nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFATILES (JUNJI)

nombre reservado

Junta Nacional de Jardines Infantiles Recurso de Protección Rol N° 3918-2019.- La Serena, treinta de abril de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha siete de diciembre de dos mil diecinueve se presenta doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva, doña nombre reservado y en contra de don nombre reservado, Fiscal Administrativo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando se acoja el recurso y se deje sin efecto la medida que la suspende de funciones, se le reincorpore y que cesen los actos de persecución, hostigamiento y afectación de su honra, y además, que se le permita acceder al expediente sumarial otorgándole copias del mismo.

Afirma que se desempeña como Subdirectora de Gestión y nombre reservado, y el día 13 de noviembre de 2019 habría sido notificada de una formulación de cargos en su contra, así como de una medida preventiva de suspensión de sus funciones, por don nombre reservado, quien dijo ser Fiscal del sumario administrativo instruido en contra de otras funcionaria del servicio, doña nombre reservado, ex Directora Regional JUNJI, Región de Coquimbo, debido a acusaciones por maltrato laboral interpuestas en su contra, por la Jefa de Gabinete de Directora Regional de Coquimbo de JUNJI de ese entonces, doña Carolina Pizarro Carvajal.

Agrega que había denunciado hostigamientos y difamación de su persona y honra a través de un medio de comunicación por parte de la señora nombre reservado, como también el constante hostigamiento de ésta a la ex Directora Regional, por lo que la máxima autoridad de la JUNJI, doña nombre reservado incorporó los antecedentes de su denuncia al sumario administrativo incoado; que en el sumario seguido en contra de la señora nombre reservado, con fecha 29 de marzo de 2018, ante el fiscal don Fernando Vergara Cañumir, proveniente de Santiago, ratificó se denuncia, acompañando las presentaciones por las cuales había solicitado diligencias, aunque con posterioridad nunca más fue citada, ni como testigo ni como inculpada; que luego de la notificación de cargos y suspensión de sus funciones, el Director Regional de JUNJI Coquimbo la citó a su oficina y la conminó a sacar todas sus pertenencias de su oficina, bloqueándosele días después el acceso a su correo electrónico, e informándose a los demás funcionarios de tales medidas, lo que nuevamente vulnera gravemente el secreto del sumario y su derecho a defensa, al impedírsele generar medios de pruebas para desvirtuar los cargos.

Agrega que la notificación de cargos y la suspensión de sus funciones, se alza como un acto arbitrario e ilegal, con motivo del cual se vieron afectadas sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, N° 3 inciso 5, N° 3 inciso 4, N° 1, N° 4, N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que no existen antecedentes suficientes para formularle cargos en el sumario administrativo instruido en contra de la ex Directora Regional, ni existen antecedentes que permitan suspenderla transitoriamente de funciones, tomando en consideración lo gravoso de la medida adoptada.

En lo tocante a la manera en que se habrían afectado sus garantías constitucionales, señala:

1°.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19 N° 2): La medida preventiva de suspensión de funciones, aplicada contra su persona, transgrede la normativa legal del Estatuto Administrativo. Es del caso que el artículo 90 letra A del Estatuto Administrativo prescribe que los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra k) del artículo 61 tendrán los siguientes derechos: "a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia...", lo que implica que ante la denuncia formulada por su persona, ella no debería ser objeto de una medida disciplinaria;

2°.- Derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 inciso 5, en relación al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos): No se le respetó el derecho a ser oída, al no ser citada a declarar por el Fiscal que le formuló cargos, además de conculcarse su derecho de presunción de inocencia, toda vez que luego de la notificación de la suspensión preventiva se inició una campaña de desprestigio en su contra, a lo que se agrega que los cargos formulados son vagos, al referirse a conductas genéricas e imprecisas. Estima que no se le otorgó el derecho a ejercer su debida defensa al no proporcionársele copia del expediente sumarial y que no habrían sido remitidos al superior jerárquico los escritos formulados por su persona, los que tenían por objeto el restablecimiento de sus derechos;

3°.- El derecho a no ser juzgada por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 inciso 4): Porque al disponerse la formulación cargos ante un fiscal designado desde Santiago, se ha constituido una comisión especial para su juzgamiento, desobedeciendo los artículos 120 y 123 del Estatuto Administrativo, que imponen que los sumarios administrativos deben ser instruidos por la autoridad nacional o regional, que corresponda, lo que no ocurre en el presente caso;

