nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado

Gobierno Regional de Coquimbo Recurso de protección Rol N°390-2025 La Serena, cuatro de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, representado por Cristóbal Juliá de la Vega, por el acto arbitrario e ilegal de emitir la Resolución Exenta RA N°806/47/2025 que dispuso el término anticipado de su contrata.

Como cuestión preliminar, se refiere a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema sobre el término anticipado de contrata, indicando el fallo del Excmo. Tribunal bajo Rol N°26.112-2023, el que establece que el ejercicio de la facultad de término anticipado de una contrata debe sustentarse en motivos legales relacionados con aspectos objetivos, reconociendo el derecho legítimo del funcionario a culminar el periodo para el cual fueron requeridos sus servicios. Asimismo, cita el fallo de la Excma. Corte Suprema Rol 1.521-2025, que aclara que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" permite prorrogar la vigencia de la contrata más allá del plazo original, pero no faculta a la autoridad para ponerle término antes de que finalice.

Respecto a los antecedentes de hecho, indica que comenzó a trabajar para el Gobierno Regional el 3 de junio de 2024, en un cargo a contrata, grado 13, del Departamento de Programas y Proyectos de la División de Presupuesto e Inversión Regional. Señala que nunca se le expresó que se trataba de un cargo de confianza.

Añade que mediante Resolución 806/278/2024, su nombramiento fue prorrogado para todo el año 2025, sin embargo, el 14 de febrero de 2025, fue notificada del término anticipado de su contrata por "no ser necesarios sus servicios", fundamentando la decisión en que no tenía la confianza del Gobernador, lo anterior sin un acto revocatorio conforme al artículo 61 de la Ley 19.880, que prohíbe la revocación cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente.

Argumenta que la resolución impugnada adolece de vicios en su fundamentación por las siguientes razones, primero se le atribuye erróneamente la calidad de funcionaria de confianza, en circunstancias que dicha calidad está definida taxativamente por ley (artículo 7 de la Ley 18.834 y 51 de la Ley 18.575).

Agrega que, existe desviación de poder, pues mientras en los considerandos de la resolución recurrida se alega la falta de confianza de la autoridad (elemento subjetivo), en lo resolutivo se invoca que sus servicios no son necesarios (elemento objetivo), por lo que, existe una falta de fundamentación real del acto, lo que contraviene los artículos 11, 40 y 41 de la Ley N°18.880.

Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua (Rol 2.493-2018) y de la Excma. Corte Suprema (Roles 15.519-2018, 71.955-2020 y 162.741-2023), que establecen que la transitoriedad de la contrata se refiere al cargo mismo y no a la persona que lo sirve, y que el término anticipado solo procede cuando el servicio ha dejado de ser necesario, no cuando se pretende reemplazar al funcionario por razones subjetivas.

Además refiere que, en relación a resolución recurrida, que al encontrarse viciado su fin último, adolece a la vez de arbitrariedad, pues obedece a un capricho de la autoridad, que oculta el verdadero motivo del acto: desvincular a una funcionario que fue incorporado al Servicio durante otra administración, de preferencias políticas distintas, obviando sus méritos y experiencia profesional, y utilizando un falso o supuesto informe parcial con una extensión mayor a la regulada en el propio estatuto y reglamento de calificaciones.

Respecto a las garantías constitucionales vulneradas, indica, la Igualdad ante la ley (Art. 19 N°2), por la discriminación arbitraria al ser desvinculada sin fundamento real, atribuyéndole una calidad que no posee, reflejando prejuicio por haber ingresado bajo una administración diferente. Luego indica el derecho a la Libertad de trabajo y su protección (Art. 19 N°16), por el término arbitrario de la relación laboral. Añade el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos (Art. 19 N°17), por coartar sin fundamento la contratación exigiendo requisitos extraestatutarios; y por último, el derecho de propiedad (Art. 19 N°24), sobre el empleo público incorporado a su patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2025.

Concluye solicitando, que se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta RA N°806/47/2025, dejándola sin efecto, ordenando su reintegro inmediato a funciones y el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al tiempo en que estuvo ilegalmente apartada.

Acompaña a su recurso y a folio 17: Resolución Exenta RA N°806/47/2025 y la Resolución Exenta RA N°806/278/2024 que prorrogó su contrata por todo el año 2025; Certificado de Experiencia Laboral, a nombre de la recurrente emitido por nombre reservado, de 6 de marzo de 2025; Resolución Nº121/2025, de 14 de febrero de 2025, que deja sin efecto Resolución Nº1297 de 2022 que aprueba procedimiento de egreso para el personal del GORE Coquimbo; Carta Asociación de funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo, a nombre reservado Coquimbo, de 12 de octubre de 2023; Mail de nombre reservado a Asociación de funcionarios Gore Coquimbo, de 23 de mayo de 2024; Carta Petitorio de la Asociación de funcionarios del Gore Coquimbo de 15 de mayo de 2024; y Folio E4506/2025 y E45417/2025 de Contraloría General de La República, sede Regional del Maule.

