nombre reservado con COMISIÓN MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COQUIMBO)

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Coquimbo Recurso de protección Rol N°386-2024.

La Serena, nueve de mayo dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Coquimbo –en adelante COMPIN–, señalando como acto ilegal y arbitrario el no haber dado por recibida la remisión de antecedentes que efectuó en el plazo estipulado legalmente para aquello y, en consecuencia, haberla sancionado con multa y suspensión de la emisión de licencias médicas y venta de talonarios sin haber especificado en el acto administrativo el error específico que se cometió, lo que representa una conculcación al derecho fundamental de integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Sostiene que es médico general de profesión y, en ese entendido, atiende y trabaja diariamente con pacientes que van a su consulta y al Cesfam rural donde trabaja por razones de diversa índole relacionadas a la salud y las afecciones que les vayan suscitando.

Indica que los días 27 de febrero y 6 de marzo de 2024, llegaron su casilla de correo electrónico, dos misivas con mensajes de COMPIN Coquimbo correspondiente a los Oficios N°240441788 y N°24044178801, los cuales a su vez contenían dos ordinarios, emitidos en las fechas antes señaladas.

Señala que el primero de ellos expresa que durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2023 y el 25 de febrero de 2024 se han emitido bajo su firma 1369 licencias médicas, por lo que de conformidad a la Ley N°20.585, resulta necesario que a la recurrida le sean remitidos los antecedentes e informes complementarios que respalden tales licencias médicas. En efecto, se le otorgó un plazo de 7 días corridos para ello, haciéndose presente que en caso de incumplimiento se exponía a la aplicación de una multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales, además de suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas como la facultad de emitirlas hasta por 15 días.

Adiciona que el 6 de marzo de 2024 llegó al correo mencionado otro ordinario reiterando la remisión de la misma información que ya se había solicitado, lo que le generó una gran sorpresa, toda vez que al revisar el contenido del documento pudo observar que en todos y cada uno de los recuadros referidos a informes médicos, ficha clínica y talonario, aparecía la frase “antecedente pendiente de revisión”, es decir, aun cuando había dado cumplimiento a lo solicitado por la recurrida, no realizó lectura de los informes y antecedentes remitidos.

Seguidamente manifiesta que el 14 de marzo de 2024, mediante Resolución Exenta N°240441788025, fue sancionada por la reiteración con una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales más la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas y la venta de talonarios, por un plazo de 15 días, a contar del 20 de marzo del presente año, por no haber presentado de manera reiterada la solicitud de antecedentes por las licencias médicas individualizadas. De esa forma, expone que envió la información dentro del primer plazo otorgado, la recurrida no la revisó, pidiéndola nuevamente sólo para efectos de cumplir con lo que ellos llaman “reiteración” y así sancionarla.

Afirma que el contenido de la resolución recurrida consiste en sancionarla por supuestamente no haber entregado los informes complementarios requeridos por la recurrida, en relación a las 50 licencias médicas señaladas en los Oficios N°240441788 y Nº24044178801, en circunstancias de que la realidad es muy distinta, dado que dio cumplimiento a las ordenanzas administrativas con celeridad, redactando y enviando en el formato indicado, todo ello dentro de la fecha inicial correspondiente –27 de febrero de 2024– adjuntando así los antecedentes e informes solicitados por cada paciente.

Explica que la resolución que la sanciona con la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas y la venta de talonarios, se basa en la negativa en entregar antecedentes complementarios necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas emitidas, en circunstancias de que sí los remitió, hecho que se ve corroborado por el Ordinario que emitió la recurrida el 6 de marzo de 2024, en el que en los recuadros especifica que los antecedentes médicos estaban pendientes de revisión. Así, continúa señalando, dicho acto luego expresa que no cumple con el modelo de informe médico solicitado al momento de la fiscalización, sin indicar qué dato faltaba para poder enmendarlo, lo que vulnera el artículo 41 de la Ley N°19.880, en tanto los actos administrativos deben bastarse a sí mismos.

