nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTICACIÓN CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Registro Civil Recurso de protección Rol Nº387-2026 La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, ingeniero civil, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Servicio de Registro Civil de la región de Coquimbo, por incorporar una anotación penal en su hoja de vida de conductor, atentando contra su derecho constitucional de igualdad ante la ley.

Señala que el 20 de septiembre de 2020 fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad, en causa RIT 6125-2020 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, imponiéndosele pena de 41 días de prisión en su grado máximo, multa de una unidad tributaria mensual, suspensión de la licencia de conducir por dos años y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Explica que la pena privativa de libertad la cumplió con pena sustitutiva de remisión condicional, la multa fue pagada y la suspensión de licencia de conducir cumplida, eliminándose de su hoja de vida de conductor todo antecedente y como fue ordenado por sentencia de esta Corte en causa rol 1725-2024.

Expone que realizó múltiples gestiones ante oficinas del Registro Civil en Coquimbo, La Serena y Los Vilos, así como por correo electrónico, sin obtener solución, indicándosele finalmente que solo mediante resolución judicial podría eliminarse dicho antecedente del sistema.

Añade que, no obstante existir la referida anotación, el 27 de enero de 2026 se le otorgó igualmente licencia de conducir con vigencia hasta el año 2032, lo que, a su juicio, demuestra la contradicción y falta de fundamento del actuar recurrido. Sostiene que con ello se vulneran las garantías Alega que se produjo un daño irreparable, en cuanto trabaja en faena minera, siendo contradictorio que la misma institución haya realizado la anotación, deviniendo el acto en arbitrario e ilegal, en cuanto infringe lo previsto en la Ley 18.216 y sus garantías del derecho al honor y la libertad de trabajo y desarrollar actividad económica, por lo que pide se ordene la eliminación de la anotación en su hoja de vida de conductor, habiendo sido aprobada su licencia para renovación.

SEGUNDO: Que, a folio 6 del expediente digital, se evacuó informe por el Servicio de Registro Civil, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala, en primer término, que la Ley de Tránsito establece los requisitos que deben cumplir quienes postulan a la obtención de licencia de conducir, dentro de los cuales se contempla la calificación de la idoneidad moral, materia cuya determinación corresponde a las Direcciones de Tránsito Municipales. Agrega que, de conformidad a los artículos 13, 14, 15 y 16 del D.F.L. N° 1 de 2009, corresponde precisamente a la autoridad municipal competente ponderar dicha idoneidad al momento de resolver sobre el otorgamiento o denegación de una licencia de conducir.

Expone, asimismo, que en lo relativo a la eliminación de anotaciones del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Tránsito. Indica que, en el caso del recurrente, revisados los registros respectivos, este no mantiene anotaciones de naturaleza penal en su Hoja de Vida del Conductor, constando únicamente las licencias registradas y una anotación relativa a la denegación de licencia de conducir clase B por no reunir el requisito de idoneidad moral, efectuada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo.

Añade que la decisión de denegar el otorgamiento de licencias de conducir por falta de idoneidad moral es una facultad que compete exclusivamente a las Direcciones de Tránsito de las Municipalidades, de manera que el Servicio de Registro Civil e Identificación no adopta dicha determinación, limitándose a incorporar en el registro la anotación que emana de la autoridad legalmente facultada para ello. En esa línea, sostiene que la eliminación de anotaciones de esta naturaleza solo procede en los casos expresamente previstos por la ley y, tratándose específicamente de denegaciones de licencia por falta de idoneidad moral, el inciso cuarto del artículo 217 del D.F.L. N° 1 de 2009 dispone que estas podrán eliminarse únicamente cuando una resolución judicial o un oficio del respectivo tribunal así lo ordene expresamente.