SEGUNDO: Que, a folio 6, informa la recurrida Gobierno Regional de Coquimbo, indicando que el acto que pone termino anticipado de la contrata de la recurrente no es ilegal ni arbitrario, basándose en que las Resoluciones N°1 y N°2 del Servicio Civil del año 2017, sobre Procedimiento de Reclutamiento y Selección, establecen como regla general el concurso público para el ingreso a la Administración Pública, contemplando excepcionalmente la posibilidad de ingreso sin concurso público para contratas o Código del Trabajo mediante resolución fundada del Jefe de Servicio la cual debe ser dictada con anterioridad al acto administrativo que contrata al funcionario. Entre los fundamentos para esta excepción se incluye el "Personal específico que desempeña labores de confianza directa" de las jefaturas de servicio.

Refiere que la contratación de doña nombre reservado se realizó como asesora de confianza en materias de proyectos de inversión pública para apoyar la ejecución presupuestaria en la División de Presupuesto e Inversión Regional. Su nombramiento se efectuó sin proceso de selección por tratarse de un cargo de confianza directa de la entonces Gobernadora Regional, doña Krist Naranjo Peñaloza, según consta en la Resolución Exenta RA N°806/86/2024.

Añade que el 6 de enero de 2025, asumió como nuevo Gobernador Regional don Cristóbal Juliá De La Vega, quien determinó que doña nombre reservado no contaba con su confianza para el desarrollo de tareas en la ejecución presupuestaria, razón por la cual se decidió poner término anticipado a su contrata para el año 2025.

Aclara que los argumentos para la terminación fueron expuestos en la Resolución Exenta RA N°806/47/2025 del 14 de febrero de 2025, la cual fue notificada personalmente a la recurrente en la misma fecha, permitiéndole conocer las razones que motivaron la decisión, lo que excluiría la arbitrariedad alegada.

Cita el dictamen N°E561358/2024 de la Contraloría General de la República, señalando que la configuración de la confianza legítima ha devenido en litigiosa, estableciendo la Corte Suprema como criterio unificador que dicho principio opera después de 5 años de servicio en la modalidad de contrata.

En cuanto a las garantías constitucionales que señala conculcadas; refiere sobre la interpretación y aplicación del principio de discrecionalidad administrativa que existe un error en la exigencia de motivación planteada por la recurrente, puesto que el acto administrativo sí contiene la fundamentación necesaria. Argumenta que la autoridad puede, dentro de ciertos márgenes, decidir sobre la no prórroga o término anticipado de una contrata sin vulnerar la ley, siempre que se respeten los límites legales y presupuestarios.

Adicionalmente, señala una contradicción en el uso de la confianza legítima por parte de la recurrente, ignorando que, aun existiendo expectativas fundadas para ejercer el cargo hasta el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Regional puede ejercer su discrecionalidad dentro del marco legal sin incurrir en arbitrariedad, siempre que se respeten los procedimientos, fundamentación y plazos previstos.

Luego indica una descontextualización de dictámenes y normas aplicables, argumenta que la recurrente emplea dictámenes de la Contraloría General de la República y conceptos doctrinales sin integrar de forma coherente el contexto normativo aplicable. Señala que se omite analizar en forma detallada las razones económicas y administrativas que motivaron la decisión, resultando en una interpretación unilateral de la norma.

En cuanto a los argumentos sobre vulneración de derechos fundamentales, sostiene que existe inexactitud en la relación entre la contrata y las garantías constitucionales invocadas (derecho de propiedad, igualdad ante la ley y libertad de trabajo). Argumenta que es impreciso equiparar la terminación de una contrata, cuyo carácter es transitorio, con una vulneración de estos derechos, puesto que la norma permite expresamente la finalización de tales relaciones al vencimiento del plazo establecido.

Asimismo, señala una contradicción en la afirmación de inestabilidad laboral, sosteniendo que el recurso confunde la expectativa subjetiva del trabajador con la realidad jurídica de una contrata a plazo determinado, lo que resulta en una interpretación errónea de los derechos laborales en materia de estabilidad en la Administración Pública.

Concluye solicitando, se rechace el recurso con costas.