Arguye que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2° segunda parte de la Ley N°20.585, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días, sin embargo, la resolución recurrida no consigna en ninguno de sus considerandos cuál es el caso calificado que autoriza a aplicar la sanción de suspensión, máxime si se considera que la negativa reiterada sólo habilita a eventualmente sancionar con multas a beneficio fiscal.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que deje sin efecto todas y cada una de las sanciones que le fueron aplicadas mediante Resolución Exenta Nº24044178802, de 14 de marzo de 2024, por la negativa en entregar informes complementarios necesarios para respaldar la emisión de licencias médicas emitidas de los 50 pacientes contenidos en el acto referido, u otras resoluciones que se refieran a los mismos pacientes e idénticos folios de licencias médicas, así como cualquier otra medida otra tendiente a restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Copia de correo electrónico enviado por COMPIN Coquimbo el 6 de marzo de 2024 correspondiente al Oficio N°24044178801 donde se requieren informes complementarios a licencias médicas; 2. Oficio ordinario N° 240441788 emitido por COMPIN el 27 de febrero de 2024; 3. Oficio ordinario N° 24044178801 emitido por COMPIN el 6 de marzo de 2024; 4. Copia de Resolución Exenta N°24044178802, de 14 de marzo de 2024, que sanciona con la suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios.

SEGUNDO: Que a folio 11 comparece nombre reservado, en representación de la COMPIN Región de Coquimbo, solicitando el rechazo de la acción, señalando que la Ley N°20.585, faculta en su artículo 2 a la recurrida a solicitar antecedentes y fiscalizar a los prestadores, respecto a las licencias médicas emitidas, así como a sancionar en caso de que no cumplan con lo solicitado para dicho efecto.

Esgrime que el Departamento COMPIN Nacional, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, en acuerdo con otras entidades como la Superintendencia de Seguridad Social y el Fondo Nacional de Salud definen quienes se constituyen en calidad de prestadores riesgosos, citando una serie de parámetros a considerar.

Sostiene que el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas no se sustenta en la existencia de un límite de licencias médicas por prestador, sino que se ha ideado y ejecutado para una adecuada protección de la salud de los cotizantes y beneficiarios de FONASA, por lo que su conveniencia social se cimienta en la necesidad de llevar a cabo el control técnico de las licencias médicas ante el gasto asociado por el pago de aquellas que no se ajustan a derecho. De esa forma, estima se justifica que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración de la recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las 1369 licencias médicas expedidas a sus pacientes en el periodo que va desde el 24 de febrero de 2023 al 25 de febrero de 2024.

Refiere que únicamente fiscalizó la cantidad de 50 licencias médicas, reduciendo a la mitad el total de licencias médicas habitualmente requeridas por esta autoridad administrativa para dicho efecto, elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido.

Añade que dicho procedimiento se inició el 27 de febrero de 2024, mediante el Ordinario N°240441788, por medio del cual se solicitó la remisión de antecedentes e informes complementarios de las 50 licencias médicas fiscalizadas, cuya respuesta debía ser remitida dentro de 7 días corridos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°20.585. Así las cosas, al haberse cumplido el plazo el 5 de marzo de 2024, al día siguiente se remitió el Ordinario N°24044178801, para efectos de reiterar la remisión de antecedentes e informes complementarios, teniendo en cuenta que dicha circunstancia era absolutamente posible de cumplir por la recurrente, ya que, se encuentra obligada por el Decreto Ley N°41, que aprueba el reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información solicitada, a través del almacenamiento digital o papel de dicha información, de forma permanente, y por la cantidad de 15 años. Sumado a que el 93,7% de las licencias médicas emitidas fueron realizadas en centro médico privado, circunstancia que la habilita con mayor preponderancia a un acceso rápido y oportuno de la información requerida para el cumplimiento del procedimiento de fiscalización administrativa instruido.