Sobre esa base, alega que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, toda vez que la mantención de la anotación en la Hoja de Vida del Conductor del recurrente se funda en normas legales expresas que regulan tanto el sistema registral como los presupuestos para su eliminación. Del mismo modo, rechaza haber incurrido en una discriminación arbitraria, desde que el Servicio únicamente aplica la normativa vigente de manera general e igualitaria a todas las personas que se encuentren en la misma situación jurídica.

Por ello, concluye que no existe vulneración de garantías constitucionales atribuible a su actuar y solicita, en definitiva, el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en que dicha entidad no ha procedido a eliminar de la hoja de vida del conductor del recurrente la anotación relativa a la denegación de licencia de conducir por falta de idoneidad moral. Señala que dicha anotación se originó a raíz de haber sido condenado por el delito de manejo en estado de ebriedad; sin embargo, sostiene que actualmente sus antecedentes penales se encuentran eliminados, por lo que la mantención de dicha anotación carecería de fundamento.

Por su parte, la recurrida señala haber actuado conforme lo dispone la Ley del Tránsito, y dentro de la esfera de sus competencias, por lo que su actuar no ha vulnerado garantía constitucional alguna.

SEXTO: Que, es dable tener presente para la resolución de la controversia en cuestión, que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados encuentra su regulación en los artículos 210 a 217 de la Ley de Tránsito, D.F.L. 1 de 2009.

Así, en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deben registrarse las sentencias ejecutoriadas por delitos, cuasidelitos y faltas, así como la cancelación o suspensión de la licencia de conducir, según dispone el artículo 210 del citado DFL 1 de 2009. El Registro, además, comunicará a los Juzgados de Policía Local los antecedentes que sirvan para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor en caso de reincidencia y trasmitirá a los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y los Departamentos de Tránsito municipales la información que les sea requerida.

En cuanto a las anotaciones registrales y las comunicaciones que deban enviarse a las autoridades competentes sobre su contenido, ellas no podrán eliminarse del registro pertinente, sino en los casos establecidos por la propia Ley del Tránsito en su artículo 217, que para el caso de las que provienen de sentencias ejecutoriadas dictadas por tribunales competentes en materia penal, establece en su inciso segundo que, en la medida que “también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuáriales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”, agregando en su inciso tercero que dicha eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago del derecho correspondiente.

Por su parte el inciso 1° del artículo 217 de la Ley de Tránsito dispone que; “Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.”

SÉPTIMO: Que, de la normativa transcrita, y conforme a la controversia planteada, es necesario asentar, en primer lugar, que, las anotaciones registrales y las comunicaciones que deban enviarse a las autoridades competentes sobre su contenido, no podrán eliminarse del registro pertinente sino en los casos establecidos por la propia Ley del Tránsito en su artículo 217 que, según se transcribió, es admisible para el caso de las sentencias penales ejecutoriadas, en la medida que: “también figuren en el Registro General de Condenas, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”, agregando en su inciso tercero que, dicha eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago del derecho correspondiente.

Luego debe tenerse en cuenta que el recurrente acompañó a su recurso Resolución Exenta N°480 de 17 de diciembre de 2025, por medio de la cual se le concedió el beneficio del Decreto Ley 409, esto es la eliminación de sus antecedentes penales, los que decían relación directa con la causa por manejo en estado de ebriedad del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

OCTAVO: Que, habiéndose concedido al actor el beneficio del Decreto Ley N°409 de 1932, son aplicables los incisos 2° y 3° del artículo 217 de la Ley de Tránsito, desde que la anotación en la Municipalidad de Coquimbo tiene relación directa con la condena del Juzgado de Garantía de Coquimbo, eliminada de su extracto, trámite para el cual es competente el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Que, en atención a lo precedentemente razonado, no cabe sino acoger el arbitrio impetrado, por cuanto el actuar del servicio no se halla ajustado a la normativa sobre la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve, que SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en cuanto, el Servicio recurrido deberá eliminar de la hoja de vida del conductor la anotación de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo de 05 de agosto de 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 387-2026 (Protección).