4°.-El derecho a la debida defensa (artículo 19 N° 3): Fue privada de los medios y mecanismos necesarios para ejercer su debida defensa, al no proporcionársele la copia del expediente sumarial;

5°.-El derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1), conectado con la inviolabilidad de los seres humanos y su dignidad. En este caso, la suspensión de sus funciones laborales de manera tan injusta y arbitraria ha afectado su integridad psíquica;

6°.-El derecho a la honra (artículo 19 N° 4), que garantiza a todas las personas "el respeto y protección a la honra de la persona y su familia", es decir, el respeto y la protección de la buena reputación o la buena fama, adquirida por los propios méritos, de la opinión social u objetiva del honor, y en definitiva de la cualidad moral de la persona en el cumplimiento de sus deberes para con los demás y consigo mismo. Las conductas impugnadas afectan su honra en cuanto cuestionan gravemente y de forma arbitraria su desempeño laboral, el cual había sido considerado intachable y ejemplar, con excelentes calificaciones, siendo parte de la Lista 1;

7°.El derecho de propiedad y libertad de trabajo, del artículo 19 N° 24, que asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que ella presta servicios profesionales en calidad de Subdirectora de Gestión y nombre reservado y goza del derecho de percibir una contraprestación en dinero por dichos servicios por parte de su empleador. Sin embargo, por las medidas de suspensión se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre sus funciones, a ejercer su trabajo conforme al nombramiento efectuado, a causa de las conductas ilegales y arbitrarias de los recurridos.

Agrega que se debe tener presente que el derecho fundamental contenido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, no se extiende sólo a la libertad de trabajo, sino que también al trabajo mismo, siendo del caso que con la medida preventiva de suspensión de sus funciones, se la ha privado de participar ejerciendo su cargo en la Jornada Nacional de Subdirectores de Gestión y nombre reservado, programada para los primeros días de diciembre y de poder acceder a curso de capacitación que se gestionaban para dichos cargos, lo que importa una discriminación en su contra.

Finalmente vuelve a reiterar que el recurso debe ser acogido, según lo ya dicho, con costas.

Acompaña en apoyo de sus pretensiones y junto con el rercuso, los siguientes documentos: 1.

- Copia de Resolución Exenta N°015/00722 de 2017, que ordena instruir sumario administrativo por motivo que indica y designa investigador, firmado por don nombre reservado, nombre reservado (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2.- Documento de fecha 11 de noviembre de 2019, firmado por don nombre reservado, Fernando Bravo Quintana, actuario, que resuelve suspensión de funciones como medida preventiva a nombre reservado, quien firma ese mismo documento; 3.- Documento de fecha 13 de noviembre de 2019, firmado por don nombre reservado, Fernando Bravo Quintana, actuario, que formula cargos a nombre reservado; 4.-Carta firmada por doña nombre reservado, Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dirigida a nombre reservado, de fecha 30 de octubre de 2018; 5.- Captura de pantalla que da cuenta de bloqueo de correo institucional.