Afirma que al no existir respuesta oportuna y en los plazos establecidos, como es del caso en cuestión, dado que la COMPIN recibió solamente una respuesta parcial e incompleta en cada una las licencias fiscalizadas, se encuentra habilitada por ley, en caso de que el profesional se niegue reiteradamente a la entrega o no remita los antecedentes solicitados, en los plazos que se le hayan fijado al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, a sancionarlo con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados por la referida Comisión, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional.

Manifiesta que para reclamaciones como la de marras, existe una vía especial al efecto, a saber, la contemplada en el artículo 2 de la Ley N°20.585, que faculta a reclamar ante la Superintendencia dentro del plazo de 5 días hábiles, incluso señala, resultan procedentes los recursos administrativos, lo que no aconteció.

Expone en relación con la fundamentación y motivación de la Resolución Exenta N°24044178802, de 14 de marzo del 2024, que fue desarrollada de forma pormenorizada por la COMPIN en cada una de las licencias médicas fiscalizadas. Así, agrega que la recurrente omite que desde el Ordinario N°24044178801, de 6 de marzo 2024 hasta la época en que se emitió la multa transcurrieron 5 días administrativos completos, en los cuales no presentó documentación de ningún tipo, no requirió audiencia para aclarar las dudas que mantuviera respecto al proceso, toda vez que con la frase “antecedente pendiente de revisión” se insta a acompañar la información completa y suficiente y corresponde a la imposibilidad de análisis de los documentos no enviados por la recurrente, de los cuales tiene pleno conocimiento, pues es usuaria de la plataforma en la cual se deben cargar los mismos, documentos que complementan la fiscalización en cuestión, los cuales comprende: 1) copia de la ficha clínica, normada en el Decreto 41, de 2012, del Ministerio de Salud. Asimismo, se debe informar el tipo de soporte utilizado y el método o software de almacenamiento. 2) informe médico, de acuerdo con el modelo acompañado al ordinario N° 240441788 y 3) copia del bono de atención y/o boleta de servicio.

Luego, se hace cargo de la legalidad de la solicitud de ficha clínica, manifestando que el actuar de COMPIN es razonable y reglado, por lo que está muy por lejos de ser considerado arbitrario, ya que la información requerida al fiscalizado, se encuentra debidamente regulada por el Decreto 41, que aprueba el reglamento de las fichas clínicas, estableciendo expresamente en los artículos 6 y 8 con relación a la información mínima que esta ficha clínica debe contener para ser tal y la obligación de almacenamiento y protección de forma digital o papel, atribuciones y conductas que han sido validadas por la Contraloría General de la República.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario N°230441524, de 27 de febrero de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 2. Ordinario Nº23044178801, de 6 de marzo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 3. Resolución Exenta Nº23044178802, de 14 de marzo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 4. Reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU; 5. Reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU; 6. Circular SUSESO Nº 3523, de 21 de julio de 2020; y 7. Publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl, ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico?

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta N°23044178802, de 14 de marzo de 2024, emitida por la recurrida, en cuya virtud se sancionó a la recurrente con una multa de 10 Unidades Tributarias mensuales y la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas y venta de talonarios por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución.

SEXTO: Que según lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que analizados los antecedentes fundantes del arbitrio deducido en esta sede, fluye que todo el sustento del recurso intentado descansa en el cumplimiento del requerimiento de información hecho por la entidad administrativa, sin embargo, respecto de aquel no se acompañó antecedente alguno que acredite que se haya verificado, sino sólo las misivas en que se requiere información y la resolución que sanciona a la recurrente. A ese respecto, sin perjuicio del tenor de tales ordinarios, resulta imposible para esta Corte entender que el actuar de la recurrida resulta arbitrario o ilegal al no haberse acreditado el supuesto fáctico del recurso.

A mayor abundamiento, se desprende, que en la especie la actuación de la recurrida cumple con los requisitos para entenderla ajustada a derecho, dado que se ejerció dentro de las facultades dentro de las cuales se enmarca el despliegue de su función, todo lo que lleva a rechazar el presente arbitrio según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°386-2024 Protección.-