Acompaña a su informe y a folio 23: Resolución Exenta RA N°806/86/2024 que declara la contrata de doña nombre reservado; Resolución Exenta RA N°806/47/2025 que pone término anticipado a la designación de Contrata de la recurrente; Resolución (e) N°313, de 28 de mayo de 2024, del Gobierno Regional de Coquimbo, que autoriza la contratación de doña nombre reservado, al margen de los procedimientos de reclutamiento y selección establecidos por la Dirección Nacional del Servicio Civil; Of. Ord. N°173, de 5 de febrero de 2020, del Director Nacional del Servicio Civil, que imparte indicaciones sobre procesos de reclutamiento y selección; Resolución (e) N°79, de 01 de marzo de 2021, del Gobierno Regional de Coquimbo, que aprueba el organigrama institucional del Gobierno Regional; Resolución (e) N°114, de 13 de febrero de 2025, del Gobierno Regional de Coquimbo, que aprueba el organigrama institucional del Gobierno Regional.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, se observa que el núcleo central del conflicto se traduce en la decisión plasmada en un acto administrativo, Resolución 806/47/2025 del Gobierno Regional el que pone término anticipado a su contrata del año 2025, en el que se invocan en lo medular las siguientes consideraciones:

“-Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la ley N°19.175, se ha electo un nuevo Gobernador Regional Sr. Cristóbal Julia de la Vega.

-Que, el actual Gobernador Regional asumió sus funciones el 06 de enero de 2025, por lo que cuenta con todas las facultades otorgadas por ley.

-Que, la resolución Exenta N°313 de 28 de mayo de 2024 del GORE Coquimbo, señala que se contrata a la recurrente para que se desempeñe en labores de asesora de confianza en materia de proyectos de inversión pública para apoyar la ejecución presupuestaria.

-Que, la Resolución Exenta RA N°806/86/2024 de 05/07/2024 del GORE Coquimbo señaló que “la autoridad requiere contar con asesoría de confianza en materias de proyectos de inversión pública…” por lo que se resolvió no aplicar el proceso de reclutamiento y selección, atendiendo a que dichas labores pueden encontrarse dentro de la confianza directa de la autoridad”, Resolviendo autorizar la contratación de doña nombre reservado, a contar de 3 de junio de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, asimilado a grado 13°.

-Que, la resolución Exenta RA N°806/278/2024 del 20/12/2024 del GORE Coquimbo, prorrogó su contratación para el 2025.

-Que, don nombre reservado asumió su cargo a contar del 06 de enero de 2025 y en dicho contexto, el Gobernador requiere conformar su equipo de trabajo, por lo cual se hace necesario contar con personal de su directa confianza.

-Que respecto de la contratación cabe dentro de la norma de excepción de aplicación del artículo 14° de la resolución N°1 del 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, atendida la naturaleza de confianza directa que existe entre la autoridad y quien desarrolla su labor de asesoría de confianza en materias de proyectos de inversión pública para apoyar la ejecución presupuestaria.

-Que el cese anticipado de una contrata es una decisión que la autoridad adopta ejerciendo una potestad pública, esta debe manifestarse a través de un acto administrativo.

Resuelvo: Póngase término anticipado a la designación de contrata de doña nombre reservado, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios.”

QUINTO: Que, consta de los antecedentes a folio 6, que, respecto de la contratación de la recurrente, se señala “Que, la Autoridad, requiere contar con asesoría de confianza en materias de proyectos de inversión pública para apoyar la ejecución presupuestaria en la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno regional de Coquimbo.

Que, por lo señalado precedentemente, esta materia debe ser tratada por personal, con experiencia en dichas materias y con disponibilidad inmediata, por lo que se resolvió no aplicar el proceso de reclutamiento y selección, atendiendo a que dichas labores pueden encontrarse dentro de la confianza directa de la autoridad.

Que, existe la disponibilidad presupuestaria necesaria para contratar a doña nombre reservado”.

RESUELVO: CONTRÁTASE A: 1) nombre reservado, RUN N° RUT reservado, a contar de 3 de junio de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, y mientras sean necesarios sus servicios, como PROFESIONAL, asimilado a grado 13° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES, con jornada de 44 horas semanales.

Esta persona no cumplirá funciones directivas.

Esta persona no deberá rendir caución.

SEXTO: Que, en consecuencia, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores, de confianza “mientras sus servicios sean necesarios” permite a la Administración poner término a tal vínculo laboral con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales éstos ya no son requeridos.

SÉPTIMO: Que, respecto de la motivación del acto administrativo reclamado, es preciso señalar que este aparece formalmente fundado, por explicitar las razones que llevaron a poner término a la contrata temporal.

Por su parte, el tiempo de duración de la misma (poco menos de 1 año) impide aplicar, a su respecto, la doctrina de la confianza legítima, de forma que se derriban los argumentos de que, por ello, se vea afectado su derecho de propiedad, teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 18.834, que define precisamente la temporalidad del cargo a contrata.

OCTAVO: Que así las cosas, atendido el contexto normativo aludido en los motivos precedentes, aparece que la Resolución Exenta RA N°806/47/2025, de 14 de febrero de 2025, mediante la cual se dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente para el año 2025, se encuentra debidamente fundado tanto en lo fáctico como en lo jurídico, lo que permitió a la recurrente conocer las razones que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión que por esta vía se reprocha, lo que excluye la ilegalidad y arbitrariedad acusada en el libelo recursivo, motivo suficiente para determinar su rechazo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°390-2025 Protección.-