Asimismo a folio 7, acompaña: 1.-Denuncia formal, realizada por doña nombre reservado, de fecha 26 de septiembre de 2018; 2.-Carta firmada por doña nombre reservado, Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dirigida a nombre reservado, de fecha 30 de octubre de 2018; 3.-Correo de don nombre reservado, de 22 de marzo de 2018 Fiscal en proceso instruido para pedirle que ratifique la denuncia e informarle que la vista de fiscal ya está terminada; 4.-Copia de Correo electrónico de doña nombre reservado, Directora Regional (S), de 05 de febrero de 2019 enviado a correo institucional de doña nombre reservado, donde se señala propuesta de modificar de funciones a la suscrita; 5.-Copia de Correo electrónico de nombre reservado de 31 de mayo de 2019, enviado desde correo institucional a don nombre reservado, Encargado Nacional de Relaciones Gremiales, dando respuesta a presiones por cambio de funciones; 6.- Copia de Resolución Exenta N°015/0517 de 2019, que aprueba nuevo procedimiento de denuncia, investigación y sanción de maltrato laboral y sexual al interior de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y deja sin efecto toda regulación anterior al respecto, de fecha 22 de agosto de 2019, firmado por don nombre reservado, nombre reservado (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 7.- Copia de primer escrito: EN LO PRINCIPAL, recurso de reposición; EN EL PRIMER OTROSÍ, en subsidio, interpone recurso jerárquico; EN EL SEGUNDO OTROSÍ, dar urgencia a lo solicitado, enviado a correo electrónico de señor Fiscal: correo reservado con fecha 18 de noviembre de 2019; 8.-Copia de segundo escrito: EN LO PRINCIPAL, Solicito prórroga de plazo para presentación de descargos; EN EL PRIMER OTROSÍ, Solicita copia del expediente sumarial; EN EL SEGUNDO OTROSÍ; Solicita lo que indica; EN EL TERCER OTROSÍ: Téngase presente., enviado a correo electrónico de señor Fiscal: correo reservado , con fecha 18 de noviembre de 2019; 9.- Copia de cuarto escrito: EN LO PRINCIPAL, Téngase Presente; EN EL OTROSÍ, Solicita se resuelva derechamente., enviado a correo electrónico de señor Fiscal: correo reservado , con fecha 22 de noviembre de 2019; 10.- Copia de quinto escrito: Solicita se resuelva derechamente, enviado a correo electrónico de señor Fiscal: correo reservado , con fecha 22 de noviembre de 2019; 11.- Copia de sexto escrito: EN LO PRINCIPAL, Solicita se resuelva derechamente; EN EL PRIMER OTROSÍ; Solicita lo que indica; EN EL SEGUND OTROSÍ: Téngase presente, enviado a correo electrónico de señor Fiscal: correo reservado , con fecha 10 de noviembre de 2019; 12.- Copia de Acta de Mesa bipartita de fecha 9 de diciembre de 2019; 13.- Correo electrónico enviado por don nombre reservado, Encargado de Relaciones Gremiales, donde justifica bloqueo de correo institucional, de fecha 13 de diciembre de 2019, y ; 14.- Formulación de cargos de fecha 13 de noviembre de 2019.

Finalmente, a folio 34, acompaña: 1.- Correo electrónico de fecha 22 de enero de 2020, correspondiente a “RECLAMO SOBRE INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ ENTREGANDO A LAS FUNCIONARIAS”, remitido por doña nombre reservado, Presidenta AJUNJI Coquimbo, a don nombre reservado y a doña nombre reservado.

Segundo: Que, informando el recurso comparece doña Paola Prat Aguirre, abogada, en representación de Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, invocando para ello argumentos que agrupa en los siguientes acápites:

ANTECEDENTES DE FORMA PARA RECHAZAR EL RECURSO DE PROTECCIÓN.- I.-SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR PROCESO DISCIPLINARIO:

Con fecha 07 de diciembre de 2017, mediante Resolución Exenta N° 015/0722, se inició un sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, ex Directora Regional de Junji, región de Coquimbo, debido a acusaciones por maltrato laboral formuladas por doña Carolina Pizarro Carvajal, ex Jefa de Gabinete.

Con fecha 13 de noviembre de 2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 135 inciso segundo, el Fiscal Administrativo, don nombre reservado, dispuso el cierre de la etapa de investigación del proceso disciplinario, procediendo a formular cargos a tres funcionarías cuya responsabilidad figura en el proceso, al constatarse infracciones a la normativa institucional y estatutaria.

Menciona que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 inciso primero del Estatuto Administrativo: "El Fiscal tendrá amplias facultadas para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite".

Indica que si bien el proceso disciplinario se inició respecto de la ex Directora Regional de JUNJI, Región de Coquimbo, en caso que el Fiscal a cargo del proceso compruebe la existencia de responsabilidad administrativa de otros funcionarios durante la investigación, como resulta ser el caso, está obligado a formular los cargos pertinentes con el objeto de acreditar o descartar la responsabilidad administrativa de los mismos.

Luego, con fecha 13 de noviembre del 2019, el Fiscal dentro de sus atribuciones, procedió a formular cargos a la recurrente, los que le fueron notificados personalmente, con fecha 13 de noviembre de 2019. Asimismo, se le notificó de la Resolución que dispuso la suspensión preventiva de funciones.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, este señala: "En el curso de un sumario administrativo el Fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y cuidad, al o los inculpados como medida preventiva". Dicha medida puede adoptarse en cualquier momento durante la tramitación del sumario administrativo, la que cesa al momento de emitirse la Vista Fiscal, salvo que el Fiscal decida mantener la medida preventiva, la que procede en los casos en que la sanción propuesta sea la Destitución.

Afirma que queda de manifiesto que dicha medida no se limita única y exclusivamente a la etapa de investigación, por tanto, puede disponerse, como es el caso de la recurrida, durante la etapa de formulación de cargos. Aplica Dictamen N° 42681/03.

