nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol Nº 389-2023 La Serena, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que con fecha 28 de febrero del año en curso, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-27719-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, Unidad Médica, rechaza su solicitud de reconsideración respecto del Dictamen N° R-01-UNRA-159686-2022, de fecha 24 de noviembre de 2022, que confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden a mantener el rechazo de la Licencia Médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 14 de octubre de 2022, por reposo no justificado, confirmando además el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días, por la misma causa de rechazo.

Indica que los problemas de salud de la recurrente se hicieron presente desde el mes de octubre de 2021, época desde la cual comenzaron a extendérsele nombre reservado por patologías de tipo psiquiátrica, fundamentalmente depresión severa y trastorno de ansiedad, derivadas de episodios de violencia intrafamiliar sufridas por la paciente; a raíz de su cuadro mental, se le otorgaron sucesivas nombre reservado, las que fueron autorizadas sin mayores cuestionamientos por la COMPIN. Indica que, sin embargo, la situación cambió a contar de la presentación de la licencia N° RUT reservado, la cual fue rechazada por la COMPIN, confirmándose el rechazo por la SUSESO, ente que además rechaza la solicitud de reconsideración presentada por doña nombre reservado, y además rechaza la reclamación respecto del rechazo de la licencia N° RUT reservado.

Señala que, revisando los argumentos expuestos por la recurrida en la resolución de rechazo de las nombre reservado, señala textualmente, en la parte pertinente, lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 329 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo con los antecedentes médicos tenidos a la vista. Que se describe que la sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante el reposo médico, lo que no permite desprender un rol terapéutico en la prolongación del reposo.”

Expone que lo consignado evidencia que no existió análisis respecto de los antecedentes aportados por la recurrente, fundamentalmente los informes médicos confeccionados por su psiquiatra, el señor nombre reservado, quién ha sido el médico tratante desde el año 2022, sin que se indique las razones para considerar que los informes y antecedentes médicos acompañados por la señora nombre reservado no son suficientes para acreditar su necesidad de reposo.

Da cuenta que únicamente se consignan afirmaciones genéricas, sin indicar por qué se discrepa del diagnóstico de un especialista en circunstancias que la paciente se le han otorgado nombre reservado y se encuentra en tratamiento desde el mes de diciembre del 2021 y hasta la fecha en el CESFAM del sector Las Compañías y llamando la atención respecto a lo indicado em la resolución relativo a que la “sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante reposo médico…”, lo que resulta por decirlo de algún modo sorprendente, considerando que el reposo y terapia psicológica permiten desarrollar herramientas en el paciente para superar la situación de salud mental.

Hace presente lo dispuesto en el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, artículos 16, 21 y 22.

Reseña que el acto rebatido constituye un acto administrativo, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, y la necesaria fundamentación consagrada en el artículo 41 de la misma Ley.

Indica que, en la especie, tal estándar normativo no se cumple, pues no se entiende el motivo de rechazo de las licencias, cuando en la especie se acredita que la Sra. nombre reservado sí presenta un cuadro clínico relativo a su salud mental, cuya evolución ha sido lenta, con controles a cargo de su psiquiatra y terapia psicológica a cargo del CESFAM de Las Compañías.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las nombre reservado legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que motiva el presente recurso, y en su lugar dictar una nueva resolución, acogiendo la reclamación deducida por doña nombre reservado, y dictaminando que se autorizan las nombre reservado°s RUT reservado y RUT reservado, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Resolución Exenta N° R-01-IBS-27719-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, que confirma el rechazo de las nombre reservado de doña nombre reservado, individualizadas en el cuerpo de esta presentación. 2) Copia Certificado de Atención Salud Mental, de fecha 16 de noviembre de 2022, del CESFAM Las Compañías, que acredita que doña nombre reservado se encuentra ingresada en el Programa de Salud Mental en dicho centro, desde el 19 de noviembre de 2021. 3) Copia Informe Médico emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 01 de diciembre de 2022. 4) Certificado emitido por el CESFAM Las Compañías, de fecha 31 de enero de 2023, que acredita el ingreso, diagnóstico y tratamiento otorgado a doña nombre reservado en dicho centro. 5) Certificado de antigüedad y reintegro laboral de la recurrente, emitido con fecha 16 de febrero de 2023 por Inmobiliaria Parque La Serena, que acredita su reintegro al trabajo desde el 12 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe FRANCISCO ORTEGA BELLO, Abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita, en primer lugar, se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.

Reseña el marco normativo de las nombre reservado, el procedimiento al cual se encuentran sujetas, las facultades que posee la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado, reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 22 de noviembre de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Coquimbo, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 14 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

Debido a lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permite a sus especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 329 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-159686-2022, de 24 de noviembre de 2022.

Agrega que la actora solicitó una reconsideración de la mentada resolución del 25 de noviembre de 2022 y reclamó por el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esta presentación, el Servicio cumplió con informar que, el reposo por las nombre reservado reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 329 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Que se describe que la sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante el reposo médico, lo que no permite desprender un rol terapéutico en la prolongación del reposo.

