nombre reservado CONTRA EL JUZGADO DE FAMILIA DE LA SERENA (RIT N° C-281-2013)

nombre reservado con Juzgado de Familia de La Serena nombre reservado

Rol Nº 390-2013 La Serena, diecisiete de Mayo de dos mil trece.

VISTOS Que a fojas 5, comparece don nombre reservado, operador, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo nombre reservado en contra del Juzgado de Familia de La Serena domiciliado en domicilio reservado.

Expone el recurrente que, con fecha 22 de Marzo del presente año, el Juzgado de Familia de La Serena en la causa Rit C-281-2013, sobre aumento de alimentos caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, dictó una resolución en virtud de la cual dispuso oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII), al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y a Asociación de Fondos de Pensiones (AFP) Cuprum con el objeto de recabar pruebas anticipadas, lo que el recurrente considera ilegal al estimar que la magistratura no puede anticipar prueba vulnerando su vida privada, presumiendo la existencia de un conflicto que no es tal, pues su parte aún no ha refutado ni contradicho las pretensiones contenidas en la demanda, teniendo presente que la facultad de actuar de oficio establecida en el artículo 13 de la Ley 19.968, se refiere a adoptar medidas para llevar el procedimiento a término y no para decretar prueba de oficio y que el artículo 29 del citado texto, sólo otorga dicha facultad en la etapa procesal respectiva, no en una etapa en que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, careciendo el tribunal de la facultad para decretar las referidas diligencias.

Estima, en consecuencia, que se ha producido una actuación que vulnera la garantía constitucional contemplada en el número 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que ampara y protege su derecho a la vida privada, al dictarse una resolución que presume un conflicto, solicitando información sobre un hecho no controvertido, excediendo sus facultades para actuar de oficio, a las que sólo debería recurrirse cuando exista necesidad.

Concluye solicitando que se acoja el recurso deducido ordenando al Tribunal de Familia de La Serena abstenerse de decretar, en lo sucesivo, este tipo de resoluciones, ordenando, además, excluir del sistema informático, en el plazo perentorio que esta Iltma. Corte señale, los antecedentes recabados en virtud de la resolución que se impugna, adoptando, asimismo, todas las medidas conducentes para el restablecimiento y protección de su derecho, con costas del recurso.

Que a fojas 9, don nombre reservado, Juez Presidente del Juzgado de Familia de La Serena, informando en relación al nombre reservado deducido en estos antecedentes, expuso que efectivamente en los autos singularizados en el libelo de fojas 5 se dictó por la señora Juez doña Vanessa Vaccaro Crespo una resolución requiriendo antecedentes de las partes, la que responde al modelo adoptado por el Comité de Jueces del Tribunal, en sesión de tres de Agosto de dos mil once para proveer el tipo de demanda deducida en la señalada causa.

Estima que la medida adoptada se ajusta a lo dispuesto en los artículos 13 y 29 inciso final de la Ley 19.968 y 5 inciso 3º de la Ley 14.908, Sobre Abandono y Pago de Pensiones Alimenticias, que expresamente establecen facultades para que el tribunal pueda, de oficio, recabar antecedentes, sin que ninguno de ellos determine una oportunidad precisa o única para ejercer dicha facultad, la que estima el informante puede ejercitarse en cualquier estado del proceso, por la naturaleza del conflicto de que se trata.

Señala, igualmente, que frente a la colisión de derechos es el mismo legislador el que ha previsto una regulación que permite el acceso limitado a esa información, especialmente a través del precitado artículo 5 de la Ley 14.908, así como también, a través de la normativa aplicable al secreto tributario y bancario, contenidos en el Código Tributario y en la Ley de General de Bancos, respectivamente.

Considera, además, que no se vulnera el debido proceso ya que se trata de una resolución cuyos efectos se aplican a ambos progenitores, cumpliéndose los requisitos de publicidad, pudiendo ser objeto de recursos procesales.

Expresa, además, que la petición de antecedentes no resulta arbitraria, ya que se busca contar con antecedentes objetivos para proponer bases de conciliación, sustentadas en las reales capacidades económicas de los litigantes, sin perjuicio de simplificar y facilitar la prueba en el eventual juicio, ajustándose a las instrucciones emanadas de la Excma. Corte Suprema, contenidas en los artículos 12 y 13 del Acta 98 de 2009, añadiendo que, por lo demás, la causa terminó por conciliación alcanzada en la audiencia de diecisiete de Abril del presente año.

En razón de lo expuesto, estima que el acuerdo adoptado por el Comité de Jueces del Juzgado de Familia de La Serena, y la actuación consecuente de la magistrado doña Vanessa Vaccaro Crespo, no resulta ilegal ni arbitraria, teniendo además una finalidad precisa y lícita, como es facilitar la rápida resolución del conflicto, ya sea por vía de conciliación o sentencia, con antecedentes conocidos y de fuentes de reconocida imparcialidad.