II.-ENTREGA COPIAS EXPEDIENTE SUMARIAL:

Sobre este punto hace hincapié en que después de practicar la notificación, las funcionarías inculpadas solicitaron prórroga de plazo para formular sus descargos, la que les fue concedida por el Fiscal instructor y asimismo, solicitaron copia del expediente sumarial, el cual, debido a su gran volumen (más de 700 páginas) fue copiado en su c.d., el cual se remitió en un sobre cerrado, con el objeto de resguardar el carácter de reservado del sumario administrativo, el que fue puesto a disposición de las funcionarías en la Oficina de Partes de Dirección Regional, siendo notificadas para que se acercaran a retirarlo.

Expresa que con fecha 24 de noviembre de 2019 las señoras Carolina Pizarro Carvajal y nombre reservado, retiraron los respectivos c.d., quedando un tercer c.d. a disposición de la recurrida, el cual no fue solicitado, a pesar de encontrarse a su disposición, quedando de manifiesto, a su juicio, que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

III.-INCOMPATIBILIDAD DE ACCIONES Informa que con fecha 19 de noviembre, doña nombre reservado, Presidenta Regional de AJUNJI, asociación gremial donde la recurrente es dirigente gremial, en representación de doña nombre reservado, presentó un reclamo ante la Contraloría Regional de Coquimbo, el cual se acompaña, y versa sobre los mismo hechos objeto del presente recurso.

Al respecto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 19.880, se indica: "Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada" situación que a la fecha no ha sido resuelta por la Contraloría Regional de Coquimbo, por tanto, y de conformidad a lo anteriormente expuesto, se evidencia una incompatibilidad de acciones deducidas por la parte recurrente.

Acompaña al informe los siguientes antecedentes: 1.- Acta de constitución de Fiscalía y Designación de Actuario, de fecha 17 de diciembre de 2019; 2.- Acta de retiro de expediente sumarial a nombre de doña nombre reservado; 3.- Resolución que dispone el cierre del sumario administrativo, de fecha 13 de noviembre de 2019; 4.- Correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2019, donde el Fiscal instructor acusa recibo de los Descargos formulados por la recurrente; 5.- Carta de fecha 26 de noviembre de 2019, del Fiscal Instructor a la Vicepresidenta Ejecutiva, donde solicita su inhabilitación en el cargo; 6.- Resolución que formula cargos a doña nombre reservado, de fecha 13 de noviembre de 2019; 7.- Recurso de Reposición y en subsidio Recurso Jerárquico interpuesto por doña nombre reservado; 8.- Resolución Exenta N° 015/0832, de fecha 12 de diciembre de 2019, que acepta la inhabilidad de don nombre reservado al cargo de Fiscal instructor; 9.- Escrito solicitando prórroga de plazo y copia del expediente sumarial presentado por doña nombre reservado; 10.- Correo de fecha 22 de noviembre de 2019, de doña nombre reservado a don nombre reservado solicitando se resuelvan presentaciones formuladas por ésta; 11.- Resolución que decreta la suspensión preventiva de la recurrente, de fecha 11 de noviembre de 2019 y su respectiva notificación personal; 12.- Correo de fecha 27 de noviembre de 2019, de doña nombre reservado a don nombre reservado solicitando se resuelvan presentaciones formuladas por ésta, y; 13.- Reclamo interpuesto ante la Contraloría Regional de Coquimbo, con fecha 19 de noviembre de 2019, por doña nombre reservado.

El día 3 de febrero del actual, Se procedió a la vista de la causa, alegando los mandatarios don nombre reservado, por la recurrente, y doña nombre reservado, por ambos recurridos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en razón de lo expuesto, se ha de verificar si las actuaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante JUNJI y del fiscal administrativo, que conociendo de un sumario administrativo dirigido en contra de la Directora de Regional del servicio de la época, doña nombre reservado, al cierre del mismo, este último, con fecha 13 de noviembre de 2019, formuló cargos en contra de la actora y dispuso como medida preventiva su suspensión de las labores que ejercía como Subdirectora de Gestión de Personal de la Dirección Regional de dicha repartición, mediante resoluciones que fueron debidamente notificadas, constituyen actos que adolecen de ilegalidad y/o arbitrariedad, con afectación de las garantías constitucionales señaladas en el libelo, pero en la medida que sean de aquellas que se encuentran protegidas con la acción constitucional intentada.

