que plasmó en dicha Resolución de tal manera que resulta, estima esta Corte, improcedente esta alegación.

A mayor abundamiento, atendidas las dolencias que sirven de base a la decisión de la Comisión aparecen pertinentes las evaluaciones e informes recabados para adoptar la medida cuestionada por la reclamante, lo que aleja todo capricho en el obrar de la recurrida.

OCTAVO: Que, la ilegalidad imputada tampoco se concreta en la especie pues si bien es efectivo que los antecedentes de salud de la recurrente son posibles de entender como datos sensibles, de aquellos a que se refiere la letra g) del artículo 2 de la Ley n° 19.628 sobre Protección de la vida privada, no es menos cierto que ellos son el insumo necesario para que la recurrida pueda cumplir su mandato legal sin que verifique un procesamiento o acopiamiento de información de la recurrida más allá del preciso para desempeñar con su función, habiéndose requerido para ello, no visualizándose en este caso una utilización ajena al ámbito de competencia de la Comisión y, menos aún, la divulgación de información o datos que la recurrente atribuye.

NOVENO: Que, en cuanto a la falta de fundamentación endilgada a la Resolución exenta atacada debe señalarse que esta es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución. (Artículo 3 Ley 19.880)

Que, en consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dice “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

Este deber de fundamentación importa que la decisión debe abarcar los hechos y el derecho, lo que está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto, en otras palabras, el pronunciamiento ha de ser completo y bastarse asimismo, autosuficiente.

En la especie, un breve análisis de la Resolución Exenta impugnada permite verificar que esta contiene una fundamentación acorde a su naturaleza, es decir, una decisión que implica una revisión de una anterior a partir de los antecedentes aportados por el requirente y, en este ámbito, la Resolución cuestionada se sustenta en un Informe del Asesor Psiquiátrico de la Comisión Medica Central realizado en octubre de 2019, o sea, después de la Resolución de marzo de 2019 cuya reposición se pide y de la presentación de reposición formulada por la recurrente, y se hace cargo de los antecedentes acompañados por la reclamante, señalando el motivo por los que no sirven para alterar lo ya decidido en marzo de 2019.

DECIMO: Que, en relación al reclamo referido a que el recurso de reposición “no fue tramitado ni conocido ya que sólo se remitieron a ratificar sin pronunciarse en nada ni hacerse cargo de los antecedentes aportados que dan cuenta del padecimiento de otra patología que nada tiene ver con lo que los facultativos de la Comisión Médica le han diagnosticado” debe descartarse por cuanto no se aportó antecedente alguno ni emana de los incorporados evidencia que la recurrida no cumplió con el procedimiento reglado para resolver esta materias y, además, por cuanto se refirió su pronunciamiento a las dolencias que impiden calificar la salud de la recurrente como apta para el servicio que son las que justifican su decisión, siendo irrelevante otras que pudiera padecer la accionante pues basta la existencia de las primeras para entender que la decisión adoptada se tomó dentro del marco legal y exenta de arbitrariedad.

UNDECIMO: Que, por lo expuesto se rechazará esta acción constitucional de protección, lo que se hará sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Atendido lo expuesto y lo dispuesto en el Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Redacción de la abogado integrante María José Montesino Bianchi.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Rol N° 3922-2019.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y la abogada integrante señora Maria José Montesino Bianchi. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a diecinueve de mayo de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.