Que a fojas 16 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a las personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que por la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que de lo antes expresado aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

TERCERO: Que es un hecho en que concuerdan recurrente y recurrido, el de haberse dictado con fecha 22 de marzo de 2013 por la señora jueza del Juzgado de Familia de La Serena, doña Vanessa Vacaro Crespo una resolución proveyendo una demanda de aumento de pensión alimenticia , en los autos RIT C-281-2013 de dicho tribunal, resolución mediante la cual se admitió la demanda a tramitación, se citó a las partes a audiencia preparatoria para la fecha en ella indicada y entre otras medidas o providencias adoptadas por el tribunal, se dispuso que se oficiara al Servicio de Impuestos Internos a fin de que informara si las partes tenían iniciación de actividades y en caso que así ocurriera, le remitiera copia de la última declaración anual de Impuesto a la Renta; además se ordenó oficiar al Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación, para que informara si las partes tenían inscritos vehículos motorizados a su nombre; se ordenó asimismo oficiar a la AFP Cuprum, a fin de que remitiera las remuneraciones y cotizaciones de los últimos 12 meses que allí registra el demandado.

CUARTO: Que el recurrente le atribuye el carácter de ilegal a lo resuelto por el tribunal de familia en cuanto a ordenar se oficiara a las instituciones referidas requiriendo información sobre las facultades económicas de las partes, lo que funda en que el tribunal está presumiendo la existencia de un conflicto que no existe, atendido que su parte no ha controvertido los hechos que constan en la demanda, lo que importa encontrarse en una etapa del procedimiento en que no se encuentra facultado para pedir información referente a la vida privada del demandado, ya que la facultad de actuar de oficio que contempla el artículo 13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia no faculta para decretar prueba en los términos señalados, ocurriendo lo mismo con la norma del artículo 29 de la misma ley.

QUINTO: Que de lo anterior se desprende que el recurrente ha pretendido la modificación de una resolución judicial haciendo uso para ello del nombre reservado, lo que es improcedente, atendido que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la garantía del debido proceso, que se encuentra contemplada en el inciso 5º del Nº 3 del artículo 19 de dicha Carta Fundamental, no figura entre las garantías constitucionales cuyo resguardo cae dentro de la esfera del nombre reservado, lo que resulta lógico en atención a contarse dentro de los procedimientos judiciales con los recursos contemplados en ellos mismos para instar por la modificación de las resoluciones dictadas dentro del proceso. Debe decirse por otra parte que la garantía del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución, que afirma el recurrente que le habría sido afectada, es referente a la protección a la vida privada de las personas a que se encuentran obligados en su actuar tanto los particulares como los organismos públicos, pero no es posible incluir dentro de quienes están comprendido en dicha norma a las resoluciones y actuaciones de procedimiento llevadas a cabo por los tribunales, en atención a que deben estimarse comprendidas dentro del citado inciso 5º del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental que hace referencia al debido proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, debe estimarse que en la especie lo resuelto por la magistrado Vanessa Vacaro en la citada causa del Tribunal de Familia de La Serena, se enmarca dentro de lo permitido por la legislación y que toma sustento fundamentalmente en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 5º de la Ley 14.908, que señala que, “…si el tribunal lo estima necesario deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las Instituciones de Salud Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a cualquier otro organismo público o privado, los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado”. Este actuar de oficio del tribunal es concordante con la atribución concedida al juez de familia en el artículo 13 de la Ley 19.968, que dispone que adopte de oficio todas las medidas necesarias para llevar a término el proceso con la mayor celeridad y que se complementa con el inciso final del artículo 29 de la misma ley, que faculta al juez para ordenar de oficio que se acompañen todos los medios de prueba de que tome conocimiento o que a su juicio resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate. Estas normas además se han visto reflejadas en lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Gestión y Administración en Tribunales de Familia, contenido en el Acta Nº 98 del año 2009, específicamente en sus artículos 12 y 13, de los cuales el primero señala que los tribunales deberán establecer tipologías de causas que favorezcan el término de los procesos en primera audiencia y el segundo expresa que se propenderá a que las resoluciones previas contengan la solicitud de antecedentes mínimos necesarios que faciliten la conciliación, o permitan dictar fallo sin necesidad de una segunda audiencia.

SEXTO: Que de lo anteriormente razonado resulta del caso concluir que en la especie las diligencias probatorias dispuestas por el juzgador en orden a allegar antecedentes que permitiesen las posibles decisiones futuras dentro de aquel proceso encuentra respaldo legal y normativo en las disposiciones antes consignadas, con lo cual ellas no pueden ser consideradas ilegales, como tampoco arbitrarias, en tanto han sido adoptadas con el propósito de asegurar los fines del proceso respectivo en donde se han dispuesto, con lo cual aparecen revestidas de la racionalidad que el Ordenamiento demanda. En consecuencia el nombre reservado interpuesto habrá de ser desestimado.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 20 de junio de 1992, se dispone: Que se rechaza el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado en lo principal del escrito de fojas 5 y siguientes.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Dictada por el Ministro Titular, don Jaime Franco Ugarte.

Rol Nº 390-2013 (Civil).

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Jaime Franco Ugarte, señora Marta Maldonado Navarro y el abogado integrante señor Carlos del Río Ferretti.

Jorge Colvin Trucco Secretario

En La Serena, a diecisiete de mayo de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.