SEXTO: Que, constituye un hecho no discutido y así se infiere, además, de las copias de las resoluciones acompañadas por la JUNJI en su informe, que dichos actuaciones, de fecha 13 de noviembre de 2019, de formulación de cargos en contra de la recurrente y suspensión preventiva de sus funciones, se libraron dentro del expediente sobre sumario administrativo seguido en contra de doña nombre reservado, como Directora Regional de la JUNJI, ordenado instruir por Resolución Exenta N° 015/0722 de 7 de diciembre de 2017, debido a acusaciones formuladas en su contra por la Jefa de Gabinete doña Carolina Pizarro Carvajal.

SÉPTIMO: Que, son normas pertinentes a la cuestión debatida, las siguientes de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo:

“Artículo 128: Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, a juicio de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, se dispondrá la instrucción de un sumario administrativo.”

“Artículo 129.- El sumario administrativo se ordenará por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo. El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos.

Si designado el fiscal, apareciere involucrado en los hechos investigados un funcionario de mayor grado o jerarquía, continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la investigación”

“Artículo 135.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite (inciso 1°).

“Artículo 136.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida preventiva.

“La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda.

“En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en alguno de los recursos que se interponga conforme al artículo 135, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta de la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución.”

Por último, su artículo 144 dispone: “Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”.

OCTAVO: Que, de la citada normativa legal, se puede colegir prístinamente que el fiscal instructor del sumario administrativo regulado en dichas normas —que es del tipo del seguido en contra de la actora—, dispone no solo de una facultad sino más bien de la obligación de encausar a los demás funcionarios que, con ocasión de la investigación que lleva a cabo, aparezcan involucrados en hechos que acarreen responsabilidad administrativa, aunque con la limitación de continuar con la sustanciación del sumario solo hasta su cierre, cuando el o los nuevos involucrados fueren de grado o jerarquía superior a la suya.

Además, junto con dotarlo de amplias facultades también resulta claro que dicho persecutor se encuentra expresamente autorizado “durante el curso del sumario administrativo” para disponer como medidas preventivas, la destinación transitoria del investigado a otro cargo dentro de la misma institución, o la suspensión de sus funciones.

NOVENO: Que, de lo expuesto se puede inferir que los actos que se reprochan ilegales a los recurridos, se encuentran amparados expresamente en el mencionado estatuto legal, que reglamenta los derechos y obligaciones de los funcionarios de la Administración, tanto centralizada como descentralizada, y como no se ha endilgado —ni establecido—que dicho funcionario fuera de un grado o jerarquía inferior a la recurrente, forzoso se hace inferir que podía, además de disponer la medida preventiva cuestionada, proceder a formular cargos en su contra, con lo que dicho actuar termina de revestirse formalmente de legalidad y carente de arbitrariedad.

Por lo demás, respecto de la medida adoptada, de lege lata resulta, según el ya citado artículo 144 del Estatuto Administrativo, que si los vicios de procedimiento no afectan la legalidad de la resolución que aplica una medida disciplinaria, “cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”, menos lo pueden hacer aquellos referidos a una medida de menor gravedad, dispuesta solo en forma preventiva y, por tanto, de naturaleza transitoria, por lo que carecen de vigor para afectar la legalidad de las actuaciones denunciadas del fiscal administrativo.

DÉCIMO: Que así, no siendo ilegal ni arbitraria la actuación de la Administración que viene impugnándose por la presente acción constitucional, no ha podido ésta, en consecuencia, tampoco afectar las garantías mencionadas en dicho libelo, ni siquiera en relación a la supuesta negativa de poner a disposición de la recurrente copia del expediente administrativo, después de la formulación de cargos, que se atribuye a aquélla, pues no se ha aparejado antecedente alguno al recurso que dé cuenta de ello, y sí se ha acreditado por la recurrida, en cambio, según la correspondiente documental aparejada a su informe, que efectivamente puso a disposición de los demás sumariados un disco compacto con el contenido de dicho expediente, quienes los retiraron bajo acta, procediendo, además, la mandataria judicial de la actora ante estrados, en la vista de la causa, a hacer entrega al mandatario de la recurrente de un cd con similar contenido, por lo que no se tienen elementos de juicio para poder afirmar que efectivamente se haya estado afectando el derecho de defensa de la recurrente.

UNDÉCIMO: Que, siendo los anteriores argumentos suficientes para desestimar el recurso incoado, no se emitirá pronunciamiento respecto de la alegación de la recurrida JUNJI bajo el rótulo de “incompatibilidad de acciones”, de su informe.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de Junta Nacional de Jardines Infantiles y del fiscal administrativo don nombre reservado, con costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas.

Rol N° 3918-2019 (Protección).-