Indica que los profesionales de la Superintendencia, consistente con lo señalado informaron en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Que se describe que la sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante el reposo médico, lo que no permite desprender un rol terapéutico en la prolongación del reposo. No acoge.”

Hace presente que el COMPIN con fecha 11 de agosto de 2022, efectuó un peritaje a la recurrente, en el cual concluyó lo siguiente: “…conclusión respecto al peritaje y sugerencias del manejo paciente comprometida, en lo emocional y cognitivo con terapéutica adecuada su patología es recuperable a 45 días...”

Agrega que, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las nombre reservado reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza 329 días por la misma patología Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que los pronunciamientos que emite lo hace en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión y que además, la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral.

Sostiene la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente y que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió dentro del ámbito de su competencia.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°8 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-IBS-27719-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, la cual desestimó la reconsideración impetrada por la actora ante la COMPIN Región de Coquimbo, la que, a su vez, confirmó el rechazo de las nombre reservado RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 14 de octubre de 2022, por reposo no justificado. Además la recurrente reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, bajo la misma causal de rechazo.

Que la resolución impugnada señala al respecto que: El reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 329 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Que se describe que la sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante el reposo médico, lo que no permite desprender un rol terapéutico en la prolongación del reposo.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables a las nombre reservado, habiendo la parte recurrente aprovechado las instancias administrativas existentes para la revisión de su situación.

OCTAVO: Que, en cuanto al marco normativo para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de nombre reservado por COMPIN y por las Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, del propio tenor de la resolución impugnada en esta sede, se advierte que se ha omitido la valoración de aquellos antecedentes que demuestran el claro rol terapéutico y que justifican la emisión de las nombre reservado materia del recurso.

En efecto, la resolución cuestionada no contiene referencia alguna al informe médico que consta en los antecedentes administrativos de fecha 16 de noviembre del 2022, del Centro de Salud Familiar Las Compañías, que indica que la recurrente nombre reservado recibió tratamiento farmacológico de médico general de salud mental y consultoría psiquiátrica, atención psicológica y de trabajador social de salud mental. Que durante su tratamiento psicológico se trabajó en reparación debido a las secuelas de violencia intrafamiliar, manejo de ansiedad, el mantener cierto nivel de actividad, autocuidado básico y manejo posible con sus hijos los cuales también se encuentran en tratamiento de salud mental. Se indica expresamente, que el cuadro ha sido resistente y que por lo informado por la usuaria ha sido largo el camino para llegar a un tratamiento farmacológico efectivo para ella y que recién en la última sesión psicológica ha podido notar una leve mejoría en su estado anímico y por lo tanto un pequeño avance en su nivel de actividad.

Asimismo, consta en los antecedentes administrativos el informe médico extendido por nombre reservado de fecha 17 de noviembre de 2022, por diagnóstico de depresión Servera y violencia intrafamiliar, concluye que la paciente tiene un cuadro depresivo severo asociado a episodios reiterados de violencia intrafamiliar, en controles y ajuste de terapia farmacológica regular, que se ve limitado por diversas descompensaciones externas que ocurren durante este tiempo, muy ligados a expareja. En psicoterapia, aún no se encontraba en condiciones de retorno laboral por lo que se decide extender el reposo.

DÉCIMO: Que, expuesto lo anterior, no cabe duda que, la decisión que mantuvo el rechazo de las nombre reservado tantas veces mencionadas, y que constituye el acto repudiado por el recurso, radica en un re-estudio de los antecedentes, limitándose a señalar que el reposo propuesto en ella no se encuentra justificado.

UNDÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, pues la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones, además de injustificada, vulnerando con ello la integridad psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, derechos consagrados en el artículo 19 número uno y veinticuatro de la Constitución Política de la República. En efecto, el no pago de la licencia médica ya indicada, sin duda que repercute en el patrimonio de la actora, al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que ella no pueda recuperar su salud mental, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el artículo 16 de la Ley N° 16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, regula que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo que se viene razonando, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria, al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo especialista -sin ningún tipo de antecedente adicional a aquellos que constan en el expediente administrativo anexado por la propia recurrida-, y sustentada simplemente en una nueva ponderación de los ya tenidos a la vista, lo que en caso alguno puede estimarse como un juicio complementario de contraste que permitiera disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio por incapacidad laboral por una afectación en su salud física, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.

DÉCIMO CUARTO: Que, por los motivos expuestos, existiendo claridad en torno a la conducta arbitraria e ilegal en la que incurrió la recurrida, existiendo basamento jurisprudencial en casos similares (Cortes de Apelaciones de Rancagua rol 13114-20 y La Serena rol 2129-21), la presente acción constitucional será acogida en los términos que, a continuación, se exponen.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. – Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuestas por la recurrida.

II. – Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las nombre reservado °RUT reservado extendidas por un total de 30 días a contar del 14 de octubre de 2022 y la licencia médica N°RUT reservado, extendida por 30 días por la misma causal de rechazo, ello dentro del plazo de cinco días desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 389-2023 Protección.-